Mireya Rivera Garibo
Expediente 149/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán. 21 actuaciones registradas, la última del 15 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 149/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 21
- Última actuación
- 15/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- MIREYA RIVERA GARIBO y Otros.
- Mireya Rivera Garibo
- M.P. R. R.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 21.
- Principal
Uruapan, Michoacán de Ocampo, quince de junio de dos mil veintitrés. FIRME FALLO. Visto el estado que guardan los autos del juicio de amparo en que se actúa, así como la certificación de cuenta, de los que se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de revisión contra el proveído que SOBRESEYÓ FUERA DE AUDIENCIA el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la misma queda firme, para los efectos legales procedentes. Hágase las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. ARCHIVO. En consecuencia, una vez hechas las notificaciones respectivas, archívese el expediente como asunto concluido. VALOR DOCUMENTAL. Por lo anterior, y teniendo en cuenta que se sobreseyó en el presente asunto, de conformidad con lo supuesto por el artículo 20, Fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, reguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, este expediente es susceptible de ser destruido. Así, una vez que transcurra el plazo de tres años indicado en el Acuerdo de referencia, sin necesidad de ulterior proveído y siguiendo las directrices ahí detalladas, destrúyase el presente expediente y remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General del Archivo y Documentación, para que en el ejercicio de sus funciones proceda como corresponda. En la inteligencia de que el expediente en que se actúa, NO SE CONSIDERA DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, al no ubicarse en ninguno de los supuestos que señala el artículo 15 del propio Acuerdo General. Ahora bien, por cuanto hace al expediente único del incidente de suspensión, toda vez que se concedió la suspensión provisional y definitiva del acto reclamado, en atención a lo ordenado en el artículo 17, fracción III, inciso b) de la normativa invocada, procede su conservación. Así, una vez que transcurra el plazo de tres años indicado en el Acuerdo de referencia, transfiérase el citado cuadernillo incidental a los Depósitos Documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. RECURSO PENDIENTE EN CUADERNO DE SUSPENSIÓN. No. BILLETE. Del estado de autos se desprende que mediante proveído de doce de abril de dos mil veintitrés, se tuvo a la parte quejosa exhibiendo el billete de depósito N-944545, expedido por el Banco del Bienestar, por la cantidad de $2,600.00 (dos mil seiscientos pesos 00/100 moneda nacional); garantía que le fue fijada para que siguiera surtiendo efectos la suspensión definitiva de los actos reclamados. Por tanto, resulta pertinente requerirle a efecto de que, una vez que venza el plazo de SEIS MESES previsto por el artículo 156 de la Ley de Amparo, para hacer efectiva la responsabilidad proveniente de garantías y contragarantías otorgadas con motivo de la suspensión, comparezca en este Juzgado de Distrito, con documento oficial que la identifique, a recoger la garantía exhibida en el incidente de suspensión, apercibida que de no comparecer a recogerlo dentro del término de dos años, posterior al vencimiento del referido plazo de seis meses, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente proveído, con fundamento en el artículo 50, parte in-fine, de la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación, la garantía de que se trata prescribirá en favor del Erario Federal. Asimismo, no se provee respecto al diverso billete de depósito N 944539, exhibido por la parte quejosa a fin de garantizar la suspensión provisional, toda vez que mediante proveído de doce de abril de la presente anualidad, se acordó sobre su devolución a la parte quejosa. Se instruye al secretario para que realice las anotaciones que correspondan. FIRMA ELECTRÓNICA. Finalmente, de conformidad con el artículo 252 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, en relación con el punto tercero del diverso Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se ordena que la firma de este asunto se realice a través de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), al tener ésta el mismo valor que la autógrafa. NOTIFÍQUESE.