Miren Guadalupe Alaffita Splinker
Expediente 1173/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 5 actuaciones registradas, la última del 6 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1173/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 06/12/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Miren Guadalupe Alaffita Splinker
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, seis de diciembre de dos mil veintidós. De la certificación de cuenta se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere la Ley de Amparo en su artículo 86, sin que la parte quejosa haya recurrido el proveído de nueve de noviembre del año en curso, mediante el cual se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo; se declara que el mismo HA CAUSADO ESTADO, para los efectos legales correspondientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como definitivamente concluido. Con fundamento en el artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que entró en vigor al día siguiente; en cuanto a la valoración de este expediente se determina encuadra en el supuesto a que se refiere el artículo 21, inciso a) (juicios de amparo en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados), por lo que: a) No tiene relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo citado, ni este juzgador así lo estima, atendiendo a la importancia del asunto; b) Es susceptible de destrucción; c) Transcurridos tres años de ordenado el archivo, dentro de los treinta días siguientes procédase a su destrucción; y d) Remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Finalmente, téngase a la secretaria haciendo constar que en el presente asunto no se aportaron documentos originales, conforme a la certificación de cuenta. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, nueve de noviembre de dos mil veintidós. Del estado de los autos se advierte que en el presente juicio de amparo, la quejosa reclama del apoderado de la sociedad civil Red de Escuelas Universitarias del Sureste, Sociedad Civil; titular del Instituto de Investigaciones de Ciencias y Humanidades, los siguientes actos: La omisión y negativa de tramitar y hacerle entrega de su certificado de estudios parcial y la constancia o certificado de servicio social o prácticas profesionales. La falta de respuesta a su petición presentada el cinco de septiembre de dos mil veintidós. En el caso, este órgano jurisdiccional considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 1°, fracción I y 5º, fracción II, de la citada ley, que dicen: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente:. . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley". "Artículo 1°.- El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte; ." "Artículo 5º. Son partes en el juicio de amparo: II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas." En ese tenor, previo a exponer las razones de la decisión que se adopta, resulta necesario precisar que el concepto de autoridad responsable debe concebirse, fundamentalmente, por exclusión de los actos de particulares. Lo anterior es así, ya que la naturaleza, antecedentes y evolución del juicio de amparo apuntan a sostener que éste sólo procede contra actos de autoridad y por virtud de lo establecido en el ordinal 5º, fracción II, de la Ley de la materia, también procede excepcionalmente en contra de particulares, siempre y cuando, éstos realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. En ese contexto jurídico, resulta indispensable establecer las bases para distinguir un acto de otro, para lo cual es ideal atender a la clasificación que la teoría general del derecho hace de las relaciones jurídicas de coordinación, supra a subordinación y supraordinación. De acuerdo con esa teoría, las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. En cambio, las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social; se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos destaca, en el ámbito ordinario, el procedimiento contencioso-administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos, mientras que en el parámetro constitucional, el juicio de amparo. