Miriam Abril Sánchez Martínez
Expediente 1357/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 5 actuaciones registradas, la última del 3 de enero de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1357/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 03/01/2018
Partes del expediente
- Miriam Abril Sánchez Martínez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
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Promoción. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese al presente cuaderno de antecedentes el oficio de cuenta, signado por el Secretario del Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, por medio del cual acusa recibo del diverso 12942-VII, del índice de este Juzgado, con el que se le remitió por incompetencia el juicio de amparo 1357/2017, promovido por Miriam Abril Sánchez Martínez, representante legal de Agrícola Farmacia Veterinaria, Sociedad Anónima de Capital Variable, comunicando que se avoca al conocimiento del asunto. Archivo. Toda vez que se trata de un asunto totalmente concluido, no existiendo acuerdo pendiente por dictar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena el archivo definitivo del presente cuadernillo, previas anotaciones que se hagan en el libro de gobierno correspondiente. Destrucción. Por otra parte, de conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción I, del punto Vigésimo Primero, Capitulo Quinto, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto que se remitió por incompetencia legal; además a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación. 4. Anotaciones. Como lo disponen los puntos Vigésimo, fracción I, y Vigésimo Quinto, del Capitulo Quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; y, una vez que transcurran seis meses a esta fecha, procédase a la destrucción del expediente..
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...2. Incompetencia legal. Ahora, del análisis de la demanda y del escrito aclaratorio se arriba a la consideración de que este Juzgado carece de legal competencia para conocer y resolver el presente asunto. En efecto, es importante señalar el contenido de la fracción VII, del artículo 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con relación a los numerales 37 y 48 de la Ley de Amparo. Del análisis de los preceptos constitucionales y legales antes descritos se obtienen tres reglas básicas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, reglas que para una mejor comprensión técnica se puntualizan a continuación: a) La primera regla se caracteriza porque con independencia del lugar en el que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del Juez de Distrito consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, lo cual obviamente presupone que dicho acto es de aquellos que después de su emisión, por su índole, fue ejecutado por la ordenadora, como sucede en el presente caso. b) La segunda previsión normativa que se contiene en el artículo 37 de la Ley de Amparo, más que una regla diversa en cuanto a la temática en análisis, constituye más bien un matiz de la anterior regla, ya que sobre el mismo criterio para la determinación de la competencia del correspondiente Juez de Distrito, a que se ha hecho alusión en el inciso precedente, se establece que para el caso de que el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un Distrito y siga ejecutándose en otro, entonces, será el competente para conocer de la demanda de amparo, ante el que se presentó c) En el tercer párrafo del precepto en comento se establece la regla consistente en que cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda; sin que sea necesario que la responsable emisora del acto que se reclama (mismo que no requiere de ejecución material) radique dentro de ese ámbito territorial de jurisdicción del Juez Federal, para que éste sea el que naturalmente conozca del juicio de amparo. Los numerales en comento, establecen las bases para determinar la competencia de los jueces de Distrito, teniendo como premisa para ello la ejecución del acto reclamado. Por otra parte, conviene señalar el contenido del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Luego, de la íntegra lectura de la demanda de garantías se advierte que el quejoso señaló como autoridad responsable ordenadora al Auditor Superior de la Federación, con sede en Ciudad de México, a quien le reclama lo siguiente: El dictamen técnico número 331-DE, emitido con fecha veintisiete de enero de dos mil diecisiete, por el auditor Superior de la Federación con motivo de la Auditoria Forense número 15-0-08100-12-0331, practicado a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación respecto del ejercicio de los recursos asignados al programa de Fomento a la Agricultura en su componente del Programa de Incentivos para Productores de Maíz y Frijol (PIMAF) 2015. Por lo anteriormente planteado, se advierte que la autoridad señalada como responsable, es decir el Auditor Superior de la Federación, con sede en la Ciudad de México, quien emitió el dictamen técnico número 331-DE, de fecha veintisiete de enero de