Mireya Niño Gallardo
Expediente 1682/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 23 actuaciones registradas, la última del 24 de febrero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1682/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 23
- Última actuación
- 24/02/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Mireya Niño Gallardo
- Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero
Actuaciones
Las 4 más recientes de 23.
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, veinticuatro de febrero de dos mil veintidós. Visto el estado de autos que guarda el presente juicio de amparo, así como la certificación secretarial de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia de tres de febrero de dos mil veintidós, dictada en el presente juicio de amparo, misma que negó el amparo y protección de la justicia federal. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al procedimiento en que se actúa, en términos del numeral 2° de la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. En consecuencia, háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación se determina: De acuerdo con el supuesto que prevé el artículo 18, fracción I, inciso b), el expediente principal es SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN porque se negó el amparo y protección de la justicia federal; asimismo, deberá conservarse en el archivo del juzgado durante tres años contados a partir de haberse ordenado su archivo. Una vez concluido este plazo, dentro de los siguientes noventa días, se deberá depurar el expediente, conservando únicamente la demanda, la sentencia que puso fin al asunto; el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido; y los demás documentos que considere el titular del órgano jurisdiccional y luego transferirse al Centro de Documentación y Análisis. En acatamiento al artículo 20, fracción II, inciso a), del citado acuerdo, el cuaderno duplicado del incidente de suspensión será destruido; por lo que una vez transcurrido el plazo de seis meses establecido en el precitado punto del acuerdo, procédase a su destrucción. Conforme al artículo 18, fracción I, inciso a) del multicitado acuerdo, el cuaderno original del incidente de suspensión es SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN porque se concedió la medida cautelar; asimismo, deberá conservarse en el archivo del juzgado durante tres años contados a partir de haberse ordenado su archivo. Una vez concluido este plazo, dentro de los siguientes noventa días, se deberá depurar el expediente, conservando únicamente la demanda, la resolución relativa al otorgamiento de la medida cautelar; el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido; y los demás documentos que considere el titular del órgano jurisdiccional y luego transferirse al Centro de Documentación y Análisis. En términos del diverso artículo 15 del señalado Acuerdo General, este expediente no es de relevancia documental, ni con trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional; aunado a que no existen documentos originales que devolver a las partes. Finalmente, toda vez que no es necesario seguir conservando las copias certificadas del expediente de origen 745/2013, remítanse a su lugar de procedencia, esto es, al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, residente en esta ciudad. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante la Secretaria Bianca Sayuri Mora Peralta, que autoriza y da fe.
- Principal
R E S U E L V E: PRIMERO. La Justicia Federal no ampara ni protege a Mireya Niño Gallardo, por propio derecho, contra actos del Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad capital, por los motivos señalados en el considerando quinto de esta sentencia. SEGUNDO. Publíquese la sentencia, en términos de lo ordenado en el último considerando. TERCERO. Captúrese la sentencia en el módulo "Sentencias" del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que para el efecto se lleva en este Juzgado Federal, y glósese la constancia generada por el sistema aludido.
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, veintiocho de diciembre de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los presentes autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se aprecia que se encuentra señalada para el día de hoy la celebración de la audiencia constitucional, misma que no es posible celebrar en virtud de que no obra el acuse de notificación ni física ni electrónica del oficio 4487 de doce de marzo de dos mil veintiuno, dirigido a la autoridad responsable Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, a través del cual se les hizo del conocimiento de la reanudación de los plazos y términos del juicio de amparo al rubro indicado. Por tanto, no obstante de que por acuerdo de diez de noviembre de dos mil veintiuno, se instruyó al Actuario de la adscripción para que notificara el oficio referido sin que a la fecha lo haya hecho, instrúyasele nuevamente para que de inmediato notifique el oficio 4487 de doce de marzo de dos mil veintiuno, o en su caso, anexe a los autos del expediente electrónico la constancias donde se acredite la notificación del mismo. Finalmente, para dar oportunidad a lo anterior, la referida audiencia constitucional se difiere para las NUEVE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL TRES DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para su verificativo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado José Francisco Herrera Garcia Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, Encargado del Despacho, por periodo vacacional concedido al Titular de este órgano jurisdiccional, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizado en sesión celebrada en dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno, por la Comisión de Receso del Consejo de la Judicatura Federal, comunicada mediante oficio CR./CJD./003/4636/2021, ante el Secretario César Iván Rendón Patricio, que autoriza y da fe.
