Miriam Acoltzi Ramírez
Expediente 919/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 3 actuaciones registradas, la última del 29 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 919/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 29/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Miriam Acoltzi Ramírez
Actuaciones
- Principal
Visto el estado procesal de autos, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días, sin que la parte quejosa hubiere recurrido el auto de once de agosto de dos mil veintidós, consecuentemente, se declara que dicho auto que desechó la demanda de amparo ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes. Comuníquese lo anterior a la parte quejosa, y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Una vez que obre en autos la constancia de notificación del presente proveído, sin ulterior acuerdo, archívese el presente expediente como asunto concluido. Ahora, el presente expediente carece de relevancia documental, lo anterior hágase constar en la carátula del expediente en que se actúa. En virtud de lo anterior y toda vez que no obran en autos documentos originales, tan pronto haya transcurrido el término de tres años, procédase a la destrucción de este expediente. Mientras tanto, resérvese en el archivo de este órgano jurisdiccional para su posterior destrucción.
- Principal
Visto el oficio de cuenta firmado por la Actuaria adscrita a este Juzgado, remitido por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tlaxcala, mediante el cual acompaña las copias certificadas derivadas del juicio de amparo 222/2022-J, con motivo del proveído de tres de agosto del año en curso, contra actos de la Notaria Pública Número Dos y otras autoridades responsables; y del que se advierte, ordenó la separación de juicios, respecto de los actos y autoridades siguientes: ". C) Notario Público Número dos ***, reclamo el contrato de cesión de derechos de posesión a título gratuito, respecto del bien inmueble denominado "***", ubicado en ***, otorgado por el señor ***, a favor del Municipio de Totolác, Tlaxcala representado por los profesores ***, en su carácter de Presidente y Sindico, (cita medidas y colindancias) ." D) Director de Notarías y Registros Públicos del Estado de Tlaxcala, le reclamo la inscripción del contrato de cesión contrato de cesión de derechos de posesión a título gratuito, respecto del bien inmueble denominado "***", ubicado en ***, otorgado por el señor ***, a favor del *** representado por los profesores ***, en su carácter de Presidente y Sindico, (cita medidas y colindancias) ." En consecuencia, este juzgado de Distrito se avoca al conocimiento del asunto; fórmese expediente impreso y electrónico, háganse las anotaciones correspondientes y regístrese en el libro de gobierno con el número 919/2022-K. Ahora bien, vista la ampliación de demanda de amparo que promueve ***, se advierte que la misma es NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE, lo que conduce a desecharla de plano, sin suspensión del acto reclamado, por las consideraciones que a continuación se exponen. El artículo 113 de la Ley de Amparo autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando de su examen se desprenda un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; en relación con este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que será motivo de improcedencia manifiesto, aquél que se advierta en forma patente, notoria y absolutamente clara, mientras que el indudable será del que se tiene certeza y plena convicción. Asimismo, el Tribunal Constitucional del país, al analizar la expresión manifiesta e indudable, contenida también en el artículo 25 de la Ley de Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ha sostenido que se estará en ese supuesto cuando la improcedencia del juicio se desprenda claramente del escrito de demanda y de las pruebas que, en su caso, se hubieren adjuntado, sin que exista duda sobre la actualización de la causa de improcedencia, de tal suerte que los actos posteriores del procedimiento sean irrelevantes para confirmar su operatividad y que, además, no exista posibilidad de que la desvirtúen. En ese sentido, el suscrito advierte que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista, al estimar que a la autoridad ordenadora, Notaría Pública Número Dos de Tlaxcala, Tlaxcala, no le reviste el carácter de autoridad responsable, en el presente juicio de amparo, dado que el acto que reclama la parte quejosa, se desprende que, dicha autoridad solo participó en la protocolización de una escritura pública, lo cual no es un acto equivalente al de una autoridad para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, ya que únicamente da formalidad al acto jurídico que