Mireya Guadalupe Beltrán Dávila
Expediente 925/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 10 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 925/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 24/11/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Mireya Guadalupe Beltrán Dávila
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veinticuatro de noviembre de dos mil diecisiete. V i s t o el estado de los autos en el juicio de amparo 925/2017-II, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubieran recurrido la sentencia terminada de engrosar el treinta y uno de octubre de dos mil diecisiete; en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 24 y 34 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia en la que determinó sobreseer y negar el amparo y protección a la parte quejosa; HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, agréguese a los autos el original del cuaderno incidental y previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno, archívese el presente juicio de amparo como totalmente concluido. Por otra parte, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Ahora, tomando en consideración que en el presente juicio de amparo se negó el amparo de la Justicia Federal a la parte quejosa, por consiguiente, de acuerdo al supuesto previsto en la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en esas condiciones, se declara que el presente expediente sí es susceptible de depuración. Asimismo, se declara que el original del cuaderno incidental es susceptible de depuración, debido que tal medida suspensiva se concedió. Por otra parte, considerando que en el presente asunto se formó por duplicado y cuerda separada el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurran seis meses a partir de esta fecha, en cumplimiento al Punto Vigésimo, fracción III y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto del Acuerdo General Conjunto 1/2009 procédase a la destrucción del duplicado. Por otra parte, tomando en consideración que la DIRECTORA GENERAL DEL CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL NÚMERO 16 CPS FEMENIL MORELOS, remitió copia certificada de los autos del expediente de la quejosa (un anexo); en consecuencia, por así permitirlo el estado procesal que guardan los autos remítase la citada copia certificada a la autoridad responsable de referencia. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo proveyó y firma Aletia González Huerta, Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho por licencia del titular, concedida por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en términos del oficio CCJ/ST/5288/2017 de fecha veinticuatro de octubre de dos mil diecisiete, quien actúa ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, nueve de noviembre de dos mil diecisiete. Vista la notificación realizada a la quejosa respecto la resolución de treinta y uno de octubre del año en curso, de la cual se advierte que manifestó lo siguiente: En atención a lo anterior, se tienen por realizadas sus manifestaciones, en consecuencia, dígase a la promovente que en fecha treinta y uno de octubre de dos mil diecisiete se dictó sentencia definitiva en el presente juicio, en la que se determinó sobreseer y negar el amparo y protección a la parte quejosa, por lo que no se estima pertinente acordar de conformidad con lo solicitado, sin embargo quedan a salvo sus derechos para que los haga valer por la vía y forma que considere pertinente. Por otra parte, visto el estado procesal que guardan los autos del presente juicio del cual se advierte que el treinta y uno de octubre del año en curso se dictó la sentencia correspondiente y toda vez que el uno de septiembre del año en curso se formó cuadernillo provisional con motivo de la audiencia celebrada, en consecuencia, se ordena agregar dicho cuadernillo a los autos del presente juicio para los efectos legales a los que haya lugar. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA QUEJOSA EN EL LUGAR DE SU RECLUSIÓN. Así lo proveyó y firma CARLOS ANUAR JAIMES TORRES, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe.
- Principal
Visto para resolver el juicio de amparo 925/2017-II, promovido por Mireya Guadalupe Beltrán Dávila por su propio derecho y; RESULTANDO: PRIMERO. Demanda de amparo. Por escrito recibido el doce de junio de dos mil diecisiete en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos y remitido en esa fecha a este Juzgado en razón del turno, compareció por derecho propio Mireya Guadalupe Beltrán Dávila, a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos y las autoridades siguientes: "III.- Autoridades Responsables: Señalo como autoridades responsables Ordenadoras y ejecutoras a las siguientes: 1.- El Secretario de Gobernación 2.- El Subsecretario de sistema Penitenciario. 3.-El Coordinador General de Centro Federales 4.- El Comisionado del Órgano del Órgano Administrativo de Prevención y Readaptación Social de la Secretaria de Gobernación. 5.-El Director del Centro Federal Femenil CPOS 16. 6.- El Director del área Técnica del Centro Federal Femenil CPS 16. 7.- El Director de Seguridad y Custodia CPS 16. 8. Los integrantes del Comité del Centro Federal Femenil CPS 16 9.- Director Encargado del área de estímulos, personas morales encargadas del área de criminología psicología todos del Centro Federal Femenil CPS 16 a las que sustento el acto reclamado. IV.- Acto reclamado: daños emocionales, discriminación, malos tratos, solicito mi reubicación al pabellón 5, modulo 7, planta alta, cama 1, atención psicológica y clínico-criminología."