Mireyle Morales Zárate
Expediente 711/2015 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 17 de julio de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 711/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 17/07/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Mireyle Morales Zárate
Actuaciones
- Principal
MESA 5 S PRAL. 711/2015-Oaxaca de Juárez, Oaxaca, a diecisiete de julio de dos mil quince. Vistos los autos de este juicio de amparo, por cuanto que ha transcurrido el término que concede el numeral 86 de la Ley de Amparo en vigor, sin que se hubiese interpuesto recurso de revisión en contra de la resolución engrosada el treinta de junio de esta anualidad (fojas 25 a 28); con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su numeral 2°, SE DECLARA QUE DICHA SENTENCIA HA CAUSADO EJECUTORIA, para los efectos legales a que haya lugar, por lo que, hágase lo anterior del conocimiento de las partes. Sin que obste para lo anterior, que respecto la autoridad responsable 3) junta Especial número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje y 4) tercero interesado Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en esta ciudad, como se advierte de las constancias de notificación (fojas 34 a 35); porque carecen de legitimación para interponer el recurso de revisión a que se refiere el numeral 86 invocado, ya que todo recurso solamente puede hacerlo valer el afectado; de ahí que, en el caso, la única que pudiera resultar afectada con el fallo en cuestión es la parte quejosa; quien no hizo valer el medio de impugnación a que tiene derecho. Como así lo ilustra la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 23, Tomo XVIII, Materia Común, Novena Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "REVISIÓN EN CONTRA DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO DIRECTO E INDIRECTO. LOS ÓRGANOS JUDICIALES Y JURISDICCIONALES, INCLUSIVE LOS DEL ORDEN PENAL, CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLA". Y por identidad de razón, la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1992, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo LXXV, de rubro: "REVISIÓN MAL INTERPUESTA POR PARTE DE AUTORIDADES". Por otra parte, como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, la sentencia de amparo estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información; y, para el caso de que se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones, pruebas o constancias que obren en el expediente, la unidad administrativa que lo tenga bajo resguardo, determinará si es información reservada o no. Pese a ello, de conformidad con el artículo 6º, fracción II, de la Constitución Federal, el Estado se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y a los datos personales de los particulares y personas morales jurídicas , considerada como confidencial que, de acuerdo con los primeros preceptos, debe ser entendido como aquélla cuya difusión, conservación o distribución requiere, necesariamente, consentimiento expreso de los titulares de la misma. En ese contexto, al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se ordena la publicación de la sentencia relativa con supresión de datos personales identificables, procurándose que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal . Finalmente, advirtiéndose de autos, que en este asunto por resolución de treinta de junio de esta anualidad, se sobreseyó en el juicio (fojas 25 a 28), misma que con esta fecha causó ejecutoria; por lo que no existe asunto pendiente por diligenciar; por tanto, con fundamento en los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo primero, fracción I, y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre del dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, ARCHÍVESE ESTE EXPEDIENTE COMO DEFINITIVAMENTE CONCLUIDO. Relevancia documental: Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, párrafo último, del Acuerdo General citado. Destino: Transcurridos mas de cinco años, a partir de la fecha en que se dicta este acuerdo, procédase a su destrucción, conforme al artículo vigésimo primero, fracción I, del referido acuerdo. Archivo reciente: Conforme al punto Décimo, fracción I, del acuerdo en cita, se comunica a las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años; por lo que, una vez cumplido ese plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hágase la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. NOTIFÍQUESE.
- Principal
mesa 5 a pral. 711/2015-OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA A CUATRO DE JUNIO DE DOS MIL QUINCE. Con fundamento en los artículos 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo en vigor, con conocimiento de las partes, agréguese a los autos, para que obre como corresponda, el oficio número 488, signado por el presidente de la Junta Especial número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, con el que rinde su informe justificado. Asimismo, con apoyo en el artículo 119 de la ley de la materia, se le tiene como prueba documental de la autoridad oficiante, la copia certificada que anexa a su oficio de cuenta, la cual se desahoga en razón de su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de hacer relación de ella en el momento procesal oportuno. NOTIFÍQUESE.
