Mireya Guerreo Salas
Expediente 1470/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 5 actuaciones registradas, la última del 24 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1470/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 24/02/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo · Hidalgo
Partes del expediente
- Mireya Guerreo Salas
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Pachuca de Soto, Hidalgo; veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés. RESOLUCIÓN DE QUEJA. Agréguense el oficio y la copia certificada de cuenta. Hágase saber a las partes que, en sesión de nueve de febrero de dos mil veintitrés, en el recurso de queja laboral 359/2022, el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito resolvió: PRIMERO. Es infundado el recurso de queja interpuesto por ***, por propio derecho, contra el auto de cuatro de octubre de dos mil veintidós, dictado por la Jueza Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo, dentro del juicio de amparo indirecto 1470/2022-III-B. ARCHIVO Y DESTINO DEL EXPEDIENTE. Toda vez que el expediente físico coincide fiel e íntegramente con el expediente electrónico, con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente juicio...III
- Principal
Pachuca de Soto, Hidalgo; dieciséis de noviembre de dos mil veintidós. ADMITE QUEJA. Agréguese el oficio de cuenta. Se tiene al secretario del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito acusando recibo del oficio a través del cual se remitió el recurso de queja interpuesto por *** contra el auto de cuatro de octubre pasado, e informando que se admitió el medio de impugnación y fue radicado bajo el número 359/2022...M-III
- Principal
Pachuca de Soto, Hidalgo; trece de octubre de dos mil veintidós. RECURSO DE QUEJA. Con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo: 1. Se tiene a **** interponiendo recurso de queja contra el auto de cuatro de octubre pasado. 2. Una vez que se notifique al recurrente el presente auto y sin necesidad de acuerdo previo, envíense al Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito, en turno, (i) el informe sobre la materia de la queja; (ii) el original del escrito de agravios; y, (iii) los autos originales del juicio en que se actúa...M-III
- Principal
Pachuca de Soto, Hidalgo; cuatro de octubre de dos mil veintidós. CUMPLE PREVENCIÓN. Agréguese a los autos el escrito de cuenta, en atención a su contenido; téngase a la quejosa Mireya Guerrero Salas, dado cumplimiento a la prevención formulada el veintitrés de septiembre pasado, para lo cual manifiesta que únicamente señala como autoridad y acto reclamado la notificación de dieciséis de marzo de dos mil veintidós realizada por el actuario adscrito al Tribunal Laboral del Poder Judicial del Estado de Hidalgo. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. Con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda, al advertirse la actualización de una causa de improcedencia del juicio de amparo. Se advierte que se actualiza de manera notoria e indudable la causal de improcedencia derivada de la interpretación de los artículos 5, fracción II, 61, fracción XXIII, y 108, fracción III, de la Ley de Amparo, que son del tenor siguiente: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. [.]." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: [.] III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; [.]." En primer término, cabe señalar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 175/2013 (10a.), visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 2, Enero de 2014, Tomo II, página 1344, registro digital 2005313, interpretó la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo vigente hasta el dos de abril de dos mil trece, análogo a la fracción XIII del numeral 61 de la vigente Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En tal criterio, que la aludida fracción debía entenderse en el sentido de que las causas de improcedencia del juicio de amparo que enunciativamente prevé, deriva necesariamente de cualquier mandamiento de la propia Ley de Amparo o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que de suyo implica que las demás fracciones sólo establecen algunos supuestos de improcedencia, pero no son los únicos. Aclarado lo anterior, conforme a la fracción II del artículo 5 de la Ley de Amparo, es parte en el juicio de amparo la autoridad responsable, carácter que tiene aquella autoridad que dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar el acto reclamado; en concordancia con ello, el diverso precepto 108, fracción III, del mismo cuerpo normativo establece como carga procesal a la parte quejosa señalar la autoridad o autoridades responsables. Ahora, la ley de la materia no establece algún concepto de autoridad responsable ordenadora y ejecutora; sin embargo, es dable definirlas como: a)Autoridad ordenadora: es el órgano del Estado investido de facultades de decisión que expide una norma general o dicta un acto que se estima violatorio de Derechos Humanos, es decir, por razón de su jerarquía tiene la facultad para emitir un mandato que debe cumplirse por la autoridad subalterna y en contra de un gobernado; y, b)Autoridad ejecutora: es aquella que materializa el mandato u orden de la autoridad responsable ordenadora decisoria, hasta sus últimas consecuencias, al tener el carácter de subalterna, ya que conforme a las facultades y obligaciones que la normatividad le impone, le corresponde el cumplimiento de lo ordenado. Lo anterior, encuentra sustento, por el criterio jurídico que contiene, la jurisprudencia I.3o.C. J/58 emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, Mayo de 2009, página 887, registro digital 167306; de rubro: "AUTORIDAD ORDENADORA Y EJECUTORA PARA EFECTOS DEL AMPARO DIRECTO". 