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y por ello, la Constitución reconoce una serie de derechos humanos como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Concomitante con lo anterior, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior, por encima de los particulares, regulándose también por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional, destacando en este último rubro, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad que señala el artículo 105, fracciones I y II, de la Constitución General de la República. En esas condiciones, es evidente que para definir el concepto de autoridad responsable es necesario tomar en cuenta la distinción de las relaciones jurídicas, examinando si la que se somete a la decisión de los órganos jurisdiccionales de amparo se ubica dentro de las denominadas de supra a subordinación, que tiene como presupuesto que la promovente tenga el carácter de gobernado y el ente señalado como autoridad actúe en un plano superior. Apoya lo anterior la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 1089, Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, Materia(s): Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado". Ahora, como ya se indicó, la quejosa señala como actos reclamados los siguientes: La omisión y negativa de tramitar y hacerle entrega de su certificado de estudios parcial y la constancia o certificado de servicio social o prácticas profesionales. La falta de respuesta a su petición presentada el cinco de septiembre de dos mil veintidós. Actos que reclama al apoderado de la Red de Escuelas Universitarias del Sureste, Sociedad Civil; titular del Instituto de Investigaciones de Ciencias y Humanidades, pues en la demanda de amparo, bajo protesta de decir verdad, manifiesta que cursó la licenciatura en comunicación en la Red de Escuelas Universitarias del Sureste, Sociedad Civil; titular del Instituto de Investigaciones de Ciencias y Humanidades, con número de control 1881027, asignada al Grupo Comunicación VIII, octavo semestre, periodo febrero 2022 - julio 2022, obteniendo únicamente calificaciones del primer parcial, por acciones cometidas en su persona por parte del personal administrativo de dicha institución, y que con motivo de dichas acciones no le fue posible concluir satisfactoriamente los dos parciales restantes para obtener calificaciones finales del semestre que cursaba, y por ende finalizar el plan de estudios de dicha licenciatura. Agrega, que derivado de la denuncia presentada por la quejosa ante la Procuraduría Federal del Consumidor, oficina de Defensa del Consumidor, Zona Benito Juárez (Oaxaca), el veintitrés de agosto de dos mil veintidós, se celebró la audiencia de conciliación, en el expediente PFC.OAX.B.3/000444-2022. Asimismo refiere que el cinco de septiembre de dos mil veintidós, presentó un escrito dirigido al apoderado legal de la Red de Escuelas Universitarias del Sureste, Sociedad Civil; titular del Instituto de Investigaciones de Ciencias y Humanidades, en el cual solicitó se le proporcionara información para obtener su certificado de estudios parcial, constancia de servicio social o prácticas profesionales, el costo de la expedición de dichos documentos y el plazo para su otorgamiento (fojas 26 a 28). Ahora bien, el apoderado legal de la persona moral denominada Red de Escuelas Universitarias del Sureste, Sociedad Civil; titular del Instituto de Investigaciones de Ciencias y Humanidades, al rendir su informe justificado negó la existencia de los actos reclamados, y acompañó al mismo el oficio de diez de septiembre del año en curso, en que dio respuesta a la petición de la quejosa, realizada mediante escrito presentado el cinco de los referidos mes y año (fojas 41 vuelta - 43 vuelta). De dicho oficio se aprecia que entre otros aspectos, le informaron a la promovente los requisitos para la obtención del certificado parcial de estudios, entre ellos, la constancia de no adeudo administrativo, pues adeuda las colegiaturas de los meses de marzo, julio y agosto de dos mil veintiuno, además de los recargos de los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre del mismo año, y enero de dos mil veintidós, lo que arroja la cantidad de $13,799.00; además, le comunicaron que luego de realizar una búsqueda en los archivos del departamento de control escolar, no se encontró solicitud y ejecución del servicio social; que no existe una liberación de las prácticas profesionales y que el certificado parcial de estudio se le otorgaría de manera gratuita. Lo anterior, evidencia que en el caso concreto, a la autoridad señalada como responsable por la quejosa, esto es, a la Red de Escuelas Universitarias del Sureste, Sociedad Civil; titular del Instituto de Investigaciones de Ciencias y Humanidades, no le reviste el carácter de responsable para los efectos del presente juicio de amparo, en la medida que sus actos, por carecer de imperio y de coerción, se consideran como de aquéllos realizados por particulares, contra los cuales no procede el juicio constitucional. Lo anterior, toda vez que el proceder atribuido a la Red de Escuelas Universitarias del Sureste, Sociedad Civil; titular del Instituto de Investigaciones de Ciencias y Humanidades, no reviste los presupuestos de unilateralidad, coercitividad e imperatividad, indispensables para que en los términos de los numerales antes aludidos provengan de una