MINERVA MARTÍNEZ VALENZUELA y Otros.

Expediente 651/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 11 actuaciones registradas, la última del 14 de diciembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
651/2019
Año
2019
Actuaciones
11
Última actuación
14/12/2020

Partes del expediente

  • MINERVA MARTÍNEZ VALENZUELA y Otros.
  • Minerva Martínez Valenzuela

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    MESA VI B San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, catorce de diciembre de dos mil veinte. Toda vez que transcurrió el plazo de quince días a que se refiere el artículo 202 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubieren interpuesto recurso en contra del auto que tuvo por cumplida la sentencia dictada en este juicio; en términos del citado artículo, se declara que ha quedado firme dicho proveído.

  2. Principal

    MESA V V San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, nueve de noviembre de dos mil veinte. Toda vez que concluyó el plazo concedido, relativo a la vista del cumplimiento dado al fallo protector; se procede a analizar las determinaciones adoptadas por la responsable sobre ese aspecto. De entrada, cabe destacar que por sentencia de veinticinco de septiembre de dos mil veinte, se concedió el amparo y protección de la justicia federal a ***, para el efecto de que la autoridad responsable Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Agencia Primera Investigadora Oaxaca de la Unidad de Investigación y Litigación en el Estado de Oaxaca, realizara lo siguiente: "Notificara personalmente a la quejosa, la respuesta otorgada mediante oficio sin número de tres de junio de dos mil diecinueve." En ese orden, mediante proveído de quince de octubre del año en curso, causó ejecutoria dicho fallo protector, en razón de ello, se requirió el cumplimiento correspondiente a la autoridad responsable. Por actuación de veintidós de octubre del año que transcurre, se tuvo a la autoridad responsable remitiendo copia cotejada de la comparecencia de treinta de septiembre de dos mil diecinueve, realizada en la carpeta de investigación FED/OAX/OAX/***/2019, de la que se advierte, realizó la devolución a la aquí quejosa *** del vehículo de motor afecto a la citada carpeta de investigación. En ese sentido, resulta oportuno señalar que la acción constitucional intentada por la quejosa, derivó con motivo de la omisión por parte de la citada autoridad ministerial de atender su escrito de veintitrés de mayo de dos mil diecinueve, mediante el cual, solicitó la devolución del aludido vehículo de motor afecto a la referida carpeta de investigación. En ese tenor, durante el juicio de amparo la autoridad ministerial en mención, acreditó que dicha solicitud fue atendida mediante oficio sin número desde el tres de junio de dos mil diecinueve, por el cual, se determinó que, por el momento no era procedente realizar la devolución del vehículo, por los motivos ahí expuestos, por lo que, mediante actuación de trece de marzo de dos mil veinte, esta autoridad de amparo previno a la quejosa de mérito para que ampliara su demanda respecto a esa respuesta, sin que lo hubiere hecho, no obstante de haber quedado debidamente notificada para ello. En razón de lo anterior, al no haber ampliado la quejosa su demanda, se concedió el amparo únicamente para el efecto indicado. Bajo ese contexto, el examen comparativo que se realiza entre la ejecutoria de amparo y las actuaciones realizadas por la autoridad ministerial, pone de manifiesto que la ejecutoria de amparo se encuentra cumplida; en virtud que, si bien la autoridad ministerial no remitió la constancia de notificación de la negativa otorgada primigeniamente a la quejosa, ello fue porque mediante comparecencia de treinta de septiembre de dos mil diecinueve, le devolvió a la quejosa ***, el vehículo de motor materia de dicha petición, por lo cual, es dable establecer que, con esa entrega dejó sin efecto la negativa formulada el tres de junio de dos mil diecinueve, y en consecuencia, la omisión de notificarle tal respuesta, con lo cual, se restituyó a la quejosa en el pleno goce del derecho humano que estimaba vulnerado, de manera total e incondicional. En esas condiciones, con fundamento en el artículo 196, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia pronunciada en autos, lo que se ordena hacer del conocimiento de las partes. Ahora bien, el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, obliga a los órganos de control constitucional, no sólo a emitir pronunciamiento sobre si está cumplida o no la ejecutoria de amparo, sino además a declarar si existió exceso o defecto en el cumplimiento (o si hay imposibilidad para cumplirla). Para ello, es necesario establecer con nitidez si la autoridad responsable, que se encontraba vinculada al acatamiento de una sentencia de amparo, la cumplió correctamente o si, por el contrario, al obedecerla lo hizo incorrectamente, ya sea porque incurrió en un exceso o en un defecto. En otras palabras, lo que se debe resolver es el