Mireya Díaz Marcelo

Expediente 1447/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero. 14 actuaciones registradas, la última del 3 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1447/2019
Año
2019
Actuaciones
14
Última actuación
03/11/2021

Partes del expediente

  • Mireya Díaz Marcelo
  • Mireya Díaz Marcelo y Otros.
  • Bryan Ricardo Ávila Díaz
  • Juez Segunda de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de los Bravo. Ciudad.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes promovieran recurso de inconformidad, contra el auto de veintisiete de julio de dos mil veintiuno, en el que este Juzgado declaró cumplida la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio, sin que hubieren interpuesto dicho recurso, no obstante estar legalmente notificadas para ello, como se advierte de las constancias de notificación que obran agregadas en autos; por tanto, SE TIENE CONSENTIDO DICHO AUTO. Con apoyo en los artículos 196 y 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE este asunto como totalmente concluido, lo anterior, hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales procedentes; de igual forma las anotaciones en el libro de gobierno que para tal fin se lleva, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "S.I.S.E".

  2. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos, este Juzgador procede a emitir de manera fundada y motivada, la resolución correspondiente a efecto de declarar si el fallo protector se encuentra cumplido, si la autoridad incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. Así se tiene, que mediante sentencia emitida el treinta de junio de dos mil veinte, por la Jueza Cuarto de Distrito del Centro Auxiliar de la Séptima Región, con residencia en Acapulco, Guerrero, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al menor de identidad reservada, quien promovió la presente instancia constitucional a través de su tutora Mireya Díaz Marcelo, contra la resolución de nueve de nueve de septiembre de dos mil diecinueve, dictada en los autos del recurso de reconsideración interpuesto dentro del expediente 1077/2014-I, relativo al juicio sucesorio intestamentario a bienes de Martiniano Ávila Amansia, para que la autoridad responsable Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de los Bravo, con residencia en Chilpancingo, realizara lo siguiente: Dejara insubsistente la resolución emitida el nueve de septiembre de dos mil diecinueve, dictada en los autos del recurso de reconsideración interpuesto dentro del expediente 1077/2014-I relativo al juicio sucesorio intestamentario a bienes de Martiniano Ávila Amansia; 2. Con plenitud de jurisdicción, emitiera una nueva conforme a derecho proceda en acato al artículo 16 del Pacto Federal, en la que debería de pronunciarse respecto a las imprecisiones destacadas; esto es, debería atender de manera íntegra los agravios propuestos por el recurrente, debiendo establecer la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que tenga en consideración para la calificación de dichos motivos de inconformidad en la emisión de su resolución, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos que aduzca y las normas aplicables al caso.." Debe precisarse que las partes no se inconformaron contra la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, por lo que, mediante proveído de veintiocho de octubre de dos mil veinte, se declaró ejecutoriada dicha determinación y se requirió el cumplimiento a la autoridad responsable. Así, mediante oficio 461/2020, de nueve de noviembre de dos mil veinte, la Jueza Segundo Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de los Bravo, informó el cumplimiento que dio a la sentencia de amparo y remitió copia certificada de las constancias respectivas; con lo anterior, en proveído de diez de noviembre de dos mil veinte, se dio vista a las partes para que manifestaran lo que a su derecho conviniera. Ahora, de la confrontación de los efectos de la sentencia de amparo con el contenido de las constancias remitidas por la responsable, se considera que la Juez Segundo Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de los Bravo, dieron cumplimiento a la ejecutoria constitucional, sin excesos ni defectos. En efecto, de la constancia reseñada, se estima que la autoridad judicial responsable ajustó su actuar a la normatividad aplicable, ello, dado que en proveído de nueve de noviembre de dos mil veinte, realizó lo siguiente: Dejó sin efectos la resolución emitida el nueve de septiembre de dos mil diecinueve, dictada en los autos del recurso de reconsideración interpuesto dentro del expediente 1077/2014-I, relativo al juicio sucesorio intestamentario a bienes de Martiniano Ávila Amansia. Con plenitud de jurisdicción, emitió una nueva resolución en la que determinó no reconsiderar el auto de quince de mayo de dos mil diecinueve, esto, después de analizar en forma conjunta los agravios formulados por la parte aquí quejosa, mismos agravios que consideró por una parte parcialmente fundados y por otra inoperantes, sustentándose en razonamientos lógico-jurídicos: En cuanto a los incisos 1, 2 , 6, 5), de