(sic) SEGUNDO. Admisión de demanda. El doce de junio de dos mil diecisiete, se registró bajo el expediente 925/2017-II y se admitió a trámite, por lo que hace a las autoridades Directora General, Director del área Técnica, Director de Seguridad y Custodia, Integrantes del Comité Técnico y Director o encargado de la persona moral del Área de Estímulos, Criminología y Psicología, todas del Centro Federal Readaptación Social número 16 CPS Femenil, se solicitó el informe justificado, se dio la intervención legal que corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional que se inició en términos del acta de dos de agosto del dos mil diecisiete y; TERCERO. Inexistencia de autoridad. El cinco de julio de dos mil diecisiete, se tuvo como inexistente a la autoridad denominada como "Director/Encargado del área de Estímulos, Criminología y Psicología del Centro Federal de Readaptación Social Número 16 CPS Femenil Morelos", suspendiéndose toda comunicación con las mismas (foja 33 a 34). En apoyo a lo anterior se cita la jurisprudencia con registro número 167784, Novena Época, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, Marzo de 2009, cuyo texto y rubro es el siguiente: "AUTORIDAD RESPONSABLE INEXISTENTE. SI EL JUEZ LA TIENE CON ESE CARÁCTER ANTES DE LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, NO PROCEDE DECRETAR EL SOBRESEIMIENTO DE LOS ACTOS RECLAMADOS QUE SE LE ATRIBUYEN. Si durante la tramitación del juicio de garantías el juzgador tiene por inexistente a una autoridad responsable y esa circunstancia se determina en un acuerdo previo a la celebración de la audiencia constitucional, no procede decretar el sobreseimiento de los actos reclamados que se le atribuyen, pues con tal declaratoria ha quedado fuera del juicio, tan es así que en ese supuesto no se requiere su informe justificado ni se le notifican los actos realizados durante la tramitación del juicio; por lo que es innecesario pronunciarse en la sentencia respecto a los actos que se le imputan. Caso contrario ocurre si durante la tramitación del juicio, pese a la inexistencia de la autoridad señalada como responsable, el juzgador omite hacer un pronunciamiento previo a la celebración de la audiencia constitucional, pues en ese caso, al analizar la certeza de los actos, en los considerandos y resolutivos de la sentencia tendrá que declarar la inexistencia tanto de los actos como de la autoridad responsable correspondiente." CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos es competente para conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, 37 y 107, de la Ley de Amparo; 1º, fracción V, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en vigor a partir del veintiséis de junio del año en curso, que establece en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en la ciudad de Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Como está señalado en el artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa el acto reclamado. Bajo ese contexto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido, a través de la jurisprudencia, que el juzgador de amparo, al dictar una sentencia, debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia dictando sentencias que fijen con claridad y precisión el acto o actos reclamados; además, que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Agrega que en algunas ocasiones esto es insuficiente, por lo que, además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda en un sentido congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de información del expediente del juicio, atendiendo de manera preferente al pensamiento o intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión, y precisa la Suprema Corte de Justicia de la Nación que debe atenderse a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, para lograr congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Al respecto, en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente, es aplicable la tesis aislada emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (Novena Época), identificada con el número P. VI/2004 consultable en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta tomo XIX, Abril de dos mil cuatro, registro 181810, cuyos rubro y texto son los siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". Bajo esa premisa, en el presente juicio es necesario fijar adecuadamente el acto reclamado por la parte quejosa. En ese orden de ideas, de la lectura íntegra de la demanda y atendiendo a los aspectos explicados en líneas precedentes, debe decirse que el acto reclamado por el quejoso consiste en: Daños emocionales Discriminación. Malos tratos. La omisión de reubicarla al pabellón 6, modulo 7, planta alta, cama I. Omisión de atención psicológica Omisión de realizarle del estudio clínico-criminológico. TERCERO. Inexistencia de actos reclamados. No son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables Director General, Director del Área Técnica, Director de Seguridad y Custodia y Comité todas del Centro Federal de Readaptación Social Número 16 CPS Femenil Morelos, consistente en 1) daños emocionales, 2) discriminación, 3) maltratos y 4) omisión de reubicarla al pabellón 6, modulo 7, planta alta, cama I, ya que así lo manifestaron al rendir los informes justificados, sin que la parte quejosa hubiera ofrecido medio de prueba idóneo para desvirtuar dicha negativa. Además de que las autoridades responsables remitieron copia certificadas del expediente clínico de la quejosa en las que se advierte lo siguiente: Estudio para Juez de quince de diciembre del dos mil quince (foja 73 anexo I) Ficha estomatológica de ingreso de quince de diciembre del dos mil quince (foja 48 anexo I Estudio Psicofísico de quince de diciembre del dos mil quince (foja 47 anexo I) Nota médica de Islas Marías de dos y diez de enero de dos mil dieciséis (foja 07 y 08 anexo I). Biometría Hemática de once de marzo de dos mil dieciséis (foja 16 adversa a 18 anexo I). Nota médica de siete de mayo de dos mil dieciséis (foja 08 adversa anexo I). Donación de lentes de ocho de junio de dos mil dieciséis (foja 21 anexo I). Nota médica de diez de junio de dos mil dieciséis (foja 09 anexo I). Prescripción dietética de doce de agosto de dos mil dieciséis (foja 24 anexo I). Nota médica de once y quince de agosto de dos mil dieciséis (foja 09 adversa y 10 anexo I). Nota Odontológica de diecisiete de agosto de dos mil dieciséis (foja 06 adversa, anexo I). Nota Odontológica de veintisiete de agosto de dos mil dieciséis (foja06 adversa). Nota Odontológica de treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis (foja 05 adversa, anexo I). Lista de asistencia a servicios de Psicología de treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis a seis de julio de dos mil diecisiete (fojas 74 a 75) Cernet visual de tres de octubre de dos mil dieciséis (foja 22 anexo I) Biometría Hemática de cinco de octubre del dos mil dieciséis (foja 13 adverso a 16 anexo I). Nota médica de veintiuno de octubre de dos mil dieciséis (foja 190 adversa anexo I). Nota Odontológica de veintiuno de octubre del dos mil dieciséis (foja 05 anexo I) Nota médica de veintiuno de diciembre del dos mil dieciséis foja 03 adversa, anexo I) Nota odontológica de veintiséis de febrero del dos mil diecisiete (foja 04 anexo I) Nota médica de veintiséis de febrero de dos mil diecisiete (foja 03 anexo I). Estudio Psicofísico de once de marzo de dos mil diecisiete (foja 47 adversa anexo I). Biometría Hemática de veintiséis de mayo de dos mil diecisiete (fojas 11 a 13 anexo I). Nota médica de quince de junio del dos mil diecisiete (foja 01 anexo I) y tratamiento dado (foja 25 del anexo I). Estudio de colposcopia de quince de junio del dos mil diecisiete (foja 02 a anexo I). Formato de no aceptación de dieta terapéutica de seis de julio de dos mil diecisiete (foja 23 anexo I). Diagnostico criminológico (foja 76 a 82 anexo I) En tal orden de ideas, es factible concluir que las autoridades responsables no le emiten daños emocionales, maltratos y discriminan, a la quejosa Mireya Guadalupe Beltrán Dávila; toda vez que como se advierte de su expediente clínico, en específico de sus estudios de medicina general y psicología, se le brinda la asistencia en base a sus padecimientos; asimismo, se advierte que la atienden psicológicamente el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial; sin que hubiera aportado prueba suficiente, idónea y eficaz para desvirtuar dicha negativa; esto es, no existe un acto concreto que haga evidente una discriminación en su contra, pues del análisis de las atenciones médicas que tiene la accionante en ese centro de reclusión, no existe algún dato que directa o indirectamente (por resultado), o de forma tácita, sean discriminatorios, pues no basta la simple afirmación de un posible acto de discriminación, y malos tratos en su contra, debe proporcionar un parámetro o término de comparación para demostrar un trato diferenciado y los malos tratos; en tanto que la autoridad sí demostró con su expediente médico que la quejosa no ha recibido éstos, pues tal cuestión es factible advertirla aunque sea indiciariamente de la atención psicológica que pueden poner de relieve ello. De igual forma la omisión de reubicar a la quejosa al pabellón cinco, modulo siete, planta alta, cama uno, pues así lo manifestaron al rendir informe justificado, sin que de autos se advierta prueba de la que se desprenda lo contrario; pues de los medios de convicción que exhibió la autoridad responsable, no se advierte que la quejosa les solicitara la reubicación a pabellón cinco, modulo siete, planta alta, cama uno, como lo refiere en su demanda de amparo; por lo tanto, no existe la omisión que se reclama, en tanto que la autoridad no tuvo conocimiento de la petición alegada; pues como se verá exhibió las peticiones que ha realizado la quejosa, sin que de éstos se advierta lo que reclama en su demanda de amparo, y que es necesario que acreditara la quejosa, pues el juicio de amparo tiene por objeto de conformidad con el artículo 1° de la Ley de Amparo, resolver controversias por actos concretos que causen un agravio personal y directo, por lo que al demostrar la autoridad que la quejosa no realizó la petición que refiere en su demanda de amparo, sino diversas, es que resultaba necesario que la inconforme acreditara la petición en tales términos para analizar la omisión reclamada. Sustentan lo anterior, los siguientes criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la quinta época, registro 324127, Instancia Segunda Sala, Tesis Aislada, del Semanario Judicial de la Federación, volumen LXXIX, Materia Común, Página 6673 cuyo rubro y texto es el siguiente: "ACTO RECLAMADO, INEXISTENCIA DEL. De acuerdo con el artículo 74, fracción IV de la Ley de Amparo, procede el sobreseimiento en el juicio de garantías, cuando de las constancias de autos apareciese claramente que no existe el acto reclamado, y también cuando no se prueba su existencia en la audiencia a que se refiere el artículo 155 de la propia ley." Así como la diversa de la Quinta Época, Registro 308576, Instancia Primera Sala, Tesis Aislada, Fuente Semanario Judicial de la Federación, volumen LXXII, Materia Común, Página 2070, cuyo texto y rubro es el siguiente: "AMPARO IMPROCEDENTE. Si la autoridad responsable, en su informe con justificación, niega el acto reclamado, que se hace consistir en que la misma trata de privar de su libertad al ocurrente, tal acto debe estimarse inexistente, si no aparece que el mismo se hubiera realizado y si el quejoso no aporta prueba alguna conducente a dejarlo establecido; operándose, en consecuencia, la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en la IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." Asimismo es relevante, en lo conducente, la tesis emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 56, tomo III, segunda parte - 1, enero a junio de 1989, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo." En efecto, de las documentales que en copia certificada remitió la autoridad responsable Directora General del Centro Federal de Readaptación Social 16 CPS Femenil Morelos, las cuales al ser documento