autoridad para los efectos de la procedencia de la acción de amparo. En efecto la relación existente entre la quejosa, y a la institución educativa de carácter privada, deriva de una relación contractual, pues la relación entre las universidades particulares y sus educandos tiene su origen en una disposición integrada al orden privado y no constituye un acto unilateral, sino de coordinación, atendiendo a que aquéllas tienen como objeto prestar servicios educativos en los niveles medio superior y superior y actúan con base en su normativa interna, que obliga únicamente a quienes por voluntad propia deciden adquirir el carácter de alumnos y tienen conocimiento de que ante el incumplimiento de lo acordado en la relación contractual, pueden tomarse las medidas disciplinarias correspondientes. Así lo sostuvo la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 65/2018 (10a.), Décima Época, consultable en la página 647, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 56, Julio de 2018, Tomo I, que dice: "UNIVERSIDADES PRIVADAS. CUANDO REALIZAN ACTOS RELACIONADOS CON LA INSCRIPCIÓN O INGRESO, EVALUACIÓN, PERMANENCIA O DISCIPLINA DE SUS ALUMNOS, NO TIENEN EL CARÁCTER DE AUTORIDAD RESPONSABLE PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El artículo 5o., fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo prevé que para efectos de esa ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esa fracción y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Ahora bien, el hecho de que una universidad privada realice actos relacionados con la inscripción o ingreso, evaluación, permanencia o disciplina de sus alumnos, con motivo de la aplicación de la normativa interna, no conlleva que se constituya en un particular que realiza actos de autoridad para efectos del juicio de amparo (por más que el estudiante pueda considerar que afecta sus derechos), ya que la relación entre las universidades particulares y sus educandos tiene su origen en una disposición integrada al orden privado y no constituye un acto unilateral, sino de coordinación, atendiendo a que aquéllas tienen como objeto prestar servicios educativos en los niveles medio superior y superior y actúan con base en su normativa interna, que obliga únicamente a quienes por voluntad propia deciden adquirir el carácter de alumnos y tienen conocimiento de que ante el incumplimiento de lo acordado en la relación contractual, pueden tomarse las medidas disciplinarias correspondientes, las que no constituyen un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo." Ante tales circunstancias, resulta evidente se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 1°, fracción I y 5º, fracción II, de la misma Ley. Lo cual conlleva a sobreseer en el juicio fuera de audiencia, en términos de la fracción V, del artículo 63 de la ley de la materia, y acorde al principio de celeridad procesal consagrado en el artículo 17 de la Constitución Federal. Funda lo anterior, el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis jurisprudencial número 2ª.J/10/2003, visible en la página 386, Tomo XVII, Marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". En virtud de lo anterior, quedan sin efecto la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional (nueve horas con cuarenta minutos del dieciséis de noviembre de dos mil veintidós), ya que no es necesario esperar a esa fecha para sobreseer en el presente asunto, dada la manifiesta e indudable causa de sobreseimiento del juicio de amparo, pues ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultado de la resolución siempre sería en el mismo sentido; además, en beneficio de una pronta y expedita administración de justicia en términos del invocado artículo 17 de la Constitución Federal. Se cita en apoyo de lo anterior, la tesis número XIV.1o.13 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, Agosto de 2000, página 1235, que dice: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA. CUANDO DERIVA DE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE DEL JUICIO DE GARANTÍAS, NO CAUSA AGRAVIO AL QUEJOSO NI LO PRIVA DE DEFENSA.- No causa ningún agravio al quejoso ni se le priva de defensa cuando se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia, siempre que derive de una causal notoria, manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo, como lo es el cambio de situación jurídica (de orden de aprehensión a auto de formal prisión), de suerte que ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido; por ende, a nada práctico conduciría ordenar reponer el procedimiento para que se verifique la citada audiencia, pues invariablemente la conclusión sería la misma. Por consiguiente, cuando las causas de improcedencia son notorias e indudables, de modo que nada pueda impedir el sobreseimiento en el juicio, es posible hacerlo fuera de audiencia; además, tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 constitucional.". NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
