Mireya Hernández Vázquez

Expediente 590/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 12 de agosto de 2020.

Datos del expediente

Expediente
590/2020
Año
2020
Actuaciones
4
Última actuación
12/08/2020

Partes del expediente

  • Mireya Hernández Vázquez

Actuaciones

  1. Principal

    De conformidad con lo establecido en los Acuerdos Generales 4/2020, 6/2020, 8/2020, 10/2020, 13/2020, 15/2020 y 18/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a las medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, se determinó que, se suspendieran las labores de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación del dieciocho de marzo al treinta y uno de julio de dos mil veinte, con excepción de los casos urgentes señalados en tales acuerdos. Lo anterior, tuvo como consecuencia la suspensión de plazos de manera provisional del procedimiento de ejecución de sentencia Ahora, mediante "Acuerdo General 21/2020 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura, relativo a la reanudación de plazos al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19" se ordenó el levantamiento de manera escalonada de todos los asuntos cuya tramitación quedó suspendida conforme a los lineamientos y razones expuestas en los Acuerdos Generales 4/2020, 6/2020, 8/2020, 10/2020, 13/2020, 15/2020 y 18/2020. Por lo anterior, y atendiendo de manera puntual el esquema laboral establecido en el artículo 2 del Acuerdo General 21/2020 y las cargas de trabajo que tiene este juzgado, es que en este acuerdo se ordena reanudar el presente juicio en la etapa de ejecución. Lo anterior se hace del conocimiento a las partes para los efectos legales a que haya lugar, en el entendido de que los plazos establecidos en este juicio empezarán a correr a partir que se notifique el presente acuerdo, conforme a las reglas establecidas en los artículos 27, 28 y 30 de la Ley de Amparo. En ese orden, se reciben los escritos signados por la autorizada de la parte quejosa mediante los que solicita que las notificaciones se realicen vía electrónica, proporcionado para tal efecto con el nombre de usuario ********************, designa perito en materia de contabilidad y solicita se señale fecha y hora para que acuda a este órgano jurisdiccional a protestar el cargo. Con fundamento en los artículos 26, fracción IV, 30, fracción II y 31, fracción III, de la Ley de Amparo, se ordena realizar las notificaciones del presente asunto de manera electrónica. Téngase como perito de la parte quejosa a ********************; por ende, por conducto de la parte quejosa requiérasele para que acuda a este órgano jurisdiccional el día veintiséis de agosto de dos mil veinte a las dieciséis horas, con identificación oficial con fotografía y copia de esta, con el objeto de que acepte y proteste el cargo que se le confiere, quien deberá acreditar ante este órgano jurisdiccional que cuenta con cédula profesional para fungir como tal carácter y que tiene los conocimientos necesarios para rendir dicha opinión experta. Se apercibe a la parte quejosa que de no proceder conforme a lo dispuesto en el inciso que antecede, se le tendrá por adherida al dictamen que en su momento rinda el perito oficial. Respecto a la cuenta de correo electrónico y número telefónico que proporciona, infórmese que las notificaciones electrónicas únicamente se realizaran a través del sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, conforme a las reglas establecidas en la Ley de Amparo, por lo que no es dable considerar el correo electrónico y número telefónico como medio para realizar notificaciones. Asimismo, se tiene por recibido el oficio, signado por el Titular de la Unidad Jurídica de la Delegación Regional Zona Sur del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, mediante el cual designa a ********************, como perito en materia de contabilidad, designa delegados y señala domicilio procesal. Téngase como perito de la autoridad responsable a ********************; por ende, por su conducto requiérasele para que acuda a este órgano jurisdiccional el día veintiséis de agosto de dos mil veinte a las catorce horas, con identificación oficial con fotografía y copia de esta, con el objeto de que acepte y proteste el cargo que se le confiere, quien deberá acreditar ante este órgano jurisdiccional que cuenta con cédula profesional para fungir como tal carácter y que tiene los conocimientos necesarios para rendir dicha opinión experta. Se apercibe a la autoridad responsable que de no proceder conforme a lo dispuesto en el inciso que antecede, se le tendrá por adherida al dictamen que en su momento rinda el perito oficial. Con apoyo en el artículo 9 de la ley de la materia y 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se tienen como delegados a las personas que precisan y como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señalan. En este contexto, se ordena correr traslado a la parte quejosa y autoridad responsable, con el respectivo "acuse de confirmación de cita", generado para que cada uno de los peritos de su intensión se presenten ante este órgano jurisdiccional en la fecha y hora indicada; y, se les informa que deberán resguardar el citado acuse hasta el momento de su cita, pues contiene el código QR que resulta necesario para que se les permita el acceso a las instalaciones de este juzgado, en términos del Acuerdo General 21/2020 del Consejo de la Judicatura Federal. Finalmente, se ordena glosar, previo al presente acuerdo, los respectivos acuses para debida constancia. Notifíquese; y electrónicamente a la parte quejosa.