dos mil diecisiete, con motivo de la auditoria forense número 15-0-08100-12-0331, tiene su residencia oficial en Ciudad de México, lugar donde ejercen jurisdicción por razón territorial, los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa. En esas condiciones, al emanar el acto reclamado por la parte quejosa, de una autoridad administrativa que reside en Ciudad de México, es evidente que la competencia para conocer de la presente demanda de amparo, recae en los juzgados de Distrito en Materia Administrativa, residentes en Ciudad de México; por tanto, conforme lo dispuesto por el citado artículo 37, párrafo primero, de la ley de la materia y 48 del mismo ordenamiento reglamentario, así como el Acuerdo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número y a la jurisdicción territorial y especializada por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, este órgano jurisdiccional declara de plano su legal incompetencia para conocer de la demanda de amparo de cuenta y declina la competencia al Juez de Distrito en Materia Administrativa, en Turno, con residencia en Ciudad de México, que ejerce jurisdicción en el lugar de residencia de la autoridad que emitió el acto reclamado. En efecto, la competencia para conocer del presente asunto corresponde a un Juez de Distrito en Materia Administrativa, con residencia en Ciudad de México, dado que la autoridad responsable que emitió el acto reclamado y donde puede tener ejecución el mismo, reside en el ámbito espacial en el que aquellos juzgados ejercen jurisdicción. Es aplicable al caso, la Jurisprudencia, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Consecuentemente, sin resolver sobre su admisión, se ordena remitir la demanda que dio origen al presente juicio de amparo, al Juez de Distrito en Materia Administrativa, en Turno, con residencia en Ciudad de México, por conducto de la respectiva Oficina de Correspondencia Común, a fin de que, si lo considera procedente, se avoque al conocimiento de este juicio constitucional; por lo cual, solicítese al Juez Federal que en su momento corresponda conocer del asunto, tenga a bien comunicar respecto de la aceptación o rechazo de la competencia planteada y acusar el recibo de estilo correspondiente. Por todo lo anterior, con copia de la demanda de amparo y del presente proveído, fórmese por separado el cuaderno de antecedentes respectivo...
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NOTIFICACIÓN POR LISTA PARTE QUEJOSA "...2. Incompetencia legal. Ahora, del análisis de la demanda y del escrito aclaratorio se arriba a la consideración de que este Juzgado carece de legal competencia para conocer y resolver el presente asunto. En efecto, es importante señalar el contenido de la fracción VII, del artículo 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con relación a los numerales 37 y 48 de la Ley de Amparo. Del análisis de los preceptos constitucionales y legales antes descritos se obtienen tres reglas básicas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, reglas que para una mejor comprensión técnica se puntualizan a continuación: a) La primera regla se caracteriza porque con independencia del lugar en el que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del Juez de Distrito consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, lo cual obviamente presupone que dicho acto es de aquellos que después de su emisión, por su índole, fue ejecutado por la ordenadora, como sucede en el presente caso. b) La segunda previsión normativa que se contiene en el artículo 37 de la Ley de Amparo, más que una regla diversa en cuanto a la temática en análisis, constituye más bien un matiz de la anterior regla, ya que sobre el mismo criterio para la determinación de la competencia del correspondiente Juez de Distrito, a que se ha hecho alusión en el inciso precedente, se establece que para el caso de que el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un Distrito y siga ejecutándose en otro, entonces, será el competente para conocer de la demanda de amparo, ante el que se presentó c) En el tercer párrafo del precepto en comento se establece la regla consistente en que cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda; sin que sea necesario que la responsable emisora del acto que se reclama (mismo que no requiere de ejecución material) radique dentro de ese ámbito territorial de jurisdicción del Juez Federal, para que éste sea el que naturalmente conozca del juicio de amparo. Los numerales en comento, establecen las bases para determinar la competencia de los jueces de Distrito, teniendo como premisa para ello la ejecución del acto reclamado. Por otra parte, conviene señalar el contenido del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Luego, de la íntegra lectura de la demanda de garantías se advierte que el quejoso señaló como autoridad responsable ordenadora al Auditor Superior de la Federación, con sede en Ciudad de México, a quien le reclama lo siguiente: El dictamen técnico número 331-DE, emitido con fecha veintisiete de enero de dos mil diecisiete, por el auditor