26/05/23 14:49:48 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.e3.b5 Gerardo Damián Luna Reyna En ese sentido, cuando del análisis integral de la demanda, el juez de amparo advierta la participación de una autoridad no señalada como responsable en el capítulo correspondiente, previo a proveer sobre su admisión, debe prevenir a la parte quejosa, para que aclare si la señala o no como responsable; o bien, durante la tramitación del juicio, cuando el juzgador advierta la intervención en el acto reclamado de diversa autoridad no señalada como responsable, deberá prevenir a la parte promovente para que amplíe su demanda, a efecto de no dejarla en estado de indefensión; tal como lo resolvió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 30/96, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo III, Junio de 1996, página 250, registro digital 200588, de epígrafe: "DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANALISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACION DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE, EL JUEZ DEBE PREVENIR AL QUEJOSO PARA DARLE OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA". Ello, en virtud de que las autoridades, como partes procesales, deben ser oídas dentro del proceso constitucional en que ha de juzgarse sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos -de ordenamiento o ejecución- que de ellas se reclaman, de lo contrario, las no designadas no tendrían oportunidad de acudir al juicio de amparo en defensa de sus actos. Por tanto, si la parte quejosa no señaló como responsable a la autoridad que ordenó el acto reclamado, trae como consecuencia que, jurídicamente, no sea posible examinar la constitucionalidad de éste, puesto que no se le llamó a juicio ni fue oída; lo que evidentemente conduce a que deba reconocerse la actualización de un motivo de improcedencia. Lo anterior, encuentra sustento en la jurisprudencia VI.2o. J/205 emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo II, Octubre de 1995, página 468, registro digital 208065; que establece: "AUTORIDADES RESPONSABLES NO DESIGNADAS. Si en la demanda de amparo no se señala a una autoridad como responsable, jurídicamente no es posible examinar la constitucionalidad de sus actos, puesto que no se llamó a juicio ni fue oída; por lo tanto, se surte la causal de improcedencia prevista en el artículo 73 fracción XVIII de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 5o., fracción II y 116, fracción III del mismo ordenamiento legal." En el caso, Mireya Guerrero Salas, reclamó del actuario adscrito al Tribunal Laboral del Poder Judicial del Estado de Hidalgo, la notificación de dieciséis de marzo de dos mil veintidós, practicada dentro del juicio laboral 0000282/2022, (diligencia de emplazamiento). Por tal motivo, en proveído de veintitrés de septiembre de dos mil veintidós se previno a la parte quejosa para que aclarara su demanda y manifestara si era su deseo señalar como autoridad responsable al Juez Laboral del Poder Judicial del Estado de Hidalgo, mismo que emitió los acuerdos que obran dentro del expediente laboral en comento y ordenó su notificación, bajo el apercibimiento de no hacerlo, se proveería lo conducente teniendo como acto reclamado y autoridad responsable únicamente lo destacado en el escrito inicial de demanda; no obstante, mediante escrito ingresado en la oficialía de partes de este órgano jurisdiccional el veintinueve de septiembre siguiente, la quejosa desahogo dicho requerimiento, para lo cual manifestó que únicamente señalaba como acto reclamado la notificación practicada por el actuario adscrito al Tribunal Laboral del Poder Judicial del Estado de Hidalgo el dieciséis de marzo de dos mil veintidós en el expediente 0000282/2022. En ese tenor, tomando en consideración que la autoridad ordenadora Juez Laboral del Poder Judicial del Estado de Hidalgo no fue llamada a juicio por la amparista; es evidente que la notificación de dieciséis de marzo de dos mil veintidós, practicada dentro del juicio laboral 0000282/2022, (diligencia de emplazamiento), no puede ser materia de estudio en el presente juicio; dado que, al no señalar como responsable al juzgador que ordenó dicha diligencia a pesar de la prevención correspondiente. Además, en su escrito de demanda refiere que el trece de septiembre de dos mil veintidós en que le fueron entregadas las copias que solicitó del juicio laboral 0000282/2022, del