MIRELLA CARMEN DELGADO FERNANDEZ y Otros.
Expediente 652/2022 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 6 actuaciones registradas, la última del 15 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 652/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 15/11/2022
Partes del expediente
- MIRELLA CARMEN DELGADO FERNANDEZ y Otros.
- Mirella Carmen Delgado Fernandez
- Moises Arcaya Sanchez
- YESENIA HERRERA RAMIREZ y Otros.
- RUTH RAMIREZ CANO y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Tijuana, Baja California, quince de noviembre de dos mil veintidós. Transcurrió plazo. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado de autos, se advierte que trascurrió el término de diez días establecido en los artículos 81, fracción I, inciso d) y 86, de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión en contra del proveído de diecinueve de octubre de dos mil veintidós, a través de cual se sobreseyó en el juicio fuera de audiencia; sin que lo hubiera hecho. Causa estado. En consecuencia, con fundamento en los preceptos ya mencionados y en relación con el artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el citado proveído ha causado estado. Certificación. Que de conformidad con los artículos 25 y 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace constar que se han incorporado cada promoción, acuerdo, constancia y acuse tanto al expediente físico, como electrónico, a fin de que coincidan en su totalidad, lo que se verificó al realizar la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Archivo. En consecuencia, al no existir diligencias pendientes por desahogar, con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido; por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como la captura de datos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Valoración. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte y que entró en vigor al día siguiente de su publicación; se determina: Juicio de amparo. Se precisa que el presente expediente es susceptible de depuración; lo anterior, al encuadrar en la hipótesis prevista en el manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, capítulo 7, punto 7.4 "Tratamiento los expedientes con suspensión de plano", al haberse concedido la suspensión de plano de los actos reclamados, por tanto, dicha medida cautelar tiene efectos definitivos, lo cual actualiza el supuesto antes citado. En tal sentido, resguárdese el expediente en el archivo de este juzgado y una vez cumplidos tres años de haberse dictado el presente proveído, procédase a su depuración conservando las constancias conducentes, de conformidad con el último párrafo del precepto en cita. Incidente de suspensión. Respecto del cuaderno original del incidente de suspensión, es susceptible de depuración, por haberse concedido la suspensión provisional y definitiva, de conformidad con la hipótesis establecida en el artículo 18, fracción I, inciso a) del Acuerdo General de mérito. Cuaderno duplicado. En otro sentido, el cuaderno duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción en el plazo de seis meses, toda vez que encuadra en la hipótesis establecida en el artículo 20, fracción II, inciso a); ello, toda vez que se cuenta con el original de la medida cautelar. Relevancia documental. De igual forma, atendiendo al contenido del artículo 15 del mencionado Acuerdo, a criterio de este juzgado se considera que el presente expediente carece de relevancia documental. Notifíquese.
- Principal
Tijuana, Baja California, diecinueve de octubre de dos mil veintidós. Quejoso interno se desiste del juicio de amparo. Vista la constancia de notificación de cuenta, se desprende la manifestación realizada por el quejoso Harry Antonio Rojas Escobar, de la cual se advierte que se desiste de este juicio de amparo. En ese orden de ideas, la manifestación de voluntad del quejoso en el sentido de desistirse del presente juicio de amparo, la cual expresó ante un funcionario dotado de fe pública, conlleva a que no exista duda de la certeza de su intención; y por ende, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, atento a lo dispuesto en la fracción I, del artículo 63, de la Ley de Amparo, que señala: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: I. El quejoso desista de la demanda o no la ratifique en los casos en que la ley establezca requerimiento. En caso de desistimiento se notificará personalmente al quejoso para que ratifique su escrito en un plazo de tres días, apercibido que de no hacerlo, se le tendrá por no desistido y se continuará el juicio. No obstante, cuando se reclamen actos que tengan o puedan tener como consecuencia privar de la propiedad o posesión y disfrute de sus tierras aguas, pastos y montes a los ejidos o núcleos de población que de hecho o por derecho guarden el estado comunal, no procede el desistimiento del juicio o de los recursos, o el consentimiento expreso de los propios actos, salvo que lo acuerde expresamente la Asamblea General, pero uno u otro sí podrán decretarse en su beneficio." En consecuencia, se decreta el sobreseimiento en el presente juicio constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de jurisprudencia 2a./J. 33/2000 que sustentó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto dicen: "DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO. PUEDE MANIFESTARSE EN CUALQUIERA DE LAS INSTANCIAS DEL JUICIO, MIENTRAS NO SE HAYA DICTADO LA SENTENCIA EJECUTORIA. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 107, fracción I, de la Constitución General de la República, la voluntad para promover el juicio de amparo es un principio fundamental, de modo que siempre debe seguirse a instancia de parte agraviada, de ahí que pueda, válidamente, desistir en cualquier momento con la sola declaración de su voluntad. Lo anterior se encuentra reconocido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que establece como una de las causas de sobreseimiento en el juicio el desistimiento de la demanda, que para la misma disposición constituye una abdicación o renuncia del sujeto a que el órgano de control constitucional ejerza su actividad jurisdiccional en un caso concreto y determinado, implicando el desistimiento de la demanda. Por consiguiente, el desistimiento ratificado por el quejoso, actualiza la hipótesis prevista por el mencionado artículo 74, fracción I, a pesar de que se haya externado ante el a quo y con posterioridad a la fecha en que éste dictó la resolución de primera instancia e incluso, a que en contra de tal fallo se haya interpuesto el recurso de revisión, porque el quejoso conserva su derecho para desistir de la demanda en el momento en que lo considere conveniente a sus intereses, y el órgano de control constitucional tiene el deber de aceptar esa renuncia." Imposibilidad actuarial. Vista la constancia de cuenta, se advierte la imposibilidad que tuvo la fedataria judicial de notificar el auto de veintinueve de septiembre de dos mil veintidós, a las quejosas Ruth Lita Ramírez Cano y Dorian Jessenia Harrera Ramírez, toda vez que al constituirse en las instalaciones de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración con sede en esta ciudad, previa búsqueda en la base de datos de dicha dependencia, le informaron que las referidas quejosas ya no se encontraban alojadas en esa estación migratoria. Actualización de causal de improcedencia. Vista la constancia actuarial de cuenta se advierte que en cumplimiento a lo ordenado por auto de veintinueve de septiembre de dos mil veintidós, la actuaria judicial adscrita a este juzgado se constituyó en las instalaciones de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración, con sede en esta ciudad y fue informada por Edgar Román Rosales López que las quejosas Ruth Lita Ramírez Cano y Dorian Jessenia Harrera Ramírez ya no se encuentran alojadas en dicha estación migratoria. Esa información permite declarar improcedente el juicio de amparo al haber cesado los efectos del acto reclamado, con base en lo siguiente. El artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]". Del precepto legal en cita, se advierte que la causa de improcedencia consistente en la cesación de los efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la insubsistencia de éste, todos sus efectos desaparecen o se destruyen de forma inmediata, total e incondicional, de manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. En ese sentido, al interpretar el texto del artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo anterior (cuyo contenido es idéntico al texto actual), la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que la razón fundamental que justifica la improcedencia del juicio por cesación de efectos del acto reclamado radica en que es ocioso examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y que, además, no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Tales razonamientos encuentran sustento en la jurisprudencia 2a./J. 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, junio de 1999, página 38, que establece: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL: De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Precisión del acto reclamado. En el caso particular, los actos que motivaron el juicio de amparo son los siguientes: "El acto reclamado mismo que no se encuentra debidamente fundado y motivado, consistente en la orden de deportación, expulsión o repatriación que las autoridades migratorias que más adelante se indican tratan de ejecutar en contra de los quejosos en cualquier momento, reclamando asimismo la restricción a la libertad de tránsito, la arbitraria detención y la incomunicación [.]". Ahora, de la constancia actuarial de cuenta se advierte que ya no se encuentran alojados en la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración, con sede en esta ciudad las quejosas Ruth Lita Ramírez Cano y Dorian Jessenia Harrera Ramírez. En tales condiciones, al haber sido liberados los quejosos cesaron los efectos del acto reclamado en esta vía constitucional, pues aquella situación jurídica se destruyó en todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional como si se hubiera otorgado el amparo. Se sostiene lo anterior, pues los actos que reclamaron con motivo de su detención por las autoridades migratorias al internarse en territorio mexicano sin la documentación correspondiente, cesaron al haber sido liberados por la autoridad migratoria. Por tal motivo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley Reglamentaria y artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se decreta el sobreseimiento en el juicio de amparo en que se actúa, en razón de la cesación de efectos actualizada. Audiencia constitucional. En razón de lo anterior, hágase del conocimiento de las partes que se deja sin efectos la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional programada para las nueve horas con veinte minutos del dieciséis de noviembre de dos mil veintidós al resultar innecesaria su celebración. Anotaciones. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y una vez que quede firme la presente determinación, archívese como asunto totalmente concluido. Notifíquese y por estrados a la parte quejosa
- Incidental
Resuelve: Único. Se concede a ******, *****y *****, la suspensión definitiva respecto a las autoridades señaladas en el considerando tercero y por los motivos expuestos en el considerando cuarto de la presente resolución. Notifíquese.
