Mirella Hernández González
Expediente 500/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 21 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 500/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 21/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Mirella Hernández González
Actuaciones
- Principal
"...Boca del Río, Veracruz, veintiuno de junio de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, se declara: el auto que desechó la demanda de amparo ha causado estado, para los efectos legales correspondientes. Archívese como asunto concluido. Hágase la captura en el libro electrónico correspondiente, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). DESTINO. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se establece que el presente asunto es susceptible de destrucción -una vez transcurran tres años- al haberse desechado la demanda y carecer de relevancia documental. Notifíquese...".
- Principal
Boca del Río, Veracruz, ocho de junio de dos mil veintitrés. Fórmese expediente con la demanda de amparo promovida por ********************, contra actos de la Comisión Federal de Electricidad, con sede en Veracruz, Veracruz y otras. Regístrese con el número 500/2023-V. Hágase la captura en el libro electrónico de registro correspondiente, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). DESECHAMIENTO. De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar el escrito de demanda. De encontrar algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia deberá desecharla de plano. Así, en el caso justiciable, el suscrito advierte en la especie se surte el supuesto de improcedencia que resulta de relacionar los numerales 61, fracción XXIII, con los diversos 1, fracción I, y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo. De esos preceptos se desprende que por "autoridad" debe entenderse aquella que ordena, emite, autoriza o sanciona, publica, lleva a cabo actos de ejecución o ejecuta la ley o el acto que se le reclama. Por tanto, interpretados en sentido contrario, el juicio biinstancial resulta improcedente en contra de aquellos entes que no les recaigan tales características. Ahora, la lectura íntegra de la demanda permite advertir que el reclamo consisten en: - El corte de suministro de energía eléctrica. Al parecer, desde el dos de junio de dos mil veintitrés (apartado de hechos marcado con el número dos). En el domicilio ubicado en calle ********************. Con número de servicio ********************De los antecedentes, se aprecia: -La quejosa habita en ese domicilio. -En fecha cinco de junio de dos mil veintitrés, se presentó ante el personal de la empresa mencionada, para preguntar la razón por la cual le habían cortado el suministro de energía eléctrica en su domicilio. Por lo que en ese acto se le informó tiene un adeudo por la cantidad de ********************(treinta y ocho mil pesos moneda nacional). -Que en sus pagos va al corriente, asimismo refiere la última facturación fue de marzo de dos mil veintidós (sic). En ese tenor, es factible sostener que los actos reclamados son cuestiones inherentes a los derechos y obligaciones derivados del suministro de energía eléctrica proporcionado por la Comisión Federal de Electricidad a los particulares. Situaciones que surgen en el ámbito del derecho privado contractual. En el caso concreto, los actos de que se duele la peticionaria de amparo no genera per sé que la relación de coordinación se transforme en una supra a subordinación. Sólo implica el ejercicio del legítimo deber de brindar la prestación como cualquier relación contractual, como sucede tratándose de contratos privados, en materia de seguros, telefonía, tarjetas de crédito, entre otros. Así, el corte del suministro de energía eléctrica no puede verse como un procedimiento de ejecución de mecanismos coercitivos dirigido a obtener algo del particular. En todo caso debe ventilar las cuestiones que aduce (ilegal corte, se encuentra al corriente de pagos, generó folio de reconexión, no existen irregularidades en la instalación eléctrica y medidor, etcétera) derivadas del suministro de energía eléctrica como derechos y obligaciones propios de los contratos ante la potestad común. De manera que si considera indebido el corte de energía eléctrica que realizó la empresa Comisión Federal de Electricidad en el inmueble donde tiene contratado el servicio, debe acudir ante las instancias ordinarias a efecto de hacer valer esos derechos derivados de su relación contractual. En las cuales necesariamente su contraparte deberá establecer, en razón de las prestaciones que reclame, las razones por las cuales efectuó la suspensión de la que se duele. Ya que todas esas cuestiones se advierten cuentan con naturaleza comercial. Por lo que las controversias suscitadas entre las partes deben decidirse en vía ordinaria, no en una instancia extraordinaria de amparo. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 30/2018 (10a.), aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 532, Libro 53, Abril de 2018, Tomo I de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materias Común, Administrativa, Civil, registro 2016656, de rubro y sinopsis siguientes: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. NO ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA ACTOS PREVISTOS EN EL CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA. La interpretación teleológica del régimen jurídico especial que tutela esa actividad de la empresa productiva del Estado, lleva a considerar que su objetivo es garantizar que el servicio se preste, ello en un sistema de libre competencia. De ahí que no la ejerce en un plano de supra a subordinación porque el contrato de adhesión no somete arbitraria y unilateralmente la voluntad de los contratantes a las condiciones de la empresa; máxime que su contenido es verificado por la Comisión Reguladora de Energía y la Procuraduría Federal del Consumidor para asegurar que no contenga cláusulas leoninas, abusivas o inequitativas para el contratante, mientras se protege la actividad comercial de la sociedad. En esa virtud, tales actos, incluido el corte del suministro en términos del contrato, forman parte de esa relación comercial y la vía procedente para dirimir lo relativo es la ordinaria mercantil. Sin que esto impida que cuando la empresa realice actos que vulneren derechos humanos fuera de lo estipulado y aceptado por las partes, o cuando aplique normas que se estimen inconstitucionales, se le pudiera señalar como autoridad responsable. Cuestión que deberá ser analizada en cada caso concreto por el juzgador de amparo." Además, la jurisprudencia 2a./J. 2/2019 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 63, Febrero de 2019, Tomo I, Materias Común y Administrativa, página 1008, Décima Época, Registro 2019230, de epígrafe y contenido siguientes: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. LA EXISTENCIA DE JURISPRUDENCIA QUE DEFINA LA NATURALEZA DE SUS ACTOS, CONSTITUYE UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA, PARA DESECHAR LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDA EN CONTRA DE AQUÉLLOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que el Juez de Distrito debe desechar la demanda de amparo indirecto sólo cuando de ésta se advierta, sin lugar a dudas, un motivo manifiesto de improcedencia. Entonces, es factible el desechamiento de la demanda como causa notoria y manifiesta cuando se impugnen actos de la Comisión Federal de Electricidad cuya naturaleza ha sido definida mediante jurisprudencia por el Máximo Tribunal, pues dichos criterios son de observancia obligatoria en términos del artículo 217, párrafo primero, de la Ley de Amparo, para todos los órganos de menor jerarquía, vedando así cualquier posibilidad de que el obstáculo declarado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para entrar al estudio del fondo del asunto sea superado. Sostener lo contrario, implicaría admitir que un órgano de menor jerarquía puede revisar un criterio obligatorio que derivó de un ejercicio hermenéutico del contenido de una norma, lo que sería tanto como permitir distorsionar la certeza y la seguridad jurídica que genera la definición del tema vía jurisprudencia del máximo intérprete constitucional." Sin que, desde luego se esté en el caso de señalar específicamente a la quejosa, cuáles serían los medios de defensa idóneos a los que deberá acudir a fin de lograr como parte en el juicio ordinario hacer respetar sus derechos, con base en la Jurisprudencia 2ª./J.125/2012 (10ª) de la Segunda Sala de Nuestro Máximo Tribunal de Justicia Constitucional en el País, publicada en la página 1583, Libro XIV, Noviembre de 2012, Tomo 2, Materias Constitucional, Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Registro 2002215, con rubro y texto siguientes: "TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. SU ALCANCE FRENTE AL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO AL RESULTAR IMPROCEDENTE LA VÍA CONSTITUCIONAL Y PROCEDENTE LA ORDINARIA. El reconocimiento del derecho a la tutela judicial efectiva frente al desechamiento de una demanda de amparo por improcedencia de la vía, no implica que el órgano constitucional del conocimiento deba señalar la autoridad jurisdiccional ordinaria que considera competente para tramitar la vía intentada y ordenar la remisión de los autos y menos aún, que aquélla tome como fecha de ejercicio de la acción la de presentación de la demanda del juicio constitucional improcedente, pues ello implicaría dar al citado derecho un alcance absoluto que desconocería las limitaciones legal y constitucionalmente admitidas que guardan una razonable relación de proporcionalidad entre los medios que deben emplearse y su fin; es decir, se desvirtuaría la finalidad de instrumentar requisitos y presupuestos procesales que permitan mantener la legalidad y seguridad jurídica requeridas dentro del sistema jurídico, en tanto que se beneficiaría indebidamente a una parte y se desconocerían los derechos de la contraparte en un proceso, al permitir a los particulares rescatar términos fenecidos y desconocer instituciones jurídicas como la prescripción, instituidas para efectos de orden público." Por tanto, con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda promovida por ********************, al encontrarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Notifíquese personalmente.
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