índice del Juzgado Laboral del Poder Judicial del Estado de Hidalgo, fue cuando se enteró del contenido del expediente laboral en comento y concretamente de la diligencia de emplazamiento que combate y en sus conceptos de violación manifiesta que de haber tenido conocimiento del juicio, hubiese podido defender sus derechos ante el Tribunal del Poder Judicial del Estado de Hidalgo; lo que evidencia que el juicio de amparo indirecto es promovido por una persona que se ostenta como extraña a juicio por equiparación; por lo que, era imperativo señalar a la autoridad ordenadora como autoridad responsable, ya que la autoridad ordenadora de un emplazamiento es el juez que admite la demanda y ordena el llamamiento a juicio del demandado, pues la autoridad ejecutora (actuario) corresponde a materializar dicha orden sin actuar de manera autónoma. Sirve de apoyo en lo conducente, la tesis 1a./J.88/2019 (10ª) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Decima Época, Tomo I, Diciembre de 2019, página 198, registro digital 2021189; que establece: "ACTUARIO. TIENE EL CARÁCTER DE AUTORIDAD RESPONSABLE EJECUTORA EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO POR UNA PERSONA EXTRAÑA A JUICIO POR EQUIPARACIÓN, AUN CUANDO EN LA ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA DEL TRIBUNAL LOCAL DE LA ENTIDAD EXISTA UNA OFICINA CENTRAL DE NOTIFICADORES Y EJECUTORES. En el juicio de amparo indirecto promovido por una persona que se ostenta extraña a juicio por equiparación, debe señalar tanto a la autoridad ordenadora como a la ejecutora, esto, pues la autoridad ordenadora de un emplazamiento es el Juez que admite la demanda y ordena el llamamiento a juicio del demandado, mientras que a la ejecutora corresponde materializar dicha orden. Ahora bien, para designar a la autoridad responsable ejecutora, en aquellas entidades en las que el Poder Judicial local se integra con una Oficina Central de Notificadores y Ejecutores, debe tenerse en cuenta que el Director de dicha Oficina tiene a su cargo facultades meramente administrativas, sin que a éste le corresponda llevar a cabo las diligencias ordenadas por el órgano judicial. Por tanto, la autoridad responsable ordenadora es el Juez que emitió la orden de emplazamiento y la ejecutora será el actuario que materialmente llevó a cabo la diligencia que se reclama. Esto, ya que la autoridad responsable ejecutora es aquella cuya actuación se constriñe a llevar a cabo el mandato legal o la orden emitida por la autoridad ordenadora, sin actuar de manera autónoma, sino que cumple una orden. Así entonces, en aquellos casos en que exista una Oficina Central de Notificadores y Ejecutores, la calidad de autoridad responsable ejecutora no corresponde a su Director, pues no materializa el acto judicial". Por lo tanto, el presente juicio de amparo se torne improcedente, en términos de, artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 5 fracción II y 108 fracción III, de la Ley de Amparo. Se reitera, es imposible, jurídicamente, hacer un pronunciamiento sobre la constitucionalidad de un acto emanado de una autoridad no designada como responsable, dado que no fue oída en la contienda en defensa de su actuación. Así lo consideró la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada 2a. CLXIV/98, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, Enero de 1999, página 113, registro digital 194684; que establece. "DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE Y EL JUEZ PREVINO AL QUEJOSO PARA DARLE LA OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA Y ÉSTE NO LO HIZO, DEBE SOBRESEERSE. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación integró la tesis de jurisprudencia 2a./J. 30/96 cuyo rubro es: 'DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE, EL JUEZ DEBE PREVENIR AL QUEJOSO PARA DARLE LA OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA.', publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, junio de 1996, página 250, la cual establece que el órgano de revisión, en el supuesto indicado en la tesis, debe ordenar reponer el procedimiento para el efecto de que se requiera al quejoso la regularización de su demanda; sin embargo, ni de esa jurisprudencia ni de disposición legal alguna, se desprende que el quejoso tenga una segunda oportunidad para regularizar su demanda si en la primera ocasión no lo hizo, señalando a la autoridad responsable, por lo que en ese caso, debe sobreseerse en el juicio con fundamento en las fracciones III, del artículo 74, XVIII del 73 y III del 116 de la Ley de Amparo, toda vez que ha precluido su derecho a enmendar la solicitud de amparo y, consecuentemente, no es el caso de volver a ordenar la reposición del procedimiento." En tales condiciones, de conformidad con los artículos 5, fracción II, 61, fracción XXIII, y 108, fracción III, de la Ley de Amparo, es improcedente el presente juicio, toda vez que el juez que emitió la orden de emplazamiento no fue llamado como responsable y, por ende, no es posible examinar la constitucionalidad de ese acto...III
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