Minerva Macías Carrillo

Expediente 831/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. 45 actuaciones registradas, la última del 8 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
831/2018
Año
2018
Actuaciones
45
Última actuación
08/03/2022

Partes del expediente

  • Minerva Macías Carrillo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 45.

  1. Principal

    Torreón, Coahuila, a ocho de marzo de dos mil veintidós. Inconformidad. Visto lo de cuenta, se advierte que transcurrió el término legal previsto en el artículo 202 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubieran recurrido la resolución en la que se dilucidó en torno al cumplimiento del fallo protector, por lo cual lo conducente en el caso es declarar que ha quedado consentida para todos los efectos legales conducentes. Constancias o actuaciones. No hay para su devolución. Documentos originales. No existen. Información reservada o confidencial. No existe un dato o elemento sobre el particular. Relevancia documental. El presente asunto carece de ella en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el cual establece que se conservarán en su integridad los asuntos que se consideren de relevancia documental, entre los que se encuentran, los relativos a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; asimismo, aquellos que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, los que traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; los generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, los que versen sobre materia agraria; y los relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito. Depuración o destrucción. Por carecer de relevancia documental, este expediente es susceptible de depuración, salvo la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto, la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada, y el proveído en que se ordena su archivo como asunto concluido, mismos que deberán conservarse en términos del numeral 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Incidente. Sin que en el presente asunto se hubiere solicitado la apertura del incidente de suspensión. Información reservada o confidencial. No existe un dato o elemento sobre el particular. Expediente electrónico. En el entendido que en términos del artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el secretario de la adscripción certificó que el expediente electrónico coincide en su integridad con el expediente físico. Archivo y anotaciones. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, envíese el presente expediente al archivo y realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Reitérese al actuario judicial de la adscripción, que deberá atender las recomendaciones preventivas que el Consejo de la Judicatura Federal ha establecido para los servidores públicos que realizan actividades fuera del órgano jurisdiccional. Notifíquese.