público, expedido por la autoridad competente en ejercicio de sus funciones, se le otorga pleno valor probatorio, de conformidad con los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo también destaca lo siguiente: Acta de Sección XIV de ocho de mayo de dos mil diecisiete, en la que se aprobaron 447 reubicaciones, y a Mireya Guadalupe Beltrán Dávila, la reubicaron a modulo uno, dormitorio uno, nivel B, estancia 5, cama uno (foja 154 a 170), Copia certificada del formato de petición de tres de mayo de dos mil diecisiete, en el que solicita la oportunidad de ser reubicada al módulo de "hogares" (fojas 26). Copia certificada de la respuesta a su petición de cinco de abril del dos mil diecisiete, donde la quejosa manifestó que se le atendió su petición explicándole los criterios de reubicación a hogares (foja 27). Entrega de los criterios de convivencia de pareja del mismo sexo que le fue entregado a la quejosa con fecha tres de mayo de dos mil diecisiete (foja 28 y 29). Copia certificada de formato de petición de uno de mayo de dos mil diecisiete, en la que solicitó la convivencia con Esbeidy Anai Canela Santos, (foja 30). Copia certificada de la respuesta a la petición de veinticinco de mayo de dos mil diecisiete, en la que se le notifico que no procedía la convivencia por reporte del área de seguridad (foja 31). Copia certificada de la asistencia de tres de octubre de dos mil dieciséis, el a que Miriam Martínez Vega, manifestó que no quería convivencia con Lesly Godínez, sino con su actual pareja (foja 64 y 97). Copia certificada de la atención individual en psicología realizada a la quejosa Mireya Guadalupe Beltrán Dávila con fecha veintiséis de junio del dos mil diecisiete, en la que manifestó lo siguiente: "pedí mi reubicación, pero en este momento me siento bien, es mi deseo permanecer en este pabellón, tengo participación en todas las actividades y no tengo problemas conviviendo con la población. Respetuosamente pido se respete mi petición. Gracias". (foja 24). De lo narrado anteriormente, se puede advertir que la quejosa se encuentra actualmente en modulo uno, dormitorio uno, nivel B, estancia 5, cama uno, y que no existe ninguna petición relacionada con la reubicación reclamada en la demanda de amparo, en la que señaló que solicitó su reubicación, lo que pone de manifiesto la inexistencia del acto reclamado, máxime que la inconforme no aportó prueba suficiente, idónea y eficaz para desvirtuar dicha negativa. En tal virtud, lo procedente es que se sobresea, con fundamento en el artículo 74, fracción IV, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, que en lo conducente señala: "Artículo 74. Procede el Sobreseimiento: IV. Cuando de las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia a que se refiere el artículo 155 de esta ley.". Por lo anterior se sobresee en el juicio de amparo contra los actos reclamados a las autoridades precisadas en el presente considerando. CUARTO. Certeza del acto reclamado. Son ciertos los actos reclamados al Director General, Director del Área Técnica, Director de Seguridad y Custodia y Comité, todas del Centro Federal de Readaptación Social Número 16 CPS Femenil Morelos, ello a pesar de que al rendir su informe justificado negaron la existencia de los actos que se les reclama, y al efecto exhibieron diversas constancias para acreditar que sí han proporcionado a la quejosa la atención médica en psicología y realizado el estudio clínico criminológico. En efecto, en el caso no es factible tener como inexistentes dichos actos, pues se debe determinar mediante un estudio de fondo si se ha respetado o no el derecho fundamental a la salud, al ser este precisamente el acto reclamado, partiendo de la base de que la quejosa, al estar privada de su libertad, se encuentra bajo un estricto control del Estado y, por ende, en condición de vulnerabilidad; estimar lo contrario implicaría dejarla en estado de indefensión, al no poder decidirse sobre el tema planteado, a saber, si se le ha prestado el servicio en psicología y realizado el estudio criminológico y en qué condiciones. Sirve de sustento la jurisprudencia emitida por el Pleno en Materia Penal del Séptimo Circuito, de rubro: "ATENCIÓN MÉDICA EN LOS CENTROS FEDERALES DE READAPTACIÓN SOCIAL. NO DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO DE AMPARO POR INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO, CUANDO EL INTERNO RECLAMA LA FALTA U OMISIÓN DE PROPORCIONARLE ATENCIÓN MÉDICA Y LA AUTORIDAD RESPONSABLE NIEGA EL ACTO Y EXHIBE CONSTANCIAS PARA DEMOSTRAR QUE SÍ LA HA PROPORCIONADO, PORQUE EL ESTUDIO SOBRE SU EXISTENCIA IMPLICA UNA DECISIÓN DE FONDO." Aunado a ello si los actos reclamados por la quejosa son de carácter negativo, la carga de la prueba de su inexistencia le corresponde a la propia autoridad responsable. Sirve de apoyo la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de la Séptima Época con número de registro 818571, consultable en el Semanario Judicial de la Federación Volumen 5, Tercera Parte, Materia Administrativa, página: 13 del rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO. HECHOS NEGATIVOS O ABSTENCIONES. CARGA DE LA PRUEBA QUE NO CORRESPONDE AL QUEJOSO. Si bien es cierto que normalmente la carga de la prueba de las violaciones que se atribuyen a las responsables corresponde al quejoso, salvo cuando el acto reclamado es violatorio de garantías en sí mismo, también lo es que dicha regla admite una excepción: cuando la violación se hace consistir en hechos de carácter negativo o abstenciones por parte de las autoridades responsables, caso en que la carga de la prueba de la legalidad de sus actos corresponde a éstas y no al quejoso la de su ilegalidad, pues es principio aceptado por nuestro derecho que los hechos negativos o abstenciones no son materia de prueba y que el que niega no está obligado a probar su negativa, salvo que la misma implique la existencia una afirmación