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, diez de noviembre de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los presentes autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se aprecia que se encuentra señalada para el día de hoy la celebración de la audiencia constitucional, misma que no es posible celebrar en virtud de que en autos y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), no obra el acuse de recibo del oficio 4487/2021, de doce de marzo de dos mil veintiuno, dirigido a la autoridad responsable (Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero), a través del cual se reanudó el presente juicio de amparo. Ahora bien, tomando en cuenta la razón actuarial de treinta de abril de dos mil veintiuno, se advierte que las autoridades responsables Secretario, Subsecretario de Egresos y Director General, todos de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, no se encuentran laborando debido a la contingencia del COVID-19; lo anterior, se advierte de la circular FAD/UAJ/872/2021, de diecinueve de septiembre del año en curso, firmada por el Director General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, se comunica que se continua con el cierre de las actividades laborales en las oficinas que ocupa la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, y que sólo se realizaran actividades esenciales bajo el formato de guardias; sin embargo, tal circunstancia no es obstáculo para que se realice la notificación a las autoridades que tengan su residencia en el citado recinto; ello, con apego en lo establecido en los artículos 26 fracción ll, 28 fracción l, párrafo segundo y lll, 30 fracción l y 31 fracción l, de la Ley de Amparo. Por tanto, se ordena al actuario judicial adscrito encargado del trámite del presente asunto, para que realice la notificación del oficio citado en párrafos que anteceden con base en lo establecido en los artículos 26 fracción ll, 28 fracción l, párrafo segundo y lll, 30 fracción l y 31 fracción l, de la Ley de Amparo. Se faculta al actuario judicial para realizar la notificación correspondiente en términos del segundo parrado de la fracción ll del artículo 28 de la Ley de amparo, siempre que la autoridad responsable se niegue a recibir la notificación correspondiente, bajo el argumento de que sólo se encuentra trabajando por guardias; ello, siempre que la misma no tenga cerrada sus puertas. Lo anterior en razón que de actuar conforme a lo establecido en dicho comunicado implicaría una violación evidente al principio de igualdad procesal contenido en el artículo 3 de Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2, pues se estaría en el absurdo de que este juzgado reconociera a las partes la facultad de definir el momento en que se le practicaran las notificaciones o bien que pueden negarse a recibirlas. Para ilustrar lo anterior y a efecto de realizar un estudio atingente, en primer término, se considera pertinente destacar que los artículos 19, 22, 26, fracción I, 28, fracción I, 31, fracción I, de la Ley de Amparo, sobre lo que interesa, establecen lo siguiente: "Artículo 19. Son días hábiles para la promoción, substanciación y resolución de los juicios de amparo todos los del año, con excepción de los sábados y domingos, uno de enero, cinco de febrero, veintiuno de marzo, uno y cinco de mayo, catorce y dieciséis de septiembre, doce de octubre, veinte de noviembre y veinticinco de diciembre, así como aquellos en que se suspendan las labores en el órgano jurisdiccional ante el cual se tramite el juicio de amparo, o cuando no pueda funcionar por causa de fuerza mayor." "Artículo 22. Los plazos se contarán por días hábiles, comenzarán a correr a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación y se incluirá en ellos el del vencimiento, inclusive para las realizadas en forma electrónica a través del uso de la Firma Electrónica, salvo en materia penal, en donde se computarán de momento a momento.- Correrán para cada parte desde el día siguiente a aquél en que para ella hubiese surtido sus efectos la notificación respectiva. "Artículo 26. Las notificaciones en los juicios de amparo se harán: I. Por oficio: a) A la autoridad responsable, salvo que se trate de la primera notificación a un particular señalado como tal, en cuyo caso se observará lo establecido en el inciso b) de la fracción I del presente artículo; b) A la autoridad que tenga el carácter de tercero interesado; y c) Al Ministerio Público de la Federación en el caso de amparo contra normas generales." "Artículo 28. Las notificaciones por oficio se harán conforme a las reglas siguientes: I. Si el domicilio de la oficina principal de la autoridad se encuentra en el lugar del juicio, un empleado hará la entrega, recabando la constancia de recibo correspondiente.