Minerva Rosalva Acevedo Ramírez

Expediente 1861/2015 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 15 actuaciones registradas, la última del 16 de enero de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1861/2015
Año
2015
Actuaciones
15
Última actuación
16/01/2017

Partes del expediente

  • Minerva Rosalva Acevedo Ramírez
  • Juez Cuarto de lo Penal del Centro, Oaxaca

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    & mesa 3 a pral. 1861/2015 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciséis de enero de dos mil diecisiete. Visto el estado de autos de los que se advierte que por proveído de veinte de septiembre de dos mil dieciséis (fojas 105 a 109), se ordenó el archivo definitivo de este juicio de amparo, devuélvase a la autoridad responsable, juez Cuarto de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, las constancias, que envió como apoyo a su informe justificado (foja 20). Notifíquese.

  2. Principal

    # pral 1861/2015 mesa 3 A Oaxaca de Juárez, Oaxaca, veinte de septiembre de dos mil dieciséis. Vistos los autos y toda vez que la autoridad responsable informó respecto del cumplimiento de la sentencia dictada en este juicio de amparo; en esas condiciones, se procede a establecer si del análisis a las constancias remitidas por la responsable, se encuentra cumplido el fallo protector; y, al efecto, se destaca lo siguiente: I. En este juicio de amparo el acto reclamado lo hizo consistir la parte quejosa en el auto de fecha treinta de noviembre de dos mil quince, emitido en la causa penal 28/2015, mediante el cual se otorgó el beneficio de la libertad provisional bajo caución solicitado y fijó las garantías respectivas. II. Por sentencia dictada en audiencia constitucional de diecinueve de abril de dos mil dieciséis y engrosada el diecisiete de mayo de la anualidad en curso, por el Juez Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la quejosa Minerva Rosalba Acevedo Ramírez (fojas 53 a 58). III. Por acuerdo de diez de junio del año en curso, causó ejecutoria la sentencia de mérito, y se requirió el cumplimiento a la responsable (fojas 72 y 73). IV. Mediante acuerdo de diecinueve de julio de dos mil dieciséis, al valorar las constancias existentes en autos en relación al cumplimiento de la sentencia de amparo, se decretó que esta no había sido cumplida en los términos ordenados, requiriéndose el cumplimiento por parte de la responsable. V. Mediante oficio número 4460, el juez Cuarto de lo Penal del distrito judicial del Centro, residente en esta ciudad, remitió copia certificada del auto de veintiséis de julio del año en curso, dictado en la causa penal 28/2015 (fojas 93 a 95). V. Por lo que, en acuerdo de veintinueve de julio de dos mil dieciséis, se dio vista a la parte quejosa y tercera interesada para que, en el plazo de tres días, expresaran lo que a sus intereses conviniera (foja 96), mismos que quedaron notificados respectivamente el cuatro de agosto y veinte de julio último (fojas 100 y 101). Ahora, en la ejecutoria de amparo, se concedió la protección constitucional en los siguientes términos (fojas 57 reverso y 58): ". Lo expuesto, pone de relieve que el actuar del juez responsable, vulnera lo dispuesto en el artículo 16 Constitucional, ya que no está debidamente fundado y motivado, el acuerdo reclamado. Lo anterior se determina así, toda vez que el juez señalado como responsable, fue omiso en justificar porqué estimó que era idóneo fijar como garantía la media aritmética de la sanción pecuniaria que se le llegaría a imponer a la inculpada, aquí quejosa, en caso de sentencia. Esto es, no valoró las circunstancias específicas de la indiciada, aquí peticionaria y de la comisión de los ilícitos de despojo y uso de documento falso. Sin que ello implique, que el hecho de fijar como caución un monto mayor a la multa mínima que correspondería imponer con motivo de la comisión de los delitos en cuestión, prejuzgue sobre la acreditación de la responsabilidad o el grado de culpabilidad del inculpado, sino que se está tratando de proteger tanto a la víctima como a la sociedad, al impedir que el sujeto activo se sustraiga a la acción de la justicia y siga cometiendo hechos delictivos en su perjuicio, independientemente de que será hasta el momento de dictar la sentencia definitiva cuando pueda hacerse un pronunciamiento sobre la culpabilidad del indiciado. Además, no expuso cuáles eran los antecedentes de la inculpada, aquí quejosa, la gravedad y circunstancias de la infracción imputada, el mayor o menor interés que tenía en substraerse a la acción de la justicia, sus condiciones económicas, así como la naturaleza de la garantía que ofrecía, con el objeto de determinar la cuantía de la garantía que le es exigible para asegurar el cumplimiento de las obligaciones a su cargo derivadas del proceso. De ahí, lo fundado de los motivos de inconformidad en estudio. En estas circunstancias, se