Minerva Santiago Hernandez

Expediente 63/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 17 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
63/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
17/02/2023

Partes del expediente

  • Minerva Santiago Hernandez

Actuaciones

  1. Principal

    se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra el auto que desechó de plano la demanda de amparo... se declara que ha causado estado para todos los efectos legales procedentes... archívese este juicio como asunto concluido.

  2. Principal

    Tuxpan de Rodríguez Cano, Veracruz, siete de febrero de dos mil veintitrés. Recepción. Se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por********************, por derecho propio, contra actos del Fiscal General del Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa; y otras autoridades. Radicación. Intégrese el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), bajo el número de registro ********************. En ese sentido, se hace del conocimiento de las partes que conforme a los lineamientos establecidos en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal vigente a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós, con independencia del esquema tradicional, híbrido o en línea con el que intervengan las partes en un asunto, este órgano jurisdiccional adoptará como eje rector de su actividad para la tramitación de este juicio la aplicación del Sistema Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal, específicamente, en el SISE; razón por la cual en términos del artículo 263 de dicho acuerdo, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Fijación de los actos reclamados. Del escrito de demanda se advierte que la promovente de amparo reclama en esta vía constitucional lo siguiente: La omisión de investigar el delito de despojo en la carpeta de investigación ********************, no obstante que fueron denunciados los hechos de despojo y que se configura dicho delito; y, La omisión de ejercitar acción penal por el delito de despojo, ante el Juez de Control adscrito al Juzgado de Proceso y Procedimiento Oral del Tercer Distrito Judicial en Turno, Tantoyuca, Veracruz, en la carpeta de investigación ********************. Desechamiento. Ahora, en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, este juzgado está obligado a examinar la demanda y, si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano. En efecto, el citado numeral establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la disposición legal transcrita, se desprende que el juez de distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; lo que se traduce en un obstáculo para que el órgano de control pueda pronunciarse sobre la regularidad del acto que se reclama, conforme a los parámetros de legalidad, constitucionalidad o convencionalidad que resulten aplicables. Luego, es ineludible precisar que, por "manifiesto", debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquél que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, del escrito aclaratorio o documentos que se anexaron. Además, se tiene la certeza y plena convicción que la causal de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que, aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran aportar las partes. Al respecto, es aplicable la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 448, Tomo XVI, julio de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época (registro 186605), de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada". En este sentido, la suscrita considera que, respecto de la demanda de amparo de cuenta, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, instituye que el juicio de amparo será improcedente contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados. Del precepto legal trascrito, se advierte que el juicio de amparo es improcedente en aquellos casos en los que sea factible lograr la modificación, revocación o nulificación del acto reclamado, a través de la tramitación del medio de defensa que la ley ordinaria establezca, pues sólo así es posible dar cumplimiento al principio de definitividad que rige en materia de amparo con las excepciones correspondientes; ello es así, porque de lo contrario imperaría el arbitrio del solicitante de derechos, quien por el solo hecho de señalar violaciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, quedaría en libertad de acudir directamente al juicio de amparo. Se afirma lo anterior porque el juicio de amparo es un medio extraordinario a través del cual se controla la constitucionalidad de actos o leyes, de tal suerte que la jurisdicción ordinaria debe agotarse previamente. En ese sentido, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece: "Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. [.] C. De los derechos de la víctima o del ofendido: [.] VII. Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño". A su vez, la fracción XXI del artículo 109 y el 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, dicen: "Artículo 109. Derechos de la Víctima u ofendido. En los procedimientos previstos en este Código, la víctima u ofendido tendrán los siguientes derechos: (.) XXI. A impugnar por sí o por medio de su representante, las omisiones o negligencia que cometa el Ministerio Público en el desempeño de sus funciones de investigación, en los términos previstos en este Código y en las demás disposiciones legales aplicables". "Artículo 258. Notificaciones y control judicial Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación. La resolución que el Juez de control dicte en estos casos no admitirá recurso alguno." Por lo cual, del referido numeral constitucional se desprende que la víctima u ofendido tiene derecho a impugnar ante el Juez de Control las omisiones del Ministerio Público en el desempeño de sus funciones de investigación. Además, de acuerdo con los artículos mencionados del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte que, en su caso, la víctima u ofendido podrá impugnar diversas determinaciones y omisiones en la fase de investigación, en el término de diez días ante el Juez de Control, tales como la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal; esto es, cualquier actuación del Ministerio Público que tenga como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. En ese contexto, este órgano jurisdiccional considera que el acto citado, debe ser reclamado en la vía jurisdiccional ordinaria, toda vez que, como lo establecen el artículo 20 Constitucional, apartado C, fracción VII, el diverso 109 fracción XXI y 258, del Código Nacional de Procedimientos Penales, existe un medio ordinario para impugnar las omisiones en sede judicial durante la investigación que realice el Ministerio Público; lo cual lleva implícita la posibilidad de impugnar el acto que aduce la peticionaria de amparo por lo que, es imperativo para la víctima u ofendido agotar dicho recurso, previo a incoar el juicio de amparo, sin que en el caso opere algún supuesto de excepción al principio de definitividad. De tal suerte que, si la parte quejosa tuvo a su alcance un medio de impugnación eficaz para impugnar la omisión de la fiscal responsable, pero no lo agotó previamente a la promoción del juicio de amparo, resulta inconcuso que no acató el principio de definitividad que rige en esta instancia constitucional, y por ende, como se dijo, se actualiza la hipótesis prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo. Apoya lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 27/2018 (10a) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 57, Agosto de 2018, Tomo I, Décima Época, Materia Penal, página 945, registro 2017641, de rubro siguiente: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, SON IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Así como la diversa jurisprudencia 1a./J. 28/2018 (10a) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 57, Agosto de 2018, Tomo I, Décima Época, Materias Común, Penal, página 943, registro 2017640, de rubro siguiente: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. CONTRA LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, PROCEDE EL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EL CUAL DEBE AGOTARSE EN CUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EL JUICIO DE AMPARO. En mérito de lo anterior, al actualizarse la referida causal de improcedencia, con fundamento en el diverso numeral 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que es notoria y manifiesta, con fundamento en el diverso numeral 113, de la ley de la materia, se desecha de plano la demanda de amparo por notoriamente improcedente. Háganse las anotaciones de rigor en el Libro de Gobierno correspondiente y la captura respectiva en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notificación a la parte quejosa. En términos del artículo 29 de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones la lista de acuerdos que se publica electrónicamente en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, debido a que la ley en cita, no contempla como tal los estrados. Autorizados. Con fundamento en la parte final del artículo 12 de la Ley de Amparo, se tiene como facultados únicamente para oír notificaciones e imponerse de autos a ********************y ********************, por así haberlo solicitado expresamente la parte quejosa. Habilitación de días y horas inhábiles. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio. Copias. Toda vez que el expediente físico servirá únicamente como referencia de los documentos recibidos físicamente ya que será el expediente electrónico el que tenga validez para consulta de las partes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 36 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que rige la tramitación del presente juicio, se hace del conocimiento de las partes autorizadas (con firma electrónica vigente) que podrán descargar en sus equipos de cómputo copia de las constancias que obren en el presente expediente ya que, cuando éstas incluyen la evidencia criptográfica, se consideran como copias certificadas electrónicamente, sin necesidad de hacer mayor gestión. [.]