- Principal
mesa 5 a pral. 711/2015-Oaxaca de Juárez, Oaxaca, a veinticinco de mayo de dos mil quince. Vista la demanda de amparo presentada en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta ciudad, el veintiuno del mes en curso, y turnada a este órgano jurisdiccional, el veintidós siguiente, promovida por MIREYLE MORALES ZÁRATE, por propio derecho, contra actos de la Junta Especial número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad. Con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Federal; 1º, fracción I, 35, 37, 107, fracción V, 108, 110, 112, 115, 116, 117, 124 y demás relativos de la Ley de Amparo, se admite la demanda de amparo. Fórmese expediente en los términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, en vigor; regístrese su ingreso en el libro de gobierno con el número 711/2015. Sin que sea procedente tramitar el incidente de suspensión respectivo, al no satisfacerse el requisito previsto en artículo 128, fracción I de la nueva Ley de Amparo; esto es, por no haberlo solicitado expresamente la parte quejosa, y, con apoyo, en términos del transitorio sexto de la nombrada Ley, en lo conducente, a la jurisprudencia 2a./J. 111/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 98, tomo XVIII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Diciembre de 2003, Novena Época, con el rubro y texto siguientes: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA. CUANDO EL QUEJOSO ÚNICAMENTE SOLICITE LA MEDIDA CAUTELAR SOBRE LAS CONSECUENCIAS DE LOS ACTOS RECLAMADOS, EL JUEZ DE DISTRITO SOLAMENTE DEBE CONCEDER O NEGAR DICHA MEDIDA RESPECTO DE AQUÉLLAS. De la interpretación armónica de la fracción I del artículo 124, en relación con el artículo 131, ambos de la Ley de Amparo, se advierte que para que el Juez de Distrito pueda pronunciarse sobre la concesión o negativa de la suspensión definitiva del acto reclamado, es requisito que el agraviado la haya solicitado expresamente. Ahora bien, cuando el quejoso solamente solicita la suspensión respecto de las consecuencias del acto reclamado, el Juez Federal debe resolver si concede o niega la suspensión definitiva, única y exclusivamente respecto de ellas, y cerciorarse previamente de la existencia de los actos reclamados a los que se les atribuyen, a fin de que el pronunciamiento que realice sobre la medida cautelar se sustente sobre actos ciertos." En términos de los artículos 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, pídase a la(s) responsable(s) sus informes justificados, que deberá(n) rendir dentro del término de QUINCE DÍAS siguientes al en que reciba (n) el oficio que lo solicita, donde expondrá(n) las razones y fundamentos legales que estime(n) pertinente(s) para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad, convencionalidad o legalidad de los actos reclamados; y, según el caso, deberá (n) acompañar copias certificadas de las constancias que sean necesarias para apoyar dicho informe. Con los propios fundamentos legales invocados, apercíbase a la(s) responsable(s) que, de no cumplir con lo anterior, se presumirá(n) cierto(s) el(los) acto(s) reclamado(s), salvo prueba en contrario; además, de no rendirlo o no hacerlo en el término señalado (quince días) o lo haga (n) sin remitir, en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para la resolución del juicio constitucional, o de no comunicar el cambio de situación jurídica de la parte quejosa, o de causales notorias de sobreseimiento que se produzcan, con fundamento en el artículo 17 de la Constitución Federal, en relación con los artículos 238 y 260 fracción II, de la Ley de Amparo, en vigor, se impondrá a la(s) omisa(s) una multa de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, al momento de incurrir en la conducta sancionada. Asimismo, solicítese a la(s) autoridad(es) responsable(s) que, al momento de rendir su informe justificado, haga(n) del conocimiento de este órgano judicial, si en el expediente de donde emana el acto reclamado, ya se promovieron diversos juicios de amparo; de ser afirmativa su respuesta, proporcione(n) el número del juicio, así como el Juzgado que conoció del mismo; lo anterior, para estar en aptitud de resolver lo que en derecho corresponda. Con fundamento en el artículo 115 de la Ley de Amparo, en vigor, se señalan las NUEVE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL VEINTICINCO DE JUNIO DE DOS MIL QUINCE, para la celebración de la audiencia constitucional. Con fundamento en el artículo 5°, fracción IV, de la ley en mención, dese a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, la intervención que legalmente le corresponde y hágase dicha notificación, así como las subsecuentes, mediante lista de publicación de este Juzgado de Distrito, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo en comento, y en la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que aparece publicada en la página 673, del tomo II, Segunda Parte-2, julio a diciembre de 1988, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro es como sigue: "NOTIFICACIONES AL MINISTERIO PUBLICO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO DEBEN HACERSE POR LISTA"; misma que se invoca por ser acorde a esa disposición legal, en términos del artículo sexto transitorio de la misma. Asimismo, hágase del conocimiento de la representante social, que la copia de la demanda de amparo queda a su disposición en la Actuaría de este Juzgado. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley de Amparo invocada se HABILITA, desde ahora, AL ACTUARIO JUDICIAL ADSCRITO, PARA QUE, EN SU CASO, EN DÍAS Y HORAS INHÁBILES, realice las notificaciones personales que se ordenen, para el adecuado despacho de los asuntos. De igual forma, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 108, fracción III, de la ley de la materia (que establece, entre las obligaciones de la parte peticionaria de amparo, la de señalar con precisión a las autoridades responsables-tema sobre el que no opera la suplencia de la queja como se advierte en el artículo 79 de la Ley de Amparo-), se apercibe a la parte quejosa que si la (s) autoridad (es) responsable (s) no existe (n) con la denominación que indica en su demanda, sin mayor trámite, se le (s) tendrá por inexistente (s), suspendiéndose toda comunicación con la (s) misma (s) y, en su oportunidad, se resolverá conforme a tal situación; salvo prueba en contrario o señalamiento corregido; ello, tomando en consideración que le corresponde a dicha parte quejosa, estar pendiente de la tramitación de su asunto; circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 constitucional, que procura la impartición de justicia pronta y expedita, así como al principio de celeridad procesal. Ahora bien, de la lectura de la demanda se advierte que le resulta el carácter de tercero interesado, en términos del artículo 5°, fracción III, inciso b), de la ley de la materia, a: - INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS), por conducto de su apoderado o representante legal, con domicilio en las calles de Armenta y López número ochocientos veintiuno (821), en esta ciudad. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción II, inciso b), de la Ley de Amparo vigente, por oficio notifíquesele, córrasele traslado y emplácesele a juicio al referido tercero interesado; para que tenga conocimiento que en este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca, ubicado en avenida Juárez número setecientos nueve, colonia centro (frente al Llano), se encuentra radicada la demanda de amparo promovida por MIREYLE MORALES ZÁRATE; lo anterior, para que pueda venir al procedimiento constitucional, si a sus intereses conviene; asimismo, se le requiere a fin de que dentro del término de TRES DÍAS, contado a partir del siguiente al de su notificación, si señalan ese mismo domicilio o uno diverso, para oír y recibir notificaciones; apercibiéndolo que, de no cumplir, las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, sin previo acuerdo, se le realizarán por medio de la lista de acuerdos que se publica en este Juzgado, de conformidad con lo establecido en el artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. Con apoyo en el numeral 119 de la ley de la materia, se tiene a la parte quejosa como prueba documental de su parte, la que exhibe en su escrito de demanda (foja 4). Ahora, en términos de los artículos 24, 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene a la parte quejosa como domicilio para oír y recibir notificaciones y acuerdos, el que indica y como autorizado para tales efectos, en términos del artículo 12, parte final y 24, segundo párrafo de la ley citada a las personas que señala. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 6, segundo párrafo, fracción II, de la Constitución Federal; 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, hágase del conocimiento de las partes que este acuerdo estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo solicite, conforme al procedimiento de acceso a la información. Y que tiene el derecho de oponerse a la publicación de sus datos personales para que, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, la unidad administrativa que lo tenga bajo su resguardo, determine si tal oposición puede surtir efectos, considerando si es información reservada; y de esta manera, respetando el derecho a su privacidad, la decisión de la publicación de sus datos, sea acorde a sus intereses. Sin embargo, para el caso de que se trate de la versión pública de la sentencia ejecutoria, aun cuando no se haya ejercido esa oposición, se suprimirán los datos sensibles de las partes, procurándose que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. Sin que, en el caso, sea procedente notificar personalmente a la parte quejosa este auto admisorio, por no actualizarse alguno de los supuestos establecidos en el artículo 26 de la Ley de Amparo en vigor, atento a lo dispuesto en la fracción III del mismo precepto legal y sexto transitorio, acorde a la jurisprudencia número 72, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a foja 58, tomo VI, materia común, octava época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, con el siguiente rubro: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. NOTIFICACIÓN DEL ACUERDO EN QUE SE FIJA FECHA PARA LA". NOTIFÍQUESE; Y, PERSONALMENTE A LA PARTE TERCERA INTERESADA.
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