- Si la autoridad se niega a recibir el oficio, el actuario hará del conocimiento del encargado de la oficina correspondiente que no obstante esta circunstancia, se tendrá por hecha la notificación. Si a pesar de esto subsiste la negativa, asentará la razón en autos y se tendrá por hecha;" "Artículo 31. Las notificaciones surtirán sus efectos conforme a las siguientes reglas: I. Las que correspondan a las autoridades responsables y a las autoridades que tengan el carácter de terceros interesados, desde el momento en que hayan quedado legalmente hechas." La interpretación sistemática de los preceptos legales transcritos, permite establecer que en los juicios de amparo el cómputo de los términos comenzará a correr desde el día siguiente al en que surta sus efectos la notificación; se incluirá en ellos el día del vencimiento, se contarán por días naturales, con exclusión de los inhábiles. No se computarán dentro de los términos, los días hábiles en que se hubiesen suspendido las labores del juzgado o tribunal en que se trámite el juicio de amparo. En los juicios de amparo de la competencia de los Juzgados de Distrito, las notificaciones se harán a las autoridades responsables y a las autoridades que tengan el carácter de terceros interesados, por medio de oficio que deberá entregarse en el domicilio de la oficina principal de la autoridad se encuentra en el lugar del juicio, en el entendido de que si existe una negativa a recibir el oficio se tendrá por hecha la notificación encomendada. También se advierte que la notificación así practicada surtirá todos sus efectos legales desde que se entregue el oficio respectivo, o bien, desde el momento en que se tenga por hecha por parte del actuario correspondiente. Por tanto, la suspensión de labores decretada por las autoridades responsables o terceras interesadas, no interrumpe los términos, ni la continuación del juicio de amparo, en atención a que conforme a lo dispuesto en el artículo 19 de la ley de la materia son días hábiles para la promoción, substanciación y resolución de los juicios de amparo todos los del año, con excepción de los previstos en el propio precepto, así como aquellos en que se suspendan las labores en el órgano jurisdiccional ante el cual se tramite el juicio de amparo, en la especie, el Juzgado de Distrito respectivo. Asimismo, debe decirse que la suspensión de mérito carece de trascendencia para el cómputo de los términos legales y la actuaciones que se han de practicar, pues conforme al marco normativo que rige al juicio de amparo, la suspensión temporal de labores de las autoridades, no es un componente previsto en las citadas normas, de lo que se colige que no suspende la prosecución del procedimiento, pues no debe soslayarse que durante la suspensión de labores en comento, de las autoridades que tienen su domicilio en la Instalaciones de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, se ordena continuar con un sistema de guardias, lo que evidencia que tiene la infraestructura necesaria para contar con personal de guardia capacitado tanto para la recepción de notificaciones, como para el cumplimiento que la Ley de Amparo le impone con motivo de la substanciación de un juicio de garantías en el que figura como autoridad responsable o tercero interesado. Se cita para apoyar consideraciones expuestas, la tesis III.1o.A.150 A emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXX, Materia Administrativa, página 3178, registro 166288, de rubro y texto siguientes: "REVISIÓN EN AMPARO INDIRECTO. LA INTERRUPCIÓN DE LAS LABORES DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE EN VIRTUD DE DISFRUTAR DE UN DESCANSO TEMPORAL (VACACIONES), NO SUSPENDE EL TÉRMINO PARA LA INTERPOSICIÓN DE DICHO RECURSO. Del análisis sistemático de los artículos 24, 26, 28, fracción I, 33, 34, fracción I, 83, fracción IV y 86 de la Ley de Amparo, relativos a la regulación de las notificaciones y término para la interposición del recurso de revisión en el juicio de garantías indirecto, se advierte que la interrupción de las labores de la autoridad responsable, en virtud de disfrutar de un descanso temporal (vacaciones), no es un componente previsto en las citadas normas, de lo que se colige que no suspende el aludido término, pues ésta, como parte integrante de la organización estatal, tiene la infraestructura necesaria para contar con personal de guardia capacitado o comisiones de receso, encargados de la recepción de notificaciones y, en su caso, de la presentación de los medios de impugnación que se requieran, precisamente en tales lapsos de descanso. Además, en atención al principio de paridad procesal que debe regir entre las partes, el quejoso o tercero perjudicado, como particulares, tendrían desventaja, si únicamente a la autoridad disconforme se le descontara del plazo legal para la interposición de los medios de defensa, el tiempo en que esté de vacaciones, pues ese beneficio no podría ser alegado por aquéllos, precisamente por no existir disposición jurídica que así lo permita." De igual forma, no debe soslayarse que la Constitución dispone, en sus artículos 103 y 107, que el juicio de amparo se reglamenta a través de una ley emitida por el Congreso de la Unión, por tanto, las legislaturas de los Estados