  2. Principal

    Por recibido el oficio signado por el Subsecretario de Sistema Penitenciario de la Ciudad de México, por medio del cual realiza diversas manifestaciones en relación con el cumplimiento dado a la suspensión de plano decretada en autos. Ahora, atendiendo a que el Juzgado Decimoquinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, a través del proveído de siete de junio del presente año, determinó aceptar la competencia, se ordena remitir la promoción original de cuenta a dicho órgano para lo efectos legales a que haya lugar Sin que sea el caso de solicitar acuse de recibo, toda vez que el sello de recepción hará las veces de dicho acuse. Notifíquese.

  3. Principal

    Ciudad de México, siete de junio de dos mil veinte. Por recibido vía electrónica el oficio signado por el Secretario del Juzgado Decimoquinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, mediante el cual acusa recibo del juicio de amparo 590/2020-III e informa que acepta la competencia planteada y se avoca al conocimiento del asunto; al respecto, este juzgado toma conocimiento de su contenido. En tal virtud, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena archivar el asunto como concluido y de conformidad con lo dispuesto en el punto vigésimo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece los lineamientos para la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; se ordena la DESTRUCCIÓN del expediente que nos ocupa una vez que transcurra el término de SEIS MESES que se establece en el punto de referencia, que será a partir del nueve de diciembre de dos mil veinte, aunado a que el expediente en que se actúa carece de relevancia documental. Notifíquese.