susceptible de probarse por cualquiera de los medios que la ley establece." QUINTO. Causales de improcedencia. En el presente asunto, las partes no hicieron valer causales de improcedencia, ni este juzgado federal advierte que se actualice alguna de las previstas en el numeral 61 de la Ley de Amparo; por lo tanto, lo procedente es que se examine la materia de fondo de este juicio. SEXTO. Análisis del acto reclamado. Los conceptos de violación consistentes en la omisión de otorgar atención médica en psicología y estudio criminológico, son infundados por los motivos que enseguida se expresan. En efecto contrario a lo sustentado por la peticionaria de amparo, durante su estadía dentro del Centro Federal de Readaptación Social, las autoridades responsables le han brindado la atención médica necesaria para cada una de sus enfermedades y padecimientos, con lo cual se ha garantizado su derecho fundamental a la salud, reconocido en el numeral 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahora bien y a fin de sustentar la anterior conclusión, es importante señalar que el artículo constitucional en mención, en su tercer párrafo, establece que toda persona tiene derecho a la protección de la salud y que la ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud, así como la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone el artículo 73, fracción XVI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por su parte, la Ley General de Salud en su artículo 1°, establece que dicha ley tiene el objetivo de reglamentar el derecho a la salud que tiene toda persona; además, fija las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general. El artículo 2, fracciones I a la VII del ordenamiento legal en cita, establece las finalidades de la ley, entre las que se encuentra el bienestar físico y mental del hombre para contribuir al ejercicio pleno de sus capacidades, la prolongación y mejoramiento de la calidad de la vida, la protección y acrecentamiento de los valores que coadyuven a la creación, conservación y disfrute de condiciones de salud que contribuyan al desarrollo social. De igual forma, el artículo 23 de la ley reglamentaria del artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, refiere que por servicios de salud deben entenderse todas aquellas acciones realizadas en beneficio del individuo y de la sociedad en general, dirigidas a proteger, promover y restaurar la salud de la persona y la colectividad. A su vez, los servicios de salud se clasifican en tres tipos: de atención médica, de salud pública y de asistencia social (artículo 24, fracciones I, II y III de la Ley General de Salud). Por atención médica se entiende el conjunto de servicios que se proporcionan al individuo, con el fin de proteger, promover y restaurar su salud (artículo 32 de la Ley General de Salud). Las actividades de atención médica son: preventivas (incluyen las de promoción general y las de protección específica), curativas (que tienen como fin efectuar un diagnóstico temprano y proporcionar tratamiento oportuno), de rehabilitación (que incluyen acciones tendientes a corregir la invalidez física o mental) y paliativas (que incluyen el cuidado integral para preservar la calidad de vida del paciente, a través de la prevención, tratamiento y control del dolor y otros síntomas físicos y emocionales por parte de un equipo profesional multidisciplinario (artículo 33, fracciones I, II, III y IV de la Ley General de Salud). De lo anterior, se puede dilucidar que el derecho a la salud no se limita a la salud física del individuo, es decir, comprende el no padecer, prevenir y tratar una enfermedad. De ahí que el derecho a la salud se traduzca en la obtención de un determinado bienestar general integrado por el estado físico, mental, emocional y social de la persona. Siendo importante destacar que el derecho a la salud, no sólo se encuentra reconocido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino también en diversos instrumentos internacionales, como lo son el artículo 25.1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; la Declaración Americana de los derechos y deberes del hombre, en su artículo XI; y, los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas, en el principio X. De lo anterior se aprecia que la salud es una prerrogativa que, por pertenecer al conglomerado de derechos fundamentales del ser humano, consiste en la libertad de disfrutar de bienestar físico y mental, para contribuir al ejercicio pleno de sus capacidades, prolongación y mejoramiento de la calidad de vida, para lo cual, se posee el derecho de acceder a los servicios de salud y de asistencia social estatal, que satisfagan eficaz y de manera oportuna las necesidades de la población. Es decir, hay un doble sentido en la relación gobierno-gobernado, porque por un lado, implica una permisión al titular para acceder a los servicios de asistencia médica, con la acotación de que existen lineamientos a seguir, establecidos en la ley; por otra, el Estado se obliga a no interferir o impedir el acceso, de manera arbitraria, a los servicios, a realizar su adecuada prestación y supervisión, así como en la medida de sus posibilidades, a la creación de infraestructura institucional que se requiera para ese fin. El titular del bien jurídico de la salud, es todo ser humano, sin excepción alguna, pues aún y cuando una persona se encuentre privada de su libertad personal, tiene las mismas prerrogativas a la salud física y mental que cualquier hombre libre. En efecto, de conformidad con el artículo 49 del Reglamento de los Centros Federales de Readaptación Social, los servicios médicos del Centro Federal tendrán por objeto velar por la salud física y mental de los internos. Ahora bien, la Ley Nacional de Ejecución Penal, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el dieciséis de junio de dos mil dieciséis dispone: "Artículo 9. Derechos de las personas privadas