Minerva Esmeralda Muñoz López
Expediente 964/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 4 actuaciones registradas, la última del 19 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 964/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 19/11/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Minerva Esmeralda Muñoz López
Actuaciones
- Principal
Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa, impugnara el proveído dictado en este juicio el veintiuno de octubre de dos mil veintiuno. Por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2, se declara que dicho proveído en el que se decretó el sobreseimiento del presente juicio fuera de la audiencia constitucional, ha causado estado; para todos los efectos legales; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Devuélvase al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado, el duplicado del expediente laboral 21/2021/E-5, que remitió como justificación de su informe, el cual consta de sesenta fojas y no de noventa y ocho, como lo precisa dicha autoridad, el cual obra por separado. Por otra parte, toda vez que no hay promociones pendientes por acordar ni actuaciones que practicar en el expediente en que se actúa, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valorización, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinaria de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se determina archivar el presente como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Asimismo, de autos se advierte que, la parte quejosa no exhibió documentos ni billetes de depósito que deban devolverse en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valorización, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinaria de diecinueve de febrero de dos mil veinte. Con fundamento en el artículo 21, inciso a) del Capítulo Octavo del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valorización, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, en virtud de que el veintiuno de octubre de dos mil veintiuno, se decretó el sobreseimiento en el juicio fuera de la audiencia constitucional y que dicha determinación causa estado con esta fecha, el presente expediente es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, toda vez que el presente asunto no es de relevancia documental.
- Principal
Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese el informe justificado que rinde el Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado, así como el duplicado del expediente laboral 21/2021/E-5 que acompaña al mismo, el cual consta de sesenta fojas y no de noventa y ocho, como lo precisa dicha autoridad. Apertura de tomo de prueba. Con el duplicado del expediente laboral 21/2021/E-5 que acompaña la citada autoridad responsable, de conformidad con el artículo 22 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, fórmese un cuaderno auxiliar por separado para su fácil manejo, debidamente identificado como tomo I de pruebas -respetando folio, sello y rúbricas que contiene-, y comuníquese a las partes que éste queda a su disposición para consulta en la secretaría de este juzgado. Delegados y domicilio. Como lo solicita el Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado, de conformidad con lo establecido en los artículos 9° y 28 de la ley de la materia, téngase como delegados de su parte a las personas que menciona y como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica. Correo de contacto. Por otra parte, como lo pide la referida responsable, con fundamento en el artículo 22, fracción II, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, se le tiene proporcionando el correo electrónico que señala; lo anterior, a fin de que la actuaría establezca contacto con dicha parte para generar condiciones adecuadas a efecto de que las notificaciones que deban practicarse, resulten fehacientes, rápidas y seguras para la salud de los intervinientes. Precisión del acto reclamado. Visto el estado de los autos y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar en qué consisten los actos reclamados, atendiendo a la integridad de la demanda, en los casos, como en el presente, en que tal proceder resulta necesario para una mejor impartición de justicia. En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda de amparo de mérito, se advierte, que la parte quejosa reclama por esta vía constitucional la omisión de dictar resolución en el incidente de competencia interpuesto dentro del juicio laboral 21/2021/E-5, en los términos y plazos que fija la Ley Federal del Trabajo. Causal de improcedencia. Visto el anexo allegado por la autoridad responsable a su informe justificado de cuenta, se estima que se surte una causa de improcedencia, la cual debe analizarse en cualquier etapa del juicio, por ser una cuestión de orden público y estudio preferente, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 62 de la Ley de Amparo. De lo anterior se advierte que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que dice: Marco normativo. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]" La cesación de los efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo dictó, ejecutó o pretende ejecutar, deja de afectar la esfera jurídica del quejoso al cesar su actuación, lo que debe entenderse en el sentido de que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto. La causa de improcedencia referida está determinada por la imposibilidad de cristalizar el fin del juicio de amparo, que es restituir a la parte agraviada en el pleno goce del derecho fundamental violado restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y, cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que éste exija. Luego, de la interpretación de lo dispuesto en los artículos 61, fracción XXI y 77, fracción I, de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio de amparo consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante su existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de tal forma que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo; es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deja huella alguna. La razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Por tanto, se estima que es requisito sine qua non para que se actualice la causa de improcedencia relativa a la cesación de efectos del acto reclamado, que se revoque el acto o se constituya una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo. Aplica a lo anterior la Jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, registro 193758, Tomo IX, Junio de 1999, página 38, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Antecedentes del acto reclamado. De la demanda de amparo, así como de las constancias que la responsable adjuntó a su informe justificado, las cuales tienen valor probatorio pleno, conforme lo dispuesto en los numerales 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2° al tratarse de documento público, en virtud de que fue expedido por servidor público con motivo de sus funciones, en lo que interesa se advierte lo siguiente: 1. Mediante escrito de diecinueve de enero de dos mil veintiuno, la parte actora -aquí quejosa- presentó demanda laboral ante el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado, la cual se radicó bajo el juicio laboral 21/2021/E-5. 