  4. Principal

    Ciudad de México, cinco de junio de dos mil veinte. Vista la demanda de amparo que promueve ***, en representación de ***, contra el acto del Subsecretaría de Sistema Penitenciario de la Ciudad de México y otras autoridades, por considerarlo violatorio de los artículos 1, 14, 16, 18 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Regístrese en el libro de gobierno con el número 590/2020-III, y fórmese expediente físico, así como su versión electrónica, en términos del artículo 3 de la ley de la materia. INCOMPETENCIA Previo a acordar lo que en derecho proceda, conviene establecer que la competencia es un presupuesto procesal de orden público, a cuyo estudio se encuentran obligados los órganos de control constitucional antes de resolver cualquier cuestión relacionada con la litis planteada en la demanda, pues de no hacerlo, se contravendrían las reglas fundamentales que rigen el procedimiento del juicio de amparo y consolidaría una violación procesal. Sobre esa base, la legislación establece las reglas de competencia siguientes: a) Competencia por territorio (prevista en el artículo 37 de la Ley de Amparo); b) Competencia por materia (civil, penal, laboral y administrativa, que está regulada en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación); c) Competencia por grado (la cual consiste en la instancia o vía intentada -amparo indirecto y directo-); d) Competencia auxiliar; y, e) Competencia concurrente. Sustenta lo anterior la tesis de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ANALIZAR DE MANERA INTEGRAL EL CONTEXTO DE LA DEMANDA DE AMPARO, ASÍ COMO DE LOS DEMÁS ELEMENTOS QUE SE ALLEGUEN A LA MISMA, PARA FIJAR SU. En materia de amparo, la competencia se finca primordialmente en tres factores: el territorio, la materia jurídica sobre la que versa el acto reclamado y la índole especial de la autoridad responsable. Así, para establecer su competencia el juez de Distrito no sólo debe atender al planteamiento hecho en la demanda de garantías, sino que es menester analizarla de manera integral como los demás elementos que se alleguen a la misma para desprender los datos que, razonablemente hagan posible conocer la materia jurídica sobre la que versa el acto reclamado, a fin de estar en aptitud de establecer qué órgano jurisdiccional debe avocarse al conocimiento del asunto. Ahora bien, una vez que el juzgador federal ante quien se promueve una demanda de garantías ha arribado a la conclusión de que no es competente para conocer de ella por cualquiera de las causas señaladas, es su obligación proveer en lo conducente de acuerdo con lo que la Ley de Amparo señala para ese efecto." COMPETENCIA POR MATERIA En el caso, este Juzgado de Distrito considera que carece de competencia legal para conocer del asunto por razón de la materia, la cual es regulada por los artículos 48, 49, 51, fracción I y 52 de La Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en su título cuarto, denominado "De los Juzgados de Distrito", que regula la competencia por materia de los Jueces de Distrito en los siguientes términos: "Artículo 48. Los jueces de distrito que no tengan jurisdicción especial conocerán de todos los asuntos a que se refieren los artículos del presente Capítulo. Artículo 49. Cuando se establezcan en un mismo lugar varios juzgados de distrito que no tengan competencia especial o que deban conocer de la misma materia, tendrán una o varias oficinas de correspondencia común, las cuales recibirán las promociones, las registrarán por orden numérico riguroso y las turnarán inmediatamente al órgano que corresponda de acuerdo con las disposiciones que dicte el Consejo de la Judicatura Federal. Artículo 51. Los jueces de distrito de amparo en materia penal conocerán: I. De los juicios de amparo que se promuevan contra resoluciones judiciales del orden penal; contra actos de cualquier autoridad que afecten la libertad personal, salvo que se trate de correcciones disciplinarias o de medios de apremio impuestos fuera de procedimiento penal, y contra los actos que importen peligro de privación de la vida, deportación, destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Artículo 52. Los jueces de distrito en materia administrativa conocerán: I. De las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de las leyes federales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad o de un procedimiento seguido por autoridades administrativas; II. De los juicios de amparo que se promuevan conforme a la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contra actos de la autoridad judicial en las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de leyes federales o locales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad administrativa o de un procedimiento seguido por autoridades del mismo orden; III. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia administrativa, en los términos de la Ley de Amparo; IV. De los juicios de amparo que se promuevan contra actos de autoridad distinta de la judicial, salvo los casos a que se refieren las fracciones II del artículo 50 y III del artículo anterior en lo conducente; V. De los amparos que se promuevan contra actos de tribunales administrativos ejecutados en el juicio, fuera de él o después de concluido, o que afecten a personas extrañas a juicio; y VI. De las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia administrativa, en términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Los preceptos transcritos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación regulan la competencia por materia de los Jueces de Distrito, en la parte que aquí atañe, del siguiente modo: Jueces de Distrito de Amparo en Materia Penal y Jueces de Distrito en Materia Administrativa. Asimismo, dispone que los Jueces de Distrito que no tengan jurisdicción especial, conocerán de todos los asuntos a que se refieren los artículos del capítulo transcrito. De la interpretación de los citados artículos se advierte que para fijar la competencia por materia, el legislador tomó como base los siguientes criterios: a) La naturaleza del acto reclamado. b) La naturaleza de la autoridad responsable. Es decir, el artículo 51 de la Ley en cita prevé que el juez especializado en materia penal conocerá de los juicios que se promuevan contra: - Resoluciones judiciales del orden penal. - Actos de cualquier autoridad que afecten la libertad personal o que tengan injerencia en los asuntos de la materia penal. - Resoluciones dictadas en los incidentes de reparación del daño exigible a personas distintas de los inculpados o en los de responsabilidad civil cuando la acción se funde en la comisión de un delito, - Leyes y demás disposiciones de observancia general en materia penal y, - Denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahora, atendiendo a lo expuesto con anterioridad, es dable señalar que la competencia por materia penal prevista en el artículo referido debe interpretarse siempre atendiendo a la naturaleza y origen del acto que se reclama. De manera que los supuestos ahí previstos no deben interpretarse de manera literal y restrictiva, sino de una manera enunciativa y extensiva para poder atender realmente, en cada caso, a la naturaleza del acto que se pone a consideración y conocimiento del juzgador. En ese sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en diversos criterios que esta especie del género de competencia debe definirse tomando en cuenta la naturaleza de la cuestión debatida y no, precisamente, por las leyes que las partes invoquen o por el tipo de autoridad que lo emitió; lo anterior regularmente se puede determinar mediante el análisis de las prestaciones reclamadas, de los hechos narrados, de las pruebas aportadas y de la invocación de preceptos legales en que se apoye la demanda, pero en todo caso, se debe prescindir por completo del estudio de la relación jurídica sustancial que vincule a las partes, pues ese análisis constituye una cuestión relativa al fondo del asunto, que corresponde decidir exclusivamente al órgano jurisdiccional. Sirve de apoyo a las consideraciones expuestas, la jurisprudencia de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA POR MATERIA. SE DEBE DETERMINAR TOMANDO EN CUENTA LA NATURALEZA DE LA ACCIÓN Y NO LA RELACIÓN JURÍDICA SUSTANCIAL ENTRE LAS PARTES. En el sistema jurídico mexicano, por regla general, la competencia de los órganos jurisdiccionales por razón de la materia se distribuye entre diversos tribunales, a los que se les asigna una especialización, lo que da origen a la existencia de tribunales agrarios, civiles, fiscales, penales, del trabajo, etcétera, y que a cada uno de ellos les corresponda conocer de los asuntos relacionados con su especialidad. Si tal situación da lugar a un conflicto de competencia, éste debe resolverse atendiendo exclusivamente a la naturaleza de la acción, lo cual, regularmente, se puede determinar mediante el análisis cuidadoso de las prestaciones reclamadas, de los hechos narrados, de las pruebas aportadas y de los preceptos legales en que se apoye la demanda, cuando se cuenta con este último dato, pues es obvio que el actor no está obligado a mencionarlo. Pero, en todo caso, se debe prescindir del estudio de la relación jurídica sustancial que vincule al actor y al demandado, pues ese análisis constituye una cuestión relativa al fondo del asunto, que corresponde decidir exclusivamente al órgano jurisdiccional y no al tribunal de competencia, porque si éste lo hiciera, estaría prejuzgando y haciendo uso de una facultad que la ley no le confiere, dado que su decisión vincularía a los órganos jurisdiccionales en conflicto. Este modo de resolver el conflicto competencial trae como consecuencia que el tribunal competente conserve expedita su jurisdicción, para resolver lo que en derecho proceda." Del estudio integral de la demanda, se advierte que el promovente acude a esta instancia constitucional a solicitar el amparo y la protección de la Justicia Federal en contra del traslado de centro penitenciario que ordenaron y pretenden ejecutar las autoridades señaladas como responsables y que son las que a continuación se mencionan: Subsecretaría de Sistema Penitenciario de la Ciudad de México. Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la Ciudad de México. Directora del Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla de la Ciudad de México. Comité Técnico del Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla de la Ciudad de México. Subdirectora de Seguridad del Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla de la Ciudad de México. Lo anterior, al ser una persona que se encuentra compurgando una pena de carácter corporal en dicho centro penitenciario y que, al parecer, será trasladada, sin su consentimiento y sin cumplir con lo estipulado, para dicho efecto, en la Ley Nacional de Ejecución Penal. En ese sentido, resulta importante destacar que, en los amparos en los que se reclama la orden de traslado de un centro penitenciario a otro, el Pleno de la Corte sostuvo que de acuerdo a la reforma a los artículos 18 y 21 constitucionales que entró en vigor el diecinueve de junio de dos mil once, la reinserción del sentenciado a la sociedad y los eventos acontecidos durante el cumplimiento de las sentencias, compete a las autoridades judiciales en materia penal y no a las autoridades administrativas (aunque la orden de traslado provenga de una autoridad administrativa), por lo que el acto reclamado que se promueva en contra de dicha orden es competencia del Juez de Distrito en Materia Penal. Dicho acto no forma parte de la averiguación previa o del procedimiento penal; sin embargo, el origen de dicho acto, a saber, el procedimiento aludido o la sentencia en la que se señala el lugar en el que el sentenciado debe cumplir la condena que se le haya impuesto, sí es de carácter penal. Como se expuso, en el caso se reclama el traslado de la parte quejosa de un centro penitenciario a otro. Acto que se considera de naturaleza penal y, en consecuencia, fuera de la competencia legal por materia de la que es titular este Juzgado. En efecto, el Máximo Tribunal de nuestro país ha señalado que todos aquellos temas relacionados con la reinserción del sentenciado a la sociedad y los eventos acontecidos durante el cumplimiento de las sentencias competen a las autoridades judiciales en materia penal, no así a las administrativas; de ahí que se considere que la litis constitucional plateada en la demanda que se acuerda, es de naturaleza penal. Cuestión que se corrobora con las normas secundarias que circundan el caso, pues para poder determinar si la actuación de las autoridades responsables es o no acorde al orden constitucional, será necesario analizar diversas cuestiones de la sentencia que condenó a la parte quejosa, así como los ordenamientos de carácter penal aplicables al caso, tal como lo es la Ley Nacional de Ejecución Penal. Así las cosas, este Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, determina carecer de competencia legal, por razón de materia, para conocer de la demanda que nos ocupa, ya que conforme al artículo 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, los Jueces de Distrito de Amparo en Materia Penal, deberán conocer, entre otros actos, de aquellos que guarden relación con determinaciones de orden penal. Por lo expuesto, este Juzgador determina que debe conocer del presente asunto un Juez de Distrito especializado en Materia Penal y, con fundamento en el artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, y en el Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, este Juzgado Federal se declara legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo, con independencia de que el juicio de amparo sea o no procedente, por lo que se ordena remitir el original del presente cuaderno de amparo, al JUEZ DE DISTRITO DE AMPARO EN MATERIA PENAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EN TURNO, a quien se estima competente para conocer de ésta, por los motivos apuntados con anterioridad, solicitándole el acuse de recibo correspondiente, y si en su caso, acepta o no la competencia planteada. Con copia de todo lo actuado, fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo, para los efectos legales procedentes. SUSPENSIÓN DE PLANO En otro aspecto, conforme al artículo 48 de la Ley de Amparo, cuando se presenta una demanda de amparo ante un juez de distrito y éste considere carecer de competencia, la remitirá de plano, con sus anexos, al juez o