como las autoridades pertenecientes a éstos, como en la especie sucede la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, no tienen competencia para regular el juicio de amparo; de aceptarse el criterio propuesto, se llegaría al absurdo de reconocer que la citada Secretaría tiene competencias legislativas para reglamentar los cómputos de los plazos en el juicio de amparo, lo que sin duda conformaría una falacia de falsa autoridad, en la medida de que nuestra Constitución Federal no faculta a un órgano local para regular o reglamentar los términos procesales que rigen en el juicio de amparo. Además, de la versión taquigráfica de la sesión pública ordinaria del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, celebrada a distancia el veintiocho de abril de dos mil veinte al resolver la contradicción de tesis 275/2018, se advierte en lo medular que seis Ministros (mayoría) votaron en contra del proyecto presentado, al considerar que no es posible tomar como plazo adicional a los ya estipulados en la Ley de Amparo, los días que las autoridades locales designen como vacacional o que declaran como inhábiles, debido a que las entidades federativas no pueden ajustar los plazos del juicio de amparo, al ser parte en el procedimiento y conocer de antemano los días inhábiles para esos efectos, por lo que están obligados a acatarlos. Si bien, a la presente fecha, el engrose y la tesis se encuentran pendientes de publicar, también lo es que la decisión que antecede es determinante, como se lee de la misma versión taquigráfica: "SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: En esa virtud, aquí hay algunas posibilidades: una, desechar el proyecto y returnarlo; sin embargo, parece que la decisión ya es muy clara, es determinante. Hemos ya discutido mucho este tema y yo consultaría al Ministro ponente si él estaría en posición y en posibilidad de poder hacer el engrose con el criterio mayoritario. SEÑOR MINISTRO PARDO REBOLLEDO: Lo intentaría, señor Presidente, con mucho gusto. SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Muchas gracias, se lo apreciamos muchísimo porque esto nos ahorra tiempo en la decisión del asunto. ENTONCES, QUEDA RESUELTO EN ESOS TÉRMINOS EL PROYECTO." En ese sentido, permitir que los Estados y, en su caso, las autoridades responsables regulen las reglas sobre los días hábiles aplicables en su perjuicio, diluiría el valor normativo del juicio de amparo como un medio de control constitucional Los plazos en el juicio de amparo conforman una garantía orgánica del derecho de acceso a la justicia en sede constitucional, ya que los justiciables tienen la certeza de que dichos plazos son aquellos que condicionarán el tiempo de resolución de un juicio; sin embargo, si cualquier autoridad responsable se entiende habilitada para alterar los plazos del juicio de amparo mediante la regulación de los días hábiles, ello le daría un poder a los órganos controlados de postergar, a su conveniencia, la resolución de un medio de control. No sucede lo mismo con el periodo vacacional de la autoridad responsable, pues en este supuesto, resulta inconcuso que no pudo actuar materialmente al no trabajar, habida cuenta que se trata de un período de receso en el que no se puede ni siquiera entregar una notificación al encontrarse cerrado al público el edificio correspondiente. La jurisprudencia 2ª./J. 9/2018 (10ª), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LOS DÍAS NO LABORADOS POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE DEBEN DESCONTARSE DEL CÓMPUTO DEL PLAZO PREVISTO PARA SU PRESENTACIÓN CUANDO EL ACTO RECLAMADO DERIVE DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL O ADMINISTRATIVO LLEVADO EN FORMA DE JUICIO.", no resulta aplicable al caso, pues basta su lectura, para advertir que la misma se refiere al término con el que cuentan los quejosos para promover una demanda de amparo indirecto; empero, sin que de la misma se desprenda que la autoridad responsable está facultada para suspender los términos procesales que rigen en el trámite de un juicio que no es su competencia conocer. Máxime, que la teolología de ese criterio jurídico deriva del hecho relativo a que el término para la promoción de una demanda de amparo conforma un derecho de los particulares en aras de potencializar el derecho con el que cuenta, inherente al acceso a la justicia a que se contrae el artículo 17 Constitucional, de lo que deriva, por exclusión que la precitada prerrogativa no puede hacerse extensiva a las autoridades responsables, cuando tal extremo conllevaría a generar un desequilibrio entre las partes. En tal virtud, la referida audiencia constitucional se difiere y en su lugar se fijan las NUEVE HORAS CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS DEL VEINTIOCHO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, para su verificativo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante la Secretaria Bianca Sayuri Mora Peralta, que autoriza y da fe.
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