Mireya Garcia Cazarez

Expediente 957/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California. 6 actuaciones registradas, la última del 26 de enero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
957/2019
Año
2019
Actuaciones
6
Última actuación
26/01/2021

Partes del expediente

  • Mireya Garcia Cazarez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Mexicali, Baja California, a veintiséis de enero de dos mil veintiuno. CONSENTIDA Vista la certificación de cuenta, se advierte que la quejosa MIREYA GARCÍA CÁZAREZ, no se inconformó contra el proveído de uno de diciembre dos mil veinte, mediante el cual este Juzgado declaró cumplida la sentencia de amparo pronunciada en el presente asunto; en consecuencia, en términos de los artículos 201 y 202, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se le tiene por conforme respecto de la determinación aludida. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE JUDICIAL En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación que el presente cuaderno es susceptible de depuración, de conformidad con el artículo 18, fracción I, inciso b), del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo en el cual quedó firme la sentencia, que en lo que interesa concedió la protección constitucional a la parte quejosa, en virtud de los razonamientos expresados en las líneas que preceden. Además, se precisa que el presente asunto carece de relevancia documental en atención a que la materia de litis constitucional, no se ubica en alguna de las hipótesis del numeral 15 del referido Acuerdo, ya que no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; no se analizaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni relativos al patrimonio histórico, arqueológico o artístico; no versó sobre materia agraria, aunado a que al prudente arbitrio de quien califica, el sentido del fallo no tuvo especial trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional. LIBROS DE GOBIERNO Y SISE Háganse las anotaciones pertinentes en el Libro Uno de Juzgado Correspondiente al registro de Juicios de Amparo, notifíquese a las partes en el juicio, y archívense las actuaciones como asunto totalmente concluido. Asimismo, en cumplimiento al Manual antedicho anótese en el antedicho libro de gobierno, esta fecha en que se ordena el archivo; de igual manera, una vez que se realice la depuración o destrucción ordenada, anótese la fecha en que se practique la diligencia, ya sea que la realice este órgano jurisdiccional, o la fecha que informe al respecto el Centro de Documentación y Análisis, relativo al destino final del presente expediente. Hágase la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de lo anterior, levántese la certificación respectiva de esas circunstancias. Finalmente, se instruye al Secretario encargado del asunto, que previo a la remisión física del expediente al archivo de este órgano jurisdiccional certifique que la versión electrónica coincida en su totalidad con la impresa; a fin de que se dé cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 25, del multicitado Acuerdo General. Notifíquese.

  2. Principal

    MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, A TREINTA DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTE. Visto el estado procesal de autos del que se advierte que la autoridad responsable Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, no ha dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo, en consecuencia requiérase a la citada autoridad, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir de que surta efectos la presente notificación, de cumplimiento al fallo protector concedido; por lo que deberá informar a este Juzgado de Distrito, lo que hicieron en acatamiento al mismo; lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 77, fracción I, 192 de la Ley de Amparo. APERCIBIMIENTO Apercibidas que de no cumplir con lo ordenado, se harán acreedora a una MULTA de $8,449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos, moneda nacional), que es el equivalente de cien veces el valor diario de la unidad de medida y actualización (86.88 UMA); lo anterior, de conformidad a lo dispuesto en el numeral 258 de la ley de la materia, además de que, se procederá en términos de los artículos 192 párrafo segundo y 197, de la Ley de Amparo. Notifíquese.

  3. Principal

    Mexicali, Baja California, a once de diciembre de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por la delegada de la autoridad responsable Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California; y en atención a su contenido; con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, téngase por interpuesto el recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en el presente juicio, córrase traslado a las partes con el escrito de agravios formulado por la parte promovente y una vez debidamente integrado remítanse los autos sin ulterior acuerdo al Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito en turno, a efecto de que se substancie el recurso de revisión aludido. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa

  4. Principal

    Mexicali, Baja California, a veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo 957/2019-4A; y R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación y datos de la demanda. Por escrito presentado el veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Mexicali, Baja California, y remitido el mismo día por razón de turno a este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, la quejosa solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de la autoridad y el acto reclamado que señala en su libelo constitucional. SEGUNDO. Trámite de la demanda. Por auto de veinticinco de octubre de dos mil diecinueve, se admitió la demanda en sus términos, se ordenó dar la intervención que legalmente le compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, se pidió informe con justificación a la autoridad señalada como responsable, y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que tuvo verificativo el día de hoy al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, tiene competencia legal para conocer y resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo establecido en los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones I y VII, constitucionales; 1 fracción V, 48 y 54, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 36 y 114, fracción V, de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General número 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. En términos de lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a la fijación clara y precisa de los actos reclamados en el presente juicio de amparo. Por lo cual, de la demanda de amparo se advierte que los actos reclamados lo constituyen: La omisión de dar respuesta al escrito presentado el diez de septiembre de dos mil diecinueve, ante la autoridad responsable. Clarificación de los actos reclamados que se realiza con apoyo en la tesis de jurisprudencia P./.J 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, tomo XI, abril de 2000, perteneciente a la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." TERCERO. Certeza del acto reclamado. La autoridad responsable Director General y Representante Legal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores de Gobierno y Municipios del Estado de Baja California (fojas 15 a 23), al rendir su informe justificado, negó la existencia del acto que se le atribuye; sin embargo, dicha negativa se desvirtúa con el acuse de recibo de diez de septiembre de dos mil diecinueve (fojas 6 a 8); del cual no se desprende que se haya emitido alguna contestación; por lo cual, debe tenerse como cierto el acto reclamado que se les atribuye. CUARTO. Causales de improcedencia. Las autoridad responsable refiere que se actualiza la causal de improcedencia prevista por el precepto 61, fracción XX, de la ley de la materia, dado que el silencio de la autoridad del que se duele la quejosa se traduce en la negativa ficta, respecto del cual las leyes del orden común otorgan un recurso legal para combatirlo; sin embargo, dicha causal debe quedar desvirtuada con el contenido de la jurisprudencia 2a./J. 136/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con rubro y texto siguiente: "PETICIÓN, DERECHO DE. NO DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO CON BASE EN QUE EL SILENCIO DE LA AUTORIDAD CONSTITUYE UNA NEGATIVA FICTA. Cuando se reclama en amparo la violación al derecho de petición consagrado en el artículo 8o. constitucional, no es procedente sobreseer en el juicio con base en que el silencio de la autoridad constituyó una negativa ficta, por las razones siguientes: 1) porque la aludida garantía constitucional no puede quedar suspendida por la creación o existencia de figuras jurídicas (como la negativa ficta) que la hagan nugatoria, pues ello equivaldría a limitarla, restringirla o disminuirla y a condicionar su vigencia a lo que dispongan las leyes secundarias; 2) porque la negativa ficta es una institución que, por sus características peculiares, es optativa para los particulares, la cual, por surgir debido al transcurso del tiempo, sin respuesta específica y por escrito de la autoridad a la que se planteó la solicitud, no puede satisfacer el objeto primordial que se persigue con la garantía que tutela el artículo 8o. constitucional; y 3) porque el Juez de amparo no puede prejuzgar sobre cuál es el medio de defensa con que debe ser impugnado el silencio de la autoridad, cuando precisamente se le está pidiendo que obligue a esa autoridad a dar una respuesta, como lo exige el artículo constitucional invocado. Lo anterior, sin perjuicio de que cuando el particular optó por impugnar la resolución ficta, ya no puede, válidamente, exigir contestación expresa, pues en tal supuesto clausuró su derecho de petición." QUINTO. Estudio. Es fundado el único concepto de violación que hace valer la parte quejosa, y suficiente para conceder el amparo y protección de la Justicia Federal. En efecto, la quejosa se duele de que la autoridad responsable Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, ha sido omisa en dar contestación a su escrito presentado ante dicha responsable desde el diez de septiembre de dos mil diecinueve; lo cual estima violatorio del derecho de petición consagrado en el artículo 8° de la Constitución Federal. Le asiste la razón a la parte demandante de amparo. En principio, es menester transcribir el artículo 8º, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual, a la letra, establece: "Artículo 8°. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario." Es pertinente resaltar que el derecho de petición consagrado en ese precepto Constitucional, reviste de los siguientes elementos, a saber: Petición: debe formularse de manera pacífica y respetuosa, dirigirse a una autoridad y recabarse la constancia de que fue entregada; además de que el peticionario ha de proporcionar el domicilio para recibir la respuesta. Respuesta: la autoridad debe emitir un acuerdo en breve término, entendiéndose por éste el que racionalmente se requiera para estudiar la petición y acordarla, que tendrá que ser congruente con la petición. Notificación: la autoridad debe notificar el acuerdo recaído a la petición en forma personal al gobernado en el domicilio que señaló para tales efectos. De igual forma, conviene señalar que no existe obligación de resolver en un determinado sentido, sino que la autoridad está en libertad de resolver de conformidad con la ley aplicable al caso, y la respuesta -contestación- o trámite que se dé a la petición debe ser comunicada precisamente por la autoridad ante quien se ejerció el derecho y no por otra diversa. Lo anterior implica que la autoridad responsable deberá emitir una contestación que resuelva las cuestiones planteadas, la cual debe atender de manera completa y coherente lo pedido, pronunciándose como en derecho proceda, en sentido positivo o negativo, o en su defecto reservando su acuerdo, cuando deba realizarse algún trámite previo; y dar a conocer al peticionario su determinación. Sirve de apoyo a la anterior consideración la Jurisprudencia XXI.1o.P.A. J/27, del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, cuyo rubro reza: "DERECHO DE PETICIÓN. SUS ELEMENTOS." En el caso concreto, y acorde a lo dispuesto por el segundo párrafo del citado artículo (8° Constitucional), es necesario que recaiga un acuerdo sobre la solicitud planteada por la quejosa, en el sentido de que se dé respuesta a su escrito recibido ante la responsable el diez de septiembre de dos mil diecinueve, y se le comunique a la promovente en breve término la respuesta que haya recaído. Debe precisarse que el precepto en cita no limita la naturaleza de la instancia, por lo que dicho derecho fundamental es aplicable a cualquier escrito de petición, en cualquier clase de instancia, lo que incluye a la petición de la quejosa, siendo este el caso que cuando un particular hace esa petición, requiere que se resuelva sobre la validez de su pretensión. Tal pretensión constituye una petición, la cual debe ser contestada en breve plazo, en los términos que legalmente proceda. Por lo anterior, la quejosa tiene derecho, conforme al artículo 8° Constitucional, a que se le dé respuesta a su petición y que se le comunique su resultado en un tiempo razonable. Apoya las anteriores consideraciones, la jurisprudencia 6/2000, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "PETICIÓN, DERECHO DE. CUÁNDO SE CUMPLE CON LA GARANTÍA CONSAGRADA EN EL ARTÍCULO 8o. DE LA CARTA MAGNA." Ahora bien, si la quejosa presentó su escrito el diez de septiembre de dos mil diecinueve, y la autoridad responsable Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, a la fecha en que se resuelve no ha dado contestación; es inconcuso que la omisión de dicha responsable conculca el derecho fundamental reconocido en el multireferido artículo 8° Constitucional. De ahí que, de esa fecha (diez de septiembre de dos mil diecinueve), al día de hoy, han transcurrido más de dos meses. Por lo que es dable considerar que en el caso ha transcurrido en exceso el "breve término" para dar contestación a la petición formulada por la parte quejosa; toda vez que el vocablo breve término debe entenderse al tiempo razonable que le tome a cada autoridad responder la petición que se formule, pero atendiendo a la naturaleza de la instancia y de la petición; de ahí que se estime que, en este asunto, ha transcurrido un tiempo que se considera suficiente para darle respuesta, luego, se colige, ha sido conculcada derecho fundamental de la quejosa, reconocido en la Carta Magna. Resulta aplicable a lo anterior, la tesis del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro siguiente: "DERECHO DE PETICIÓN. QUE DEBE ENTENDERSE POR BREVE TÉRMINO Y CUÁL ES AQUÉL EN QUE LA AUTORIDAD DEBE DICTAR EL ACUERDO RESPECTIVO Y DARLO A CONOCER AL PETICIONARIO." En tal virtud, lo procedente es conceder el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitado, para el efecto de que la autoridad responsable Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, de respuesta a la petición formulada por la quejosa el diez de septiembre de dos mil diecinueve. De igual manera se hace extensiva la protección constitucional para el efecto de que sin dilación alguna, ordene se le notifique a la quejosa la contestación que recaiga y en su caso provea lo necesario para el inmediato cumplimiento a dicha notificación, dado que no basta que se haya emitido la determinación correspondiente, sino que es menester que le sea notificada a la quejosa para satisfacer tal garantía constitucional, porque lo mismo sería que no se haya dictado tal contestación, a que sí se haya dictado pero no se le haya comunicado a la quejosa, pues en ambos casos se le coloca en una situación de incertidumbre respecto a las determinaciones emitidas, en detrimento de la garantía individual en estudio. SEXTO. Publicidad de la resolución. Conforme a lo dispuesto en los artículos 6º apartado A), fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8 y 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como el numeral 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la ley en cita, que establecen las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, hágase saber a las partes el derecho que tienen a oponerse a que se hagan públicos sus datos personales; conforme al artículo 73 fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el presente asunto estará a disposición del público para su consulta cuando así se solicite conforme al procedimiento de acceso a la información establecido. Finalmente, hágaseles saber que con independencia de que las partes manifiesten o no su oposición a la publicación de sus datos personales, en la versión pública de la sentencia que se emita en el presente asunto, se suprimirán los datos confidenciales que pueden contener de conformidad con el artículo 116 de la citada Ley General, y con lo dispuesto en los artículos 25 y 28 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, de fecha veintisiete de noviembre de dos mil trece, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. Atento a lo expuesto, y con apoyo, además, en lo dispuesto por los artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73, 74, 75, 76, 77 y aplicables de la Ley de Amparo, es procedente resolver y, por ende, se R E S U E L V E: PRIMERO. La Justicia de la Unión ampara y protege a MIREYA GARCÍA CÁZAREZ, respecto del acto atribuido a la autoridad responsable, por los motivos y para el efecto señalado en el quinto considerando de esta sentencia. SEGUNDO. Publíquese la presente sentencia en términos del último considerando. Notifíquese. Así lo resuelve y firma José Rivas González, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Baja California, asistido del Secretario Jesús Javier Segovia Sánchez, que autoriza y da fe.

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