Superior de la Federación con motivo de la Auditoria Forense número 15-0-08100-12-0331, practicado a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación respecto del ejercicio de los recursos asignados al programa de Fomento a la Agricultura en su componente del Programa de Incentivos para Productores de Maíz y Frijol (PIMAF) 2015. Por lo anteriormente planteado, se advierte que la autoridad señalada como responsable, es decir el Auditor Superior de la Federación, con sede en la Ciudad de México, quien emitió el dictamen técnico número 331-DE, de fecha veintisiete de enero de dos mil diecisiete, con motivo de la auditoria forense número 15-0-08100-12-0331, tiene su residencia oficial en Ciudad de México, lugar donde ejercen jurisdicción por razón territorial, los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa. En esas condiciones, al emanar el acto reclamado por la parte quejosa, de una autoridad administrativa que reside en Ciudad de México, es evidente que la competencia para conocer de la presente demanda de amparo, recae en los juzgados de Distrito en Materia Administrativa, residentes en Ciudad de México; por tanto, conforme lo dispuesto por el citado artículo 37, párrafo primero, de la ley de la materia y 48 del mismo ordenamiento reglamentario, así como el Acuerdo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número y a la jurisdicción territorial y especializada por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, este órgano jurisdiccional declara de plano su legal incompetencia para conocer de la demanda de amparo de cuenta y declina la competencia al Juez de Distrito en Materia Administrativa, en Turno, con residencia en Ciudad de México, que ejerce jurisdicción en el lugar de residencia de la autoridad que emitió el acto reclamado. En efecto, la competencia para conocer del presente asunto corresponde a un Juez de Distrito en Materia Administrativa, con residencia en Ciudad de México, dado que la autoridad responsable que emitió el acto reclamado y donde puede tener ejecución el mismo, reside en el ámbito espacial en el que aquellos juzgados ejercen jurisdicción. Es aplicable al caso, la Jurisprudencia, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Consecuentemente, sin resolver sobre su admisión, se ordena remitir la demanda que dio origen al presente juicio de amparo, al Juez de Distrito en Materia Administrativa, en Turno, con residencia en Ciudad de México, por conducto de la respectiva Oficina de Correspondencia Común, a fin de que, si lo considera procedente, se avoque al conocimiento de este juicio constitucional; por lo cual, solicítese al Juez Federal que en su momento corresponda conocer del asunto, tenga a bien comunicar respecto de la aceptación o rechazo de la competencia planteada y acusar el recibo de estilo correspondiente. Por todo lo anterior, con copia de la demanda de amparo y del presente proveído, fórmese por separado el cuaderno de antecedentes respectivo...
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1. Causa ejecutoria. Visto el estado procesal de los autos y la certificación secretarial que antecede, de los cuales se advierte que dentro del plazo señalado en el artículo 86 de la Ley de Amparo, la sentencia en la que se concedió el amparo y la protección de la justicia federal a la parte quejosa, no fue recurrida por alguna de las partes; con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de amparo conforme a su artículo 2, se declara que ha causado ejecutoria. Hágase las anotaciones en el libro de gobierno. 1.1. Requerimiento de cumplimiento. Requiérase a las autoridades responsables para que dentro del plazo de tres días siguientes a la notificación del presente proveído, den cumplimiento a la concesión del Amparo otorgada en la ejecutoria de referencia e informe a este Juzgado de Distrito de conformidad con el artículo 192 de la Ley de Amparo. 1.2. Apercibimiento de multa. Con el apercibimiento que de ser omisas al respecto, se les impondrá una multa de doscientas Unidades de Medida y Actualización equivalentes a $15,098.00 (quince mil noventa y ocho pesos 00/100 moneda nacional), de conformidad con lo dispuesto en el diverso 258 de la propia ley; asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal correspondiente, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de sus puestos y su consignación. 2. Devolución de constancias. Resulta innecesaria la conservación de las constancias exhibidas por la Segunda Sala Regional Colegiada en Materia Civil, Zona 01 Tuxtla, del Tribunal Superior de Justicia del Estado, consistentes en el toca civil 86-B-2C01/2016 primer subsecuente en dos tomos y testimonio relativo al expediente 94/2016 que obra por separado en un tomo; de igual forma, las que remitió la Encargada del Despacho del Juzgado Primero del Ramo Familiar, residente en esta ciudad, consistente en copias certificadas en un tomo del expediente en comento, remitidas en apoyo a sus informes justificados respectivamente, solicitando el acuse de recibo respectivo.
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