de su libertad en un Centro Penitenciario Las personas privadas de su libertad en un Centro Penitenciario, durante la ejecución de la prisión preventiva o las sanciones penales impuestas, gozarán de todos los derechos previstos por la Constitución y los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, siempre y cuando estos no hubieren sido restringidos por la resolución o la sentencia, o su ejercicio fuese incompatible con el objeto de éstas. Para los efectos del párrafo anterior, se garantizarán, de manera enunciativa y no limitativa, los siguientes derechos: (.). II. Recibir asistencia médica preventiva y de tratamiento para el cuidado de la salud, atendiendo a las necesidades propias de su edad y sexo en por lo menos unidades médicas que brinden asistencia médica de primer nivel, en términos de la Ley General de Salud, en el Centro Penitenciario, y en caso de que sea insuficiente la atención brindada dentro de reclusión, o se necesite asistencia médica avanzada, se podrá solicitar el ingreso de atención especializada al Centro Penitenciario o que la persona sea remitida a un Centro de Salud Público en los términos que establezca la ley; III. Recibir alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, adecuada para la protección de su salud; (.)". "Artículo 34. Atención médica La Autoridad Penitenciaria en coordinación con la Secretaría de Salud Federal o sus homólogas en las entidades federativas y de acuerdo con el régimen interior y las condiciones de seguridad del Centro deberán brindar la atención médica en los términos de la Ley General de Salud. La Autoridad Penitenciaria deberá tomar las medidas necesarias para garantizar la atención médica de urgencia en los casos en que las personas privadas de la libertad o las hijas e hijos que se encuentren bajo la custodia de las madres en reclusión la requieran. Sólo en casos extraordinarios en que por su gravedad así lo requieran, podrán ser trasladados a instituciones públicas del sector salud para su atención médica, observándose las medidas de seguridad que se requieran. La Autoridad Penitenciaria, en coordinación con las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud competentes, garantizarán la permanente disponibilidad de medicamentos que correspondan al cuadro básico de insumos para el primer nivel de atención médica, y establecerán los procedimientos necesarios para proporcionar oportunamente los servicios e insumos requeridos para otros niveles de atención. Es obligación del personal que preste servicios médicos en los Centros Penitenciarios guardar la confidencialidad de la información a la que tengan acceso con motivo de los mismos. La Autoridad Penitenciaria sólo podrá conocer dicha información por razones de salud pública. La información clínica no formará parte del expediente de ejecución. Los exámenes para detectar si las personas privadas de la libertad cuentan con el síndrome de inmunodeficiencia adquirida o son portadores del virus de inmunodeficiencia humana sólo podrán aplicarse con su consentimiento. Las intervenciones psicológicas, psiquiátricas o médicas contarán con el consentimiento informado de la persona privada de la libertad, con excepción de los casos en los que, por requerimiento de autoridad judicial, se examine la calidad de inimputable o de incapaz de una persona privada de la libertad. Los servicios de atención psicológica o psiquiátrica se prestarán por personal certificado del Centro, o en su defecto, personal externo a los Centros Penitenciarios que dependa del Sistema Nacional de Salud (.)". "Artículo 76. Servicios Médicos Los servicios médicos tendrán por objeto la atención médica de las personas privadas de su libertad, desde su ingreso y durante su permanencia, de acuerdo a los términos establecidos en las siguientes fracciones: I. Realizar campañas permanentes de prevención de enfermedades; II. Otorgar el tratamiento adecuado mediante el diagnóstico oportuno de enfermedades agudas, crónicas y crónico-degenerativas, incluyendo las enfermedades mentales; III. Prescribir las dietas nutricionales en los casos que sea necesario, a fin de que la alimentación sea variada y equilibrada; IV. Suministrar los medicamentos y terapias básicas necesarias para la atención médica de las personas privadas de la libertad, y V. Contener en primera instancia y poner en aviso a las autoridades competentes en materia de salud en caso de brote de enfermedad transmisible que pueda ser fuente de epidemia. (.)" "Artículo 77. Características de los Servicios de Atención Médica. Los servicios de atención médica serán gratuitos y obligatorios para las personas privadas de su libertad. Éstos contemplarán actividades de prevención, curación y rehabilitación, en estricto apego a las disposiciones legales aplicables en materia de servicios de salud. Las instalaciones serán higiénicas y contarán con los espacios adecuados para garantizar el derecho a la salud de las personas privadas de su libertad en un Centro Penitenciario. (.)" "Artículo 78. Responsable Médico En cada uno de los Centros Penitenciarios existirá como mínimo atención de primer nivel en todo momento, procurada cuando menos por un médico responsable de cuidar la salud física y mental de las personas internas y vigilar las condiciones de higiene y salubridad. Asimismo, habrá por lo menos un auxiliar técnico-sanitario y un odontólogo. (.)" "Artículo 79. Medidas Terapéuticas Cuando del diagnóstico del área de servicios médicos se desprenda la necesidad de aplicar medidas terapéuticas que impliquen riesgo para la vida o la integridad física de la persona privada de su libertad, se requerirá del consentimiento por escrito del mismo, salvo en los casos de emergencia y en los que atente contra su integridad, podrá determinarlo la Autoridad Penitenciaria competente. Si la persona privada de su libertad no se encuentra en condiciones de otorgar su consentimiento, éste podrá requerirse