celebran las partes derivado de un acuerdo de voluntades. Del contenido de la porción normativa que antecede, se advierte que para que un particular se considere autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, es necesario que los actos reclamados sean equivalentes a los de autoridad, es decir, aquellos que crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, siempre que sus funciones, atribuciones o facultades para efectuarlos estén determinadas por una norma general, lo que implica que esa circunstancia deriva de la naturaleza y características propias del acto, el cual debe ser unilateral, obligatorio y afectar la esfera jurídica del gobernado. Sobre el particular, es oportuno citar el contenido de la contradicción de tesis 364/2016, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que precisó que el criterio actual para determinar si se tiene, o no, el carácter de autoridad para los efectos del juicio de amparo, se basa no sólo en el atributo de la fuerza pública o del imperio, pues también se toma en cuenta que con fundamento en una norma legal se puedan emitir actos unilaterales a través de los cuales se creen, modifiquen o extingan por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consentimiento del afectado, así como el tipo de relación jurídica que existe entre los sujetos en conflicto. Al respecto, esa Primera Sala precisó que para otorgar a un particular el carácter de autoridad responsable tiene que darse necesariamente la relación de supra a subordinación, pues tratándose de los otros tipos de relaciones (de coordinación o de supraordinación) los individuos se ubican en un plano de igualdad, por lo que no se da la característica de un sujeto que tenga superioridad respecto del otro, que es la nota distintiva para determinar que, en esos casos, se está en presencia de un acto de autoridad. Luego, esa Primera Sala del Máximo Tribunal de la Nación indicó que las características que deben ostentar los actos realizados por particulares, con calidad de autoridad, son los siguientes: a) Que realice actos equivalentes a los de autoridad, esto es, que dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar algún acto en forma unilateral y obligatoria, o bien, que omita actuar en determinado sentido. b) Que afecte derechos creando, modificando o extinguiendo situaciones jurídicas. c) Que sus funciones estén determinadas en una norma general que le confiera las atribuciones para actuar como una autoridad del Estado, cuyo ejercicio, por lo general, tenga un margen de discrecionalidad. Por otra parte, en relación con la figura del notario público, sostuvo que es un delegatario del poder público del Estado, dotado de autoridad para dar fe pública de los actos que se celebran ante él y de aquellos en los que intervenga de acuerdo con lo que le está permitido por la ley, a fin de darles autenticidad; aunado a que se trata de un profesional del derecho investido de fe pública por el Estado y que tiene a su cargo recibir, interpretar, redactar y dar forma legal a la voluntad de las personas que ante él acuden, así como conferir autenticidad y certeza jurídica a los actos y hechos pasados ante su fe, mediante la consignación de los mismos en instrumentos públicos de su autoría. El Tribunal Pleno señaló que el notario está facultado para autenticar y dar forma, en los términos de ley, a los instrumentos en que se consignen actos y hechos jurídicos, por lo que éstos al ser certificados por el notario tienen el carácter de auténticos y valen erga omnes, esto es, con efectos generales. Además, debe asesorar a los otorgantes y comparecientes. Aunado a ello, el Máximo Tribunal de la Nación dijo que la fe pública de la que es investido el notario es originalmente un atributo del Estado que tiene por virtud de su imperio, y es ejercitada a través de los órganos estatales y del notario, y ésta es la necesidad de carácter público, cuya misión es robustecer con una presunción de verdad los hechos o actos sometidos a su amparo. En este sentido, estableció que es el Estado a través del Poder Ejecutivo local, quien otorga la patente respectiva a aquellos que reúnan los requisitos previstos por la ley correspondiente y vigila que los notarios al realizar su actuación cumplan con dicha legislación, e inclusive tiene la facultad para suspender o revocar dicha patente, en los casos que prevé la ley, por lo que la función que desempeña el notario deviene por mandato expreso del legislador, a través del cual, delegan a los fedatarios públicos facultades que originalmente estaban concedidas a la autoridad judicial para conocer de varios tipos de procedimientos, y es por ello que los particulares pueden válidamente realizar tramitaciones, como las sucesorias ante los