Mirella Gomez Juarez
Expediente 100/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 5 actuaciones registradas, la última del 24 de octubre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 100/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 24/10/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo · Hidalgo
Partes del expediente
- Mirella Gomez Juarez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Por recibido el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito; deducido del recurso de queja 48/2018, derivado del juicio de amparo 100/2018-5, promovido por ***, por su propio derecho, contra actos que reclama de la Segunda Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo; mediante el cual remite copia certificada de la ejecutoria dictada en sesión de dieciocho de octubre de dos mil dieciocho, la cual en sus puntos resolutivos establece: "ÚNICO.- Es infundado el recurso de queja interpuesto por ***, contra el auto de uno de febrero de dos mil dieciocho, dictado por el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo, dentro del juicio de amparo indirecto 100/2018-5 de su índice. Notifíquese." Acúsese el recibo correspondiente. Háganse saber lo anterior a la parte quejosa y realícense las anotaciones en el libro respectivo y archívese el presente asunto como concluido. En cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 01/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgado de Distrito, se determina que el presente asunto carece de relevancia documental, por lo que el expediente principal, es destruible. Notifíquese.
- Principal
Agréguese a los autos para que obre como corresponda y surta sus efectos legales consiguientes el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito, con residencia en esta ciudad de Pachuca, Hidalgo, mediante el cual informa admitió a trámite el recurso de queja, registrándose bajo el número 48/2018; circunstancia de lo cual queda enterado este Órgano Jurisdiccional. Notifíquese.
- Principal
Pachuca de Soto, Hidalgo, veintidós de febrero de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos para que obre como corresponda y surta los efectos legales a que haya lugar el escrito signado por *** por medio del cual interpone recurso de queja en contra del proveído de uno de febrero del año en curso, dictado en los autos del juicio de derechos en que se actúa. Por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97 fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, hágase del conocimiento al Tribunal Colegiado en Turno del Vigésimo Noveno Circuito, con residencia en esta ciudad, que es cierto el acto reclamado y remítase el escrito de agravios y copia del mismo, así como copias certificadas de las constancias de autos. En aras de una pronta impartición de justicia, remítase de inmediato a la superioridad para los fines legales conducente. Notifíquese.
- Principal
notifique por lista a la aprte quwejosa el proveido de UNO DE FEBRERO DE 2018 "Pachuca de Soto, Hidalgo, a uno de febrero de dos mil dieciocho. Visto el escrito de demanda signado por Mirella Gómez Juárez, por el cual solicita el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de los Magistrados Integrantes de la Segunda Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo. Fórmese expediente y regístrese con el número 100/2018-5, del índice de este juzgado federal; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expediente -S.I.S.E-. DESECHAMIENTO Ahora bien, por ser preferente su estudio, se analiza primero la procedencia del juicio de derechos, pues las causales previstas en el artículo 61, en relación con el 62, ambos de la Ley de Amparo, son de examen preferente y deben analizarse aún de oficio, lo aleguen o no las partes, por lo que, de actualizarse alguna de ellas deberá desecharse de plano la demanda en cuestión. Asimismo, de conformidad con el artículo 113, de la ley en cita, es obligatorio examinar el escrito de demanda y de encontrarse motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se debe desechar de plano. Lo anterior es así, si se toma en cuenta como punto de partida que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito; y, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiere la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes, situación que en el caso a estudio acontecen. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Dicho precepto autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare motivo manifieste e indudable de improcedencia. Apoya la anterior consideración la tesis de jurisprudencia I.1o.A. J/4, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta , de rubro: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE." Ahora bien, de la lectura íntegra que se realiza a la demanda de amparo que nos ocupa, se advierte que el acto reclamado en la presente instancia constitucional, es: La resolución de trece de diciembre de dos mil diecisiete, dictada dentro del toca civil y familiar 918/2017-II, por los Magistrados Integrantes de la Segunda Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo y su ejecución. Precisado lo anterior, se estima que en la especie opera la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, del ordenamiento legal en cita, el cual establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)." Del análisis de la disposición normativa citada en segundo término, se advierte que el juicio de amparo indirecto excepcionalmente procede contra actos o resoluciones dictadas dentro de juicio. Se afirma que tal procedencia es excepcional, en virtud de que mediante una fórmula legal, el legislador estableció que los actos intra-procesales, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionado bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Bajo esa premisa, se considera que la determinación impugnada -resolución de trece de diciembre de dos mil diecisiete- no es un acto de imposible reparación, por lo que no se surte la hipótesis de procedencia establecida en el ordinal 107, fracción V, de la Ley de Amparo, ya que no afecta irremediablemente algún derecho sustantivo, sino que sólo genera la posibilidad de que ello ocurra, en la medida en que influya para el dictado de un fallo adverso a los intereses de la inconforme. En efecto, el acto reclamado no es de aquellos que contempla la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, en virtud que, como se afirmó, no causa un agravio de imposible reparación, ni con su emisión se afectan derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, pues existe la posibilidad de que la promovente del amparo obtenga una resolución favorable a sus intereses y, en tal evento, ninguna huella quedaría en su esfera jurídica la posible violación procesal que ahora reclama. Asimismo, en caso de que la autoridad responsable emita un fallo en su contra, es factible de impugnarse como violación procedimental a través de diverso medio de defensa que, en su caso, pueda