  2. Principal

    Torreón, Coahuila, a ocho de diciembre de dos mil veintiuno. Estado de autos. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que transcurrió el plazo de tres días, concedido a las partes para que manifestaran lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo por la autoridad responsable; por tanto, este órgano jurisdiccional se pronuncia sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria, tomando en consideración en su caso, las constancias que obran en autos. Efectos de la sentencia. Previo al análisis del cumplimiento dado por las autoridades responsables, es necesario establecer que los efectos y alcances de la ejecutoria de amparo, son los siguientes: "1. Desincorpore de la esfera jurídica de la quejosa, los artículos 79, fracción II, inciso 1), 79-A, 82, fracción II, inciso 3) y 82-A, todos de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza, cuyo texto fue publicado en el Periódico Oficial del Estado el diecinueve de diciembre de dos mil diecisiete y en vigor a partir del uno de enero de dos mil dieciocho. 2. Deje insubsistentes los pagos contenidos en los recibos de veintinueve de mayo de dos mil dieciocho, expedidos por la Administración Fiscal General a nombre de la quejosa con números de referencia 759751087 y 759751098. 3. En congruencia con lo anteriormente determinado, devuelva a la quejosa las cantidades que enteró en los referidos recibos, dado que como se vio con antelación, uno de los elementos esenciales de la contribución es inconstitucional, amén de que la Ley de Hacienda del Estado de Coahuila, revisada prevé una cantidad mínima a pagar por los conceptos de trato, ésta es considerada desproporcional. Sin que deba devolverse el importe que aparece en los citados recibos como "CEPROFI" (certificado de promoción fiscal), ya que no fue pagado por la quejosa por tratarse de estímulos fiscales, en términos del numeral 38, fracción III, del Código Fiscal para el Estado de Coahuila." Impugnación. Inconformes con la sentencia, la parte quejosa, las autoridades responsables Gobernador Constitucional del Estado de Coahuila y Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza, ambos con residencia en Saltillo interpusieron recurso de revisión, el cual correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito de esta ciudad, y modificó la sentencia recurrida, para quedar como sigue: "1. Se desincorpore de la esfera jurídica de la parte quejosa los artículos 79, fracción II, inciso 1), 79-A, 82, fracción II, inciso 3) y 82-A, de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza que nos ocupa. 2. Se dejen insubsistentes los cobros de los derechos por servicios registrales, con folios 759751087 y 759751098, los cuales se calcularan con base en la cuota mínima establecida en el numeral 79-H, es decir, por el monto de $362.00 (trescientos sesenta y dos pesos), uno por el registro de compraventa y otro por la apertura de crédito. 3. Hecho lo anterior, procedan a devolver las diferencias de los pagos realizados por la parte quejosa, al utilizar los servicios del Registro Público de la Propiedad, con residencia en esta ciudad, los cuales constan en los recibos indicados. 4. Asimismo, deberán devolverle las cantidades erogadas respecto a: "fomento a la educación y a la seguridad" e "impuesto adicional". 5. Las cantidades a devolver deberán ser debidamente actualizadas. Tan pronto fue recibida esa ejecutoria, veintinueve de octubre de dos mil diecinueve, se requirió el cumplimiento respectivo. Cumplimiento del fallo protector. Mediante oficios presentados en la oficialía de partes de este juzgado federal, el diecinueve y veintiocho de noviembre y dieciséis de diciembre de dos mil diecinueve, respectivamente, el Administrador Local de Recaudación, con sede en esta ciudad, informó que desincorporó de la esfera jurídica de la parte quejosa los artículos tildados de inconstitucionales y manifestó que dejó insubsistente la cuantificación y cobro de los recibos 759751087 y 759751098. Análisis de las constancias. En tal virtud, de las constancias remitidas por la autoridad responsable, las cuales gozan de valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se advierte que dicha autoridad recaudadora en cumplimiento al fallo protector realizó lo siguiente: Mediante resolución AGJ/10514/2019 de treinta y uno de octubre de do mil diecinueve, la autoridad responsable desincorporó de la esfera jurídica de la parte quejosa, los artículos tildados de inconstitucionales y determinó devolverle el pago erogado mediante los recibos con números de folio 7597510887 y 759751098, por la cantidad de $16,448.00 (dieciséis mil cuatrocientos cuarenta y ocho pesos 00/100 moneda nacional). Por tal motivo, expidió el cheque número 000018179 de fecha doce de noviembre de dos mil diecinueve, por la suma de $16,448.00 (dieciséis mil cuatrocientos cuarenta y ocho pesos 00/100 moneda nacional), de la institución bancaria Banorte, mismo que le fue entregado el doce de diciembre siguiente. Vista con cumplimiento. Con dichas constancias remitidas, se dio vista a las partes. Desahogo de la vista. Al respecto la parte quejosa, hizo uso de tal derecho el solicitante del amparo, manifestando que en el caso la autoridad responsable no cumple con la ejecutoria de amparo, toda vez que no ha devuelto las cantidades por concepto de "Fomento a la Educación y Seguridad" e "Impuesto Adicional", además de su debida actualización. Asimismo, refirió que en el caso, aún debe devolver a la parte quejosa la cantidad de $15,562.00 (quince mil quinientos sesenta y dos pesos 00/100 moneda nacional), más su respectiva actualización, respecto del recibo con número de folio 7597510887, y $13,672.00 (trece mil seiscientos sesenta y dos pesos 00/100 moneda nacional), más su respectiva actualización, respecto del recibo con número de folio 759751098. Trámite del incidente innominado. Mediante proveído de dos de enero de dos mil veinte, este juzgado federal aperturó el incidente innominado ordenado en autos, en términos del párrafo cuarto artículo 193 de la Ley de Amparo, con relación a los numerales 66 y 67 del propio ordenamiento, y ordenó girar oficio al Departamento de Servicios Periciales de la Fiscalía General de la República de esta ciudad, a fin que proporcionara un perito en materia de contabilidad. Asimismo, se ordenó correr traslado a las partes con copia de la resolución pronunciada por el tribunal de alzada, para que dentro del término de ley manifestaran lo que a su interés legal correspondiera; sin que las partes ofrecieran pruebas de su intención. Desahogo de la prueba pericial en materia de contabilidad. Por auto de diecisiete de marzo de dos mil veinte, se recibió el dictamen pericial en materia de contabilidad, signado por Norma Verónica Rosales Gutiérrez, perito adscrita a la Coordinación General de Servicios Periciales de la Fiscalía General de la República; el cual fue ratificado el diecinueve de febrero de dos mil veintiuno por su emisora. Audiencia en el incidente innominado. Seguido los trámites procesales, el diecinueve de febrero de dos mil veintiuno, se otorgó vista a las partes con el contenido del dictamen pericial en materia de contabilidad rendido en autos, y con fundamento en el párrafo segundo del artículo 67 de la Ley de Amparo, con relación al párrafo cuarto del numeral 193 del propio ordenamiento, y transcurrido el término otorgado, en auto de cuatro de marzo de dos mil veintiuno, se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia de pruebas y alegatos. Sentencia interlocutoria del incidente innominado. Mediante resolución de once de marzo de dos mil veintiuno, este juzgado federal determinó que en términos de lo ordenado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito, con sede en esta ciudad, y con apoyo en lo determinado en el dictamen pericial en materia de contabilidad desahogado en la incidencia, restó por devolver a la parte quejosa Minerva Macías Carrillo, la cantidad de $89.09 (ochenta y nueve pesos 89/100 moneda nacional). Por su parte, la autoridad responsable Administrador Local de Recaudación, con sede en esta ciudad, en cumplimiento de la ejecutoria de amparo, informó que puso a disposición del quejoso, en distintas ocasiones, el cheque número 22210, de la institución bancaria denominada Banorte, por la cantidad antes referida, sin que la efecto, éste hubiere acudido a recogerlo en sus instalaciones. Actuaciones llevadas a cabo por la autoridad responsable en acatamiento al fallo protector. De lo anterior se desprende, que a fin de determinar si en el presente caso la autoridad responsable cumplió o no con la ejecutoria de amparo, debe analizarse en su integridad la resolución que constituye la materia del cumplimiento, a efecto de verificar que las obligaciones complementarias hubieren sido correctamente cumplidas, pues incluso, es factible en el nuevo esquema de cumplimiento que el órgano que conoció del juicio de amparo, se pronuncie sobre un posible cumplimiento defectuoso o excesivo. Análisis de las constancias. Este juzgado estima que, en el caso, se cumplieron los anteriores efectos de la ejecutoria de amparo, ya que de las constancias remitidas por la autoridad responsable, las cuales gozan de valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, aparece que esa autoridad recaudadora, en primer lugar, desincorporó de la esfera jurídica de la parte quejosa los artículos tildados de inconstitucionales, y realizó la devolución del pago erogado mediante los recibos oficiales 7597510887 y 759751098, por la cantidad de $16,448.00 (dieciséis mil cuatrocientos cuarenta y ocho pesos 00/100 moneda nacional); e informó respecto de la actualización, por la cantidad de $89.09 (ochenta y nueve pesos 89/100 moneda nacional), en distintas ocasiones, que el referido título se encuentra a disposición de la parte quejosa en las oficinas de esa dependencia. Vista con cumplimiento. Con las constancias acordadas remitidas, en proveído de veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno, se dio vista a la parte quejosa. Desahogo de la vista. Sin que la parte quejosa hubiere hecho manifestación alguna al respecto. Se declara cumplido el fallo protector. Así pues, del examen de las constancias existentes en autos, con el valor probatorio antes concedido, se colige que, en el caso, se cumplieron todos los lineamientos señalados en el fallo protector, dado que la autoridad responsable, en primer lugar, desincorporó de la esfera jurídica de la parte quejosa los artículos tildados de inconstitucionales, y realizó la devolución del pago erogado mediante los recibos oficiales 7597510887 y 759751098, por la cantidad de $16,448.00 (dieciséis mil cuatrocientos cuarenta y ocho pesos 00/100 moneda nacional); e