Mirella Maldonado Maldonado

Expediente 735/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 4 actuaciones registradas, la última del 10 de agosto de 2021.

Datos del expediente

Expediente
735/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
10/08/2021

Partes del expediente

  • Mirella Maldonado Maldonado
  • Juez Tercero Civil En Materia Familiar Y de Suscesiones de Primera Instancia del Cuarto Distrito Judicial En el Estado

Actuaciones

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, diez de agosto de dos mil veintiuno. Vista la razón de cuenta, de la que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 2º de la Ley invocada, en relación con el 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que el auto referido por el que se desechó de plano la demanda de amparo, ha quedado firme, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y archívese el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; en términos de lo establecido en el Capítulo Quinto, artículo 15, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico o versen sobre materia agraria. Toda vez que en el presente juicio se desechó de plano la demanda de amparo, por tanto, es evidente que se ubica en los supuestos a que se refiere el Acuerdo General en alusión, en el Capítulo Octavo, artículo 21, fracción d), y por consiguiente, en el Capítulo Noveno artículos 25 y 26, concernientes a la digitalización de expedientes; en esas condiciones, se declara que el presente expediente sí es susceptible de destrucción. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, asistido del Secretario Jorge Manuel Díaz Carranza, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    CITATORIO.- En términos del artículo 27, fracción I, inciso b) y 29 de la Ley de Amparo, procedo a NOTIFICAR por medio de lista que se fija en los estrados de este Tribunal; así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, a la parte QUEJOSA MIRELLA MALDONADO MALDONADO, el auto y/o resolución de DIECINUEVE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO, que en lo conducente establece: Cuernavaca, Morelos, diecinueve de julio de dos mil veintiuno. Se tiene por recibido el escrito signado por MIRELLA MALDONADO MALDONADO, por medio del cual desahoga el requerimiento formulado por auto de veinticuatro de junio del año en curso, el que se ordena agregar a los autos para que obre como legalmente corresponda y, por ende se tiene por aclarado y precisado el acto por esta vía reclamado. DESECHAMIENTO De acuerdo al artículo 113 de la actual Ley de Amparo, el juez de distrito debe examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo DESECHARÁ DE PLANO. Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Atento a lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo, toda vez que de su estudio integral, se advierten motivos manifiestos e indudables de improcedencia, atendiendo a las siguientes consideraciones. Para efectuar ese examen preliminar deben considerarse únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda y los anexos que se acompañen; siendo que por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Resulta aplicable la Jurisprudencia I.13o.A. J/6, pronunciada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, Tomo XX, Septiembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial y su Gaceta, del rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO.". Este lineamiento normativo tiene como base constitucional lo preceptuado en el artículo 17, que consagra el derecho a la administración de justicia e impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. Atento a lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la JORGE MANUEL demanda, toda vez que, de su estudio integral se advierten motivos manifiestos e indudables de improcedencia, atendiendo a las siguientes consideraciones: ACTO RECLAMADO. En el caso, el acto combatido es el auto de veintiocho de mayo de dos mil veintiuno, dictado en el expediente 297/2019- 3, de divorcio incausado, en el cual el Juez Tercero Civil en Materia Familiar y de Sucesiones de Primera Instancia del Cuarto Distrito Judicial en el Estado, no acordó de conformidad la petición de medida precautoria solicitada por la quejosa para ser depositada judicialmente en el domicilio conyugal ubicado en calle Lauro Ortega Martínez número 26, colonia 3 de Mayo, Tlaquiltenango, Morelos. CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. En el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;" Conforme a esta disposición el juicio de amparo es improcedente contra resoluciones de tribunales judiciales administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. De igual manera, contiene excepciones al deber de interponer dichos recursos o medios de defensa, que no se actualizan en el caso concreto, pues no se está ante actos prohibidos por el artículo 22 constitucional, ni actos que afecten la libertad personal de la parte quejosa, y la impetrante no se ostenta como tercero extraño al juicio de origen, al ser parte demandada en el juicio de divorcio incausado 297/2019-3. Por lo expuesto, tenemos que la causa de improcedencia tiene como origen el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. Tal principio encuentra su justificación en el hecho de que, al ser el juicio de amparo un medio extraordinario de defensa constitucional, la parte quejosa debe previamente acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos en la propia ley y en la jurisprudencia. Como quedó demostrado, la quejosa es parte demandada en el juicio de divorcio incausado de origen, del que emana el acto reclamado. La causa de improcedencia se surte en razón de que, procede el recurso de revocación, esto es, el acto que reclama la promovente tiene forma de reparación, ya que puede ser JORGE MANUEL revocado, modificado o confirmado, a través del aludido medio de impugnación, previsto por el artículo a 566 del Código Procesal Familiar del Estado de Morelos, que a la letra dice "ARTÍCULO 566.