modo como se trató de cumplir con la sentencia de amparo y, en su caso, determinar si no se hizo todo lo que se debía o se hizo más de lo ordenado. De manera que la resolución que se emita debe ser congruente y guardar correspondencia con los efectos de la protección constitucional establecidos en la ejecutoria de amparo o aquellos que natural y racionalmente deriven de ésta, sin que pueda alterarlos o modificarlos en virtud de su firmeza. En el caso particular, la autoridad responsable, acató todos y cada uno de los alcances del fallo constitucional, como ya quedó relatado con anterioridad. De modo que la autoridad responsable, cumplió correctamente con la sentencia de amparo, pues, realizó todo lo que se debía y no hizo más de lo ordenado. Sin que obste a lo anterior, que el Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Agencia Primera Investigadora Oaxaca de la Unidad de Investigación y Litigación en el Estado de Oaxaca, en vez de únicamente notificar a la parte quejosa la negativa emitida con motivo de su petición, le haya devuelto su unidad de motor, toda vez que, dicho actuar de la Representación Social, fue en uso de las facultades que la propia ley ordinaria le confiere, y anterior a que se emitiera y causara ejecutoria la sentencia emitida en este juicio, por lo cual, no se puede considerar que se está frente a un exceso o defecto en el cumplimiento; máxime que, como se ha establecido, con el proceder de la Representación Social se restituyó a la quejosa en el pleno goce del derecho humano que estimaba vulnerado, de manera total e incondicional. Considerar lo contrario, implicaría que la aplicación del derecho resultara irracional por no atender al caso concreto, y contrario a la realidad material. En tales términos, de acuerdo con el segundo párrafo del artículo 196, de la Ley de Amparo, se determina que en el presente caso, no existe exceso o defecto en el cumplimiento del fallo protector. Resulta aplicable, por identidad jurídica, la tesis de jurisprudencia 1a./J. 120/2013 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 774, Libro 2, Enero de 2014, Tomo II, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, que es del tenor siguiente: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. MATERIA DE ESTUDIO DE DICHO RECURSO. La materia del recurso de inconformidad previsto en el artículo 201 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013, conforme a su fracción I, la constituye la resolución que tenga por cumplida la ejecutoria de amparo, en los términos del artículo 196 de la propia ley; es decir, el estudio de legalidad de la determinación de la autoridad que haya conocido del juicio de amparo, en el sentido de que la ejecutoria ha sido cumplida totalmente. Por tanto, su análisis debe atender a la materia determinada por la acción constitucional, así como al límite señalado en la ejecutoria en que se otorgó la protección de la Justicia Federal, sin excesos ni defectos, y no a la legalidad de la resolución emitida por la autoridad responsable en aspectos novedosos que no fueron analizados por el juzgador de amparo. Así, el cumplimiento total de las sentencias, sin excesos ni defectos, a que se refiere el primer párrafo del citado artículo 196, supone el análisis y la precisión de los alcances y efectos de la ejecutoria, a partir de la interpretación del fallo protector y de la naturaleza de la violación examinada en él, para que, una vez interpretada esa resolución, se fijen sus consecuencias para lograr el restablecimiento de las cosas al estado que guardaban antes de la violación constitucional de que se trate, sin que ello signifique que el juez pueda incorporar elementos novedosos a su análisis para extender los efectos precisados en el fallo a otras posibles violaciones aducidas por los quejosos, que no hayan sido motivo de protección por parte de la Justicia de la Unión." En otro orden, en acatamiento a lo dispuesto por el párrafo cuarto del citado ordinal 196 de la ley de la materia, y con fundamento, además, en los artículos 1, 15, 17, fracción II, 18, fracción I y 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del año en curso, archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, se estima que este expediente carece de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15, del acuerdo en comento. Toda vez que en este juicio se concedió el amparo solicitado, deberá hacerse del conocimiento de las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, dentro de los siguientes noventa días se procederá a su depuración, y posteriormente se transferirá al Depósito documental, que es el área destinada a la organización, conservación y consulta del archivo judicial, dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, conforme a lo establecido en el artículo 18, fracción I, inciso b), ultimo y antepenúltimo párrafos, del Acuerdo invocado. Por último, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en la carátula del expediente. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    NOTIFICACION PERSONAL A LA PARTE QUEJOSA POR LISTA MESA VI-B San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, nueve de noviembre de dos mil veinte. Toda vez que concluyó el plazo concedido, relativo a la vista del cumplimiento dado al fallo protector; se procede a analizar las determinaciones adoptadas por la responsable sobre ese aspecto. De entrada, cabe destacar que por sentencia de veinticinco de septiembre de dos mil veinte, se concedió el amparo y protección de la justicia federal a ***, para el efecto de que la autoridad responsable Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Agencia Primera Investigadora Oaxaca de la Unidad de Investigación y Litigación en el Estado de Oaxaca, realizara lo siguiente: "Notificara personalmente a la quejosa, la respuesta otorgada mediante oficio sin número de tres de junio de dos mil diecinueve." En ese orden, mediante proveído de quince de octubre del año en curso, causó ejecutoria dicho fallo protector, en razón de ello, se requirió el cumplimiento correspondiente a la autoridad responsable. Por actuación de veintidós de octubre del año que transcurre, se tuvo a la autoridad responsable remitiendo copia cotejada de la comparecencia de treinta de septiembre de dos mil diecinueve, realizada en la carpeta de investigación FED/OAX/OAX/***/2019, de la que se advierte, realizó la devolución a la aquí quejosa *** del vehículo de motor afecto a la citada carpeta de investigación. En ese sentido, resulta oportuno señalar que la acción constitucional intentada por la quejosa, derivó con motivo de la omisión por parte de la citada autoridad ministerial de atender su escrito de veintitrés de mayo de dos mil diecinueve, mediante el cual, solicitó la devolución del aludido vehículo de motor afecto a la referida carpeta de investigación. En ese tenor, durante el juicio de amparo la autoridad ministerial en mención, acreditó que dicha solicitud fue atendida mediante oficio sin número desde el tres de junio de dos mil diecinueve, por el cual, se determinó que, por el momento no era procedente realizar la devolución del vehículo, por los motivos ahí expuestos, por lo que, mediante actuación de trece de marzo de dos mil veinte, esta autoridad de amparo previno a la quejosa de mérito para que ampliara su demanda respecto a esa respuesta, sin que lo hubiere hecho, no obstante de haber quedado debidamente notificada para ello. En razón de lo anterior, al no haber ampliado la quejosa su demanda, se concedió el amparo únicamente para el efecto indicado. Bajo ese contexto, el examen comparativo que se realiza entre la ejecutoria de amparo y las actuaciones realizadas por la autoridad ministerial, pone de manifiesto que la ejecutoria de amparo se encuentra cumplida; en virtud que, si bien la autoridad ministerial no remitió la constancia de notificación de la negativa otorgada primigeniamente a la quejosa, ello fue porque mediante comparecencia de treinta de septiembre de dos mil diecinueve, le devolvió a la quejosa ***, el vehículo de motor materia de dicha petición, por lo cual, es dable establecer que, con esa entrega dejó sin efecto la negativa formulada el tres de junio de dos mil diecinueve, y en consecuencia, la omisión de notificarle tal respuesta, con lo cual, se restituyó a la quejosa en el pleno goce del derecho humano que estimaba vulnerado, de manera total e incondicional. En esas condiciones, con fundamento en el artículo 196, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia pronunciada en autos, lo que se ordena hacer del conocimiento de las partes. Ahora bien, el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, obliga a los órganos de control constitucional, no sólo a emitir pronunciamiento sobre si está cumplida o no la ejecutoria de amparo, sino además a declarar si existió exceso o defecto en el cumplimiento (o si hay imposibilidad para cumplirla). Para ello, es necesario establecer con nitidez si la autoridad responsable, que se encontraba vinculada al acatamiento de una sentencia de amparo, la cumplió correctamente o si, por el contrario, al obedecerla lo hizo incorrectamente, ya sea porque incurrió en un exceso o en un defecto. En otras palabras, lo que se debe resolver es el modo como se trató de cumplir con la sentencia de amparo y, en su caso, determinar si no se hizo todo lo que se debía o se hizo más de lo ordenado. De manera que la resolución que se emita debe ser congruente y guardar correspondencia con los efectos de la protección constitucional establecidos en la ejecutoria de amparo o aquellos que natural y racionalmente deriven de ésta, sin que pueda alterarlos o modificarlos en virtud de su firmeza. En el caso particular, la autoridad responsable, acató todos y cada uno de los alcances del fallo constitucional, como ya quedó relatado con anterioridad. De modo que la autoridad responsable, cumplió correctamente con la sentencia de amparo, pues, realizó todo lo que se debía y no hizo más de lo ordenado. Sin que obste a lo anterior, que el Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Agencia