informó respecto de la actualización, por la cantidad de $89.09 (ochenta y nueve pesos 89/100 moneda nacional), en distintas ocasiones, que el referido título se encuentra a disposición de la parte quejosa en las oficinas de esa dependencia, sin que ésta hubiere acudido a recoger el último de los citados títulos de crédito a las oficinas de la autoridad responsable. De ahí que, si el quejoso a la fecha no ha comparecido a recibir el aludido documento, en nada interfiere con el cumplimiento del fallo protector, toda vez que la responsable ha cumplido con los lineamientos trazados en la ejecutoria de amparo, pues incluso, ante la renuencia injustificada del quejoso. Apoya lo expuesto, la tesis III.3o.A.52 A, sostenida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXI, mayo de 2005, página 1455, que señala lo siguiente: "DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS. CUANDO DERIVA DE UNA SENTENCIA DE AMPARO, BASTA QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE INFORME QUE EL QUEJOSO PODRÁ HACER EFECTIVO EL COBRO Y LO ACREDITE CON LAS CONSTANCIAS RELATIVAS PARA QUE AQUÉLLA SE CONSIDERE CUMPLIDA. Si en una ejecutoria de amparo se declara la inconstitucionalidad del artículo 109, fracción XI, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente en el ejercicio fiscal de 2003, y en virtud de ello se ordena la devolución del pago del gravamen realizado en forma indebida, el Juez debe tener por cumplida la sentencia de amparo si la responsable le manifiesta que el quejoso podrá hacer efectivo el cobro porque ya fue emitido el cheque; informa el número de registro y control (con el cual se podrá cobrar el pago de lo indebido); notifica todo esto al promovente, y además en autos obran las constancias que acreditan todo lo anterior, ya que sólo bastará que el referido contribuyente comparezca a hacer efectivo el cobro aludido para recuperar la suma que pagó por concepto del impuesto reclamado". Vista a las partes. Por lo anterior, no hay duda que se restituyó a la parte quejosa en el goce del derecho vulnerado con el acto atacado en este juicio, en términos del artículo 202 de la Ley de Amparo; por lo cual, dese vista a la parte quejosa por el plazo de quince días, contado a partir de su legal notificación, para que manifieste lo que a su interés legal convenga. Apercibimiento. Con el apercibimiento que de no hacer manifestación alguna, se tendrá por consentida esta determinación y se ordenará el archivo del presente asunto como totalmente concluido, de conformidad con lo previsto en el numeral 214 de la ley de la materia. Anotaciones. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno correspondiente, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma el licenciado Yuri Alí Ronquillo Vélez, Juez Primero de Distrito en La Laguna, asistido del licenciado Jorge Trejo Veloz, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Torreón, Coahuila, a veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno. Oficio. Agréguense a los autos el oficio y anexo que remite el Administrador Local de Recaudación, con residencia en esta ciudad, para para que obren como legalmente corresponda. Vista. En atención a su contenido, con fundamento en el artículo 196, párrafos primero y segundo de la Ley de Amparo, por última ocasión, se ordena dar vista a la parte quejosa para que dentro del término de tres días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, acuda a la oficina de la Administración Local de Recaudación en esta ciudad, recoja el cheque, y lo haga efectivo, lo que debe hacer del conocimiento de este juzgado en cuanto ello suceda; apercibida que de no hacer manifestación al respecto, se le tendrá como desinteresada en el cumplimiento del fallo protector y este órgano calificará el mismo, con las constancias que obren en autos. Lo anterior, toda vez que la autoridad responsable Administrador Local de Recaudación, con sede en esta ciudad, en diversas ocasiones ha informado a este juzgado federal, que el cheque correspondiente ha sido puesto a disposición de la parte quejosa, sin que la misma hubiere comparecido a las oficinas de la referida dependencia, a fin de recogerlo. Notifíquese y personalmente a la quejosa.

  4. Principal

    Torreón, Coahuila, a diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno. Estado de autos. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que la autoridad responsable no ha informado sobre el cumplimiento al fallo protector. Requerimiento. En tal virtud, con fundamento en el artículo 192, último párrafo de la Ley de Amparo, requiérasele, para que dentro del plazo de tres días hábiles contados a partir del siguiente que sea notificada del presente proveído, cumpla con la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio y para tal efecto remita en copia certificada las constancias que acrediten la entrega del cheque. Apercibimiento. Para el caso de no hacerlo así sin causa justificada, con fundamento en el artículo 258 de la Ley de Amparo, se le impondrá en lo particular una multa equivalente a la Unidad de Medida y Actualización (en sustitución del salario mínimo) multiplicada por cien, de conformidad con el decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Desindexación del Salario Mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Notifíquese.

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