a su cónyuge, familiar ascendiente o descendiente, o a la persona previamente designada por él. En caso de no contar con ningún consentimiento, será responsabilidad de la Autoridad Penitenciaria competente determinar lo conducente. (.)" "Artículo 80. Convenios con instituciones del sector salud Se deberán celebrar convenios con instituciones públicas y privadas del sector salud en los ámbitos federal y local, a efecto de atender las urgencias médico-quirúrgicas cuya intervención no se pueda llevar a cabo en los Centros Penitenciarios, así como para la designación del personal médico que proporcione servicios de salud de manera continua y permanentemente en el Sistema Penitenciario Nacional. (.)" Dichos numerales prevén los derechos que tienen las personas privadas de su libertad dentro de un centro penitenciario, destacando el derecho a recibir asistencia médica preventiva y de tratamiento para el cuidado de su salud, y en caso de que sea insuficiente la atención brindada dentro de reclusión, o se necesite asistencia médica avanzada, se podrá solicitar el ingreso de atención especializada al Centro Penitenciario o que la persona sea remitida a un Centro de Salud Público en los términos que establezca la ley. Sentado lo anterior y del análisis del expediente clínico de la quejosa Mireya Guadalupe Beltrán Dávila, de las constancias que en copia certificada allegaron las autoridades responsables Directora General, Director del Área Técnica, Directora de Seguridad y Custodia y Comité , todas del Centro Federal de Readaptación Social Número 16 CPS Femenil Morelos, se destaca lo siguiente: Lista de asistencia a servicios de Psicología de treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis a seis de julio de dos mil diecisiete (fojas 74 a 75). Copia certificada de la atención individual en psicología realizada a la quejosa Mireya Guadalupe Beltrán Dávila con fecha veintiséis de junio del dos mil diecisiete, en la que manifestó lo siguiente: "pedí mi reubicación, pero en este momento me siento bien, es mi deseo permanecer en este pabellón, tengo participación en todas las actividades y no tengo problemas conviviendo con la población. Respetuosamente pido se respete mi petición. Gracias". (foja 24). Diagnóstico clínico- criminológico (foja 76 a 82 anexo I). Documentales las cuales ameritan valor probatorio pleno por tratarse de documentos públicos expedidos por una autoridad en el ejercicio de sus funciones, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición expresa del artículo 2º. Pues bien, de lo antes expuesto es dable concluir que contrario a lo sustentado por Mireya Guadalupe Beltrán Dávila, las autoridades responsables han procurado en todo momento brindarle la atención médica requerida, tanto anterior como posteriormente a la presentación de la demanda de amparo, pues de su expediente clínico se observa que acude al área de psicología a recibir atención por parte del personal médico del Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial Morelos, otorgándole la atención adecuada, prescribiendo el medicamento necesario para cada padecimiento y suministrándoselo, con el objeto de prevenir y tratar alguna enfermedad que pudiera padecer. Lo anterior es así, puesto que las autoridades responsables han brindado a Mireya Guadalupe Beltrán Dávila, atención médica tanto preventiva, curativa, de rehabilitación y paliativa por parte de un equipo profesional multidisciplinario. Además, de su expediente clínico no se advierte constancia alguna que acredite que Mireya Guadalupe Beltrán Dávila, haya -por sí o por conducto de su defensa- solicitado a las responsables diversa atención médica especializada que no se le haya dado o que la hubiere necesitado y se le haya negado, ya que aun y cuando así lo manifestó en la demanda de amparo, no presentó algún acuse de recibo del escrito de solicitud sellado por parte de alguna de las autoridades responsables; lo que al acreditar la autoridad que siempre ha brindado ésta, es que se sostiene que fue correcto el actuar de la responsable. En ese contexto, si bien la quejosa sostiene en su demanda la atención médica; sin embargo, tal aserto es insuficiente para demostrar que requiere cuidados médicos especiales, pues como se ha relatado anteriormente, de las copias certificadas de su expediente clínico, se puede advertir ha sido atendida en relación a los padecimientos que fueron dictaminados por el médico general tratante, y además, se le ha suministrado diversos medicamentos para cada uno de ellos, por lo que no puede imponerse a capricho de la interna, que sea atendida por un determinado especialista, sino que debe ser coherente con lo que se ha dictaminado, en principio, por el referido médico general, respetando su derecho humano a la salud en armonía con la regulación normativa que exige el centro de reclusión en el que se encuentra la quejosa; máxime, que de lo asentado por los médicos que la atendieron, no se advierte la necesidad de ello; amén de que no se aprecia que la quejosa solicitara la intervención de especialistas con base a un padecimiento que ameritara su intervención ni que en sus consultas médicas haya explicado algún síntoma o enfermedad. En lo conducente, se orienta lo anterior de la tesis que emitió el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, localizable en la Décima Época, con registro 2012470, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, viernes 02 de septiembre de 2016 10:11 h, en Materia Constitucional, Tesis I.8o.A.2 CS (10a.), que dispone: "DERECHO A LA PROTECCIÓN DE LA SALUD. SU INSTRUMENTACIÓN RESPECTO DE INDIVIDUOS PRIVADOS DE LA LIBERTAD, DEBE OPERAR EN EL CONTEXTO REGULATORIO DE LOS CENTROS DE RECLUSIÓN EN DONDE SE ENCUENTREN. De conformidad con el artículo 4o., párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda persona tiene derecho a la protección de la salud, esto es, sin importar su situación personal o