la sentencia amparatoria, su determinación "no violenta el principio del interés superior del menor, estatuido en los artículos 4° Constitucional, 25, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 19, de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos; 12, fracción I y II de la Convención sobre los Derechos del Niño, principio que si bien, en el ámbito jurisdiccional, es el orientador de la actividad interpretativa relacionada con cualquier norma jurídica que tenga que aplicarse a un niño o adolescente en un caso concreto o que pueda afectar los intereses del algún menor de edad.sin embargo no debe interpretarse en el sentido de que los derechos de los menores de edad son de mayor valía (sic) los derechos de los adultos, sino que en el ejercicio y respeto de sus derechos, los menores tienen preferencia sobre los adultos. Tampoco surte el efecto de que los órganos del estado, so pretexto de privilegiar el interés superior del menor llegue al grado de violentar derechos de terceras personas. este juzgado no advierte oficiosamente que una norma violente los derechos humanos del menor coheredero de identidad reservada B.R.A.D., a fin de sostener su inaplicación en el caso concreto, pues de conformidad con el artículo 130 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a partir del fallecimiento del autor de la sucesión, dicho infante tuvo expedito su derecho para solicitar la pensión por orfandad correspondiente y no lo hizo". Respecto al control de convencionalidad, precisó: "que dicho control no llega al extremo de que el juez del conocimiento deba oficiosamente comparar y analizar en abstracto en cada resolución, todos los derechos humanos forman parte del orden jurídico mexicano, puesto que ello haría ineficaz e irrealizable el desarrollo de la función jurisdiccional, en detrimento del derecho humano de acceso a la justicia por parte de los gobernados, con la consecuente afectación que ello significa. Por tanto, al no advertir esta autoridad una violación a derechos humanos del menor coheredero de identidad reservad B.R.A.D., y al no haberse señalado en los agravios cuáles son los derechos humanos violentados al citado menor, se estima innecesario analizar los agravios a la luz del principio pro persona". Respecto a los incisos 3) y 4), que: "la albacea no tenía obligación legal de comunicar el cobro que había realizado durante diciembre de dos mil catorce a marzo de dos mil diecisiete, pues la cantidad que recibió en su calidad de beneficiaria de pensión tipo 315 (viudez y orfandad), es decir, como viuda y representante del menor de edad Ávila Trinidad Odilón, y por ende, no forma parte del acervo hereditario, ello de conformidad con el numeral 129 de la Ley del Instituto de Seguridad Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado". En las relatadas consideraciones, con fundamento en el artículo 77, fracción I, y 196, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se considera que el titular del amparo fue restituido en el goce de los derechos constitucionales vulnerados y, por ende, se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo. Ello es así, pues se estima que la ejecutoria de amparo fue cumplida en los precisos términos para los que se otorgó la concesión del juicio, de conformidad con el artículo 77 de la Ley de Amparo, lo cual implica que la autoridad responsable no incurrió en exceso ni defecto en dicho cumplimiento; entendiendo por lo primero cuando la autoridad realiza más acciones de las estrictamente necesarias para cumplir con lo ordenado en la ejecutoria de amparo y, por el contrario, hay defecto, cuando su actuación resulta insuficiente para lograr el cumplimiento ordenado, ya se trate de actos positivos o bien negativos; lo que en la especie no aconteció. Por lo anterior, dese vista a la parte quejosa y tercera interesada por un plazo de quince días para efecto de lo previsto en los artículos 201 y 202 de la Ley de Amparo, hecho lo anterior, dese nueva cuenta y acuérdese lo que en derecho corresponda, ello, en términos del diverso 214 de la ley de la materia. Sin que obste a la anterior determinación, lo manifestado por la parte tercera interesada en su escrito recibido ante este juzgado el veintisiete de noviembre de dos mil veinte, en el sentido que la autoridad responsable no da cabal cumplimiento a la sentencia amparatoria, porque, en esencia, manifiesta que la responsable no atiende en su integridad los agravios, sin embargo, como se dijo, dejó sin efecto la resolución que en esta vía reclamó y, de acuerdo a los lineamientos vertidos en la sentencia en trato, analizó en su conjunto los agravios vertidos por la parte quejosa; lo que a juicio de este juzgador se encuentra satisfecho. Finalmente, visto el escrito presentado por **********, autorizado legal de la parte quejosa **********, como tutora legítima del menor de iniciales **********, mediante el cual solicita se realice el pronunciamiento correspondiente sobre el cumplimiento o no de la ejecutoria que nos ocupa, dígasele que se esté a lo acordado en párrafos que anteceden. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes.