tribunal competente, sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado, salvo que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. La parte quejosa solicita la suspensión de los actos reclamados para que las autoridades responsables se abstengan de trasladarla a otro Centro Penitenciario y se salvaguarde su integridad personal y vida. Suspensión que debe concederse de oficio y de plano, conformidad con el artículo 126 de la Ley de Amparo, en atención a las consideraciones siguientes: Derecho a la vida y a la integridad personal. Derechos a la vida y a la integridad personal conforme la Constitución. Derecho a la vida. De conformidad con lo previsto en la Constitución y con los criterios jurisprudenciales en la materia, es dable afirmar que la norma fundamental protege el derecho a la vida de todos los individuos, en el cual no cabe la existencia ni el disfrute de los demás derechos. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha interpretado que el derecho a la vida impone al Estado una obligación compleja, en tanto que no solo prohíbe la privación de la vida, sino que también exige que, a la luz de garantizar el pleno, libre y efectivo ejercicio de los derechos humanos, adopte medidas positivas para preservar ese derecho en todos los ámbitos, incluyendo el legislativo, el judicial y el administrativo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia de rubro y texto siguientes: "DERECHO A LA VIDA. SU PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. Del análisis integral de lo dispuesto en los artículos 1o., 14 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se desprende que al establecer, respectivamente, el principio de igualdad de todos los individuos que se encuentren en el territorio nacional, por el que se les otorga el goce de los derechos que la propia Constitución consagra, prohibiendo la esclavitud y todo tipo de discriminación; que nadie podrá ser privado, entre otros derechos, de la vida, sin cumplir con la garantía de audiencia, esto es, mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos en el que se sigan las formalidades esenciales del procedimiento; y que la pena de muerte sólo podrá imponerse contra los sujetos que la propia norma constitucional señala, protege el derecho a la vida de todos los individuos, pues lo contempla como un derecho fundamental, sin el cual no cabe la existencia ni disfrute de los demás derechos." Integridad personal. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha encontrado que el artículo 22 constitucional establece una tutela privilegiada a la vida, a la libertad, a la integridad física y a la dignidad de la persona al prohibir las penas inusitadas y trascendentales y que existe una relación estrecha entre los derechos fundamentales a la libertad personal y la integridad física, de tal manera que la violación de aquélla tiene a afectar injustificadamente a este segundo derecho constitucional. Derecho a la integridad personal y trato digno de los detenidos. Para el Más Alto Tribunal del País la Constitución establece en sus artículos 18, 19 y 20, apartado A, el derecho de los detenidos a ser tratados con dignidad. Estos preceptos reconocen diversos derechos de las personas detenidas y el trato al que tienen derecho mientras se encuentran privados de la libertad, como lo son el lugar donde se encontrará la prisión preventiva, la presunción de inocencia, la prohibición de ser incomunicados, torturados o intimidados, así como sus prerrogativas durante el proceso. Derechos que deben ser garantizados independientemente de las conductas que hayan motivados la privación de la libertad, así sea que puedan ser objeto de variadas y limitadas modulaciones en específicas circunstancias, de modo que su inobservancia es violatorias de los derechos humanos. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada de rubro y texto siguientes: "DERECHOS A LA INTEGRIDAD PERSONAL Y AL TRATO DIGNO DE LOS DETENIDOS. ESTÁN TUTELADOS CONSTITUCIONAL Y CONVENCIONALMENTE Y SON EXIGIBLES INDEPENDIENTEMENTE DE LAS CAUSAS QUE HAYAN MOTIVADO LA PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en sus artículos 18, 19 y 20, apartado A, el derecho de los detenidos a ser tratados con dignidad. Estos preceptos reconocen diversos derechos de las personas detenidas y el trato al que tienen derecho mientras se encuentran privados de su libertad, como son el lugar donde se encontrará la prisión preventiva, el plazo máximo de detención ante autoridad judicial, la presunción de inocencia, la prohibición de ser incomunicados, torturados o intimidados, así como sus prerrogativas durante el proceso. Por otra parte, ha sido expresamente previsto en los artículos 5.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 10.