Mireya González Pérez

Expediente 97/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 13 actuaciones registradas, la última del 30 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
97/2020
Año
2020
Actuaciones
13
Última actuación
30/04/2021

Partes del expediente

  • Mireya González Pérez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, treinta de abril de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy la parte quejosa no interpuso revisión, dentro del término legal, contra la sentencia dictada en el presente juicio; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que la misma ha causado ejecutoria. Dicho cómputo sólo se realiza respecto a la parte quejosa, ya que fue a ésta a quien únicamente afectó el sobreseimiento. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como concluido. Por otra parte, en acatamiento a lo dispuesto en el Acuerdo General sin número de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente expediente es susceptible de destrucción, pues se sobreseyó en el juicio de amparo y carece de relevancia histórica y documental; asimismo es susceptible de destrucción el original del incidente de suspensión ya que se negó la medida cautelar; por ende, glósese al presente. Una vez que transcurran seis meses de concluido, destrúyase el duplicado del incidente. Finalmente, como en el presente asunto obran documentos originales; con fundamento en el último párrafo del punto décimo primero, del citado acuerdo general, requiérase a la parte quejosa para que, dentro del término de noventa días, comparezca a recoger dichos papeles; apercibida que, de no hacerlo, se procederá a depurarlos.

  2. Principal

    Vistos para resolver los autos del juicio de amparo 97/2020-VI; R E S U L T A N D O: PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Mediante escrito presentado el treinta y uno de enero de dos mil veinte, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con sede en Naucalpan de Juárez, y remitido el cuatro de febrero siguiente por razón de turno a este Juzgado de Distrito, Mireya González Pérez, por derecho propio, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra el acto que se precisará en el considerando segundo de esta sentencia. SEGUNDO. TRÁMITE Y ADMISIÓN DE LA DEMANDA. Previo desahogo de la prevención, por acuerdo de catorce de febrero de dos mil veinte (fojas 23 y 24), este órgano jurisdiccional admitió a trámite la demanda, otorgó la intervención que legalmente le compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, requirió a las autoridades responsables rindieran su informe justificado y fijó hora y día para la audiencia constitucional, la cual se inició en términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado es legalmente competente para conocer del presente juicio biinstancial, de conformidad con los artículos 35 y 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo, toda vez que el acto reclamado tiene ejecución dentro del territorio en que este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. DEFINICIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Por cuestión de orden y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar los actos reclamados que se advierten del análisis de la demanda íntegramente considerada, con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa y, en ese tenor, de la lectura de la demanda constitucional, en concordancia con la información allegada al juicio, se concluye que la peticionaria de amparo reclama: - La orden de entrega del inmueble del que se ostenta como propietaria ubicado en manzana VIII, lote 35, vivienda 333, calle Genova, colonia Buenavista, fraccionamiento Nuevos Paseos de San Juan, Zumpango, Estado de México, dictada por el Juzgado Civil de Primera Instancia de Zumpango, Estado de México, sin haber sido oída ni vencida en juicio. TERCERO. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. La autoridad Juez Civil de Primera Instancia de Zumpango, Estado de México, al rendir su informe con justificación aceptó la existencia de los actos que se le atribuyen. La certeza de que se habla se corrobora además con las constancias que remitió la autoridad responsable mencionada en apoyo a su informe con justificación, a las que se les otorga valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la legislación de la materia, por tratarse de la reproducción certificada de actuaciones judiciales expedidas por un servidor público en ejercicio de las atribuciones que le asigna la ley. Misma determinación debe tomarse respecto a la autoridad Comisaría de Seguridad Pública y Vialidad Municipal de Zumpango, no obstante que en su informe justificado negó la existencia del acto combatido; empero, tal negativa queda desvirtuada en virtud de lo informado por la autoridad ordenadora, por lo que al tener el carácter de ejecutora y por razón de jerarquía, tiene obligación de darle cumplimiento. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, en la tesis que se localiza en la página 56, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo III, Segunda Parte-1, de rubro: "ACTO RECLAMADO NEGADO POR AUTORIDADES EJECUTORAS Y ADMITIDO POR LA AUTORIDAD ORDENADORA. DEBE TENERSE POR CIERTO." CUARTO. PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Sea que las partes lo aleguen o no, en el presente caso se debe examinar si opera alguna causal de improcedencia, pues es una cuestión de estudio preferente de acuerdo con el artículo 62 de la Ley de Amparo. En ese orden de ideas, este órgano jurisdiccional considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 5°, fracción II y 108, fracción III de la Ley de Amparo, pues no se señaló como autoridad responsable al actuario judicial adscrito al Juzgado Civil de Primera Instancia de Zumpango, Estado de México, quien llevo a cabo el emplazamiento a juicio de la parte quejosa. De tales preceptos se advierte que el juicio de amparo es improcedente, además de los casos previstos en las fracciones del artículo 61 de la Ley de Amparo, cuando exista alguna otra disposición legal que así lo determine de manera expresa o tácita, por establecer algún presupuesto necesario sin el cual no sea posible abordar el estudio de fondo del acto reclamado. Por su parte, el segundo de los preceptos transcritos dispone en qué autoridades recaerá el carácter de responsables de los actos reclamados, por dictarlos, ordenarlos o ejecutarlos. El último artículo en cita, establece como requisito de las demandas de amparo, que se expresen las autoridades a las que se señale como responsables. Por lo cual, cuando un quejoso omita señalar como autoridad responsable a la que ordena, dicte o ejecute los actos reclamados, el juicio de amparo resultará improcedente, pues no sería posible jurídicamente examinar la constitucionalidad de actos atribuidos a una autoridad que no fue señalada como responsable y, por tanto, que no fue llamado a juicio ni se le dio oportunidad de ser oído, de alegar lo correspondiente y de ofrecer pruebas para sostener la constitucionalidad de un acto que emitió. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 108 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 69, tomo VI, Parte SCJN, Quinta Época, del Apéndice de 1995, registro 394064, que establece: "AUTORIDADES RESPONSABLES NO DESIGNADAS. Si en la demanda de amparo no se señala a una autoridad como responsable, jurídicamente, no es posible examinar la constitucionalidad de sus actos, puesto que no se le llamó a juicio ni fue oída." En efecto, ha sido criterio reiterado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que la autoridad que realiza un emplazamiento o cualquier otra notificación debe ser señalado como responsable en caso de que se combatan dichos actos, pues el actuario es el ejecutor de la orden de notificación y es quien está obligado a observar los lineamientos legales que regulan tal acto y, en consecuencia, es a quien corresponde defender su acto, porque es el que conoce los pormenores de la diligencia de emplazamiento. Asimismo, la Suprema Corte estableció que cuando una persona acude al amparo como tercero extraño a juicio, deben precisarse los actos que afectan los intereses jurídicos del quejoso. En caso de que se ostente titular del derecho o bien debatido en juicio, entonces sufriría perjuicio desde que se inició el procedimiento sin haber sido emplazado, o haberse realizado el emplazamiento con vicios que le impidieron comparecer a defender sus derechos subsistiendo el perjuicio durante todo el juicio y, en su caso, en la ejecución. Por lo que, si todo el procedimiento le causa perjuicio, inclusive la sentencia definitiva y su ejecución, serían autoridades responsables el juez y, en sus respectivos casos, el actuario, el tribunal de segunda instancia y los ejecutores. En el caso, la quejosa Mireya González Pérez reclama actos que aduce afectan un bien de su propiedad, sin que previamente se le haya llamado a juicio, sin embargo, de las constancias que allegó el Juez responsable que tramita el juicio ordinario civil 313/2019, se desprenden como antecedentes que interesan: 1. Que Andrés Galván Romero demandó en la vía ordinaria civil (acción plenaria de posesión) a Mireya González Pérez y otro, ordenándose su emplazamiento. 2. Previo citatorio, mediante diligencia practicada el ocho de abril de dos mil diecinueve, por conducto del notificador adscrito al Juzgado se emplazó a la codemandada y aquí quejosa Mireya González Pérez, quien en esa diligencia no se identificó no firmó en el instructivo relativo. 3. Seguido que fue el procedimiento, por acuerdo de dos de mayo de dos mil diecinueve se tuvo por precluido su derecho de contestar la demanda y mediante sentencia del diecinueve de septiembre de esa anualidad, se condenó a los codemandados entregar al actor la fracción de terreno materia de la litis. Por ese motivo, al advertir que en su demanda la peticionaria del amparo no señaló como responsable al referido notificador ni la diligencia de emplazamiento que éste le practicó, se le dio vista a efecto de que manifestara si era su deseo señalar como responsable a la autoridad citada y como acto reclamado dicho llamamiento a juicio; no obstante, pese a dicha vista la quejosa omitió señalar como autoridad responsable a la actuaria mencionada, por lo cual, como se hizo constar en el acta que antecede se declaró precluido su derecho al haber transcurrido el término que se le concedió para tal efecto. En esas condiciones, si la quejosa fue omisa en señalar como autoridad responsable a quien practicó el emplazamiento, pese a la prevención efectuada y, a dicha autoridad le asiste el derecho de comparecer a este juicio para defender la constitucionalidad de una actuación que practicó bajo su responsabilidad; se actualiza la causa de improcedencia en estudio y, por ende, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, de conformidad con lo ordenado por el artículo 63, fracción V, de la ley de la materia. Sirve de apoyo, la tesis 2a.CLXIV/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 113, Tomo IX, Enero de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Común, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE Y EL JUEZ PREVINO AL QUEJOSO PARA DARLE LA OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA Y ÉSTE NO LO HIZO, DEBE SOBRESEERSE. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación integró la tesis de jurisprudencia 2a./J. 30/96 cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE, EL JUEZ DEBE PREVENIR AL QUEJOSO PARA DARLE LA OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA.", publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, junio de 1996, página 250, la cual establece que el órgano de revisión, en el supuesto indicado en la tesis, debe ordenar reponer el procedimiento para el efecto de que se requiera al quejoso la regularización de su demanda; sin embargo, ni de esa jurisprudencia ni de disposición legal alguna, se desprende que el quejoso tenga una segunda oportunidad para regularizar su demanda si en la primera ocasión no lo hizo, señalando a la autoridad responsable, por lo que en ese caso, debe sobreseerse en el juicio con fundamento en las fracciones III, del artículo 74, XVIII del 73 y III del 116 de la Ley de Amparo, toda vez que ha precluido su derecho a enmendar la solicitud de amparo y, consecuentemente, no es el caso de volver a ordenar la reposición del procedimiento." Sobreseimiento que se hace extensivo respecto del acto que se reclama a la autoridad Comisaría de Seguridad Pública y Vialidad Municipal de Zumpango, toda vez que no se le atribuye por vicios propios. Con motivo del sentido de esta resolución este juzgador estima que no es posible examinar los conceptos de violación invocados por la parte quejosa, en razón de que dichos aspectos corresponden al estudio del fondo, lo que no es dable verificar si se resuelve, como en la especie aconteció, sobreseer en el juicio de amparo. Sustenta la anterior afirmación el contenido de la jurisprudencia II.3o. J/58, del Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Núm. 70, Octubre de 1993, Materia(s): Común, registro 214593, página 57, del rubro: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO". Por lo antes expuesto y fundado se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ...

