Minerva Hernández Enríquez

Expediente 1722/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 11 actuaciones registradas, la última del 21 de diciembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1722/2017
Año
2017
Actuaciones
11
Última actuación
21/12/2017

Partes del expediente

  • Minerva Hernández Enríquez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    I.- Vista la razón de cuenta, de la que se advierte la imposibilidad del actuario judicial adscrito a este Juzgado de Distrito para notificar personalmente a la quejosa Minerva Hernández Enríquez, por conducto de su apoderada legal Nancy Berenice Regalado León el auto de veinte de diciembre del año en curso, por las manifestaciones ahí vertidas. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, agréguese a los autos para que surta los efectos legales procedentes y, en cumplimiento a lo ordenado en auto de nueve de noviembre de dos mil diecisiete, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, notifíquese a la quejosa el contenido de la presente determinación, así como la diversa de referencia, por medio de lista que se fije en este órgano judicial. Notifíquese por lista a la quejosa la presente determinación y la de veinte de los cursantes. QUE DICE: Vista la certificación de cuenta, de la cual se advierte que la quejosa no interpuso el recurso de revisión previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, contra el proveído de veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete (fojas 60 a la 63), por el que se sobreseyó en el presente juicio fuera de audiencia; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha determinación ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Ahora, el estado procesal del presente juicio evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. En ese orden de ideas, en términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se precisa: - El presente asunto es susceptible de destrucción (punto vigésimo primero, inciso II, del Acuerdo de referencia), pues se trata de un juicio en el que se sobreseyó fuera de audiencia. - Transcurrido el término de tres años, deberá transferirse al Centro Archivístico de Documentación y Análisis, designado para su resguardo, debiendo desintegrar el original de la demanda de amparo y sentencia definitiva. -. De conformidad con el último párrafo del punto undécimo del aludido acuerdo, dese vista a la quejosa para que dentro del término de noventa días comparezca ante este órgano jurisdiccional, a recoger el documento original que exhibió en autos, apercibida que de no hacerlo así dentro del plazo otorgado, podrá ser depurado y en su momento destruido junto con el expediente. Sin que se realice pronunciamiento en relación a la copia certificada del instrumento notarial exhibido por Najania Sánchez Polo, en su carácter de apoderada legal del tercero interesado Instituto Mexiquense de la Vivienda Social, pues la devolución de dicho documento fue ordenada por auto de veinticuatro de noviembre de dos mil diecisiete (foja 58) y por ende, se deberá estar a lo acorado en éste. - A consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero de dicho Acuerdo. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante.

  2. Principal

    I.- Vista la certificación de cuenta, de la cual se advierte que la quejosa no interpuso el recurso de revisión previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, contra el proveído de veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete (fojas 60 a la 63), por el que se sobreseyó en el presente juicio fuera de audiencia; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha determinación ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Ahora, el estado procesal del presente juicio evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. En ese orden de ideas, en términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se precisa: - El presente asunto es susceptible de destrucción (punto vigésimo primero, inciso II, del Acuerdo de referencia), pues se trata de un juicio en el que se sobreseyó fuera de audiencia. - Transcurrido el término de tres años, deberá transferirse al Centro Archivístico de Documentación y Análisis, designado para su resguardo, debiendo desintegrar el original de la demanda de amparo y sentencia definitiva. -. De conformidad con el último párrafo del punto undécimo del aludido acuerdo, dese vista a la quejosa para que dentro del término de noventa días comparezca ante este órgano jurisdiccional, a recoger el documento original que exhibió en autos, apercibida que de no hacerlo así dentro del plazo otorgado, podrá ser depurado y en su momento destruido junto con el expediente. Sin que se realice pronunciamiento en relación a la copia certificada del instrumento notarial exhibido por Najania Sánchez Polo, en su carácter de apoderada legal del tercero interesado Instituto Mexiquense de la Vivienda Social, pues la devolución de dicho documento fue ordenada por auto de veinticuatro de noviembre de dos mil diecisiete (foja 58) y por ende, se deberá estar a lo acorado en éste. - A consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero de dicho Acuerdo. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese; y, personalmente a la quejosa.

  3. Principal

    VII.- Visto el oficio de cuenta signado por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito, mediante el cual acusa recibo del diverso 3387-VII por el que se le remitió el juicio de amparo 852/2017-VII, con motivo del recurso de inconformidad hecho valer por el quejoso a través de su apoderado legal contra el auto de veintisiete de octubre de dos mil diecisiete, e informa que dicho medio de impugnación se admitió bajo el número 7/2017. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, agréguese a los autos para que obre como corresponda y estese en espera de que el Tribunal de Alzada informe lo conducente al medio de impugnación de que se habla.