Primera Investigadora Oaxaca de la Unidad de Investigación y Litigación en el Estado de Oaxaca, en vez de únicamente notificar a la parte quejosa la negativa emitida con motivo de su petición, le haya devuelto su unidad de motor, toda vez que, dicho actuar de la Representación Social, fue en uso de las facultades que la propia ley ordinaria le confiere, y anterior a que se emitiera y causara ejecutoria la sentencia emitida en este juicio, por lo cual, no se puede considerar que se está frente a un exceso o defecto en el cumplimiento; máxime que, como se ha establecido, con el proceder de la Representación Social se restituyó a la quejosa en el pleno goce del derecho humano que estimaba vulnerado, de manera total e incondicional. Considerar lo contrario, implicaría que la aplicación del derecho resultara irracional por no atender al caso concreto, y contrario a la realidad material. En tales términos, de acuerdo con el segundo párrafo del artículo 196, de la Ley de Amparo, se determina que en el presente caso, no existe exceso o defecto en el cumplimiento del fallo protector. Resulta aplicable, por identidad jurídica, la tesis de jurisprudencia 1a./J. 120/2013 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 774, Libro 2, Enero de 2014, Tomo II, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, que es del tenor siguiente: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. MATERIA DE ESTUDIO DE DICHO RECURSO. La materia del recurso de inconformidad previsto en el artículo 201 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013, conforme a su fracción I, la constituye la resolución que tenga por cumplida la ejecutoria de amparo, en los términos del artículo 196 de la propia ley; es decir, el estudio de legalidad de la determinación de la autoridad que haya conocido del juicio de amparo, en el sentido de que la ejecutoria ha sido cumplida totalmente. Por tanto, su análisis debe atender a la materia determinada por la acción constitucional, así como al límite señalado en la ejecutoria en que se otorgó la protección de la Justicia Federal, sin excesos ni defectos, y no a la legalidad de la resolución emitida por la autoridad responsable en aspectos novedosos que no fueron analizados por el juzgador de amparo. Así, el cumplimiento total de las sentencias, sin excesos ni defectos, a que se refiere el primer párrafo del citado artículo 196, supone el análisis y la precisión de los alcances y efectos de la ejecutoria, a partir de la interpretación del fallo protector y de la naturaleza de la violación examinada en él, para que, una vez interpretada esa resolución, se fijen sus consecuencias para lograr el restablecimiento de las cosas al estado que guardaban antes de la violación constitucional de que se trate, sin que ello signifique que el juez pueda incorporar elementos novedosos a su análisis para extender los efectos precisados en el fallo a otras posibles violaciones aducidas por los quejosos, que no hayan sido motivo de protección por parte de la Justicia de la Unión." En otro orden, en acatamiento a lo dispuesto por el párrafo cuarto del citado ordinal 196 de la ley de la materia, y con fundamento, además, en los artículos 1, 15, 17, fracción II, 18, fracción I y 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del año en curso, archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, se estima que este expediente carece de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15, del acuerdo en comento. Toda vez que en este juicio se concedió el amparo solicitado, deberá hacerse del conocimiento de las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, dentro de los siguientes noventa días se procederá a su depuración, y posteriormente se transferirá al Depósito documental, que es el área destinada a la organización, conservación y consulta del archivo judicial, dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, conforme a lo establecido en el artículo 18, fracción I, inciso b), ultimo y antepenúltimo párrafos, del Acuerdo invocado. Por último, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en la carátula del expediente. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    MESA VI B. NOTIFICACIÓN PERSONAL POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA. San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintidós de octubre de dos mil veinte. Agréguese a los autos el oficio signado por el Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Agencia Primera Investigadora en el Estado de Oaxaca, y anexo que acompaña, por el cual, informa el cumplimiento efectuado a la ejecutoria de amparo dictada en autos. En virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con el oficio de cuenta y anexo, dese vista a la parte quejosa, para que en el plazo de tres días, manifieste lo que a su derecho convenga; en el entendido que de no hacer manifestación alguna, se resolverá respecto del cumplimiento o incumplimiento de la ejecutoria. Notifíquese personalmente.

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