- PROCEDENCIA DE LA REVOCACIÓN. Los autos y proveídos pueden ser revocados por el juez que los dicte o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio, cuando la ley no establezca expresamente la procedencia de otro recurso.". En efecto, en términos del numeral invocado se establece que los autos y proveídos pueden ser revocados por el juez que los dictó, cuando éstos no sean apelables, advirtiendo que en la codificación procesal familiar en el artículo 572, no está previsto el recurso de apelación para casos como el aquí combatido, motivo por el cual, en el supuesto plateado es dable concluir que procede el recurso de revocación indicado. Sin que ello pugne con lo dispuesto en el citado ordenamiento local por cuanto prevé que la determinación que resuelve la disolución del vínculo matrimonial es inapelable, habida cuenta que ha sido criterio de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que las resoluciones que se pronuncien dentro del procedimiento, antes y después de decretarse el divorcio, son recurribles. Lo anterior, encuentra sustento en las consideraciones plasmadas en la jurisprudencia 137/2012 (10a.), de la Décima Época, con registro 2003035, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 1, Materia(s): Civil, página: 634, de rubro: "DIVORCIO SIN EXPRESIÓN DE CAUSA. ES PROCEDENTE EL RECURSO DE QUEJA CONTRA LA RESOLUCIÓN DEL JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA QUE NO DA CURSO O NIEGA ADMITIR LA DEMANDA O SOLICITUD DE AQUÉL." En tal orden de ideas, previo a comparecer a esta instancia constitucional, la quejosa debió agotar el recurso de revocación que contempla el referido numeral del Código Procesal Familiar para el Estado de Morelos, pues a través de ese medio puede impugnarse el auto que pretende reclamar en la presente instancia constitucional y así lograr su invalidez. Se corrobora lo anterior, con la jurisprudencia 116/2012 (10a.), Décima Época, con registro: 2002767, de la Primera Sala del Máximo Tribunal, con rubro: "DIVORCIO SIN EXPRESIÓN DE CAUSA. LAS RESOLUCIONES INTERMEDIAS DICTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL JUICIO, CONCRETAMENTE ANTES DE LA DECLARACIÓN DE DIVORCIO, SON IMPUGNABLES A TRAVÉS DE LOS RECURSOS DE REVOCACIÓN Y APELACIÓN, SEGÚN LA NATURALEZA DE LA RESOLUCIÓN QUE SE PRETENDA IMPUGNAR (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL)." En consecuencia, dado que el recurso de revocación constituye un medio de defensa respecto del cual la impetrante tiene obligación de agotar en su calidad de parte, ello en estricta observancia al principio de definitividad que impera en el juicio de amparo, y que dicho medio de defensa es idóneo al ser susceptible de modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, lo que en el particular no se satisfizo. Ahora bien, a fin de sustentar lo afirmado, es importante establecer que la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. En efecto, el primero de los mencionados se refiere a la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y que genera la afectación a la esfera jurídica de la quejosa, por la transgresión de un derecho sustantivo que no es susceptible de reparar con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. En tanto que el principio de definitividad, se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recurso ordinarios previstos en la ley contra el acto reclamado; así como a la posibilidad,derivada de las normas legales aplicables al caso, de que el interesado renuncie a ellos. Sin que en torno a dicho principio, se inadvierta la posibilidad que prevé la ley para su inobservancia, la que se actualiza en tratándose de actos que importen peligro de privación de la vida, deportación o destierro, así como cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal y aquellos supuestos que prevea la jurisprudencia. Supuestos de excepción que no se surten en la especie, dado que si bien la quejosa sostiene lo contrario, argumentando al efecto su pertenencia al grupo de persona vulnerable, desprotegida, sin casa y sin empleo, atentando contra sus derechos e integridad y dignidad personal; ello no la excluye de la obligación de observar el principio de definitividad y agotarlo a fin de combatir el acto reclamado, previo a la promoción del juicio de amparo. Lo que así se afirma, en función de que según lo expuesto, las circunstancias que hacen peligrar su integridad, las reprocha a la conducta del actor, no así al acto reclamado; siendo el caso que las mismas, no están incluidas en el catálogo que el legislador y los órganos del poder judicial de la federación expresa y limitativamente han definido en la ley y en la jurisprudencia para la actualización de los supuestos de excepción para la inobservancia del multireferido principio; de ahí que resulte válido afirmar que en el caso en particular, sí es obligación de la parte quejosa agotar el medio de defensa ordinario previo al juicio constitucional intentado, el de que como fue planteado, resulta improcedente. Se sustenta lo anterior en la jurisprudencia 11/2018 (10a.), de la Décima Época, con registro: 2017117, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con rubro y texto: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo." Por lo expuesto, al actualizarse la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda, promovida por MIRELLA MALDONADO MALDONADO, contra actos del Juez Tercero Civil en Materia Familiar y de Sucesiones de Primera Instancia del Cuarto Distrito Judicial en el Estado. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Gabriela Tirado Ruiz, Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, Encargada del Despacho por vacaciones del Titular autorizadas por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y comunicada mediante oficio CCJ/ST/2059/2021 de veintiocho de junio de dos mil veintiuno, ante el Secretario Jorge Manuel Díaz Carranza, que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veinticuatro de junio de dos mil veintiuno. Agréguese el oficio y anexo de cuenta, mediante el cual informa el cumplimiento a la ejecutoria de amparo, remitiendo la constancia correspondiente para acreditar lo anterior. Ahora bien, con el contenido del oficio de referencia, dese vista a la parte quejosa, para los efectos precisados en el artículo 196 de la Ley de Amparo, por el término de tres días, que les serán contados a partir del día siguiente en que surta efectos la notificación del presente proveído, a fin de que realice las manifestaciones que estime oportunas; y una vez fenecido el plazo, emítase la determinación correspondiente en términos del referido numeral. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Cosme Ernesto Cárdenas Gómez, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, Encargado del Despacho por licencia del Titular, en términos de lo dispuesto por el artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizada por el Presidente del Consejo de la Judicatura Federal mediante oficio 2054/2021 de siete de junio de dos mil veintiuno, ante el Secretario Paulo Yair García Meza, que autoriza y da fe.****

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