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos el derecho a la integridad personal así como el derecho a que toda persona privada de su libertad sea tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano. Por tanto, estos derechos que asisten a los detenidos deben respetarse independientemente de las conductas que hayan motivado la privación de la libertad, así sea que puedan ser objeto de variadas y limitadas modulaciones en específicas circunstancias, de modo que su inobservancia es violatoria de derechos humanos." Consideraciones de la CIDH en materia de vida e integridad personal de las personas que se encuentren recluidas en centros penitenciarios. 1) Respecto del derecho a la vida e integridad personal de los reclusos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que el derecho a la vida es fundamental para la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por cuanto de su salvaguarda depende la realización de los demás derechos. Asimismo, el derecho a la integridad personal es de tal importancia, que la Convención lo protege particularmente al establecer, inter alia, la prohibición de la tortura, los tratos crueles e inhumanos y degradantes, así como la imposibilidad de suspenderlo durante estados de emergencia. Ambos derechos -a la vida y a la integridad personal- no sólo implican que el Estado deba respetarlos -en un sentido de obligación negativa- sino que, además, requiere que el Estado adopte todas las medidas que resulten necesarias y apropiadas para garantizarlos -obligación positiva-. Derivado de lo anterior, tratándose de las personas privadas de la libertad, el Tribunal internacional ha llegado a la conclusión de que, por virtud de dichos derechos y de su efectividad, todas las personas que se encuentren recluidas tienen derecho a vivir en condiciones de detención compatibles con su dignidad personal. Como responsable de los establecimientos de detención -entre los que se encuentran los centros penitenciarios y las cárceles-, el Estado se encuentra en una posición especial de garante de los derechos de toda persona que se halle bajo su custodia Esto implica el deber del Estado de salvaguardar el bienestar de los reclusos y de garantizar que la manera y el método de privación de libertad no excedan el nivel inevitable de sufrimiento inherente a la detención. 2) Respecto de las celdas de castigo y de la incomunicación de los reclusos. De conformidad con lo que ha determinado la Corte Interamericana, las celdas de aislamiento o de castigo solo deben usarse como medidas disciplinarias o para la protección de las personas por el tiempo estrictamente necesario y en estricta aplicación de los criterios de racionalidad, necesidad y legalidad. La Corte ha sostenido que dichos lugares deben de cumplir con las características mínimas de habitabilidad, espacio y ventilación y, solo pueden ser aplicadas cuando un médico haya certificado que el interno puede soportarlas. Por último, ha determinado que el encierro en celdas oscuras y la incomunicación, cuando se trate de estos casos -celdas de castigo- se encuentran prohibidas para los Estados Parte. 3) Respecto de la incomunicación de las personas que se encuentran privadas de su libertad. El Tribunal internacional ha sostenido que dicha incomunicación debe ser excepcional y que su uso durante la detención puede constituir un acto contrario a la dignidad humana, dado que puede generar una situación de extremo sufrimiento psicológico y moral para el detenido. En el mismo sentido, desde las primeras sentencias, la Corte Interamericana ha considerado que el aislamiento prolongado y la incomunicación coactiva representan, por sí mismos, formas de tratamiento cruel e inhumano, lesivas de la integridad psíquica y moral de las personas y del derecho de todos los detenidos al respeto debido a la dignidad inherente al ser humano. En esa tesitura, la Corte Interamericana ha determinado que todos los Estados partes tienen la obligación de garantizar que las personas privadas de la libertad puedan contactar a sus familiares. Asimismo, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en la Observación General N° 21, señaló, entra otras cuestiones, que los Estados Parte se encuentran obligados a garantizar el respeto de la dignidad de las personas privadas de su libertad en las mismas condiciones aplicables a las personas libres, en efecto, las personas privadas de su libertad gozan de todos los derechos establecidos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, asimismo toda persona privada de su libertad debe ser tratada con humanidad y respeto de su dignidad, únicamente con las restricciones que resulten de la misma privación de su libertad. Concesión de suspensión de plano. En ese sentido, tomando en consideración los actos reclamados en el presente juicio de amparo y dado que la suspensión de oficio y de plano constituye un mecanismo de garantía de