concede el amparo y protección de la Justicia Federal a Minerva Rosalva Acevedo Ramírez, para el efecto de que el Juez Cuarto de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, con sede en Ixcotel, Centro, Oaxaca: Deje insubsistente el proveído de treinta de noviembre de dos mil quince, emitido en la causa penal 28/2015, por el cual se concedió el beneficio de la libertad provisional bajo caución. Emita otro, que podrá ser en el mismo sentido o diverso, con la obligación de pronunciarse en relación a la solicitud de la quejosa, de que le sea otorgado el beneficio de la libertad provisional bajo caución, pero fundando y motivando debidamente su determinación, en los términos precisados con anterioridad.". De la documental que obra en autos y remitida por la responsable, consistente en el auto dictado el veintiséis de julio de este año, en la causa penal 28/2015, con pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, por haber sido expedida por funcionario público esa documental en copia certificada, en ejercicio de sus funciones, se advierte lo siguiente que el juez Cuarto de lo Penal del distrito judicial del centro, el dieciséis de junio de dos mil dieciséis: Primer efecto de la sentencia. a) Dejó sin efecto el proveído de fecha treinta de noviembre de dos mil quince (foja 94). b) En relación con el segundo efecto de la sentencia, como lo es el de dictar otra resolución en la que, al pronunciarse sobre la solicitud de la quejosa, de que le sea otorgado el beneficio de la libertad provisional bajo caución, funde y motive debidamente su determinación, el juez responsable señaló (foja 94 vta.): ". Se concede a la procesada.el beneficio de la libertad provisional bajo caución, siempre y cuando exhiba a satisfacción de este Juzgado, las siguientes cantidades que a continuación se detallan. Por lo que hace al delito de DESPOJO, se fija I. Por concepto de garantía por multa, la cantidad de cien días multa, que multiplicado por sesenta y tres pesos con setenta y siete centavos, moneda nacional, salario mínimo vigente en la época de los hechos, arroja la cantidad de SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE CERO CENTAVOS MONEDA NACIONAL -sic-, cantidad que resulta ser la mínima de la sanción pecuniaria que se llegare a imponer en sentencia en caso de resultar condenada; II. Por concepto de garantía por OBLIGACIONES PROCESALES se le fija la cantidad de CINCUENTA MIL PESOS, CERO CENTAVOS, MONEDA NACIONAL, misma que resulta ser asequible a la procesada atendiendo a sus posibilidades económicas, en virtud que al momento de declarar en preparatoria de fecha veintinueve de noviembre de dos mil quince, en sus generales dijo: dedicarse al comercio, que si bien percibe la cantidad de mil pesos, cero centavos, moneda nacional, semanalmente, también lo es que tiene un dependiente económico y haber cursado el tercer año de contaduría pública; máxime que en fecha tres de diciembre de dos mil quince exhibió las cantidades fijadas en auto de fecha treinta de noviembre de dos mil quince. (.) Ahora bien, por lo que hace al delito de USO DE DOCUMENTOS FALSOS, se fija: I. por concepto de GARANTÍA POR MULTA, la cantidad de quince días multa que multiplicados por sesenta y tres pesos, con setenta y siete centavos, moneda nacional, salario mínimo vigente en la época de los hecho arroja la cantidad de NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS, CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS, MONEDA NACIONAL, cantidad que resulta ser la mínima de la sanción pecuniaria que se llegare a imponer en sentencia en caso de resultar condenada; y, II. Por concepto de garantía de OBLIGACIONES PROCESALES, se le fija la cantidad de CINCO MIL PESOS CERO CENTAVOS MONEDA NACIONAL, cantidad que resulta ser asequible a las necesidades y facilidades de la procesada, por lo ya expuesto en líneas anteriores". Al respecto, la autoridad responsable estimó que era procedente fijar como cantidad para garantizar la multa, aquella la mínima de la sanción pecuniaria que se llegare a imponer en sentencia en caso de resultar condenada. Ahora, en relación con las sumas fijadas por concepto de obligaciones procesales, aunque fijó diversas cantidades, pues reduciendo de trescientos mil pesos y veinte mil pesos, por los ilícitos de despojo y uso de documento falso, a cincuenta mil pesos y cinco mil pesos, la responsable indicó que los elementos con los que se allegó para fijar ese monto, fueron: a) Que resultaba asequible atendiendo a sus posibilidades y necesidades económicas, en virtud de que al momento de declarar en preparatoria, dijo: Dedicarse al comercio, percibiendo la cantidad de mil pesos, cero centavos, moneda nacional, semanalmente. Tener un dependiente económico; y, Haber cursado el tercer año de contaduría pública. b) Que prevalecía el hecho de que con fecha tres de diciembre de dos mil quince exhibió las cantidades fijadas en