  3. Principal

    COMO ESTÁ ORDENADO EN AUTOS, SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA XXX POR MEDIO DE LISTA DE ACUERDOS, EL AUTO DE SIETE DE FEBRERO DE DOS MIL VEIBNTITRÉS, QUE EN SU PARTE CONDUCENTE DICE: Tuxpan de Rodríguez Cano, Veracruz, siete de febrero de dos mil veintitrés. Recepción. Se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por********************, por derecho propio, contra actos del Fiscal General del Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa; y otras autoridades. Radicación. Intégrese el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), bajo el número de registro ********************. En ese sentido, se hace del conocimiento de las partes que conforme a los lineamientos establecidos en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal vigente a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós, con independencia del esquema tradicional, híbrido o en línea con el que intervengan las partes en un asunto, este órgano jurisdiccional adoptará como eje rector de su actividad para la tramitación de este juicio la aplicación del Sistema Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal, específicamente, en el SISE; razón por la cual en términos del artículo 263 de dicho acuerdo, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Fijación de los actos reclamados. Del escrito de demanda se advierte que la promovente de amparo reclama en esta vía constitucional lo siguiente: La omisión de investigar el delito de despojo en la carpeta de investigación ********************, no obstante que fueron denunciados los hechos de despojo y que se configura dicho delito; y, La omisión de ejercitar acción penal por el delito de despojo, ante el Juez de Control adscrito al Juzgado de Proceso y Procedimiento Oral del Tercer Distrito Judicial en Turno, Tantoyuca, Veracruz, en la carpeta de investigación ********************. Desechamiento. Ahora, en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, este juzgado está obligado a examinar la demanda y, si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano. En efecto, el citado numeral establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la disposición legal transcrita, se desprende que el juez de distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; lo que se traduce en un obstáculo para que el órgano de control pueda pronunciarse sobre la regularidad del acto que se reclama, conforme a los parámetros de legalidad, constitucionalidad o convencionalidad que resulten aplicables. Luego, es ineludible precisar que, por "manifiesto", debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquél que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, del escrito aclaratorio o documentos que se anexaron. Además, se tiene la certeza y plena convicción que la causal de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que, aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran aportar las partes. Al respecto, es aplicable la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 448, Tomo XVI, julio de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época (registro 186605), de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada". En este sentido, la suscrita considera que, respecto de la demanda de amparo de cuenta, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, instituye que el juicio de amparo será improcedente contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados. Del precepto legal trascrito, se advierte que el juicio de amparo es improcedente en aquellos casos en los que sea factible lograr la modificación, revocación o nulificación del acto reclamado, a través de la tramitación del medio de defensa que la ley ordinaria establezca, pues sólo así es posible dar cumplimiento al principio de definitividad que rige en materia de amparo con las excepciones correspondientes; ello es así, porque de lo contrario imperaría el arbitrio del solicitante de derechos, quien por el solo hecho de señalar violaciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, quedaría en libertad de acudir directamente al juicio de amparo. Se afirma lo anterior porque el juicio de amparo es un medio extraordinario a través del cual se controla la constitucionalidad de actos o leyes, de tal suerte que la jurisdicción ordinaria debe agotarse previamente. En ese sentido, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece: "Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. [.] C. De los derechos de la víctima o del ofendido: [.] VII. Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño". A su vez, la fracción XXI del artículo 109 y el 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, dicen: "Artículo 109. Derechos de la Víctima u ofendido. En los procedimientos previstos en este Código, la víctima u ofendido tendrán los siguientes derechos: (.) XXI. A impugnar por sí o por medio de su representante, las omisiones o negligencia que cometa el Ministerio Público en el desempeño de sus funciones de investigación, en los términos previstos en este Código y en las demás disposiciones legales aplicables". "Artículo 258. Notificaciones y control judicial Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación. La resolución que el Juez de control dicte en estos casos no admitirá recurso alguno." Por lo cual, del referido numeral constitucional se desprende que la víctima u ofendido tiene derecho a impugnar ante el Juez de Control las omisiones del Ministerio Público en el desempeño de sus funciones de investigación. Además, de acuerdo con los artículos mencionados del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte que, en su caso, la víctima u ofendido podrá impugnar diversas determinaciones y omisiones en la fase de investigación, en el término de diez días ante el Juez de Control, tales como la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal; esto es, cualquier actuación del Ministerio Público que tenga como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. En ese contexto, este órgano jurisdiccional considera que el acto citado, debe ser reclamado en la vía jurisdiccional ordinaria, toda vez que, como lo establecen el artículo 20 Constitucional, apartado C, fracción VII, el diverso 109 fracción XXI y 258, del Código Nacional de Procedimientos Penales, existe un medio ordinario para impugnar las omisiones en sede judicial durante la investigación que realice el Ministerio Público; lo cual lleva implícita la posibilidad de impugnar el acto que aduce la peticionaria de amparo por lo que, es imperativo para la víctima u ofendido agotar dicho recurso, previo a incoar el juicio de amparo, sin que en el caso opere algún supuesto de excepción al principio de definitividad. De tal suerte que, si la parte quejosa tuvo a su alcance un medio de impugnación eficaz para impugnar la omisión de la fiscal responsable, pero no lo agotó previamente a la promoción del juicio de amparo, resulta inconcuso que no acató el principio de definitividad que rige en esta instancia constitucional, y por ende, como se dijo, se actualiza la hipótesis prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo. Apoya lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 27/2018 (10a) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 57, Agosto de 2018, Tomo I, Décima Época, Materia Penal, página 945, registro 2017641, de rubro siguiente: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, SON IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Así como la diversa jurisprudencia 1a./J. 28/2018 (10a) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 57, Agosto de 2018, Tomo I, Décima Época, Materias Común, Penal, página 943, registro 2017640, de rubro siguiente: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. CONTRA LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, PROCEDE EL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EL CUAL DEBE AGOTARSE EN CUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EL JUICIO DE AMPARO. En mérito de lo anterior, al actualizarse la referida causal de improcedencia, con fundamento en el diverso numeral 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que es notoria y manifiesta, con fundamento en el diverso numeral 113, de la ley de la materia, se desecha de plano la demanda de amparo por notoriamente improcedente. Háganse las anotaciones de rigor en el Libro de Gobierno correspondiente y la captura respectiva en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notificación a la parte quejosa. En términos del artículo 29 de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones la lista de acuerdos que se publica electrónicamente en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, debido a que la ley en cita, no contempla como tal los estrados. Autorizados. Con fundamento en la parte final del artículo 12 de la Ley de Amparo, se tiene como facultados únicamente para oír notificaciones e imponerse de autos a ********************y ********************, por así haberlo solicitado expresamente la parte quejosa. Habilitación de días y horas inhábiles. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio. Copias. Toda vez que el expediente físico servirá únicamente como referencia de los documentos recibidos físicamente ya que será el expediente electrónico el que tenga validez para consulta de las partes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 36 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que rige la tramitación del presente juicio, se hace del conocimiento de las partes autorizadas (con firma electrónica vigente) que podrán descargar en sus equipos de cómputo copia de las constancias que obren en el presente expediente ya que, cuando éstas incluyen la evidencia criptográfica, se consideran como copias certificadas electrónicamente, sin necesidad de hacer mayor gestión. [.]

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