- Principal
Tijuana, Baja California, veintinueve de septiembre de dos mil veintidós. Certificación. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado de autos, se advierte que trascurrió el término de cinco días establecido en el artículo 98, párrafo primero, en relación con el numeral 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, para que los quejosos Mireya Carmen Delgado Fernández y Moisés Arcaya Sánchez interpusieran recurso de queja en contra del proveído de diecinueve de septiembre de dos mil veintidós, mediante el cual se tuvo por no presentada la demanda de amparo promovida en su favor; sin que lo hubieran hecho. Causa estado. En consecuencia, con fundamento en los preceptos ya mencionados y en relación con el artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el citado proveído ha causado estado. Cumplen con la prevención. Vistas las constancias actuariales que anteceden, de las que se advierte que los quejosos Harry Antonio Rojas Escobar, Ruth Lita Ramírez Cano y Dorian Jessenia Herrera Ramírez, desahogaron la prevención efectuada en auto de diecinueve de septiembre de dos mil veintidós. Admisión de la demanda. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, fracción I, 33, 35, 107, 108, 110, 112, 115, 116, 117 y demás relativos de la Ley de Amparo; se admite la demanda, que promueven Harry Antonio Rojas Escobar, Ruth Lita Ramírez Cano y Dorian Jessenia Herrera Ramírez, contra las autoridades y actos señalados en la misma. Ministerio Público. Dese la intervención que legalmente le corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, en términos de los artículos 107, fracción XV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 5°, fracción IV, de la Ley de Amparo. Tercero interesado. Con independencia de lo señalado por la parte quejosa en su demanda, se reserva reconocer el carácter de tercero interesado, hasta en tanto las autoridades rindan su informe justificado y de ellos se advierta que a alguien pueda asistirle tal representación, en términos de la fracción III del artículo 5 de la Ley de Amparo. Incidente de suspensión. De conformidad con el artículo 128 de la Ley de Amparo, se ordena integrar por separado el incidente de suspensión únicamente respecto a los actos reclamados consistentes en la detención y restricción de la libertad de tránsito por parte de las autoridades migratorias responsables. Audiencia constitucional. Se fijan las nueve horas con veinte minutos del dieciséis de noviembre de dos mil veintidós, para la celebración de la audiencia constitucional. Informe justificado. En atención a los artículos 117 y 75 de la ley de la materia, requiérase a las responsables su informe justificado, que deberán rendir dentro de quince días, incluso por medios magnéticos, expresando con precisión si son o no son ciertos los actos que se les reclaman; además deberán señalar las razones y fundamentos que estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio en términos de artículo 61 de la referida ley, así como la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado; y requiéraseles para que remitan copia certificada de las constancias que sirvieron de base para emitir el acto que se les atribuye, en el entendido que en el informe de mérito, deberán manifestar si las constancias que en su caso sean remitidas, constituyen la totalidad de actuaciones de las cuales derivan los actos reclamados; con la precisión de que dichas copias deben ser nítidas, completas y de forma cronológica, pues resulta indispensable que este órgano jurisdiccional cuente con los elementos necesarios para analizar el fondo de la cuestión planteada, por lo cual se estima que la ilegibilidad de las constancias equivale a su no envío, que ocasionaría un retraso inexcusable en la administración de justicia, debiendo manifestar en su caso, el impedimento legal que tengan para hacerlo. Con la precisión de que dichas copias deben ser legibles, completas y de forma cronológica, pues resulta indispensable que este órgano jurisdiccional cuente con los elementos necesarios para analizar el fondo de la cuestión planteada, por lo cual se estima que la ilegibilidad de las constancias equivale a su no envío, que ocasionaría un retraso inexcusable en la administración de justicia, debiendo manifestar en