promover contra la sentencia de fondo que se llegue a emitir en el asunto de origen; por tanto, se estima que el presente juicio resulta improcedente. En relación a lo previo, debe mencionarse que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 377/2013, sostuvo en lo que es materia de estudio, que el artículo 107, fracción V, de la actual Ley de Amparo, ofrece mayor precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "...los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte..," lo que implica que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Partiendo de ello, adujo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no resulta procedente el juicio de amparo indirecto cuando se impugnen violaciones procesales consideradas de afectación en grado predominante o exorbitante. Criterio que se encuentra visible en la jurisprudencia identificada con la nomenclatura P./J. 37/2014 (10a.), visible en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 7, junio de 2014, tomo I, página 39, que dice: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." En efecto, la resolución de trece de diciembre de dos mil diecisiete, pronunciada por los Magistrados Integrantes de la Segunda Sala Civil y Familiar en el toca civil y familiar 918/2017-II, que confirmó la determinación emitida en la audiencia de trece de septiembre de dos mil diecisiete, que negó sustituir a la testigo Angélica Cruz Gómez por Lizbeth Pérez Martínez, no afecta de manera directa alguno de los derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal o en los tratados internacionales, por lo que se concluye que el juicio de amparo en que se actúa deviene improcedente, pues como se dijo, el acto reclamado sólo constituye, en su caso, una infracción procesal que puede ser reparada en favor de la inconforme al momento de que se emita el fallo definitivo. Así mismo, en caso de que la autoridad responsable emita un fallo en su contra, previa la preparación legal necesaria y después de agotar los recursos ordinarios conducentes, es factible de impugnarse como violación a través del amparo directo que interponga contra la resolución de fondo que se llegue a emitir en el asunto de origen, en términos del artículo 172, fracción III de la Ley de Amparo. En sustento de lo previo, se cita el criterio emitido por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, publicado en la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, tomo XIV, noviembre de 1994, página 513, cuyo contenido dispone: "PRUEBAS. LA NEGATIVA A ADMITIRLAS ES RECLAMABLE EN AMPARO DIRECTO. Si el acto reclamado en la demanda de garantías se hace consistir en la resolución de segunda instancia que confirmó el auto que negó la admisión de una prueba ofrecida por el quejoso, es incuestionable que resulta improcedente el juicio de amparo indirecto, en razón de que, ese desechamiento en caso de ser ilegal constituye una violación intraprocesal, que puede ser invocada al promover el amparo directo en contra de la sentencia definitiva que recaiga en el juicio natural, siempre que ésta resulte adversa a los intereses de la parte oferente de la prueba." En mérito de lo expuesto, al actualizarse de manera notoria e indudable la causal de improcedencia prevista en el dispositivo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, aplicada a contrario sensu, y con apoyo en el diverso artículo 113, todos de la Ley de Amparo, atendiendo a que la resolución que por esta vía constitucional se impugna, no ocasiona una afectación de imposible reparación en la esfera jurídica de la inconforme, lo que procede es desechar de plano, por manifiesta y notoria improcedencia, la demanda de amparo que se analiza. No pasa inadvertido para este juzgado, que la causa de improcedencia en la que se funda el presente desechamiento, podría ser estudiada en la audiencia constitucional que resolviera el juicio de derechos; sin embargo, se estima que tratándose de casos como el presente, siendo manifiesta la improcedencia de la acción intentada, sería contrario al principio de expeditez en la administración de justicia que se admitiera a trámite para luego, seguidas las formalidades de ley, alcanzar la misma conclusión ahora formulada. PRECISIÓN CRITERIOS JURISPRUDENCIALES Asimismo, se considera que los criterios jurisprudenciales invocados se encuentran vigentes y, por tanto, son de observancia obligatoria, en virtud de que en términos del sexto transitorio del decreto por el que se expide la Ley de Amparo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el dos de abril de dos mil trece, no se opone con lo dispuesto en el ordenamiento vigente. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Por otra parte, se tiene por señalado como domicilio para oír y recibir notificaciones el que precisa en su escrito de cuenta y como autorizados en términos amplios a los licenciados Lucía Peña Muñoz, Christian Godínez González, Gerardo Octavio Vela y del Río, José Alberto González Monroy, Jhasmany Martínez Lozano, Horacio Pérez Guerra y Mario López Ortega; toda vez que sí tienen registrada su cédula profesional en el Módulo de Consulta Jurídica del Consejo de la Judicatura Federal, y para el único efecto de oír y recibir notificaciones a José Francisco Díaz Cravioto, Richard Uriel Camargo Nájera, Gustavo Alfredo Yáñez Burgos, Sarita Egleidy Granados González, Oscar Mora Herrera y Jorge Antonio Samperio Guerrero, por carecer de dicho registro; sin perjuicio de que durante la tramitación del presente juicio acrediten lo anterior y previa manifestación de la parte quejosa para tenerla como autorizada en términos amplios; y para los mismos efectos, a las demás personas que índica por así haberlo solicitado expresamente. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES Por otro lado, con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento y por economía procesal se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones que de manera personal deban realizarse a las partes en el juicio de amparo en que se actúa. AUTORIZACIÓN PARA TOMA DE FOTOGRAFÍAS Ahora bien, hágase del conocimiento del promovente que en términos de la circular 12/2009, emitida por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, quedan a la vista los presentes autos, a fin de obtener imágenes digitalizadas de los acuerdos, y en general del contenido del presente expediente, mediante cualquier medio electrónico que así lo permita. Notifíquese personalmente. "
Quedan 1 actuación en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo · 11,460 expedientes
- Minera Presisser S.A.1182/2017
- Minerva Cano Martínez803/2019
- Minerva Hernández Ortíz1499/2023
- Minerva Hernandez Villalpa956/2022
- Minerva Lozada Galindo264/2021
- Minervo Moreno Vélez405/2021
- Mireya Cano Castillo2005/2022
- Mireya Ceron Resendiz177/2019
- Mireya Cervantes Cortes1706/2023
- Mireya Delgado Jaimes1427/2022
- Mireya Zepeda Martínez472/2023
- Mireya Zepeda Martínez1909/2022