auto de fecha treinta de noviembre de dos mil quince. Y aunque en la fecha en que se dictó la sentencia de amparo, diecisiete de mayo de dos mil dieciséis, ya existía esa constancia de haberse exhibido por la quejosa las garantías señaladas, se concedió la protección constitucional para que se expusieran los motivos y fundamentos de fijar determinadas sumas por ese concepto de obligaciones procesales, misma que subsiste en sus términos por no haber sido recurrida por ninguna de las partes. En el caso la responsable refirió que respecto de la manera de determinar la cantidad por concepto de obligaciones procesales, en la legislación procesal penal no se estableció ello, sino que ello es una condición que en forma explícita se fija para la obtención del beneficio de la libertad condicional e invocó la jurisprudencia de rubro: Época: Novena Época Registro: 193774 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo IX, Junio de 1999 Materia(s): Constitucional, Penal Tesis: P./J. 44/99 Página: 5 MEDIDA DE ASEGURAMIENTO. LA PREVISTA EN LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 269 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL ESTADO DE OAXACA, PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PROCESALES QUE CONTRAIGA EL SUJETO QUE OBTENGA LA LIBERTAD PROVISIONAL BAJO CAUCIÓN, NO ES CONCULCATORIA DE LA GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA PREVISTA EN LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 20 CONSTITUCIONAL. La exigencia que impone la fracción III del artículo 269 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Oaxaca, en el sentido de que el inculpado podrá obtener su libertad provisional cuando, además de las garantías relativas al monto estimado de la reparación del daño y de las sanciones pecuniarias que, en su caso, puedan imponérsele, también se le exija otra para asegurar el cumplimiento de las obligaciones que, en términos de ley, deriven a su cargo en razón del proceso que se le instruye, no es conculcatoria de la garantía de seguridad jurídica consagrada en la fracción I del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que siempre ha sido una condición que en forma explícita se exigía en el texto original del citado precepto constitucional para la obtención del beneficio de la libertad provisional bajo caución; y aunque tal disposición ha sido materia de varias modificaciones, siempre se ha reconocido, aunque sea de manera implícita que, para el otorgamiento de tal beneficio, debe exhibirse una garantía que asegure al inculpado y lo constriña al cumplimiento de sus obligaciones procesales. En esas condiciones, se aprecia que la autoridad responsable, acató en sus términos la ejecutoria de amparo, pues dejó insubsistente la parte relativa del auto de treinta de noviembre de dos mil quince (foja 94) y al dictar otra resolución se pronunció respecto a la solicitud de la quejosa, relativa al otorgamiento del beneficio de la libertad provisional bajo caución, señalando los motivos y fundamentos para fijar determinadas sumas por el concepto de obligaciones procesales. De ahí que se considere que no existe defecto o exceso en la ejecución de la ejecutoria de referencia, por lo que, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se declara que ha sido cumplida la sentencia de amparo. Con apoyo en el párrafo cuarto del invocado precepto 196, toda vez que no existe asunto pendiente de diligenciar, de conformidad con lo dispuesto en los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo primero y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre del dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena el archivo de este expediente como definitivamente concluido. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se actualiza alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, párrafo último, del Acuerdo General citado. Con fundamento en la fracción IV del referido punto vigésimo primero, este expediente es depurable una vez transcurridos más de cinco años, a partir de la fecha en que se emite este auto; por tanto, se conservará en el archivo de valor jurídico, la demanda y sentencia respectiva, previa digitalización. Se comunica a las partes que, conforme a los puntos noveno, fracción I, décimo, fracción I, y vigésimo primero, fracción IV, del referido Acuerdo General, este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años; y, cumplido tal plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hágase la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese personalmente. Lo proveyó y firma el licenciado Ponciano Velasco Velasco, juez Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca, ante la licenciada Beatriz Bernardita Martínez Martínez, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Notificacion parte quejosa Número de expediente: 1861/2015 Acuerdo: pral 1861/2015 mesa 3 A Oaxaca de Juárez, Oaxaca, veinte de septiembre