Minka Patricia Luque Galvan
Expediente 877/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 30 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 877/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 30/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Minka Patricia Luque Galvan
Actuaciones
- Principal
Agréguese a los autos, el oficio proveniente del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, por medio del cual, remite el testimonio de la resolución emitida en sesión pública de diecisiete de noviembre de dos mil veintidós, relativa al conflicto competencial... en la que determinó lo siguiente... Previas las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente, archívese como asunto totalmente concluido y acúsese de recibo...
- Principal
MESA VII. Agréguese el oficio proveniente del Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, por medio del informa el auto de treinta de septiembre de dos mil veintidós, en el que determinó no aceptar la competencia que se planteó del asunto, por las razones que expone en el mismo; en consecuencia, acúsese recibo. Ahora bien, este órgano de control constitucional insiste y sostiene el criterio de que corresponde al homólogo de referencia conocer del presente controvertido en relación con los actos reclamados consistentes en: "(...) ? Solicito pagar impuestos en especie en la sur de la CDMX.; ? Me auditen como una causa muy especial que sea de pago de impuestos en especie en especial para el SUR de la CDMX.; ? Sepa dónde y en qué se gastarían mis impuestos.; ? Pido auditoria justa para el SUR de la CDMX.; ?Solicito también una reducción del 8% en impuestos si no es especie por daño moral y patrimonial en vs de la CDMX. (.)". Por las consideraciones inmersas en el proveído de veintiséis de septiembre del año en curso. El juzgado remitente, en esencia sostiene que no le corresponde la competencia por las razones consistentes en: "[.] De la lectura de la demanda de amparo, se advierte que la promovente no señala a las autoridades a las que les atribuye los actos, ni tampoco precisa qué o cuáles actos les atribuye a las autoridades de forma puntual. Lo anterior, dado que lo hace de manera genérica e imprecisa, por lo que no se puede advertir la naturaleza de la afectación por la cual acude al juicio de amparo, ni cuál es la afectación que las autoridades que señala como responsable sea la que le causa un perjuicio a si esfera de derechos. Asimismo, esta juzgadora advierte que la promovente no señaló una afectación concreta atribuible a alguna autoridad cuya naturaleza sea meramente administrativa, pues realiza diversa manifestaciones relativas a la existencia de feminicidios, al temor de ir a la cárcel por deuda de impuestos, a solicitar el pago de impuestos en especie, a la reducción del *** de impuestos; y como señala en el rubro del escrito inicial de demanda, la "negligencia en feminicidio" y "feminicidio socioeconómico". En tal virtud a lo anterior y toda vez que no es clara la petición de la promovente del amparo, esta Juzgadora considera que no está en aptitud de asumir la competencia que la homologa de amparo declina por razón de materia. [.]" Sin embargo, no se comparten las apreciaciones expuestas y se sostiene el criterio de que este órgano jurisdiccional carece de competencia legal para conocer de la demanda en relación con dichos actos, de conformidad con los argumentos planteados en auto de veintiséis de septiembre del presente año, toda vez que, se considera que los actos reclamados en la presente instancia por los que se planteó la incompetencia, son de naturaleza FORMAL Y MATERIALMENTE ADMINISTRATIVA, ya que no se ubican en alguno de los supuestos de la fracción I del arábigo 57 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. En las condiciones apuntadas, toda vez que este juzgado reitera su pronunciamiento relativo a la incompetencia para resolver el presente asunto y se trata del que previno; con fundamento en el artículo 48, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, remítanse los autos del juicio en que se actúa al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, en turno, para que resuelva lo procedente en relación con el conflicto suscitado en torno a tal tópico. Hágase lo anterior del conocimiento del Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, para que, de considerarlo oportuno, alegue lo que estime conducente ante la superioridad.