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCION I, INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO Y EN CUMPLIMIENTO AL APERCIBIMIENTO DECRETADO EN EL CITATORIO DE FECHA DIECINUEVE DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO, NOTIFICO A LA PARTE QUEJOSA ASI COMO A SUS AUTORIZADOS EL PROVEIDO DE QUINCE DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, POR MEDIO DE LISTA QUE FIJA EN LOS ESTRADOS DE ESTE ORGANO JURISDICCIONAL, PROVEIDO DE REFERENCIA QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Uruapan, Michoacán de Ocampo, quince de junio de dos mil veintitrés. FIRME FALLO. Visto el estado que guardan los autos del juicio de amparo en que se actúa, así como la certificación de cuenta, de los que se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de revisión contra el proveído que SOBRESEYÓ FUERA DE AUDIENCIA el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la misma queda firme, para los efectos legales procedentes. Hágase las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. ARCHIVO. En consecuencia, una vez hechas las notificaciones respectivas, archívese el expediente como asunto concluido. VALOR DOCUMENTAL. Por lo anterior, y teniendo en cuenta que se sobreseyó en el presente asunto, de conformidad con lo supuesto por el artículo 20, Fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, reguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, este expediente es susceptible de ser destruido. Así, una vez que transcurra el plazo de tres años indicado en el Acuerdo de referencia, sin necesidad de ulterior proveído y siguiendo las directrices ahí detalladas, destrúyase el presente expediente y remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General del Archivo y Documentación, para que en el ejercicio de sus funciones proceda como corresponda. En la inteligencia de que el expediente en que se actúa, NO SE CONSIDERA DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, al no ubicarse en ninguno de los supuestos que señala el artículo 15 del propio Acuerdo General. Ahora bien, por cuanto hace al expediente único del incidente de suspensión, toda vez que se concedió la suspensión provisional y definitiva del acto reclamado, en atención a lo ordenado en el artículo 17, fracción III, inciso b) de la normativa invocada, procede su conservación. Así, una vez que transcurra el plazo de tres años indicado en el Acuerdo de referencia, transfiérase el citado cuadernillo incidental a los Depósitos Documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. RECURSO PENDIENTE EN CUADERNO DE SUSPENSIÓN. No. BILLETE. Del estado de autos se desprende que mediante proveído de doce de abril de dos mil veintitrés, se tuvo a la parte quejosa exhibiendo el billete de depósito N-944545, expedido por el Banco del Bienestar, por la cantidad de $2,600.00 (dos mil seiscientos pesos 00/100 moneda nacional); garantía que le fue fijada para que siguiera surtiendo efectos la suspensión definitiva de los actos reclamados. Por tanto, resulta pertinente requerirle a efecto de que, una vez que venza el plazo de SEIS MESES previsto por el artículo 156 de la Ley de Amparo, para hacer efectiva la responsabilidad proveniente de garantías y contragarantías otorgadas con motivo de la suspensión, comparezca en este Juzgado de Distrito, con documento oficial que la identifique, a recoger la garantía exhibida en el incidente de suspensión, apercibida que de no comparecer a recogerlo dentro del término de dos años, posterior al vencimiento del referido plazo de seis meses, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente proveído, con fundamento en el artículo 50, parte in-fine, de la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación, la garantía de que se trata prescribirá en favor del Erario Federal. Asimismo, no se provee respecto al diverso billete de depósito N 944539, exhibido por la parte quejosa a fin de garantizar la suspensión provisional, toda vez que mediante proveído de doce de abril de la presente anualidad, se acordó sobre su devolución a la parte quejosa. Se instruye al secretario para que realice las anotaciones que correspondan. FIRMA ELECTRÓNICA. Finalmente, de conformidad con el artículo 252 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, en relación con el punto tercero del diverso Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se ordena que la firma de este asunto se realice a través de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), al tener ésta el mismo valor que la autógrafa. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Uruapan, Michoacán de Ocampo, dieciocho de mayo de dos mil veintitrés. ALEGATO MINISTERIAL. Agréguese el alegato constitucional presentado por el agente del Ministerio Público Federal adscrito; y con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por formulados sus alegatos, sin perjuicio de relacionarlos en la audiencia constitucional. CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Sin que haga valer alguna. CAUSAL DE SOBRESEIMIENTO. Hace valer la prevista en el artículo 63, fracción IV de la Ley de Amparo (en caso de que las responsables nieguen su informe justificado). ESTADO DE AUTOS. Por otra parte, del inciso a) de la certificación de cuenta se desprende que a la fecha no transcurre el plazo concedido a la parte quejosa en proveído de once de mayo de dos mil veintitrés, para que cumpla con el requerimiento ahí señalado. DIFERIMIENTO. Consecuentemente, la audiencia constitucional señalada para las diez horas con nueve minutos de esta fecha -dieciocho de mayo de dos mil veintitrés-, se difiere y en su lugar se programan LAS DIEZ HORAS CON NUEVE MINUTOS DEL NUEVE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su celebración. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Uruapan, Michoacán de Ocampo, once de mayo de dos mil veintitrés. DESPACHO DILIGENCIADO. Agréguese a los autos el oficio 184/2023, signado por el Encargado del Despacho por Ministerio de Ley del Juzgado de Primera Instancia en Materia Penal, del Distrito Judicial de Lázaro Cárdenas, Michoacán de Ocampo, mediante el cual devuelve diligenciado el despacho 305/2023, orden 484/2023, que le fue enviado a efecto de emplazar al presente juicio de garantías al tercero interesado Eliseo Román Moctezuma, y requerirlo en los términos ahí indicados. Diligencia que se realizó personalmente el dos de mayo de dos mil veintitrés, como se advierte de las constancias que se anexan al oficio de cuenta. Téngase legalmente emplazada al presente juicio, a la parte tercera interesada de que se trata. SE ORDENA DAR DE BAJA. Ahora bien, para efectos administrativos dése de baja dicha comunicación oficial en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Sin que haya lugar a acusar recibo, en razón de que su remisión vía electrónica lo genera automáticamente. EFECTIVO APERCIBIMIENTO, NOTIFICACIÓN POR LISTA. Por otra parte, del inciso b) de la certificación de cuenta se desprende que el término concedido a la parte tercero interesada Eliseo Román Moctezuma, para que señalara domicilio en esta ciudad, transcurrió sin que lo hayan hecho; en consecuencia, hágasele efectivo el apercibimiento decretado en proveído de veintiuno de abril del año en curso, por lo que, las subsecuentes notificaciones que les resulten, aún las de carácter personal, practíquense por lista de acuerdos que se publican en los estrados de este órgano jurisdiccional. Ello, en términos del artículo 29, de la Ley de Amparo, hasta en tanto señale uno en esta ciudad para tales efectos. ESTADO DE AUTOS. Por otra parte, vistos los autos del juicio de amparo en que se actúa, se advierte la falta de identidad entre los signos autógrafos de la demanda de amparo y escrito presentado en la oficialía de partes de este juzgado el veinte de abril de dos mil veintitrés (registro 6310), con la diversa firma que contiene la copia simple de la credencial para votar expedida por el Instituto Nacional Electoral, en favor de la quejosa Mireya Rivera Garibo, ya que si bien es verdad que la suscrita no es perito en caligrafía o en grafoscopía, también es que, ante lo evidente y notorio de la discrepancia de las firmas no se requiere de tales conocimientos para detectar esas circunstancias, pues solo basta la observación de sus trazos, empuñaduras y remates, mediante la comparación simultánea de las referidas signaturas autógrafas. Por ser de suma importancia, se insertan las siguientes capturas ilustrativas. FIRMA ESTAMPADA EN EL ESCRITO DE DEMANDA FIRMA ESTAMPADA EN EL ESCRITO CON REGISTRO 6310 FIRMA QUE CONTIENE LA COPIA SIMPLE DE LA CREDENCIAL PARA VOTAR EXPEDIDA POR EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, QUE ANEXÓ AL ESCRITO DE DEMANDA En esa circunstancia, a efecto de acordar lo que en derecho proceda, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la materia, requiérase a la promovente Mireya Rivera Garibo, para que dentro del término de tres días siguientes al en que surta efectos la notificación del presente proveído, se presente con identificación oficial vigente con fotografía en el local de este Juzgado de Distrito, para que ante la presencia judicial y bajo protesta de decir verdad, manifieste sí reconoce como suya