  3. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos, este Juzgador procede a emitir de manera fundada y motivada, la resolución correspondiente a efecto de declarar si el fallo protector se encuentra cumplido, si la autoridad incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. Así se tiene, que mediante sentencia emitida el treinta de junio de dos mil veinte, por la Jueza Cuarto de Distrito del Centro Auxiliar de la Séptima Región, con residencia en Acapulco, Guerrero, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al menor de identidad reservada, quien promovió la presente instancia constitucional a través de su tutora Mireya Díaz Marcelo, contra la resolución de nueve de nueve de septiembre de dos mil diecinueve, dictada en los autos del recurso de reconsideración interpuesto dentro del expediente 1077/2014-I, relativo al juicio sucesorio intestamentario a bienes de Martiniano Ávila Amansia, para que la autoridad responsable Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de los Bravo, con residencia en Chilpancingo, realizara lo siguiente: Dejara insubsistente la resolución emitida el nueve de septiembre de dos mil diecinueve, dictada en los autos del recurso de reconsideración interpuesto dentro del expediente 1077/2014-I relativo al juicio sucesorio intestamentario a bienes de Martiniano Ávila Amansia; 2. Con plenitud de jurisdicción, emitiera una nueva conforme a derecho proceda en acato al artículo 16 del Pacto Federal, en la que debería de pronunciarse respecto a las imprecisiones destacadas; esto es, debería atender de manera íntegra los agravios propuestos por el recurrente, debiendo establecer la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que tenga en consideración para la calificación de dichos motivos de inconformidad en la emisión de su resolución, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos que aduzca y las normas aplicables al caso.." Debe precisarse que las partes no se inconformaron contra la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, por lo que, mediante proveído de veintiocho de octubre de dos mil veinte, se declaró ejecutoriada dicha determinación y se requirió el cumplimiento a la autoridad responsable. Así, mediante oficio 461/2020, de nueve de noviembre de dos mil veinte, la Jueza Segundo Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de los Bravo, informó el cumplimiento que dio a la sentencia de amparo y remitió copia certificada de las constancias respectivas; con lo anterior, en proveído de diez de noviembre de dos mil veinte, se dio vista a las partes para que manifestaran lo que a su derecho conviniera. Ahora, de la confrontación de los efectos de la sentencia de amparo con el contenido de las constancias remitidas por la responsable, se considera que la Juez Segundo Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de los Bravo, dieron cumplimiento a la ejecutoria constitucional, sin excesos ni defectos. En efecto, de la constancia reseñada, se estima que la autoridad judicial responsable ajustó su actuar a la normatividad aplicable, ello, dado que en proveído de nueve de noviembre de dos mil veinte, realizó lo siguiente: Dejó sin efectos la resolución emitida el nueve de septiembre de dos mil diecinueve, dictada en los autos del recurso de reconsideración interpuesto dentro del expediente 1077/2014-I, relativo al juicio sucesorio intestamentario a bienes de Martiniano Ávila Amansia. Con plenitud de jurisdicción, emitió una nueva resolución en la que determinó no reconsiderar el auto de quince de mayo de dos mil diecinueve, esto, después de analizar en forma conjunta los agravios formulados por la parte aquí quejosa, mismos agravios que consideró por una parte parcialmente fundados y por otra inoperantes, sustentándose en razonamientos lógico-jurídicos: En cuanto a los incisos 1, 2 , 6, 5), de la sentencia amparatoria, su determinación "no violenta el principio del interés superior del menor, estatuido en los artículos 4° Constitucional, 25, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 19, de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos; 12, fracción I y II de la Convención sobre los Derechos del Niño, principio que si bien, en el ámbito jurisdiccional, es el orientador de la actividad interpretativa relacionada con cualquier norma jurídica que tenga que aplicarse a un niño o adolescente en un caso concreto o que pueda afectar los intereses del algún menor de edad.sin embargo no debe interpretarse en el sentido de que los derechos de los menores de edad son de mayor valía (sic) los derechos de los adultos, sino que en el ejercicio y respeto de sus derechos, los menores tienen preferencia sobre los adultos. Tampoco surte el efecto de que los órganos del estado, so pretexto de privilegiar el interés superior del menor llegue al grado de violentar derechos de terceras personas. este juzgado no advierte oficiosamente que una norma violente los derechos humanos del menor coheredero de identidad reservada B.R.A.D., a fin de sostener su inaplicación en el caso concreto, pues de conformidad con el artículo 130 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a partir del fallecimiento del autor de la sucesión, dicho infante tuvo expedito su derecho para solicitar la pensión por orfandad correspondiente y no lo hizo". Respecto al control de convencionalidad, precisó: "que dicho control no llega al extremo de que el juez del conocimiento deba oficiosamente comparar y analizar en abstracto en cada resolución, todos los derechos humanos forman parte del orden jurídico mexicano, puesto que ello haría ineficaz e irrealizable el desarrollo de la función jurisdiccional, en detrimento del derecho humano de acceso a la justicia por parte de los gobernados, con la consecuente afectación que ello significa. Por tanto, al no advertir esta autoridad una violación a derechos humanos del menor coheredero de identidad reservad B.R.A.D., y al no haberse señalado en los agravios cuáles son los derechos humanos violentados al citado menor, se estima innecesario analizar los agravios a la luz del principio pro persona". Respecto a los incisos 3) y 4), que: "la albacea no tenía obligación legal de comunicar el cobro que había realizado durante diciembre de dos mil catorce a marzo de dos mil diecisiete, pues la cantidad que recibió en su calidad de beneficiaria de pensión tipo 315 (viudez y orfandad), es decir, como viuda y representante del menor de edad Ávila Trinidad Odilón, y por ende, no forma parte del acervo hereditario, ello de conformidad con el numeral 129 de la Ley del Instituto de Seguridad Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado". En las relatadas consideraciones, con fundamento en el artículo 77, fracción I, y 196, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se considera que el titular del amparo fue restituido en el goce de los derechos constitucionales vulnerados y, por ende, se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo. Ello es así, pues se estima que la ejecutoria de amparo fue cumplida en los precisos términos para los que se otorgó la concesión del juicio, de conformidad con el artículo 77 de la Ley de Amparo, lo cual implica que la autoridad responsable no incurrió en exceso ni defecto en dicho cumplimiento; entendiendo por lo primero cuando la autoridad realiza más acciones de las estrictamente necesarias para cumplir con lo ordenado en la ejecutoria de amparo y, por el contrario, hay defecto, cuando su actuación resulta insuficiente para lograr el cumplimiento ordenado, ya se trate de actos positivos o bien negativos; lo que en la especie no aconteció. Por lo anterior, dese vista a la parte quejosa y tercera interesada por un plazo de quince días para efecto de lo previsto en los artículos 201 y 202 de la Ley de Amparo, hecho lo anterior, dese nueva cuenta y acuérdese lo que en derecho corresponda, ello, en términos del diverso 214 de la ley de la materia. Sin que obste a la anterior determinación, lo manifestado por la parte tercera interesada en su escrito recibido ante este juzgado el veintisiete de noviembre de dos mil veinte, en el sentido que la autoridad responsable no da cabal cumplimiento a la sentencia amparatoria, porque, en esencia, manifiesta que la responsable no atiende en su integridad los agravios, sin embargo, como se dijo, dejó sin efecto la resolución que en esta vía reclamó y, de acuerdo a los lineamientos vertidos en la sentencia en trato, analizó en su conjunto los agravios vertidos por la parte quejosa; lo que a juicio de este juzgador se encuentra satisfecho. Finalmente, visto el escrito presentado por José Antonio Adame Ávila, autorizado legal de la parte quejosa Mireya Díaz Marcelo, como tutora legítima del menor de iniciales B.R.A.D, mediante el cual solicita se realice el pronunciamiento correspondiente sobre el cumplimiento o no de la ejecutoria que nos ocupa, dígasele que se esté a lo acordado en párrafos que anteceden. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes.