de dos mil dieciséis. Vistos los autos y toda vez que la autoridad responsable informó respecto del cumplimiento de la sentencia dictada en este juicio de amparo; en esas condiciones, se procede a establecer si del análisis a las constancias remitidas por la responsable, se encuentra cumplido el fallo protector; y, al efecto, se destaca lo siguiente: I. En este juicio de amparo el acto reclamado lo hizo consistir la parte quejosa en el auto de fecha treinta de noviembre de dos mil quince, emitido en la causa penal 28/2015, mediante el cual se otorgó el beneficio de la libertad provisional bajo caución solicitado y fijó las garantías respectivas. II. Por sentencia dictada en audiencia constitucional de diecinueve de abril de dos mil dieciséis y engrosada el diecisiete de mayo de la anualidad en curso, por el Juez Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la quejosa Minerva Rosalba Acevedo Ramírez (fojas 53 a 58). III. Por acuerdo de diez de junio del año en curso, causó ejecutoria la sentencia de mérito, y se requirió el cumplimiento a la responsable (fojas 72 y 73). IV. Mediante acuerdo de diecinueve de julio de dos mil dieciséis, al valorar las constancias existentes en autos en relación al cumplimiento de la sentencia de amparo, se decretó que esta no había sido cumplida en los términos ordenados, requiriéndose el cumplimiento por parte de la responsable. V. Mediante oficio número 4460, el juez Cuarto de lo Penal del distrito judicial del Centro, residente en esta ciudad, remitió copia certificada del auto de veintiséis de julio del año en curso, dictado en la causa penal 28/2015 (fojas 93 a 95). V. Por lo que, en acuerdo de veintinueve de julio de dos mil dieciséis, se dio vista a la parte quejosa y tercera interesada para que, en el plazo de tres días, expresaran lo que a sus intereses conviniera (foja 96), mismos que quedaron notificados respectivamente el cuatro de agosto y veinte de julio último (fojas 100 y 101). Ahora, en la ejecutoria de amparo, se concedió la protección constitucional en los siguientes términos (fojas 57 reverso y 58): ". Lo expuesto, pone de relieve que el actuar del juez responsable, vulnera lo dispuesto en el artículo 16 Constitucional, ya que no está debidamente fundado y motivado, el acuerdo reclamado. Lo anterior se determina así, toda vez que el juez señalado como responsable, fue omiso en justificar porqué estimó que era idóneo fijar como garantía la media aritmética de la sanción pecuniaria que se le llegaría a imponer a la inculpada, aquí quejosa, en caso de sentencia. Esto es, no valoró las circunstancias específicas de la indiciada, aquí peticionaria y de la comisión de los ilícitos de despojo y uso de documento falso. Sin que ello implique, que el hecho de fijar como caución un monto mayor a la multa mínima que correspondería imponer con motivo de la comisión de los delitos en cuestión, prejuzgue sobre la acreditación de la responsabilidad o el grado de culpabilidad del inculpado, sino que se está tratando de proteger tanto a la víctima como a la sociedad, al impedir que el sujeto activo se sustraiga a la acción de la justicia y siga cometiendo hechos delictivos en su perjuicio, independientemente de que será hasta el momento de dictar la sentencia definitiva cuando pueda hacerse un pronunciamiento sobre la culpabilidad del indiciado. Además, no expuso cuáles eran los antecedentes de la inculpada, aquí quejosa, la gravedad y circunstancias de la infracción imputada, el mayor o menor interés que tenía en substraerse a la acción de la justicia, sus condiciones económicas, así como la naturaleza de la garantía que ofrecía, con el objeto de determinar la cuantía de la garantía que le es exigible para asegurar el cumplimiento de las obligaciones a su cargo derivadas del proceso. De ahí, lo fundado de los motivos de inconformidad en estudio. En estas circunstancias, se concede el amparo y protección de la Justicia Federal a Minerva Rosalva Acevedo Ramírez, para el efecto de que el Juez Cuarto de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, con sede en Ixcotel, Centro, Oaxaca: Deje insubsistente el proveído de treinta de noviembre de dos mil quince, emitido en la causa penal 28/2015, por el cual se concedió el beneficio de la libertad provisional bajo caución. Emita otro, que podrá ser en el mismo sentido o diverso, con la obligación de pronunciarse en relación a la solicitud de la quejosa, de que le sea otorgado el beneficio de la libertad provisional bajo caución, pero fundando y motivando debidamente su determinación, en los términos precisados con anterioridad.". De la documental que obra en autos y remitida por la responsable, consistente en el auto dictado el veintiséis de julio de este año, en la causa penal 28/2015, con pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, por haber sido expedida por funcionario público esa documental en copia certificada, en ejercicio