- Principal
MESA VII. Vista la demanda de amparo promovida por ***. RADICACIÓN Con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, fórmese expediente y regístrese en el libro respectivo con el número 877/2022. INCOMPETENCIA Ahora bien, resulta necesario analizar el aspecto relacionado con la legal competencia de este Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, para conocer del asunto planteado, en virtud de que el estudio de las cuestiones competenciales es de orden público y, por tanto, preferentes. Lo anterior, tomando en consideración que, con fundamento en los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, es obligación de los jueces de Distrito al advertir su legal incompetencia para conocer del asunto que se les plantea, remitir las actuaciones al que estime competente sin limitar el momento procesal en que esto surja. Sobre el tema de la competencia por materia, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación señaló que para establecerla, el juez de Distrito no solo debe atender al planteamiento hecho en la demanda de amparo, sino que es menester analizarla de manera integral, con los elementos de prueba, de manera que sea posible conocer la materia jurídica sobre la que versa el acto reclamado, a fin de estar en aptitud de establecer qué órgano jurisdiccional debe avocarse al conocimiento del asunto. En ese sentido, el artículo 56 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, determina la competencia de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal, en los términos siguientes: "Artículo 56. Las y los jueces de distrito de amparo en materia penal conocerán: I. De los juicios de amparo que se promuevan contra resoluciones judiciales del orden penal; contra actos de cualquier autoridad que afecten la libertad personal, salvo que se trate de correcciones disciplinarias o de medios de apremio impuestos fuera de procedimiento penal, y contra los actos que importen peligro de privación de la vida, deportación, destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; II. De los juicios de amparo que se promueven conforme a la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los casos en que sea procedente contra resoluciones dictadas en los incidentes de reparación del daño exigible a personas distintas de los inculpados o imputados, o en los de responsabilidad civil, por los mismos tribunales que conozcan o hayan conocido de los procesos respectivos, o por tribunales diversos, en los juicios de responsabilidad civil, cuando la acción se funde en la comisión de un delito; III. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia penal, en los términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y IV. De las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia penal, en términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.". De dicho precepto se advierte que los jueces de Distrito de Amparo en Materia Penal son competentes para conocer de los juicios de amparo que se promuevan en los siguientes casos: Contra resoluciones judiciales del orden penal, lo que implica que el acto debe ser materialmente jurisdiccional y que la autoridad debe ser específicamente judicial. Contra actos que afecten la libertad personal, independientemente de la naturaleza de las autoridades que emitan el acto reclamado, si este tiene como consecuencia la afectación de la libertad personal del quejoso, salvo que se trate de correcciones disciplinarias o medidas de apremio impuestas fuera del procedimiento penal. Contra actos consistentes en resoluciones dictadas en los incidentes de reparación del daño exigible a personas distintas a los inculpados, o en los de responsabilidad civil, por los mismos tribunales que conozcan o hayan conocido de los procesos respectivos, o por tribunales diversos, en los juicios de responsabilidad civil, cuando la acción se funde en la comisión de un delito. Contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia penal. Contra el incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia penal, en términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por otra parte, la competencia de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa se encuentra prevista en el numeral 57 de la citada ley orgánica, que a continuación se trascribe: "Artículo 57. Las y los jueces de distrito en materia administrativa conocerán: I. De las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de las leyes federales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad o de un procedimiento seguido por autoridades administrativas; II. De los juicios de amparo que se promuevan conforme a la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contra actos de la autoridad judicial en las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de leyes federales o locales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad administrativa o de un procedimiento seguido por autoridades del mismo orden; III. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia administrativa, en los términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; IV. De los juicios de amparo que se promuevan contra actos de autoridad distinta de la judicial, salvo los casos a que se refieren las fracciones II del artículo 51 y III del artículo anterior en lo conducente; V. De los amparos que se promuevan contra actos de tribunales administrativos ejecutados en el juicio, fuera de él o después de concluido, o que afecten a personas extrañas a juicio, y VI. De las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia administrativa, en términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.". Los numerales anteriores ponen de manifiesto que es competencia de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa conocer, entre otros, de los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia administrativa. En este caso, con la finalidad de fijar el acto reclamado en el presente juicio de amparo, conviene precisar