Minka Patricia Luque Galvan

Expediente 74/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 5 actuaciones registradas, la última del 15 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
74/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
15/03/2022

Partes del expediente

  • Minka Patricia Luque Galvan

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Ciudad de México, a quince de marzo de dos mil veintidós. Visto el estado procesal de los autos, se desprende que la Directora de Amparos, en ausencia de la Titular de la Dirección General de Amparos y Ejecutorias, actuando en representación del Secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, mediante oficio recibido el tres de febrero del año en curso, manifestó que de la acta de veintinueve de julio de dos mil veintiuno, por personal técnico de la de la Comisión Nacional de Vivienda, así como por el Director de Obra del Municipio de Unión Hidalgo, Oaxaca, y de las fotografías que se remitieron adjuntas a la misma, se observó que la vivienda de Jorge Juan Castillo, cuenta con daños menores causados por falta de confinamiento y de mantenimiento; por lo que, dice, de acuerdo con las Reglas de Operación del Programa Nacional de Reconstrucción, la población objetivo del citado Programa, son las afectadas por los sismos ocurridos en septiembre de dos mil diecisiete y febrero de dos mil dieciocho, siempre y cuando cumplan con los requisitos de elegibilidad previstos en las Reglas de referencia, por lo que, insiste, sí de la visita referida se advirtió que no se observaron daños ocasionados por los movimientos telúricos ocurridos en septiembre de dos mil diecisiete, dicha situación no es atribuible a esa Secretaria del Estado. Sin embargo, como se desprende de la caratula de contrato de depósito bancario y tarjeta de débito del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, Banca de Desarrollo (BANSEFI), que exhibe el aquí quejoso, Jorge Juan Castillo, es beneficiario de recursos del Fondo de Desastres Naturales, por los daños ocurridos a su vivienda con motivo del sismo de siete de septiembre de dos mil diecisiete. Consecuentemente ante la discrepancia que resulta de lo manifestado por la autoridad citada y los derechos de dichas documentales se advierten y hace valer el peticionario del amparo, Jorge Juan Castillo, con fundamento en el artículo 75, de la Ley de Amparo; 79, 80 y 297, fracción I, se requiere al Secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, para que dentro del plazo de diez días, computado legalmente, remita copia certificada de la cédula o dictamen de valuación de daños de la vivienda del quejoso citado, que motivaron incluirlo como beneficiario de dicho fondo, o bien, manifieste la imposibilidad que tenga para ello, apercibido que de no hacerlo, se le impondrá una multa por el equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización, con fundamento en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo, así como en el Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Parda dar margen a que se cumpla lo anterior, procede diferir la audiencia constitucional señalada para hoy, fijándose como nueva fecha para que tenga verificativo, las ONCE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS TRES DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Francisco De Paz Becerril, quien autoriza y da fe de lo actuado. Doy fe.

