Mireya Bonilla Fernández

Expediente 1111/2018 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 4 actuaciones registradas, la última del 5 de marzo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1111/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
05/03/2019

Partes del expediente

  • Mireya Bonilla Fernández
  • Sala Superior del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Veracruz

Actuaciones

  1. Principal

    Téngase por recibido el oficio número 183 III, signado por la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, con residencia en Boca del Río, Veracruz, al que adjunta testimonio de la queja 284/2018, de su índice, misma que resolvió en los siguientes términos: "ÚNICO. Se declara infundado el recurso de queja interpuesto por Andrea Doria Ortiz Aguirre, quien se ostenta como Delegada del Jefe del Departamento de Inspección y Atención Comercial del Ayuntamiento Constitucional de Xalapa, Veracruz, contra el acuerdo de ocho de noviembre de dos mil dieciocho, dictado por el Juez Decimoquinto de Distrito en el Estado, residente en Xalapa, Veracruz, en el juicio de amparo indirecto número 1111/2018." En consecuencia, acúsese el recibo de estilo correspondiente; háganse las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno y archívese este expediente como asunto concluido. Por otra parte, en cumplimiento al Capítulo Quinto, punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto número 01/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, resulta procedente decretar que el presente expediente ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, ya que se desechó la demanda que dio origen al presente juicio de amparo, por lo que una vez transcurridos más de cinco años se procederá a la destrucción del mismo, con posterioridad al CINCO DE MARZO DE DOS MIL VEINTICUATRO. De conformidad con lo establecido en el capítulo tercero, punto décimo, fracción I, del acuerdo 01/2009 en cita, una vez cumplido tres años de haberse ordenado el archivo del presente asunto, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; en el entendido de que se trasferirá con posterioridad al CINCO DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS. El presente asunto no se considera de relevancia documental por no encuadrar en algún supuesto de los establecidos en el capítulo quinto, punto vigésimo primero, último párrafo del Acuerdo General Conjunto precitado.

  2. Principal

    Téngase por recibido el oficio de cuenta, signado por la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, con residencia en Boca del Río, Veracruz, mediante el cual informa que admitió el recurso de queja interpuesto por Andrea Doria Ortiz Aguirre, quien se ostenta con el carácter de Jefe del Departamento de Inspección y Atención Comercial del Ayuntamiento Constitucional de Xalapa, Veracruz, en contra del auto de ocho de noviembre del año en curso, dictado en el juicio de amparo en que se actúa, a través del cual se desechó la demanda que promovió, radicando el toca 284/2018, de su índice; al respecto, agréguese para que obre como corresponda y surta los efectos legales conducentes.

  3. Principal

    Téngase por recibido el oficio de cuenta, remitido por la parte quejosa Andrea Doria Ortiz Aguirre, quien se ostenta como Delegada del Jefe del Departamento de Inspección y Atención Comercial del Ayuntamiento Constitucional de Xalapa, Veracruz, mediante el cual interpone recurso de queja en contra del acuerdo de ocho de noviembre de dos mil dieciocho, mediante el cual se desechó de plano por notoriamente improcedente la demanda; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99 y 101, de la Ley de Amparo, se rinde informe con justificación en relación a la materia de la queja, acepándose como cierto el acto reclamado, cuya legalidad se sostiene por sus propios fundamentos y consideraciones. Para acreditar lo anterior, se remiten copias debidamente certificadas de todas las actuaciones que integran el juicio de amparo número 1111/2018 a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, con residencia Boca del Río, Veracruz, juntamente con el escrito original de agravios, y la copia correspondiente al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a dicho Tribunal Colegiado.