que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, definió que el juzgador de amparo al analizar la demanda de amparo, debe interpretarla en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia dictando sentencias que fijen con claridad y precisión el acto o actos reclamados; que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. En ese contexto, de la lectura integral de la demanda, se desprende que la quejosa plantea como actos reclamados los siguientes: "(...) ? Solicito pagar impuestos en especie en la sur de la CDMX.; ? Me auditen como una causa muy especial que sea de pago de impuestos en especie en especial para el SUR de la CDMX.; ? Sepa dónde y en qué se gastarían mis impuestos.; ? Pido auditoria justa para el SUR de la CDMX.; ?Solicito también una reducción del 8% en impuestos si no es especie por daño moral y patrimonial en vs de la CDMX. (.)". Sobre ello, destaca que su planteamiento involucra tópicos vinculados con la deducción y auditorias de impuestos; establecidos, desde luego, en normas generales de carácter fiscal. Por tanto, este órgano de control constitucional considera que CARECE DE COMPETENCIA LEGAL PARA CONOCER Y RESOLVER EL ASUNTO POR CUESTIÓN DE MATERIA, dado que dicho acto reclamado en la presente instancia es de naturaleza FORMAL y MATERIALMENTE ADMINISTRATIVA, ya que no se ubica en alguno de los supuestos de la fracción I del arábigo 56 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; pero sí en la fracción III del diverso 57. En ese orden ideas, este Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, declara carecer de competencia legal por razón de materia, respecto de los citados actos reclamados; debiendo remitirse las constancias de este juicio a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, al JUEZ DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EN TURNO, para que dentro del plazo legal manifieste si acepta o no la incompetencia planteada. EXPEDICIÓN DE COPIAS Y USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 3°, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de acuerdo con el numeral 2° del primero de los ordenamientos invocados, de solicitarse por las partes o sus autorizados, expídanse copias simples o certificadas de las constancias que integran este juicio; para lo cual se faculta la entrega de estas por la Secretaría correspondiente, previa satisfacción de las formalidades legales. De igual forma, una vez que se emita resolución en este asunto, expídase a las partes reproducción de la determinación respectiva, con excepción de la autoridad responsable, a quien se le comunicará por oficio con transcripción del fallo correspondiente. Atendiendo al contenido de la Circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; se permite el uso de medios electrónicos en la consulta del presente asunto, y para el caso de que las partes lo soliciten, se ordena a la Secretaría integrar al expediente el documento respectivo sin mayor proveído. DOMICILIO Y AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA En términos del artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado para tales efectos. Por autorizada en términos del numeral 24, párrafo segundo, del citado ordenamiento, a ***, en virtud de que no cuenta con el registro de su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Lo anterior, hasta en tanto acrediten encontrarse legalmente autorizados para ejercer la profesión de licenciado en Derecho o abogado, para lo cual deberán registrarse en el sistema computarizado antes señalado, ya que tal obligación se desprende de lo dispuesto en el numeral 261 del Acuerdo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales, que establece: "Artículo 261. Es obligatorio el uso del Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los órganos jurisdiccionales, en las materias penal, civil, mercantil, administrativa y laboral, en los términos de las disposiciones aplicables". EXHORTO A LAS PARTES Conforme a lo previsto en los artículos 22 y 28 del referido Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a la parte quejosa para que transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, y para que proporcionen algún medio de contacto, como correo electrónico, número telefónico fijo o celular y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el procedimiento, en caso de contar con ellos, únicamente para el efecto de entablar comunicaciones no procesales. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS Conforme al artículo 21, párrafo tercero, de la ley reglamentaria, se habilitan horas y días para que los actuarios de la adscripción practiquen notificaciones, con el objeto de evitar dilaciones en el procedimiento. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Se instruye a los secretarios, oficiales judiciales y actuarios judiciales, en lo conducente, supervisar y/o realizar la captura electrónica de acuerdos emitidos en este juicio, así como la digitalización de las promociones, diligencias, documentos y notificaciones que obren en el mismo, a fin de que el expediente electrónico concuerde en su totalidad con el impreso; ello, en términos del numeral 3º, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. CAPTURA SISE En cumplimiento al precepto 175 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales que determina el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo al registro de los movimientos de los juicios de amparo, procesos y recursos que se tramiten ante los órganos jurisdiccionales así como la captura diaria que aseguren la permanente actualización y veracidad contenida en ese sistema, se ordena a la secretaría supervise que el analista jurídico especializado capture su ingreso en el citado Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). AUTORIZACIÓN PARA SUSCRIBIR OFICIOS Se autoriza a los secretarios y actuarios de la adscripción a firmar los oficios que deriven de este juicio de amparo.
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