de sus funciones, se advierte lo siguiente que el juez Cuarto de lo Penal del distrito judicial del centro, el dieciséis de junio de dos mil dieciséis: Primer efecto de la sentencia. a) Dejó sin efecto el proveído de fecha treinta de noviembre de dos mil quince (foja 94). b) En relación con el segundo efecto de la sentencia, como lo es el de dictar otra resolución en la que, al pronunciarse sobre la solicitud de la quejosa, de que le sea otorgado el beneficio de la libertad provisional bajo caución, funde y motive debidamente su determinación, el juez responsable señaló (foja 94 vta.): ". Se concede a la procesada.el beneficio de la libertad provisional bajo caución, siempre y cuando exhiba a satisfacción de este Juzgado, las siguientes cantidades que a continuación se detallan. Por lo que hace al delito de DESPOJO, se fija I. Por concepto de garantía por multa, la cantidad de cien días multa, que multiplicado por sesenta y tres pesos con setenta y siete centavos, moneda nacional, salario mínimo vigente en la época de los hechos, arroja la cantidad de SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE CERO CENTAVOS MONEDA NACIONAL -sic-, cantidad que resulta ser la mínima de la sanción pecuniaria que se llegare a imponer en sentencia en caso de resultar condenada; II. Por concepto de garantía por OBLIGACIONES PROCESALES se le fija la cantidad de CINCUENTA MIL PESOS, CERO CENTAVOS, MONEDA NACIONAL, misma que resulta ser asequible a la procesada atendiendo a sus posibilidades económicas, en virtud que al momento de declarar en preparatoria de fecha veintinueve de noviembre de dos mil quince, en sus generales dijo: dedicarse al comercio, que si bien percibe la cantidad de mil pesos, cero centavos, moneda nacional, semanalmente, también lo es que tiene un dependiente económico y haber cursado el tercer año de contaduría pública; máxime que en fecha tres de diciembre de dos mil quince exhibió las cantidades fijadas en auto de fecha treinta de noviembre de dos mil quince. (.) Ahora bien, por lo que hace al delito de USO DE DOCUMENTOS FALSOS, se fija: I. por concepto de GARANTÍA POR MULTA, la cantidad de quince días multa que multiplicados por sesenta y tres pesos, con setenta y siete centavos, moneda nacional, salario mínimo vigente en la época de los hecho arroja la cantidad de NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS, CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS, MONEDA NACIONAL, cantidad que resulta ser la mínima de la sanción pecuniaria que se llegare a imponer en sentencia en caso de resultar condenada; y, II. Por concepto de garantía de OBLIGACIONES PROCESALES, se le fija la cantidad de CINCO MIL PESOS CERO CENTAVOS MONEDA NACIONAL, cantidad que resulta ser asequible a las necesidades y facilidades de la procesada, por lo ya expuesto en líneas anteriores". Al respecto, la autoridad responsable estimó que era procedente fijar como cantidad para garantizar la multa, aquella la mínima de la sanción pecuniaria que se llegare a imponer en sentencia en caso de resultar condenada. Ahora, en relación con las sumas fijadas por concepto de obligaciones procesales, aunque fijó diversas cantidades, pues reduciendo de trescientos mil pesos y veinte mil pesos, por los ilícitos de despojo y uso de documento falso, a cincuenta mil pesos y cinco mil pesos, la responsable indicó que los elementos con los que se allegó para fijar ese monto, fueron: a) Que resultaba asequible atendiendo a sus posibilidades y necesidades económicas, en virtud de que al momento de declarar en preparatoria, dijo: Dedicarse al comercio, percibiendo la cantidad de mil pesos, cero centavos, moneda nacional, semanalmente. Tener un dependiente económico; y, Haber cursado el tercer año de contaduría pública. b) Que prevalecía el hecho de que con fecha tres de diciembre de dos mil quince exhibió las cantidades fijadas en auto de fecha treinta de noviembre de dos mil quince. Y aunque en la fecha en que se dictó la sentencia de amparo, diecisiete de mayo de dos mil dieciséis, ya existía esa constancia de haberse exhibido por la quejosa las garantías señaladas, se concedió la protección constitucional para que se expusieran los motivos y fundamentos de fijar determinadas sumas por ese concepto de obligaciones procesales, misma que subsiste en sus términos por no haber sido recurrida por ninguna de las partes. En el caso la responsable refirió que respecto de la manera de determinar la cantidad por concepto de obligaciones procesales, en la legislación procesal penal no se estableció ello, sino que ello es una condición que en forma explícita se fija para la obtención del beneficio de la libertad condicional e invocó la jurisprudencia de rubro: Época: Novena Época Registro: 193774 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo IX, Junio de 1999 Materia(s): Constitucional, Penal Tesis: P./J. 44/99 Página: 5 MEDIDA DE ASEGURAMIENTO. LA