Minka Patricia Luque Galván
Expediente 237/2022 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 9 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 237/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 09/05/2022
Partes del expediente
- Minka Patricia Luque Galván
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que feneció el término de cinco días establecido por el artículo 98 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 97, fracción I, inciso a), ambos de la Ley de Amparo, para impugnar el auto de diecinueve de abril de dos mil veintidós, en el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la invocada ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, según su numeral 2°, se declara que aquél HA CAUSADO ESTADO. Realícense las anotaciones en el libro de gobierno y en virtud de que en el presente expediente no obra ningún documento importante y/o relevante, archívese como asunto totalmente concluido. Ahora bien, conforme a los numerales 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se estima que el presente asunto encuadra en la hipótesis prevista en el inciso b), del numeral 21 de dicho cuerpo normativo y por tanto, una vez que transcurran tres años; será SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. En consecuencia, una vez transcurridos tres años procédase a su destrucción y remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación.
- Principal
Vista la certificación secretarial que antecede de la que se desprende que el término de cinco días concedido a la parte quejosa, para que desahogara la prevención formulada en acuerdo de veintinueve de marzo de dos mil veintidós; transcurrió del seis al doce de abril del presente año, sin que realizara manifestación alguna al respecto; en consecuencia con fundamento en lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley de Amparo, se tiene por no presentado el ocurso de garantías.
- Principal
(CONFORME A LA LEY DE AMPARO) EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA ***, NO SE COMUNICÓ CON EL SUSCRITO ACTUARIO, NI ACUDIÓ A LAS INSTALACIONES DE ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE PERSONALMENTE DEL PROVEÍDO DE DIECINUEVE DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO, DENTRO DEL PLAZO CONCEDIDO PARA ELLO; EN CONSECUENCIA, SE ORDENA LA NOTIFICACIÓN DEL MISMO POR MEDIO DE LISTA: Vista la certificación secretarial que antecede de la que se desprende que el término de cinco días concedido a la parte quejosa, para que desahogara la prevención formulada en acuerdo de veintinueve de marzo de dos mil veintidós; transcurrió del seis al doce de abril del presente año, sin que realizara manifestación alguna al respecto; en consecuencia con fundamento en lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley de Amparo, se tiene por no presentado el ocurso de garantías.
- Principal
(CONFORME A LA LEY DE AMPARO) EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA ***, NO SE COMUNICÓ CON EL SUSCRITO ACTUARIO, NI ACUDIÓ A LAS INSTALACIONES DE ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE PERSONALMENTE DEL PROVEÍDO DE VEINTINUEVE DE MARZO DEL AÑO EN CURSO, DENTRO DEL PLAZO CONCEDIDO PARA ELLO; EN CONSECUENCIA, SE ORDENA LA NOTIFICACIÓN DEL MISMO POR MEDIO DE LISTA: "Vista la demanda de cuenta signada por **; en consecuencia fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el consecutivo **. Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 108, y 114, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar ante todo, el escrito de demanda, y si de dicho análisis advierte alguna irregularidad, mandará prevenir al promovente para que llene los requisitos omitidos, dentro del plazo concedido por la ley, expresando en el auto relativo las irregularidades o eficiencias que deban llenarse, para que el inconforme pueda subsanarlas en tiempo. Por tanto, con fundamento en los artículos 108, fracciones III y IV; 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, se previene a los peticionarios, para que por escrito en el plazo de CINCO DÍAS, contado a partir del día siguiente en que surta efectos la notificación del presente proveído, cumpla con lo siguiente: Precisen manera clara, concreta y específica el acto o actos que desean reclamar, así como la autoridad a la que se lo atribuye; y, La fecha de la resolución o auto que reclama, así como la fecha en que se notificó. Lo anterior es así pues del ocurso inicial de demanda se advierte que la quejosa señaló como acto reclamado el siguiente: "Que haya una sucursal de **" Asimismo del contenido de los antecedentes de los actos reclamados se aprecia que la inconforme señaló: "Como comentario especial: he quedado muy traumada y necesito irme de la zona que es muy peligrosa, para ponerme a trabajar. Me quiero ir a vivir al sur de la CDMC y quisiera que tuviéramos en la zona del ** porque para nosotros es peligroso ir a otras partes de la Ciudad; voy a remodelar la casa que me dejaron y sería mejor conseguir el material en una sucursal de ** que estuviera por ahí. " Lo anterior es así, ya que en términos de la fracción IV del numeral 108 de la ley de la materia, la impetrante debe expresar con claridad la norma, acto u omisión que de cada responsable reclame, y del escrito de mérito, no se advierte que lo haya realizado a cabalidad; y tal circunstancia imposibilita a este órgano jurisdiccional a conocer la cuestión efectivamente planteada por