PREVIO AVISO A LA PARTE QUEJOSA: - - - - - San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, nueve de noviembre de dos mil veintidós. Del estado de los autos se advierte que en el presente juicio de amparo, la quejosa reclama del apoderado de la sociedad civil Red de Escuelas Universitarias del Sureste, Sociedad Civil; titular del Instituto de Investigaciones de Ciencias y Humanidades, los siguientes actos: La omisión y negativa de tramitar y hacerle entrega de su certificado de estudios parcial y la constancia o certificado de servicio social o prácticas profesionales. La falta de respuesta a su petición presentada el cinco de septiembre de dos mil veintidós. En el caso, este órgano jurisdiccional considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 1°, fracción I y 5º, fracción II, de la citada ley, que dicen: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente:. . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley". "Artículo 1°.- El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte; ." "Artículo 5º. Son partes en el juicio de amparo: II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas." En ese tenor, previo a exponer las razones de la decisión que se adopta, resulta necesario precisar que el concepto de autoridad responsable debe concebirse, fundamentalmente, por exclusión de los actos de particulares. Lo anterior es así, ya que la naturaleza, antecedentes y evolución del juicio de amparo apuntan a sostener que éste sólo procede contra actos de autoridad y por virtud de lo establecido en el ordinal 5º, fracción II, de la Ley de la materia, también procede excepcionalmente en contra de particulares, siempre y cuando, éstos realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. En ese contexto jurídico, resulta indispensable establecer las bases para distinguir un acto de otro, para lo cual es ideal atender a la clasificación que la teoría general del derecho hace de las relaciones jurídicas de coordinación, supra a subordinación y supraordinación. De acuerdo con esa teoría, las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. En cambio, las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social; se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos destaca, en el ámbito ordinario, el procedimiento contencioso-administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos, mientras que en el parámetro constitucional, el juicio de amparo. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y por ello, la Constitución reconoce una serie de derechos humanos como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Concomitante con lo anterior, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior, por encima de los particulares, regulándose también por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional, destacando en este último rubro, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad que señala el artículo 105, fracciones I y II, de la Constitución General de la República. En esas condiciones, es evidente que para definir el concepto de autoridad responsable es necesario tomar en cuenta la distinción de las relaciones jurídicas, examinando si la que se somete a la decisión de los órganos jurisdiccionales de amparo se ubica dentro de las denominadas de supra a subordinación, que tiene como presupuesto que la promovente tenga el carácter de gobernado y el ente señalado como autoridad actúe en un plano superior. Apoya lo anterior la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 1089, Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, Materia(s): Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado". Ahora, como ya se indicó, la quejosa señala como actos reclamados los siguientes: La omisión y negativa de tramitar y hacerle entrega de su certificado de estudios parcial y la constancia o certificado de servicio social o prácticas profesionales. La falta de respuesta a su petición presentada el cinco de septiembre de dos mil veintidós. Actos que reclama al apoderado de la Red de Escuelas Universitarias del Sureste, Sociedad Civil; titular del Instituto de Investigaciones de Ciencias y Humanidades, pues en la demanda de amparo, bajo protesta de decir verdad, manifiesta que cursó la licenciatura en comunicación en la Red de Escuelas Universitarias del Sureste, Sociedad Civil; titular del Instituto de Investigaciones de Ciencias y Humanidades, con número de control 1881027, asignada al Grupo Comunicación VIII, octavo semestre, periodo febrero 2022 - julio 2022, obteniendo únicamente calificaciones del