la firma que calzan los escritos que se relacionan en párrafo precedente, es decir, si estampó de su puño y letra las aludidas firmas (escrito de demanda y escrito por el que desahoga requerimiento). Apoya a lo anterior, la jurisprudencia de la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: FIRMA NOTORIAMENTE DISTINTA DE LA QUE YA OBRA EN AUTOS, DEBEN MANDARSE RECONOCER LAS FIRMAS DISCREPANTES Y DICTAR EL ACUERDO QUE LEGALMENTE CORRESPONDA. Cuando un escrito presente una firma que sea notoriamente distinta de la que ya obra en autos, debe mandarse reconocerlas, con fundamento en el artículo 30 de la Ley de Amparo, advirtiendo al ocursante de los delitos en que incurren quienes declaran con falsedad ante la autoridad judicial, así como del contenido del artículo 211 de la Ley de Amparo y después se dictará el acuerdo que corresponda, con vista a la propia diligencia de reconocimiento. Es importante distinguir que la firma notoriamente diferente, no equivale a la falta de firma, pues ambas son hipótesis distintas. Se apercibe a la quejosa de no desahogar el requerimiento formulado en la forma y plazo establecido este órgano de control constitucional entenderá que la firma que calza el escrito de demanda no fue estampada de su puño y letra; por tanto, se decretará el sobreseimiento del juicio en el presente asunto. Ello es así, porque el juicio de amparo se rige por el principio de instancia de parte agraviada, por lo que solo puede ejercer la acción de amparo aquella persona a quien perjudica el acto o la ley que se reclame; de ahí surge la exigencia de que la persona a quien se afecte en su esfera de derechos por un acto de autoridad, sea quien presente el escrito de demanda de amparo en calidad de promovente, debidamente firmada, pues es a través de dicho signo gráfico que se externa la voluntad de las partes de ejercitar un derecho. Es decir, la firma se constituye por los signos manuscritos a través de los cuales las personas expresan su voluntad de realizar determinado acto en forma escrita, acreditándose con ella la autoría del escrito. De tal modo, que resulta innegable que cuando se advierten ciertas irregularidades en torno a la firma que calza la demanda de garantías, el Juez de amparo puede y debe requerir al aparente signante para que en presencia del personal judicial adscrito al Tribunal, éste manifieste el reconocimiento o no de la misma. Lo anterior se sustenta en el hecho de que el artículo 62 de la Ley de Amparo, dispone que las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo; estudio que al ser preferente al del fondo del asunto, conlleva a que los órganos jurisdiccionales, ante la presencia de indicios que evidencien tal aspecto, indaguen sobre la posible actualización de alguna causal, allegándose de las pruebas pertinentes que estimen necesarias para corroborar o desestimar la actualización de alguno de los supuestos a que alude el artículo 61 de la Ley en cita, y entonces pronunciarse, primero, en relación con los indicios mencionados y, después, sobre si la causal de improcedencia opera, o no. Sirve de sustento a lo anterior, la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. ANTE LA EXISTENCIA DE ALGÚN INDICIO DE UNA CAUSAL DE ESA NATURALEZA, EL JUZGADOR DEBE INDAGAR O RECABAR DE OFICIO LAS PRUEBAS NECESARIAS PARA ASÍ ESTAR EN POSIBILIDAD DE DETERMINAR FEHACIENTEMENTE SI OPERA O NO ESA CAUSAL. Conforme al último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo, el examen de las causales de improcedencia del juicio de garantías es oficioso, esto es, deben estudiarse por el juzgador aunque no las hagan valer las partes, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente al fondo del asunto. Asimismo, esta regla de estudio oficioso debe hacerse extensiva a la probable actualización de dichas causales cuando éstas se adviertan mediante un indicio, sea que una de las partes las haya invocado u ofrecido o que el juzgador las hubiese advertido de oficio, pues con independencia de cuál sea la vía por la que se conocieron esos indicios, el juzgador de amparo los tiene frente a sí, y la problemática que se presenta no se refiere a la carga de la prueba, sino a una cuestión de orden público; por consiguiente, si de las constancias de autos el juzgador de amparo advierte un indicio sobre la posible existencia de una causal que haría improcedente el juicio constitucional, oficiosamente debe indagar y en todo caso allegarse de las pruebas necesarias para resolver si aquélla se actualiza o no y así, probada fehacientemente, sobresea en el juicio o bien