  4. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA LO SIGUIENTE: Xalapa-Enríquez, Veracruz, ocho de noviembre de dos mil dieciocho. Vista la demanda de amparo promovida por Andrea Doria Ortiz Aguirre, quien se ostenta como delegada del Jefe del Departamento de Inspección y Atención Comercial del Ayuntamiento Constitucional de Xalapa, Veracruz, contra actos reclamados a la Sala Superior del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Veracruz, con sede en esta ciudad. FÓRMESE JUICIO Y REGÍSTRESE en el Libro de Gobierno correspondiente bajo el número 1111/2018. Al respecto, se acuerda: SUSTANCIACIÓN DEL JUICIO DE AMPARO, conforme al artículo 113 de la Ley de Amparo, el suscrito juzgador se encuentra facultado para desechar de plano una demanda, cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Por otra parte, cabe precisar que de acuerdo al diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, por manifiesto debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por indudable que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es, es decir, que aún y cuando se admitiera la demanda fuera imposible desvirtuar con probanzas la causal de improcedencia advertida desde el auto de desechamiento. ACTO RECLAMADO lo constituye el siguiente: 1. El acuerdo de diez de octubre del año en curso, emitido en el cuaderno de ejecución de sentencia 6/2018, derivado del juicio contencioso administrativo 74/2004/1ª-III, del índice de la Sala Superior del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Veracruz, con sede en esta ciudad, por el cual se desechó la reclamación interpuesta por la autoridad demandada -aquí quejosa-, en contra del auto de veinticinco de mayo de la presente anualidad, en el que se requirió a la demandada el cumplimiento de la sentencia, con un nuevo avalúo y expresando si existe la posibilidad de reubicar la caseta. INTERPRETACIÓN DE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. En la especie, este órgano jurisdiccional estima que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia que resulta de relacionar el artículo 61, fracción XXIII, con el diverso 107, fracción IV de la propia ley, que establecen lo siguiente: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107.- El amparo indirecto procede: IV. (...) Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución." (Lo subrayado es propio) Lo dispuesto en el primer artículo transcrito debe interpretarse en el sentido de que las causas de improcedencia del juicio de garantías que en forma enunciativa prevé dicho numeral, deben derivar necesariamente de cualquier mandamiento de la propia Ley de Amparo o de la Carta Magna, lo que de suyo implica que las fracciones anteriores del artículo 61 de la Ley de Amparo, sólo establecen algunos de los supuestos de improcedencia del juicio de amparo, pero esos supuestos no son los únicos en que dicho juicio puede estimarse improcedente, pues existen otras causas claramente previstas en algunos de los preceptos de la Constitución Federal y de la propia Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales. Tal disposición se relaciona con el diverso artículo 107, fracción IV, de la ley de la materia, del cual se desprende que el juicio de amparo es procedente contra actos de tribunales judiciales, entre otros, realizados fuera de juicio o después de concluido. En el caso de que los actos que se reclamen hayan sido emitidos dentro del procedimiento de ejecución de sentencia, la autorización legal que establece el dispositivo en cita, precisa que el juicio de amparo será procedente en contra de la última resolución dictada en dicho procedimiento de ejecución y que por tal se debe entender como la determinación que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente. Apoya a lo anteriormente citado la jurisprudencia número P./J.32/2001, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente". Ahora bien, si la parte promovente en su demanda de amparo señala como acto reclamado el acuerdo de diez de octubre del año en curso, emitido en el cuaderno de ejecución de sentencia 6/2018, derivado del juicio contencioso administrativo 74/2004/1ª-III, del índice de la Sala Superior del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Veracruz, con sede en esta ciudad, por el cual se desechó la reclamación interpuesta por la autoridad demandada -aquí quejosa-, en contra del auto de veinticinco de mayo de la presente anualidad, en el que se requirió a la demandada el cumplimiento de la sentencia, con un nuevo avalúo y expresando si existe la posibilidad de reubicar la caseta. En este contexto, se actualiza de manera manifiesta e indubitable la causa de improcedencia que resulta de relacionar el artículo 61, fracción XXIII, con el 107, fracción IV de la propia ley, en razón de que el acto que se pretende combatir no constituye la resolución que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, ni se trata de la resolución que ordena el archivo definitivo del expediente, sino que se trata de un acto intermedio dentro de tal procedimiento, en el que se desechó el recurso de reclamación interpuesto por la autoridad demandada, y se le requirió de nueva cuenta para que presentara un nuevo avalúo y expresara si existe la posibilidad de reubicar la caseta. Tiene aplicación la tesis número 2a. VIII/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "RESOLUCIONES INTERMEDIAS DICTADAS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CONTRA ELLAS. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo, procede el juicio de garantías contra los siguientes actos: a) Ejecutados fuera de juicio, como son actos preparatorios de juicio, interdictos, providencias precautorias, diligencias de jurisdicción voluntaria y otros similares; b) Ejecutados después de concluido el juicio, que son todos aquellos que se realizan con posterioridad a la sentencia ejecutoria pero que no están encaminados de manera directa a ejecutarla, sino a hacer posible o a preparar la ejecución; y c) De ejecución de sentencia propiamente dichos, los que necesariamente deben estar encaminados a cumplir con el fallo respectivo. En esta clasificación se encuentran también los procedimientos de remate. Por tanto, las resoluciones intermedias dictadas dentro del periodo de ejecución de sentencias, no pueden ser combatidas a través del juicio constitucional, habida cuenta de que al existir una sentencia ejecutoria o determinación con efectos equivalentes, debe evitarse la obstaculización de su cumplimiento. Por tanto, no procederá el juicio de amparo en contra del incidente de oposición a la ejecución del convenio homologado, en términos de los artículos 73, fracción XVIII y 114, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, aunque pretendan reclamar la inconstitucionalidad de una ley, sino hasta que se dicte la resolución terminal con la que culmine el procedimiento de ejecución." También se cita la tesis XIX. 1º.P.T.3 K, XXXII, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Noveno Circuito, cuyo rubro y texto es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDE SU DESECHAMIENTO POR MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA CUANDO SE RECLAMAN ACTOS INTRAPROCESALES VERIFICADOS EN PROCEDIMIENTOS EJECUTADOS DESPUÉS DE CONCLUIDO EL JUICIO Y EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA.- En la jurisprudencia 1a./J. 29/2003 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, junio de 2003, página 11, de rubro: "AMPARO INDIRECTO. REGLAS PARA SU PROCEDENCIA, RESPECTO DE ACTOS DICTADOS DENTRO DEL JUICIO, DESPUÉS DE CONCLUIDO Y EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA.", expresamente se mencionó que en la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo, el legislador de forma destacada introdujo una regla específica con el propósito de impedir que el juicio constitucional de referencia sea utilizado para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva o laudo con el carácter de cosa juzgada; dicha regulación consiste en que el juicio de amparo en la vía indirecta podrá promoverse contra actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo en ejecución de sentencia, solamente cuando se trate de la última resolución dictada en el procedimiento respectivo y nunca antes, con la posibilidad de reclamar en la misma demanda, las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso y, tratándose de remates, contra la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. En este orden, resulta inconcuso que como tales reglas tienen un tratamiento especial, al momento de su aplicación, no caben interpretaciones diferentes, pues de hacerlo, se correría el riesgo de desnaturalizar el juicio de garantías, de manera que cuando se reclamen actos dictados dentro del juicio que causen una ejecución de imposible reparación sobre las personas o las cosas, no pueden aplicarse las reglas que rigen para los actos dictados después de concluido el juicio y en ejecución de sentencia, porque si así se hiciera, el juicio de amparo indirecto sería procedente contra todos los actos dictados dentro de un procedimiento, aun cuando no causen una ejecución de imposible reparación. De igual forma, a los actos dictados después de concluido el juicio o en ejecución de sentencia, no se les puede aplicar la regla de procedencia del juicio de amparo indirecto que rige para actos dictados dentro del juicio, porque bastaría que se alegara que tales actos causan una ejecución de imposible reparación para que el juicio de amparo fuera procedente, lo cual trastoca los motivos por los que el legislador instrumentó esas reglas, que fueron evitar el abuso del juicio de garantías. En consecuencia, las demandas de amparo indirecto enderezadas contra actos intraprocesales verificados al interior de procedimientos de ejecución de sentencias o laudos, después de concluido el juicio, se encontrarán afectadas de un motivo manifiesto e indudable de improcedencia derivado de la mencionada tesis jurisprudencial y del artículo 73, fracción XVIII, en relación con el artículo 114, fracción III, interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo y, por tanto, procederá su desechamiento en términos del artículo 145 del propio ordenamiento." En este contexto, resulta claro que no se actualiza lo establecido en el artículo 107, fracción IV, en virtud de que el acuerdo de diez de octubre del año en curso, emitido en el cuaderno de ejecución de sentencia 6/2018, derivado del juicio contencioso administrativo 74/2004/1ª-III, del índice de la Sala Superior