primer parcial, por acciones cometidas en su persona por parte del personal administrativo de dicha institución, y que con motivo de dichas acciones no le fue posible concluir satisfactoriamente los dos parciales restantes para obtener calificaciones finales del semestre que cursaba, y por ende finalizar el plan de estudios de dicha licenciatura. Agrega, que derivado de la denuncia presentada por la quejosa ante la Procuraduría Federal del Consumidor, oficina de Defensa del Consumidor, Zona Benito Juárez (Oaxaca), el veintitrés de agosto de dos mil veintidós, se celebró la audiencia de conciliación, en el expediente PFC.OAX.B.3/000444-2022. Asimismo refiere que el cinco de septiembre de dos mil veintidós, presentó un escrito dirigido al apoderado legal de la Red de Escuelas Universitarias del Sureste, Sociedad Civil; titular del Instituto de Investigaciones de Ciencias y Humanidades, en el cual solicitó se le proporcionara información para obtener su certificado de estudios parcial, constancia de servicio social o prácticas profesionales, el costo de la expedición de dichos documentos y el plazo para su otorgamiento (fojas 26 a 28). Ahora bien, el apoderado legal de la persona moral denominada Red de Escuelas Universitarias del Sureste, Sociedad Civil; titular del Instituto de Investigaciones de Ciencias y Humanidades, al rendir su informe justificado negó la existencia de los actos reclamados, y acompañó al mismo el oficio de diez de septiembre del año en curso, en que dio respuesta a la petición de la quejosa, realizada mediante escrito presentado el cinco de los referidos mes y año (fojas 41 vuelta - 43 vuelta). De dicho oficio se aprecia que entre otros aspectos, le informaron a la promovente los requisitos para la obtención del certificado parcial de estudios, entre ellos, la constancia de no adeudo administrativo, pues adeuda las colegiaturas de los meses de marzo, julio y agosto de dos mil veintiuno, además de los recargos de los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre del mismo año, y enero de dos mil veintidós, lo que arroja la cantidad de $13,799.00; además, le comunicaron que luego de realizar una búsqueda en los archivos del departamento de control escolar, no se encontró solicitud y ejecución del servicio social; que no existe una liberación de las prácticas profesionales y que el certificado parcial de estudio se le otorgaría de manera gratuita. Lo anterior, evidencia que en el caso concreto, a la autoridad señalada como responsable por la quejosa, esto es, a la Red de Escuelas Universitarias del Sureste, Sociedad Civil; titular del Instituto de Investigaciones de Ciencias y Humanidades, no le reviste el carácter de responsable para los efectos del presente juicio de amparo, en la medida que sus actos, por carecer de imperio y de coerción, se consideran como de aquéllos realizados por particulares, contra los cuales no procede el juicio constitucional. Lo anterior, toda vez que el proceder atribuido a la Red de Escuelas Universitarias del Sureste, Sociedad Civil; titular del Instituto de Investigaciones de Ciencias y Humanidades, no reviste los presupuestos de unilateralidad, coercitividad e imperatividad, indispensables para que en los términos de los numerales antes aludidos provengan de una autoridad para los efectos de la procedencia de la acción de amparo. En efecto la relación existente entre la quejosa, y a la institución educativa de carácter privada, deriva de una relación contractual, pues la relación entre las universidades particulares y sus educandos tiene su origen en una disposición integrada al orden privado y no constituye un acto unilateral, sino de coordinación, atendiendo a que aquéllas tienen como objeto prestar servicios educativos en los niveles medio superior y superior y actúan con base en su normativa interna, que obliga únicamente a quienes por voluntad propia deciden adquirir el carácter de alumnos y tienen conocimiento de que ante el incumplimiento de lo acordado en la relación contractual, pueden tomarse las medidas disciplinarias correspondientes. Así lo sostuvo la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 65/2018 (10a.), Décima Época, consultable en la página 647, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 56, Julio de 2018, Tomo I, que dice: "UNIVERSIDADES PRIVADAS. CUANDO REALIZAN ACTOS RELACIONADOS CON LA INSCRIPCIÓN O INGRESO, EVALUACIÓN, PERMANENCIA O DISCIPLINA DE SUS ALUMNOS, NO TIENEN EL CARÁCTER DE AUTORIDAD RESPONSABLE PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El artículo 5o., fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo prevé que para efectos de esa ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esa fracción y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Ahora