PREVISTA EN LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 269 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL ESTADO DE OAXACA, PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PROCESALES QUE CONTRAIGA EL SUJETO QUE OBTENGA LA LIBERTAD PROVISIONAL BAJO CAUCIÓN, NO ES CONCULCATORIA DE LA GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA PREVISTA EN LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 20 CONSTITUCIONAL. La exigencia que impone la fracción III del artículo 269 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Oaxaca, en el sentido de que el inculpado podrá obtener su libertad provisional cuando, además de las garantías relativas al monto estimado de la reparación del daño y de las sanciones pecuniarias que, en su caso, puedan imponérsele, también se le exija otra para asegurar el cumplimiento de las obligaciones que, en términos de ley, deriven a su cargo en razón del proceso que se le instruye, no es conculcatoria de la garantía de seguridad jurídica consagrada en la fracción I del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que siempre ha sido una condición que en forma explícita se exigía en el texto original del citado precepto constitucional para la obtención del beneficio de la libertad provisional bajo caución; y aunque tal disposición ha sido materia de varias modificaciones, siempre se ha reconocido, aunque sea de manera implícita que, para el otorgamiento de tal beneficio, debe exhibirse una garantía que asegure al inculpado y lo constriña al cumplimiento de sus obligaciones procesales. En esas condiciones, se aprecia que la autoridad responsable, acató en sus términos la ejecutoria de amparo, pues dejó insubsistente la parte relativa del auto de treinta de noviembre de dos mil quince (foja 94) y al dictar otra resolución se pronunció respecto a la solicitud de la quejosa, relativa al otorgamiento del beneficio de la libertad provisional bajo caución, señalando los motivos y fundamentos para fijar determinadas sumas por el concepto de obligaciones procesales. De ahí que se considere que no existe defecto o exceso en la ejecución de la ejecutoria de referencia, por lo que, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se declara que ha sido cumplida la sentencia de amparo. Con apoyo en el párrafo cuarto del invocado precepto 196, toda vez que no existe asunto pendiente de diligenciar, de conformidad con lo dispuesto en los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo primero y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre del dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena el archivo de este expediente como definitivamente concluido. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se actualiza alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, párrafo último, del Acuerdo General citado. Con fundamento en la fracción IV del referido punto vigésimo primero, este expediente es depurable una vez transcurridos más de cinco años, a partir de la fecha en que se emite este auto; por tanto, se conservará en el archivo de valor jurídico, la demanda y sentencia respectiva, previa digitalización. Se comunica a las partes que, conforme a los puntos noveno, fracción I, décimo, fracción I, y vigésimo primero, fracción IV, del referido Acuerdo General, este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años; y, cumplido tal plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hágase la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese personalmente. Lo proveyó y firma el licenciado Ponciano Velasco Velasco, juez Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca, ante la licenciada Beatriz Bernardita Martínez Martínez, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  4. Principal

    notificacion a la quejosa.-Número de expediente: 1861/2015 Acuerdo: # pral 1861/2015 mesa 3 A Oaxaca de Juárez, Oaxaca, veintinueve de julio de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos el oficio 4460 del juez Cuarto de lo Penal del distrito judicial del centro, residente en Ixcotel, centro, Oaxaca, mediante el que informa con relación al cumplimiento de la sentencia de amparo y remite copia certificada de la resolución dictada el veintiséis de julio del año en curso, en el expediente penal número 28/2015, de su índice. Con lo anterior y con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes quejosa y tercera interesada, para que manifiesten lo que a su derecho convenga. Transcurrido dicho término, resuélvase lo procedente en relación con ese cumplimiento. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa y por oficio al tercero interesado. Lo proveyó y firma el licenciado Ponciano Velasco Velasco, juez Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca, ante la licenciada Beatriz Bernardita Martínez Martínez, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

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