en caso contrario, aborde el fondo del asunto. Lo enfatizado bes de este Tribunal. Se hace del conocimiento a la quejosa de las penas en que incurren los que declaran con falsedad en los juicios de amparo, en términos de la fracción I, del artículo 261 de la ley de la materia. Cobra aplicación como criterio orientador, la tesis emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, de rubro y texto: VISTA AL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. RESPECTO DE ACTOS REALIZADOS DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO CONSTITUCIONAL QUE PODRÍAN RESULTAR CONSTITUTIVOS DE LOS DELITOS TIPIFICADOS EN EL ARTÍCULO 261 DE LA LEY DE AMPARO, DEBE HACERSE AL DICTARSE LA SENTENCIA O RESOLVERSE EL RECURSO DE REVISIÓN [INTERPRETACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 13/2017 (10a.)]. Si bien es cierto que de conformidad con la jurisprudencia citada, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, en la página 5 del Libro 45, Tomo I, agosto de 2017, Décima Época, con número de registro digital: 2014917, los juzgadores de amparo están obligados a dar vista al Ministerio Público Federal ante el conocimiento de actos realizados durante la tramitación del juicio constitucional que podrían resultar constitutivos de los delitos especiales tipificados en el artículo 261 de la Ley de Amparo, a fin de que la representación social investigue de inmediato, no menos lo es que tal vista no debe hacerse al momento en que se presente la solicitud del inconforme, independientemente de la etapa en que se esté tramitando la acción constitucional, sino que ello debe ocurrir una vez que se haya resuelto el fondo del asunto, ya sea al dictarse la sentencia de amparo o resolverse el recurso de revisión, en razón de que, al hacer una interpretación de la jurisprudencia referida, así como del artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales se colige que para considerar que el órgano de control constitucional de primera instancia o el tribunal revisor tiene conocimiento de los actos presuntamente delictivos señalados, debe esperarse al pronunciamiento de la resolución definitiva, pues de no de hacerlo así se emitiría un juicio de valor anticipado, es decir, se estaría prejuzgando. Asimismo, se informa a la quejosa que la suscrita puede ordenar oficiosamente el desahogo de la prueba pericial en materia de caligrafía y grafoscopía, si advierte que la firma que en su caso plasme al momento de la diligencia de reconocimiento y/o ratificación, es notoriamente distinta con la que obra en su escrito de demanda y el diverso por el que da cumplimiento al requerimiento realizado, pues dicha firma, se presupone que fue puesta de su puño y letra; ello en términos de los artículos 62 y 64 de la Ley de Amparo. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: PERICIAL EN MATERIA DE CALIGRAFÍA Y GRAFOSCOPIA. EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ FACULTADO PARA ORDENAR OFICIOSAMENTE SU PRÁCTICA Y DESAHOGO, A FIN DE VERIFICAR LA AUTENTICIDAD DE LA FIRMA QUE CALZA LA DEMANDA DE AMPARO, RECONOCIDA POR QUIEN APARECE COMO PROMOVENTE EN ELLA, ÚNICAMENTE CUANDO ADVIERTA QUE LA FIRMA RATIFICADA Y LAS PLASMADAS DURANTE LA DILIGENCIA DE RATIFICACIÓN SON NOTORIAMENTE DIFERENTES. Únicamente en el caso referido, esto es, cuando aprecie una diferencia notoria entre la firma ratificada y las plasmadas durante la diligencia de ratificación, el Juez de Distrito estará facultado para ordenar oficiosamente la práctica y desahogo de una prueba pericial en materia de caligrafía y grafoscopia, a fin de corroborar su autenticidad pues, por un lado, la procedencia del juicio de amparo es una cuestión de orden público y estudio preferente e independiente de la actuación de las partes y, por otro, dicha pericial no sólo es un elemento probatorio admisible en el juicio, sino que resulta idóneo para comprobar la veracidad de la firma mencionada. Considerar lo contrario, tal como lo argumentó la Primera Sala al resolver la Contradicción de Tesis 105/2007, sería tanto como aceptar como válido el proceder de una persona que se presenta a reconocer la firma estampada en una demanda que no signó, con lo que se fomentaría la práctica viciosa de que cualquiera, sin ser el interesado, firmara una demanda con el propósito de presentarla oportunamente, para después, en cualquier tiempo, subsanar la omisión de la voluntad con el reconocimiento de la firma por quien no la suscribió. NOTIFÍQUESE; PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
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