la libertad personal, de la prohibición de incomunicación y de la integridad personal, dada la naturaleza de los actos reclamados, con fundamento en los artículos 20, 125 y 126 de la Ley de Amparo procede concederla -incluso sin examinar otros requisitos ni siquiera los contenidos en los artículos 128 y 129, de conformidad con lo dispuesto en el propio artículo 128, ambos de la ley de la materia- para los siguientes efectos, en relación con los actos reclamados: Orden de traslado de un centro penitenciario a otro. Respecto del posible traslado del Centro Femenil de Reinserción Social de Santa María Acatitla, a otro centro penitenciario, procede conceder la suspensión de plano de dicho cambio, siempre y cuando la orden de traslado no haya sido dictada por la autoridad jurisdiccional competente a través de una resolución debidamente fundada y motivada y legalmente notificada a la quejosa. Lo anterior encuentra sustento en el siguiente criterio jurisprudencial emitido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. PROCEDE CONCEDER LA SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO CUANDO SE EMITE SIN LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD JUDICIAL RECTORA, AUN CUANDO SÓLO SE AFECTE LA LIBERTAD PERSONAL DE MANERA INDIRECTA. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las tesis de jurisprudencia 1a./J. 17/2013 (10a.) y 1a./J. 83/2015 (10a.), (1) ha establecido, respectivamente, que la orden de traslado de un recluso de un centro penitenciario a otro produce una afectación a la libertad personal de manera indirecta; y, que cuando dicha orden se ejecuta sin la intervención de la autoridad jurisdiccional rectora del proceso o de la fase de ejecución de sentencia, no puede estimarse que se trate de un acto emitido en razón del procedimiento. Luego, si la literalidad del artículo 126 de la Ley de Amparo precisa que la suspensión de plano y de oficio se concederá cuando se trate de actos que importen ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, las condiciones para actualizar el supuesto son precisamente las que de manera clara y concreta se establecen en el propio precepto y consisten solamente en: a) que se trate de un acto que conlleve privación de la libertad personal; y, b) que tal acto sea dictado fuera de procedimiento, sin que sea dable añadir como requisito que la afectación a la libertad se deba verificar de manera directa o indirecta, pues adicionar un nuevo requisito para la procedencia de la suspensión de plano a través de una interpretación sería en detrimento del derecho fundamental de tutela judicial efectiva. En ese sentido, si el precepto de que se habla únicamente refiere que se debe tratar de un acto que ataque a la libertad personal y que dicho acto se emita fuera de procedimiento, lo que tiene lugar, precisamente, en el caso de la orden de traslado de un centro penitenciario a otro cuando es emitida por autoridades de carácter administrativo, es inconcuso que respecto de la mencionada orden debe concederse la suspensión de oficio y de plano, aun cuando ésta únicamente afecte la libertad personal del recluso de manera indirecta." Cesen de inmediato los actos reclamados consistentes en los ataques a la integridad personal de la parte quejosa y se lleven a cabo las medidas necesarias para que se salvaguarde y garantice su vida e integridad. En relación con los posibles ataques a la integridad personal de la parte quejosa, procede conceder la medida cautelar de plano a efecto de que cesen los ataques hacia la quejosa y se garantice su integridad y vida, bajo la más estricta responsabilidad de las autoridades responsables. APERCIBIMIENTO A LAS AUTORIDADES ANTE INCUMPLIMIENTO DE LA SUSPENSIÓN. Hágase saber a las autoridades responsables que la violación a cualquiera de las exigencias derivadas de la presente suspensión entraña la comisión del delito previsto y sancionado en el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo, por lo que de no atender este mandamiento judicial, de inmediato se dará vista al Agente del Ministerio Público de la Federación. DOMICILIO. Con fundamento en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado en autos. COPIA CERTIFICADA Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, expídase las copias certificadas que solicita previa toma de razón que por su recibo obre en autos. Por último, no ha lugar a notificar personalmente el presente proveído al promovente en atención a la jurisprudencia cuyo rubro establece: "DEMANDA DE AMPARO RECIBIDA POR EL SECRETARIO AUTORIZADO EN LUGARES EN QUE EXISTEN VARIOS JUZGADOS DE DISTRITO, REMITIDA A LA OFICIALÍA DE PARTES COMÚN Y TURNADA A DIVERSO JUZGADO AL DE SU ADSCRIPCIÓN. EL AUTO ADMISORIO NO DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE." Notifíquese.

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