del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Veracruz, con sede en esta ciudad, no puede considerarse como la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución; además de que al ser parte demandada en el juicio natural, ya fue oída y vencida en juicio, tal y como lo afirma en su escrito de demanda, por lo que en cumplimiento de las sentencias no debe obstaculizarse con la promoción de múltiples amparos, siendo hasta que se dicte la última resolución en la fase ejecutiva, en la que estará en aptitud de promover la acción constitucional. Situación que deriva en la improcedencia del juicio de amparo, de conformidad con el precitado artículo, toda vez que, como se dijo, cuando se trata de violaciones cometidas tratándose de actos en ejecución de sentencia, sólo puede promoverse el amparo contra la resolución definitiva dictada en el procedimiento respectivo (la que la aprueba o declare la imposibilidad material o jurídica para cumplir, o que, ordenara el archivo definitivo del expediente), pudiendo reclamarse en esa misma demanda, las demás violaciones cometidas durante ese periodo, que hubieren dejado sin defensa a la parte quejosa. Consecuentemente, por lo expuesto en líneas precedentes, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda, con fundamento en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, respecto al acto y la autoridad precisados con anterioridad. DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA. Se tiene como domicilio de la parte quejosa, el señalado en la demanda que se provee y por autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Tania Sidney de la Cruz Tejeda, María Herlinda Franco Hernández y José Antonio Sánchez Rodríguez, quienes acorde a los lineamientos trazados por el Acuerdo 24/2005 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, cuentan con los registros números 167552, 108517 y 103746, respectivamente; y por autorizados con la restricción que impone el citado precepto, a Yvannia Olmos Roa, Daniel Luis Reyes Sulvarán, Hansel López Alfonso, Alexis Ramírez Marín, Cristopher Gómez Doseano y Vanessa Evelyn Laiz Vázquez, toda vez que dentro de la base de datos del referido sistema, no aparecen los registros correspondientes, ni tampoco la parte quejosa acreditó que aquellos cuenten con dicho documento. SE HABILITAN HORAS Y DÍAS HÁBILES AL ACTUARIO JUDICIAL. Con fundamento en lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles a cualquiera de los actuarios que le corresponda practicar alguna notificación relativa al presente expediente. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Toda vez que no existe impedimento legal para que la parte promovente, por si o por conducto de las personas que para tal fin autoriza, pueda hacer uso de scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro medio electrónico similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el suscrito juez federal, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por el actuario de juzgado, así como la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de que documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a disponibilidad del expediente y que este en trámite en este juzgado; lo anterior, de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. DIGITALIZACIÓN DE ACTUACIONES E INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. Se comisiona al Secretario, así como a los Oficiales Administrativos correspondientes y demás encargados de la digitalización de constancias, y a los Actuarios Judiciales en lo conducente, a supervisar y/o realizar, la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como la digitalización de las promociones, diligencias y documentos que obren en el mismo, de conformidad con lo previsto en el numeral 3 de la Ley de Amparo, así el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal. DEPURACIÓN. En caso de que al concluirse este juicio existan documentos originales en términos del capítulo primero, punto segundo, fracción dieciocho del Acuerdo General Conjunto 1/2009, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se requiere a la parte oferente del mismo para que se presente a recogerlos dentro de los siguientes noventa días naturales a que cause estado la resolución que ponga fin el presente juicio. Con apercibimiento que de no hacerlo se destruirán en términos del Capítulo Quinto, último párrafo del punto Vigésimo del citado Acuerdo General. Para ello se instruye al Secretario del Juzgado para que certifique junto con la orden de archivo la existencia de tales documentos; sin que se consideren como documentos originales la carta poder manuscrita, por no ser insustituible por otro que hay sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda; ni aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaria o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico. TRANSPARENCIA. Suprímase en versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, este último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese personalmente a la quejosa.Así lo acordó el ciudadano licenciado Jorge Holder Gómez, Juez Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz, quien firma ante el licenciado Uriel Curti Espinosa, secretario de acuerdos con quien actúa. Doy fe.

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