  4. Principal

    I.- Visto el estado procesal del sumario, del que se advierte que del informe justificado rendido por la Presidenta de la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, Estado de México (foja 33), así como de las copias certificadas remitidas por ésta como complemento a dicho informe (fojas 35 a la 39), se advierte que en el caso a estudio se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, motivo por el cual, con apoyo en la fracción V del artículo 63 del ordenamiento legal en cita, procede sobreseer fuera de audiencia en el juicio de amparo en que se actúa. Para corroborar la postura anunciada, precisa acotar que los citados artículos establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) V. Durante el juicio de advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior." En el texto de los artículos anteriormente transcritos, se establece como causa de improcedencia del juicio de amparo indirecto, el que hayan cesado los efectos del acto reclamado, razón por la cual debe sobreseerse en el expediente relativo. Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa dejar de hacer lo que se está haciendo, y el término "efecto" significa lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. En esa tesitura, se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho fundamental violado. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de que se habla no es la simple paralización del acto de autoridad, sino que hace innecesario examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la improcedencia de referencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho fundamental exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Luego, es patente que de la interpretación relacionada de los citados preceptos legales, arriban a la convicción de que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. Precisado lo anterior, debe acotarse que las razones que llevan a determinar dicho sobreseimiento en el presente juicio, son el hecho de que el quejoso compareció ante esta potestad federal reclamando: "IV.- OMISIÓN RECLAMADA.- LA OMISIÓN DE EMITIR LA RESOLUCIÓN INTERLOCUTORIA DEL INCIDENTE DE REVISIÓN DE ACTOS DE LA PRESIDENTA LLEVADO A CABO EN FECHA 11 DE OCTUBRE DEL AÑO 2017, EN EL EXPEDIENTE J.5/660/2011, PROMOVIDO POR MINERVA HERNÁNDEZ ENRIQUEZ EN CONTRA DE INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA VIVIENDA SOCIAL (IMEVIS), EN EL TÉRMINO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 685, 735, 838 Y DEMÁS RELATIVOS Y APLICABLES DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO". Ahora, del informe justificado rendido por la Presidenta de la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, Estado de México, se advierte que ésta aceptó la existencia del acto que se le reclama, solo por cuanto hace al hecho de que en dicha junta se tramita el expediente laboral J.5/660/2011, en el que efectivamente se presentó un incidente de revisión de actos de ejecución en contra de la citada presidenta de la junta; empero, refirió que los conceptos de violación hechos valer por la quejosa son falsos, pues el incidente de revisión de actos antes precisado ya se encontraba resuelto y para acreditar su dicho, adjuntó copia certificada de la resolución de seis de noviembre de dos mil diecisiete, así como de la notificación realizada a las partes respecto de ésta (fojas 35 a la 39). Luego, si del análisis del informe y constancias remitidas como complemento a éste, las cuales alcanzan valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, se advierte que el seis de noviembre de dos mil diecisiete, esto es, con antelación a la fecha en que se presentó la demanda que dio origen al presente sumario -ocho de noviembre de dos mil diecisiete- (fojas 2 a la 4), los integrantes de la junta responsable emitieron la resolución atinente en el incidente de revisión de actos de ejecución en contra de la presidenta de la citada junta, notificado tal determinación a la ahora quejosa el quince de noviembre de dos mil diecisiete (foja 38), esto es, con posterioridad a la citada presentación de la demanda de amparo, se estima que dicha circunstancia crea una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca, pues al haber notificado tal determinación a la solicitante del amparo, se destruyen los efectos de la omisión que dio motivo al amparo pues repone a la solicitante del amparo en el goce de sus derechos fundamentales que estimó se le violaron. Por su aplicación, es de citarse la jurisprudencia 103, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, tomo VI, visible en la página 81, Materia Común, con número de registro 917637, cuyo rubro a la letra dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Finalmente, dado lo acordado en párrafos que anteceden, se deja sin efectos la hora y fecha señaladas en el presente sumario para la celebración de la audiencia constitucional, esto es, las nueve horas con cuarenta y cinco minutos de la fecha en que se actúa. Sin que se estime necesario ordenar la notificación de la presente determinación al tercero interesado Gerardo Monroy Serrano, toda vez que en autos no obra agregada la constancia que acredite que éste se encuentra legamente emplazado; aunado a lo anterior, que atendiendo al sentido del presente proveído, no se vulnerar sus derechos fundamentales. Notifíquese; y, personalmente a la quejosa y por oficio a los diversos tercero interesados Instituto Mexiquense de la Vivienda Social y Secretaría de Desarrollo Urbano y Metropolitano.

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