bien, el hecho de que una universidad privada realice actos relacionados con la inscripción o ingreso, evaluación, permanencia o disciplina de sus alumnos, con motivo de la aplicación de la normativa interna, no conlleva que se constituya en un particular que realiza actos de autoridad para efectos del juicio de amparo (por más que el estudiante pueda considerar que afecta sus derechos), ya que la relación entre las universidades particulares y sus educandos tiene su origen en una disposición integrada al orden privado y no constituye un acto unilateral, sino de coordinación, atendiendo a que aquéllas tienen como objeto prestar servicios educativos en los niveles medio superior y superior y actúan con base en su normativa interna, que obliga únicamente a quienes por voluntad propia deciden adquirir el carácter de alumnos y tienen conocimiento de que ante el incumplimiento de lo acordado en la relación contractual, pueden tomarse las medidas disciplinarias correspondientes, las que no constituyen un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo." Ante tales circunstancias, resulta evidente se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 1°, fracción I y 5º, fracción II, de la misma Ley. Lo cual conlleva a sobreseer en el juicio fuera de audiencia, en términos de la fracción V, del artículo 63 de la ley de la materia, y acorde al principio de celeridad procesal consagrado en el artículo 17 de la Constitución Federal. Funda lo anterior, el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis jurisprudencial número 2ª.J/10/2003, visible en la página 386, Tomo XVII, Marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". En virtud de lo anterior, quedan sin efecto la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional (nueve horas con cuarenta minutos del dieciséis de noviembre de dos mil veintidós), ya que no es necesario esperar a esa fecha para sobreseer en el presente asunto, dada la manifiesta e indudable causa de sobreseimiento del juicio de amparo, pues ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultado de la resolución siempre sería en el mismo sentido; además, en beneficio de una pronta y expedita administración de justicia en términos del invocado artículo 17 de la Constitución Federal. Se cita en apoyo de lo anterior, la tesis número XIV.1o.13 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, Agosto de 2000, página 1235, que dice: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA. CUANDO DERIVA DE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE DEL JUICIO DE GARANTÍAS, NO CAUSA AGRAVIO AL QUEJOSO NI LO PRIVA DE DEFENSA.- No causa ningún agravio al quejoso ni se le priva de defensa cuando se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia, siempre que derive de una causal notoria, manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo, como lo es el cambio de situación jurídica (de orden de aprehensión a auto de formal prisión), de suerte que ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido; por ende, a nada práctico conduciría ordenar reponer el procedimiento para que se verifique la citada audiencia, pues invariablemente la conclusión sería la misma. Por consiguiente, cuando las causas de improcedencia son notorias e indudables, de modo que nada pueda impedir el sobreseimiento en el juicio, es posible hacerlo fuera de audiencia; además, tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 constitucional.". NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cuatro de noviembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio de cuenta y anexo que acompaña, signado por el apoderado legal de la personal moral denominada RED DE ESCUELAS UNIVERSITARIAS DEL SURESTE, SOCIEDAD CIVIL (personalidad que acredita con la copia certificada del instrumento notarial ciento veintinueve mil seiscientos sesenta y siete, volumen dos mil noventa y dos, pasado ante la fe del Notario Público 38, de la Ciudad de Oaxaca), mediante el cual rinde informe justificado; en consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga. Con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas documentales, las copias certificadas que remite dicha responsable, las cuales se tienen por desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de hacer relación de ellas en la audiencia constitucional y se tenga por recibida en ese acto. Por otra parte, con fundamento en el artículo 9 de la ley de la materia, se tienen como delegados, así como domicilio para recibir notificaciones, los indicados en el oficio de cuenta. Asimismo, téngasele proporcionando el número telefónico 9511066704 y el correo electrónico jesusaquino@hotmail.com, para establecer contacto en casos necesarios. NOTIFÍQUESE
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