  4. Principal

    Agréguese el escrito signado por ************, autorizado en términos amplios de la parte quejosa, atento a su contenido y como lo solicita, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con el numeral 2° de este último ordenamiento legal, expídase a su costa las copias certificadas que solicita, y téngase como autorizado para recibir las mismas, a la persona que refiere en su escrito de cuenta, previa razón que por su recibo deje en autos. Por otra parte, respecto a su solicitud de devolución de documentos, consistentes en las copias certificadas de la sentencia de cinco de diciembre de dos mil dieciocho y auto de veinticuatro de enero de dos mil diecinueve, derivadas del expediente civil 420/2018 del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Los Bravo (fojas 10 a 21), con fundamento, en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se ordena su devolución, toda vez que de autos, se advierte que el treinta y uno de junio de dos mil veinte, se dictó resolución en el presente juicio de amparo, y posteriormente mediante auto de veintiocho de octubre de este propio año, causo ejecutoria dicha sentencia, las cuales ya no resultan necesarias seguir conservándolas. Por lo anterior, realícese compulsa y cotejo de las mismas, para que sean agregadas al presente juicio de amparo; teniendo por autorizado para que las reciba a la persona que menciona, previa identificación y toma de razón que de su recibo deje en autos. Finalmente, lo anterior, queda supeditado a las gestiones pertinentes que realice la parte quejosa, establecidas en el artículo 6 del Acuerdo General 21/2020, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en relación al modelo de atención presencial basado en citas (generación del código QR), toda vez que no refiere causa justificada para que este órgano jurisdiccional agende su comparecencia.

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