  3. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, a dieciocho de febrero de dos mil veintiuno. Atendiendo a que por Circular SECNO/10/2021 se levantó la suspensión decretada por su similar CAP/2/2020 relativa a la "Propuesta de medidas en relación con los contagios de la enfermedad Covid-19 en los órganos jurisdiccionales del Segundo Circuito", misma que fue extendida por las diversas SECNO/1/2021, SECNO/4/2021, SECNO/ 6/2021, SECNO/8/2021 y SECNO/9/2021, continúese con la tramitación del presente asunto conforme al Acuerdo General 21/2020. Por tanto, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada en autos y en su lugar se fijan las nueve horas con diez minutos del diecinueve de marzo de dos mil veintiuno, para que tenga verificativo. Se hace del conocimiento de las partes su derecho a comparecer a dicha audiencia por medio de videoconferencia, caso en el cual, deberán manifestar su voluntad de hacerlo a más tardar tres días hábiles previos a la fecha antes señalada.

  4. Principal

    Visto el estado de autos, de los que se desprende que el Juez Civil de Primera Instancia de Zumpango, Estado de México, acompañó copia certificada de actuaciones emitidas en el juicio de origen que pueden generar perjuicio a la quejosa.; en esas condiciones, con fundamento en el artículo 111 de la Ley de Amparo, se le da vista por el término genérico de quince días para que manifieste si es su deseo señalar como acto reclamado la diligencia de emplazamiento que se le practicó en fecha ocho de abril de dos mil diecinueve y como autoridad responsable al Notificador adscrito al Juzgado responsable. En el entendido que, si expresa su voluntad de ampliar la acción constitucional, su promoción debe cumplir con los requisitos que establece el numeral 108 del cuerpo de leyes invocado. Atento a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional prevista para el día de hoy y en su lugar se fijan las diez horas con treinta minutos del veintiuno de diciembre de dos mil veinte.

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