jurídica. En estas condiciones, la privación de la libertad de un individuo no es una circunstancia que justifique el desconocimiento de la oportunidad con la que cuenta, como cualquier persona, para la atención eficiente de su salud, aspecto que impone a la autoridad penitenciaria la obligación de emplear todos los recursos a su alcance para garantizar el bienestar y preservar la vida de los internos; sin embargo, en estos casos, no debe pasarse por alto que dicha prerrogativa se encuentra inserta en un marco normativo más amplio, cuya base constitucional deriva del artículo 18 de la Carta Magna, el cual tiene como finalidad esencial la reinserción de los procesados, así como la estabilidad de la seguridad pública. Por tanto, la instrumentación del derecho mencionado debe operar en el contexto regulatorio de los centros de reclusión en donde se encuentren, el cual admite las previsiones que, por razón de seguridad, adopten los órganos del Estado. Esta conclusión es congruente con el primer precepto constitucional citado, al determinar que la protección a la salud se desarrollará conforme a las bases y modalidades que defina la normativa aplicable, así como con lo establecido en los Principios Básicos para el Tratamiento de los Reclusos, adoptados por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas en la Resolución 45/111, de 14 de diciembre de 1990, en cuanto a que si bien los individuos sujetos a encarcelamiento gozan de todos los derechos reconocidos por la Declaración Universal de Derechos Humanos, su implementación debe ajustarse a las condiciones que sean evidentemente necesarias para atender su situación de reclusión." En ese sentido es inconcuso que las autoridades responsables no han trasgredido en modo alguno el derecho fundamental a la salud de la quejosa reconocido en el artículo 4º Constitucional, y que le han brindado una adecuada atención médica general y especializada en estricto apego a los numerales 9, 34, 76, 78, 79 y 80 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. En tales condiciones, ante lo infundado de los conceptos de violación la Justicia de la Unión no ampara ni protege a Mireya Guadalupe Beltrán Dávila, en contra de los actos que reclamó de la Directora General, Director del Área Técnica, Director de Seguridad y Custodia y Comité, todas del Centro Federal de Readaptación Social Número 16 CPS Femenil. SEPTIMO. En cumplimiento al Acuerdo General 9/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que entró en vigor el uno de noviembre de dos mil siete, abrogando los diversos 87/2003, 3/2005 y 15/2005, determinando el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral del Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, remítase la información de esta sentencia al referido Sistema Integral guardando el protocolo para la elaboración de versiones públicas, respecto del nombre y datos personales de las partes. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: PRIMERO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Mireya Guadalupe Beltrán Dávila, contra el acto consistente en daños emocionales, discriminación, maltratos y omisión de reubicarla al pabellón 6, modulo 7, planta alta, cama I, que reclamó a las autoridades Directora General, Director del Área Técnica, Director de Seguridad y Custodia y Comité, todas del Centro Federal de Readaptación Social Número 16 CPS Femenil, en términos de la parte considerativa de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Mireya Guadalupe Beltrán Dávila, respecto del acto reclamado consistente en la omisión de otorgar la atención médica en psicología y omisión de realización de reporte clínico-criminológico, reclamada a la Directora General, Director del Área Técnica, Director de Seguridad y Custodia y Comité, todas del Centro Federal de Readaptación Social Número 16 CPS Femenil, en términos de la parte considerativa de esta sentencia TERCERO. Dése cumplimento al acuerdo general 29/2007, de uno de noviembre de dos mil siete, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, remitiendo la información de esta sentencia al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, con el protocolo para la elaboración de versiones públicas, respecto del nombre y datos personales de las partes. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE EN EL LUGAR DE RECLUSIÓN. Así lo resolvió y firma Carlos Anuar Jaimes Torres, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante la secretaria Aletia González Huerta, que autoriza y da fe, treinta y uno de octubre de dos mil diecisiete, que lo permitieron las labores de este Juzgado Federal.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintisiete de julio de dos mil diecisiete. Se tiene por recibido el oficio signado por la DIRECTORA GENERAL DEL CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL NÚMERO 16 CPS FEMENIL MORELOS, mediante el cual remite copia certificada del expediente médico, administrativo y personal de la quejosa Mireya Guadalupe Beltrán Dávila; el que se ordena agregar a los autos para que obre como corresponda y surta sus efectos conducentes; dése vista a las partes para que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a sus intereses convenga, dentro del término de tres días, de conformidad con el artículo 297 fracción II, del Código Federal de Procedimiento Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Tomando en consideración el volumen de las constancias que remitió la autoridad oficiante, se ordena formar el anexo I, el cual queda a disposición de las partes para su consulta en la Secretaría de este Juzgado, en el entendido que se seguirá actuando en el presente expediente. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA QUEJOSA EN EL LUGAR DONDE SE ENCUENTRA INTERNA. Así lo proveyó y firma Carlos Anuar Jaimes Torres, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe.
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