la peticionaria de amparo. Al respecto, conviene subrayar que el acto reclamado en el juicio de amparo consiste en normas generales, actos u omisiones de autoridad; entendido éste como una disposición o hecho autoritario, concreto y particular, imputable a un órgano del Estado, que produzca una afectación a situaciones jurídicas o de hecho determinadas. Aspecto que resulta necesario se subsane, ya que la responsable, al rendir su informe con justificación, deben pronunciarse con exactitud en relación con los puntos que se le reclama, exponiendo las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad de ellos o la improcedencia del juicio, lo que no acontecería si dichos actos no son puntuales. En la inteligencia que del escrito con el que se desahogue, en su caso, la prevención formulada en autos, deberá narrar bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyen los antecedentes de los actos reclamados Para desahogar los puntos precisados con antelación, deberán considerar lo establecido por la jurisprudencia I. 3o. A. J/26, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en el Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, tomo VI, Segunda Parte, tesis 555, página 369, de rubro y texto siguiente: "ACTO RECLAMADO Y CONCEPTO DE VIOLACION. Si conforme a su definición el acto que se impugna se refiere a una conducta (activa o pasiva), que se atribuye a una autoridad, el correcto señalamiento de él para los efectos del amparo consistirá en describirla. Los calificativos que a esa descripción se adjunten y los argumentos que se expresen para destacar sus aspectos circunstanciales no participan de la naturaleza propia del acto sino que constituyen el examen de la conducta, es decir, los razonamientos que se formulen en relación con ella para alcanzar una conclusión respecto de su juridicidad. Por esa razón en el estudio del acto reclamado, tanto para delimitarlo como para establecer su certeza, debe prescindirse de todos los elementos ajenos a él. Así, por ejemplo, cuando se señala como acto reclamado "las órdenes de comisión o de visita, en virtud de que jamás me fueron mostradas y mucho menos se nos dio copia, dejándonos en estado de indefensión", aparece en claro que los actos reclamados los constituyen "las órdenes de comisión o de visita", nada más. Lo relativo a si fueron mostradas y si se entregó copia de ellas o no, son cuestiones ajenas al dictado de esas órdenes, constituyen aspectos propios de otro acto: la ejecución del mandato. La conducta de las autoridades introduce a la realidad otros elementos que son la formulación de las órdenes y su ejecución. Por ende, la manera en que ésta última se haya desarrollado (la exhibición y entrega de las órdenes) no constituye el acto reclamado sino apreciaciones sobre él y, en el supuesto examinado, se trata de incipientes conceptos de violación. La distinción entre el acto reclamado y el agravio es más patente cuando se advierte que para apreciar la certeza del acto basta examinar el informe rendido, en su caso, y las pruebas existentes en autos cuando se trata de los que están sujetos a prueba o no son notorios; mientras que para determinar la exactitud de los calificativos y conceptos de violación se requiere de un proceso posterior que, subsumiendo la hipótesis legal al asunto concreto, viene a dilucidar la controversia." De la jurisprudencia invocada, se deduce que por definición del acto reclamado SE REFIERE A UNA CONDUCTA ACTIVA (HACER) O PASIVA (OMISIÓN) QUE SE ATRIBUYE A UNA AUTORIDAD Y EL CORRECTO SEÑALAMIENTO DE ÉL CONSISTIRÁ EN UNA DESCRIPCIÓN DE TAL CONDUCTA. Para ello deberá considerar que el acto reclamado que señale deberá constituir una acción de la autoridad (OFICIO, RESOLUCIÓN, DECRETO, AUTORIZACIÓN, ORDEN VERBAL) O, EN SU DEFECTO, LA OMISIÓN DE REALIZAR ESA ACCIÓN QUE, A SU DECIR, LESIONA SU ESFERA JURÍDICA; EL CUAL DEBERÁN SEÑALAR DE MANERA CLARA Y PRECISA, PRESCINDIENDO DE ELEMENTOS AJENOS QUE DIFICULTEN SU PRECISIÓN. Lo anterior, a pesar de tratarse de un asunto en materia penal, ya que la suplencia prevista en el artículo 79, fracción III, de la Ley de Amparo, no autoriza a cambiar los elementos del juicio de amparo señalados por la parte quejosa. Esta consideración encuentra apoyo en la jurisprudencia 711, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito visible en la página 593, Tomo II, Materia Penal, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, Novena Época, que al rubro dice: "SUPLENCIA DE LA QUEJA EN MATERIA PENAL. NO AUTORIZA A CAMBIAR NI ACTO RECLAMADO, NI AUTORIDAD RESPONSABLE, SEÑALADOS POR EL QUEJOSO." En ese sentido, toda vez que, de ser el caso, la prevención que desahogue el peticionario, deberá hacerla BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, ADVIÉRTASE AL MISMO DE LOS DELITOS EN QUE INCURREN QUIENES DECLARAN CON FALSEDAD ANTE UNA AUTORIDAD JUDICIAL, así como el contenido del artículo 261 de la Ley de Amparo, que dispone: Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y II. Al quejoso o tercero interesado, a su abogado o a ambos, si en el juicio de amparo presenten testigos o documentos falsos. Consecuentemente, apercíbase a la parte quejosa en el sentido de que, en caso de no desahogar las prevenciones formuladas en esta determinación, de conformidad con el artículo 114 de la legislación de la materia, se tendrá por no presentada la demanda "
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