notarios públicos, sin tener que acudir necesariamente ante la presencia de un órgano jurisdiccional cuando se cumplen ciertos requisitos. Sobre estas bases, concluyó que los notarios no pueden ser considerados como autoridades responsables para efectos del juicio de amparo cuando: i) No establecen una relación de supra subordinación respecto de los particulares; ii) No emiten actuaciones unilaterales que creen, modifiquen, transmitan o extingan derechos y obligaciones; y iii) No generan nuevas situaciones jurídicas, dada la función de fe pública que les fue delegada por el Estado. A fin de exponer los motivos por los que en el caso se actualiza la causal de improcedencia referida, resulta conveniente citar que mediante escrito inicial de demanda presentado el tres de marzo de dos mil veintidós, ante la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tlaxcala, remitida en razón de turno ese mismo día a este Juzgado, la aquí quejosa solicitó el amparo de la justicia federal contra actos del Presidente Municipal de San Juan Totolác, Tlaxcala y otras autoridades, mismos que esencialmente los hizo consistir en la negativa de dar de alta el predio denominado "***", ubicado en *** en cumplimiento de lo ordenado por el Juez Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtemóc Apizaco, Tlaxcala, mediante resolución de diez de diciembre de dos mil veinte, así como la diversa orden de despojo decretada en su contra; y, la omisión de dar contestación a su escrito presentado ante la presidencia municipal de San Juan Totolác, Tlaxcala el dieciocho de febrero de dos mil veintidós. Una vez admitido a trámite y solicitado los informes justificados, mediante auto de diecinueve de mayo de dos mil veintidós, se dio vista a la parte quejosa con las pruebas ofrecidas por la autoridad responsable denominada Presidente municipal de Totolác, Tlaxcala, a fin de que en el término de quince días, indicara si era su deseo ampliar su escrito de demanda por lo que respecta al oficio de dos de mayo del presente año, por el cual dicha autoridad dio contestación a su petición formulada mediante escrito de dieciocho de febrero de esa anualidad. En dicho oficio de contestación, la autoridad responsable hizo del conocimiento a la impetrante del amparo que no daría de alta el predio en comento, hasta en tanto no se determine por una autoridad competente quien tiene la propiedad del mismo, toda vez que, al momento de llevarse una inspección ocular con el fin de dar contestación a su petición, el presidente de comunidad de Zaragoza les exhibió una copia con la leyenda control acervo documental de doce de julio de dos mil veintiuno, con sello registral ***, que tiene la donación simple y pura con folio real electrónico ***, otorgada por *** a favor del Ayuntamiento de Totolac, con número registral ***, lo cual posteriormente procedieron a verificar en sus registros. Con motivo de ello, la parte quejosa recurre a esta instancia constitucional, con el fin de combatir dicho acto traslativo de dominio, así como su inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado. Sin embargo, de los antecedentes narrados se tiene que dicho acto traslativo de dominio surgió a través de un acuerdo de voluntades entre particulares; y, por tanto, la quejosa reclama actos relacionados con la protocolarización y registro del contrato de donación simple y pura, respecto del bien inmueble denominado "***", ubicado en ***. No obstante, dicha protocolización, registro e inscripción del citado acto jurídico, no conforman actos de autoridad para el juicio de amparo. Se sostiene lo anterior, en virtud de que, la quejosa tilda de inconstitucional los actos atribuidos al notario como la autoridad ordenadora y las consecuencias que tienen, como es la protocolización del contrato basal y la inscripción de ésta ante el Director de Notarías y Registros Públicos del Estado de Tlaxcala. Por tanto, los actos reclamados a la citada notaria y su respectiva inscripción en vía de consecuencia atribuido a la autoridad registral antes precisada, no derivan de actos motu propio, sino que derivan de un acuerdo de voluntades de cesión de derechos, por lo que, el fedatario no trató de imponer disposiciones normativas mediante el contenido de la referida escritura pública, pues únicamente formalizó un acto jurídico celebrado entre las partes, lo cual no implica la aplicación o ejecución de alguna determinación de observancia obligatoria, como tampoco la modificación unilateral de una situación jurídica determinada o la afectación de la esfera legal del gobernado. En efecto, el fedatario no actúa con imperio, sino como simple fedatario de ese acto materia de una determinación jurisdiccional, a efecto de brindar autenticidad, certeza y seguridad