su caso, el impedimento legal que tengan para hacerlo. Apercibimiento. Con el apercibimiento que de no hacer lo antes descrito, en los términos indicados, se les impondrá multa de cien unidades de medida y actualización, de conformidad con los preceptos 238 y 260, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con los artículos segundo y tercero Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. Asimismo, en caso de que no rindan sus informes en el plazo concedido se presumirán ciertos los actos reclamados, quedando a cargo de la parte quejosa probar su inconstitucionalidad en términos de lo dispuesto en el cuarto párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo y se impondrá a las autoridades omisas, en la audiencia respectiva, la multa con la que se les apercibió. Causas de sobreseimiento. Con fundamento en los artículos 64 y 251 de la Ley de Amparo, prevéngase a las partes para el caso de tener conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, deberán comunicarlo de inmediato a este órgano jurisdiccional, debiendo, de ser posible, acompañar las constancias que así lo acrediten; de no hacerlo, se le impondrá una multa de treinta unidades de medida y actualización, de conformidad con los preceptos 238 y 251 de la Ley de Amparo. Conocimiento previo. Requiérase a las autoridades responsables para que al rendir su informe con justificación, comuniquen a este órgano de control constitucional si tienen conocimiento de algún juicio de amparo que se relacione con los actos que se reclaman en éste, o sea, que haya sido promovido por la misma parte quejosa o que derive del mismo procedimiento o juicio del que emanan los actos que aquí se reclaman; lo anterior, a efecto de aprovechar, en su caso, el conocimiento previo del asunto y evitar el dictado de resoluciones contradictorias. Notificación de las autoridades. En términos de la jurisprudencia por contradicción de tesis 2ª./J. 176/2012 (10ª.), emitida por la Segunda Sala de Nuestro Máximo Tribunal, cuyo rubro se cita: "NOTIFICACIONES DE LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS", se hace del conocimiento de las responsables que en el presente juicio únicamente les serán notificadas por medio de oficio en su residencia oficial, las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deban ser personales (admisión, ampliación de demanda, sentencia definitiva, recursos, requerimientos, y determinaciones que por su trascendencia deban hacer de su conocimiento por medio de oficio dirigido a su residencia oficial), y las restantes se les notificarán por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado de Distrito. Exhortación a las partes para seguir el juicio en línea. Tomando en cuenta las disposiciones del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo; así como lo establecido en los numerales 22 y 28 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia del virus COVID-19; se exhorta a las partes para que de ser su deseo continúen con la tramitación del presente asunto vía electrónica (juicio en línea), lo que significa que podrán imponerse del contenido de los autos (consulta de expediente electrónico), así como promover y recibir notificaciones vía electrónica, para lo cual deberán contar con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación o aquella a que se refiere el artículo 14 del mencionado Acuerdo 12/2020, y realicen la solicitud correspondiente ante este órgano jurisdiccional. Para efecto de lo anterior deberán proporcionar el nombre del usuario con el que se realizó el registró en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la federación y solicitar expresamente la consulta del expediente electrónico, así como la notificación electrónica de las resoluciones judiciales emitidas en este juicio, conforme lo establecen los artículos 34 y 55 del referido Acuerdo 12/2020. De igual modo, se invita a las partes para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, a través de los cuales puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al presente expediente, previa la certificación correspondiente. Notifíquese; personalmente al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y a los quejosos en el lugar en que se encuentren alojados.
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