2. En audiencia de conciliación, demanda y excepciones y ofrecimiento y admisión de pruebas de diez de agosto de dos mil veintiuno, el Tribunal responsable admitió el incidente de competencia planteado por la Secretaría de Educación Pública del Gobierno del Estado de San Luis Potosí y Dirección de Educación Media Superior del Gobierno del Estado de San Luis Potosí y dio vista a las partes, para que en el término de tres días contados a partir de que surtiera efectos la notificación de ese auto, ofrecieran pruebas y formularan alegatos. 3. En escrito de once de agosto del año en curso, la parte quejosa dio contestación al incidente planteado en el juicio laboral de origen. 4. A la fecha en que se presentó la demanda -diez de septiembre de dos mil veintiuno-, ni en la diversa de veinticuatro del referido mes y año, por la cual se turnó dicha demanda con motivo de la separación de juicios, aún no se dictaba la resolución en el incidente de mérito. 5. Finalmente, mediante resolución de cinco de octubre de dos mil veintiuno, dictada en el expediente laboral 21/2021/E-5 del índice del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado, se agregó el escrito presentado por la parte quejosa el once de agosto del año en curso, asimismo, tuvo por formulados los alegatos y por ofrecidas las pruebas de su intención; y, declaró improcedente el incidente de competencia promovido por la parte demandada Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de San Luis Potosí y Dirección de Educación Media del Gobierno del Estado de San Luis Potosí, por los razonamientos expuestos en el considerando tercero de dicha determinación, reanudando el juicio en lo principal. Caso concreto. En este orden de ideas, se aprecia que el acto de que se duele la parte quejosa y que constituye la materia de violación a sus derechos humanos fue subsanado; pues al emitirse la resolución de cinco de octubre de dos mil veintiuno, en el expediente laboral 21/2021/E-5, que declaró improcedente el incidente de competencia promovido por la parte demandada Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de San Luis Potosí y Dirección de Educación Media del Gobierno del Estado de San Luis Potosí, cesó la afectación reclamada. Con el dictado de tal determinación se deriva una situación jurídica que destruye definitivamente la que dio motivo al amparo, toda vez que se restituyó a la parte quejosa en el goce de sus derechos violados. Lo anterior, evidencia que el acto y sus consecuencias jurídicas ya no agravian a la parte quejosa, pues al dictar la resolución en el incidente de competencia promovido en el juicio laboral de origen, motiva como consecuencia necesaria que ya no produzca efectos jurídicos, restableciéndose las cosas al estado que tenían antes de la violación constitucional alegada. Aplica a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 9/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, del Tomo VII, febrero de 1998, registro 196820 , Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. De igual forma, la tesis CL/97 emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 71, del Tomo VI Noviembre de 1997, registro 197367 Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación. No escapa a la atención del suscrito, el hecho de que el Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado no exhibió la constancia de notificación a la parte quejosa de la resolución de cinco de octubre de dos mil veintiuno; sin embargo, como en la especie se reclama, principalmente, violación al artículo 17 Constitucional, por no haberse acatado las disposiciones de expedir justicia pronta y expedita, debe decirse que con el dictado de dicho auto se restituyó a la parte quejosa en el goce de la garantía individual infringida. Se afirma lo anterior, pues el artículo en comento no contempla el requisito de formalidad relativo a la notificación del acuerdo correspondiente, como sí lo tutela el diverso 8° de la Carta Magna. Decisión. Consecuentemente, al actualizarse el motivo de improcedencia indicado, de conformidad con lo establecido en la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo, se sobresee fuera de audiencia el presente juicio. Cabe precisar que cuando sobreviene de modo manifiesto e indudable un motivo de improcedencia, es factible sobreseer fuera de audiencia, como se advierte en la Jurisprudencia 2a./J. 10/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, derivada de la Contradicción de tesis 26/2002-PL, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Tercer Circuito. Sin efecto audiencia constitucional. Por las consideraciones antes precisadas, hágase del conocimiento de las partes que se deja sin efecto la audiencia constitucional programada para las NUEVE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL NUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Notifíquese personalmente.
- Principal
Agréguese pedimento del agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; expídasele copia que solicita.
- Principal
Vista la certificación de cuenta, en el sentido de que a las diez horas con cincuenta minutos del dieciséis de agosto de dos mil veintiuno, se verificó la audiencia de ley en el juicio de amparo 183/2021-V y que éste se encuentra en estudio a fin de dictar la resolución correspondiente; fórmese cuaderno derivado del citado juicio. Recepción de escrito. Agréguese el escrito signado por Carlos Alfredo Rodríguez Zamora, autorizado de la parte quejosa y, en atención a su contenido, se provee: Consulta de expediente electrónico. Como lo solicita el provovente de conformidad con el artículo 3, de la Ley de la Amparo, así como en el diverso 35 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza a Carlos Alfredo Rodríguez Zamora, con nombre de usuario "carodriguezz", la consulta del expediente electrónico.
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