  2. Principal

    En la Ciudad de México, a veintiocho de febrero de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que la Directora General de Recursos Humanos, y su superior jerárquico, Coordinadora General de Administración, ambos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, han sido omisas en coadyuvar con el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, toda vez que no han remitido las constancias con las que acrediten haber dado cumplimiento al fallo protector. En ese sentido, tomando en consideración que el cumplimiento de una sentencia de amparo constituye una cuestión de orden público respecto del que las autoridades responsables están constreñidas indefectiblemente a cumplir sin dilaciones ni pretextos y en los términos perentorios de los que disponen, a fin de evitar que se les apliquen las sanciones que prevé el artículo 107, fracción XVI, Constitucional, sin que pueda discutir en forma alguna los alcances del fallo constitucional, y tomando en cuenta que en el fallo judicial se otorgó el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, y con fundamento en el artículo 297, fracción II, del supletorio código adjetivo federal, REQUIÉRASE POR ÚLTIMA OCASIÓN a la Directora General de Recursos Humanos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, para que en el término de TRES DÍAS, contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, tomando en consideración que el primer paso de cumplimiento no representa mayor complejidad, desincorpore de la esfera jurídica del quejoso las porciones normativas declaradas inconstitucionales de los Lineamientos reclamados para los años de dos mil dos a dos mil dieciocho, o bien manifieste la imposibilidad legal que tenga para ello. En el entendido que, de acuerdo con lo ordenado en el segundo párrafo, del artículo 193 de la Ley de Amparo, se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de cualquier autoridad que intervenga en el trámite relativo. Sin perjuicio de lo anterior, con base en lo que prevé el tercer párrafo, del artículo 192 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 297, fracción II del citado código, REQUIÉRASE POR ÚLTIMA OCASIÓN al Coordinador General de Administración de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, para que en su calidad de superior jerárquico de la directa responsable, la conmine a dar cumplimiento al fallo protector y remita a éste órgano jurisdiccional, dentro del plazo de TRES DÍAS, contados a partir de la notificación del presente acuerdo, las constancias con las que acredite haber ordenado a la vinculada responsable el cumplimiento a la ejecutoria de garantías, o bien, haber dado cumplimiento por sí mismo a la totalidad de los efectos precisados en la ejecutoria de amparo, en los términos indicados en el presente proveído; toda vez que con fundamento en el artículo 194 de la Ley de Amparo, ejerce sobre ella poder o mando para obligarla a actuar o dejar de actuar en los términos forma exigidos en la ejecutoria de garantías, o bien, para cumplirla por sí mismo. Lo anterior se determina, toda vez que en términos de lo que dispone el artículo 197 de la Ley de Amparo en cita, todas las autoridades que tengan o deban tener intervención en el cumplimiento de la sentencia, están obligadas a realizar, dentro del ámbito de sus respectivas competencias, los actos necesarios para su eficaz cumplimiento y estarán sujetas a las mismas responsabilidades que las directas responsables de acatar el fallo constitucional. Apercibidas, que en caso de no cumplir con lo anterior, sin causa justificada, se impondrá a las personas físicas que ostentan los cargos de las autoridades requeridas, una multa por cien veces la unidad de medida actualizada en la Ciudad de México, de conformidad con lo previsto en los artículos 192 y 258 de la Ley de Amparo, y en el tercero transitorio del decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Asimismo, con fundamento en el primer párrafo del artículo 193 de la Ley de Amparo antes citada, se hace del conocimiento de las autoridades requeridas en este proveído, que aun cuando dejen su encargo, seguirán siendo responsables del DESACATO AL FALLO CONSTITUCIONAL. Notifíquese. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por la Secretaria Diana Laura Mireles Ramírez, con quien actúa y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    En la Ciudad de México, veintitrés de febrero de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación que antecede y tomando en consideración que la quejosa, que es a quien pudiera causarle perjuicio la sentencia dictada el veinte de enero de dos mil veintidós, en la que se determinó sobreseer en el presente juicio de garantías, no la recurrió dentro del plazo que establece el artículo 86, de la Ley de Amparo; con fundamento en la fracción II, del artículo 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que la citada sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA, por lo que, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Ahora bien, toda vez que en el expediente en que se actúa no existe nada más que cumplimentar, archívese como asunto total y definitivamente concluido. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por El Consejo de la Judicatura Federal; se determina que este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis contenida en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo en cita, en relación con el numeral 8.1.2 ordinal 1, del Manual referido, pues se trata de un asunto sobreseído y además no se considera relevancia documental, toda vez que no se encuentra dentro de los supuestos que establece el artículo 15 del Acuerdo aludido así como el numeral 5.1 del referido Manual, esto es: 1) No es promovido por delitos contra la seguridad de la Nación, derecho internacional, humanidad, administración de justicia, ambiente y gestión ambiental; 2) No se trata de resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; 3) No es un asunto relativo a un conflicto laboral colectivo trascendente, ni versa sobre temas relativos al patrimonio histórico, arqueológico, artístico, y no es un asunto en materia agraria; 4) No es un asunto generado por los Plenos de Circuito y; 5) No se integró jurisprudencia o tesis aislada derivada del presente asunto, por parte de los Tribunales de Circuito. Por lo tanto, una vez que haya transcurrido el término de tres años a que se refiere el párrafo primero del artículo 21, del multicitado Acuerdo, contados a partir del presente archivo, dentro de los treinta días siguientes procédase a su destrucción. Notifíquese. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Francisco De Paz Becerril, con quien actúa y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Ciudad de México, veintiocho de enero de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que a la fecha las autoridades responsables de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, han sido contumaces en dar cumplimiento de la ejecutoria de amparo del presente juicio de amparo. Precisado lo anterior y toda vez que en la sentencia de amparo de catorce de febrero de dos mil veinte, confirmada por el Vigésimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, mediante sesión de once de noviembre de dos mil veinte, en el recurso de revisión número R.A. 191/2020, se concedió la protección constitucional a la parte quejosa para el efecto siguiente: [.] procede concederle el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que la Directora General de Recursos Humanos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, cumpla con la obligación que prevé el artículo 8 Constitucional, y dentro del término de tres días contado a partir de que le sea notificado el acuerdo por el que cause ejecutoria la presente sentencia, conteste por escrito y con libertad de jurisdicción las peticiones elevadas por la agraviada mediante escritos presentados el once, trece y dieciocho de junio de dos mil diecinueve, además, debe hacerlo de su conocimiento, debiendo remitir las constancias que así lo acrediten. En mérito de lo anterior, mediante oficio recibido en éste juzgado el trece de agosto del presente año, se tuvo por recibida copia autentificada del diverso oficio 702/03069/2020 de once de marzo de dos mil veinte, mediante el cual dio contestación al escrito de petición del quejoso Othon Esparza Sierra. Con el documento mencionado en el párrafo que antecede, se dio vista a la parte quejosa el dieciséis de agosto de dos mil veintiuno, a efecto de que manifestaran lo que a su derecho conviniera; mediante escrito recibido en éste juzgado el diecinueve de agosto del año en curso, el autorizado en términos amplios de la parte quejosa manifiesto que el quejoso se encuentra conforme con el cumplimiento a la sentencia de amparo dictada en el presente juicio. De manera que de las constancias que exhibió la autoridad responsable, en cumplimiento a la ejecutoria emitida por éste Juzgado Federal, se desprende que dio cumplimiento a la sentencia dictada en autos únicamente respecto al quejoso Othon Esparza Sierra, toda vez que se cumplió con los efectos para los cuales se concedió la protección constitucional, en razón de dio contestación a su escrito de petición. Sin embargo, de autos se observa que no han dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo, respecto de los quejosos, Martín Gerardo Flores González y Mercedes Gutiérrez Salinas, por lo que existe defecto en el cumplimiento. En ese sentido, de autos se observa que por auto de veintiséis de febrero dedos mil veinte, se requirió a las autoridades de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, a efecto de que en el término de tres días, dieran cumplimiento al fallo protector respecto de los quejosos Eduardo Echegaray Cangas, Yolanda Escobar Solís, y Martha Ferrusquilla Francisco; en consecuencia, con fundamento en el artículo 192, párrafo primero, de la Ley de Amparo, se REQUIERE a la Directora General de Recursos Humanos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, para que, en el término de TRES DÍAS, contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, acredite ante este Juzgado de Distrito haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo, En caso de no cumplir lo anterior, sin causa justificada, se realizará lo siguiente: a) Se emitirá el pronunciamiento respectivo, en acatamiento a lo establecido en el párrafo primero, del artículo 193 de la Ley de Amparo invocada. b) En términos de los artículos 238 y 258 de la citada Ley, se impondrá a su titular multa por cien días la Unidad de Cuenta vigente en la Ciudad de México. c) Con fundamento en el segundo párrafo, del artículo 192 de la ley citada, se remitirán los autos originales del expediente en que se actúa, al Tribunal Colegiado de Circuito en turno, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Sin perjuicio de lo anterior, con base en lo que prevé el tercer párrafo, del artículo 192 de la Ley de Amparo, en relación con el 297, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, según su artículo 2º, REQUIÉRASE al Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, como superior jerárquico de la Directora General de Recursos Humanos de la referida Fiscalía, lo conmine en cumplir con el fallo protector y remita a este órgano jurisdiccional, dentro del plazo de TRES DÍAS, contados a partir de la notificación del presente acuerdo, las constancias con las que acredite haber ordenado a la directa responsable el cumplimiento a la ejecutoria de garantías, o bien, haber dado cumplimiento por sí mismo a la totalidad de los efectos precisados en la ejecutoria de amparo, en los términos indicados en el presente proveído; toda vez que con fundamento en el artículo 194 de la Ley de Amparo en cita, ejerce sobre ella poder o mando para obligarla a actuar o dejar de actuar en los términos y forma exigidos en la ejecutoria de garantías, o bien, para cumplirla por sí mismo. Con el apercibimiento que, de no demostrar que dio la orden a la directa responsable o, en su caso, que no llevó a cabo las acciones para cumplir la ejecutoria de amparo por sí misma, se realizará lo precisado en los incisos a), b) y c), señalados. Lo anterior se determina, toda vez que en términos de lo que dispone el artículo 197 de la Ley de Amparo en cita, todas las autoridades que tengan o deban tener intervención en el cumplimiento de la sentencia, están obligadas a realizar, dentro del ámbito de sus respectivas competencias, los actos necesarios para su eficaz cumplimiento y estarán sujetas a las mismas responsabilidades que las directas responsables de acatar el fallo constitucional. Asimismo, con fundamento en el primer párrafo del artículo 193 de la Ley de Amparo antes citada, se hace del conocimiento de las autoridades requeridas en este proveído, que aun cuando dejen su encargo, seguirán siendo responsables del DESACATO AL FALLO CONSTITUCIONAL. Notifíquese. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Óscar Horacio Escobedo Návar, quien autoriza. Doy fe.

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