jurídica, sin agregar una actuación unilateral que afecte al gobernado de manera distinta a la ya definida por la autoridad judicial. Así las cosas, en el caso, el actuar del notario público no reúne las cualidades para ser considerado autoridad responsable, como lo exige el artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo, pues no dicta, ordena, ni ejecuta un acto que crea, modifica o extinga situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, sino que únicamente da fe y protocoliza una compraventa de un inmueble. De tal manera, si los actos en comento son atribuibles a una relación entre particulares; por tanto, esa circunstancia hace que se actualice la causal de improcedencia. En estas condiciones, al actualizarse las causales de improcedencia analizadas lo que procede es DESECHAR DE PLANO la demanda, por lo que respecta al acto reclamado a la Notaría Pública Número *** de Tlaxcala, Tlaxcala, así como a los actos de ejecución atribuidos al Director de Notarías y Registros Públicos del Estado de Tlaxcala, por combatirse en vía de consecuencia y no por vicios propios. Se tiene a la quejosa señalando como domicilio el que refiere en el escrito de cuenta, y como autorizados para tales efectos, a las personas que se advierten que fueron autorizadas en auto de cuatro de marzo de dos mil veintidós, dictado dentro del juicio de amparo 222/2022-J, del cual se ordenó la separación de los actos que se conocen en este Juicio. Se exhorta a las partes para que de estimarlo pertinente, transiten su actuación a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; es decir, promuevan en la vía electrónica, asimismo, deberán proporcionar algún correo electrónico, número telefónico - celular o fijo- o mensajería instantánea -whatsapp-, a efecto de entablar comunicaciones no procesales. Se autoriza a cualquier secretario y/o actuario adscrito a este juzgado a firmar los oficios que se expidan con motivo de la tramitación del presente juicio. Se habilitan días y horas inhábiles para practicar las notificaciones personales que se ordenen en la tramitación del presente juicio. Con el propósito de evitar dilaciones en el presente asunto, requiérase a los Actuarios adscritos a este Juzgado, a efecto de que observen en el sentido de que las resoluciones que se dicten deben notificarse a más tardar dentro del tercer día hábil siguiente, salvo en materia penal, dentro o fuera del procedimiento, en que se notificaran inmediatamente en que sean pronunciadas. El presente asunto estará a disposición del público en general para su consulta y será accesible a cualquier persona, en términos de lo establecido en la referida legislación, en el entendido de que este órgano jurisdiccional está obligado a suprimir la información que contenga el carácter de confidencial y reservada. Hágase del conocimiento de las partes que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de "reservada" o "confidencial", deberán informarlo a este órgano jurisdiccional, y de ser posible, enviarla debidamente resguardada, como parte de las medidas necesarias a efecto de asegurar dicha información; sin perjuicio de que este juzgado federal, como sujeto obligado, en términos de lo establecido en la legislación de referencia, adopte las medidas necesarias a efecto de garantizar el acceso a la información. Asimismo, se instruye al secretario encargado del expediente para que una vez dictada la resolución que corresponda, se ingrese en el módulo Sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y, en su caso, cuide los datos personales a que se refiere el "Protocolo para la elaboración de versiones públicas de documentos electrónicos generados por los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, a partir de la identificación y el marcado de información reservada, confidencial o datos personales" aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de noviembre de dos mil nueve. En el entendido de que es responsabilidad del secretario la elaboración y digitalización de la versión pública de la resolución con la que culmine el presente juicio.
- Principal
Se hace efectivo el apercibimiento hecho a la parte QUEJOSA, al no haber acudido a este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con residencia en Apizaco, dentro de los dos días siguientes, en el horario comprendido entre las nueve y las quince horas, a partir de la fecha en que se le dejó el AVISO en el domicilio señalado en autos y se procede a notificar por lista que se fija en los estrados del Juzgado y en la página electrónica www.cjf.gob.mx, EL AUTO DE ONCE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS, del cual ya existe síntesis publicada con anterioridad.
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