Minerva Elia Jiménez Ortiz

Expediente 919/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 6 actuaciones registradas, la última del 31 de enero de 2018.

Datos del expediente

Expediente
919/2017
Año
2017
Actuaciones
6
Última actuación
31/01/2018

Partes del expediente

  • Minerva Elia Jiménez Ortiz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Vista la razón de cuenta que antecede, de la que se advierte que transcurrió el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes recurriera la sentencia que sobreseyó en el presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha sentencia ha causado EJECUTORIA, para todos los efectos legales a que haya lugar, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y Archívese este expediente como asunto concluido. Finalmente, con fundamento en lo dispuesto en el Punto Vigésimo del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, el presente expediente, es susceptibles de destrucción, transcurrido el plazo fijado en dicho ordenamiento, posterior a la notificación legal del presente proveído, ya que a criterio del suscrito no son de relevancia documental, jurídica e histórica. Notifíquese por lista a las partes.

  2. Principal

    Vistos los autos; y advirtiéndose que no se realizó la notificación personal de la sentencia dictada en el presente juicio de amparo al tercero interesado Francisco Estrada Mancilla; por lo que con fundamento en el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2, se comisiona al Actuario de este Juzgado notifique al tercero interesado Francisco Estrada Mancilla, la sentencia dictada el catorce de diciembre último, en el Centro de Reinserción Social de esta ciudad, lugar donde se encuentra recluido, para los efectos legales a que haya lugar. -* Inserción sentencia de diciembre de 2017... se R E S U E L V E : PRIMERO.- SE SOBRESEE en el presente juicio de garantías promovido por Minerva Elia Jiménez Ortíz e Israel de la Rosa Moreno, en contra de los actos reclamados del Agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en la Investigación de Homicidios Dolosos, Región Sur; precisado en el resultando primero de esta resolución, en términos del considerando cuarto de la misma resolución. SEGUNDO.- Al hacerse pública la presente resolución no deberán suprimirse los datos personales de las partes, toda vez que omitieron manifestar su oposición expresa para la publicación de los mismos; debiéndose suprimir únicamente los indicados en la Circular CTAIPPDT 1/2011, emitida por el Presidente de la Comisión para la Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales.-* Notifíquese personalmente. Notifíquese y cúmplase.

  3. Principal

    V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo indirecto 919/2017, promovido por ******************** por conducto de su asesor jurídico, en contra de los actos reclamados del Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación de Homicidios Dolosos, Región Sur, que consideraron violatorios de sus derechos humanos consagrados a su favor en los artículos 1°, 14 y 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, R E S U L T A N D O : PRIMERO.- Mediante escrito presentado el cuatro de octubre del año dos mil diecisiete, ante la Oficialía de Partes Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ******************** por conducto de su asesor jurídico, demandaron el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de la actos de la autoridad indicada, y que, conforme a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, hizo consistir en los siguientes: "IV.- ACTO RECLAMADO.- De la autoridad señalada reclamo: La ilegal omisión de devolver a la víctima ******************** el vehículo marca ******************** de su propiedad, que se encuentra a su disposición dentro de la carpeta de investigación número ********************, y la cual fue solicitada mediante escrito de fecha 12 de julio del presente año". SEGUNDO.- Turnada que fue la demanda de amparo a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, por auto de fecha seis de octubre del año dos mil diecisiete; se ordenó emplazar a juicio a la parte tercera interesada, se solicitó el informe justificado de la autoridad responsable, se dio al Ministerio Público de la Federación la intervención que legalmente le compete y, seguido el juicio por sus demás trámites legales, el cinco de diciembre del año dos mil diecisiete, tuvo verificativo la audiencia constitucional con el resultado que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO.- Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo previsto por los artículos 103 y 107, de la Constitución General de la República, 1°, 33, 35, 107 y demás relativos de la Ley de Amparo; y 48, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. SEGUNDO.- PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Del estudio integral de las demandas de amparo y con base en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa como acto reclamado el siguiente: La omisión de la autoridad responsable de devolver el vehículo marca ******************** a la parte quejosa que aduce es de su propiedad, el cual se encuentra a disposición de la autoridad responsable, dentro de la carpeta de investigación número ********************. TERCERO.- Existencia de los actos reclamados. Es cierto el acto reclamado del Agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en la Investigación de Homicidios Dolosos, Región Sur; porque así se advierte de las constancias que obran en autos, y que remitió al presente juicio la autoridad mencionada. CUARTO.- Causales de improcedencia. Previamente al estudio de los conceptos de violación deben analizarse las causas de improcedencia del juicio de garantías, ya sea que las partes las invoquen o las advierta de oficio el órgano de control constitucional, cuyo estudio es preferente conforme a lo dispuesto por el artículo 62, de la Ley de Amparo y la tesis de jurisprudencia 814, publicada en la página 553, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995 que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO.- Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia ". En el caso, el suscrito Juzgador, advierte por cuanto hace al acto reclamado, consistente sustancialmente en la omisión de la autoridad responsable de devolver a la parte quejosa, el vehículo marca ******************** que aduce es de su propiedad, el cual se encuentra a disposición de la autoridad responsable, dentro de la carpeta de investigación número ********************; se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo. En efecto, el artículo 61 fracción XII, de la Ley de Amparo, textualmente, dice: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; Ahora bien, es preciso señalar que el interés jurídico para acudir al juicio constitucional, ha sido definido un sinnúmero de ocasiones por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como el derecho público subjetivo derivado de alguna norma en particular, que se concreta en forma individual, otorgándole a su titular la facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad, por lo que es necesario que acredite, fehacientemente, ser el titular del derecho que desea se respete con motivo del acto de autoridad que reclama. Sentado lo anterior, debe decirse que en la especie, de una simple lectura de la demanda de amparo basta para advertir que la parte quejosa solicitó el amparo en contra de la omisión por parte de la autoridad responsable, de devolver el vehículo que defiende, y aduce es de su propiedad, al estar a disposición de la autoridad responsable dicho vehículo. Sin embargo, la parte quejosa, para acreditar la propiedad del vehículo en cuestión, exhibió ante la autoridad responsable, copia certificada de la factura número******************** de la cual se advierte al reverso la siguiente leyenda: "(.) Cedo sus derechos de la presente factura al Sr. Israel de la Rosa Moreno.--- 18 DE SEPTIEMBRE DE 2014".--- FIRMA (.)"; pero con dicha documental no acredita su interés jurídico, ya que el endoso no es de fecha cierta. Efectivamente, para que la factura ofrecida por la parte quejosa pudiera surtir plenamente sus consecuencias jurídicas, para efectos de este juicio de amparo, era necesario que la "cesión de derechos" que aparece a nombre de aquél, en el reverso de la misma, fuese de fecha cierta, en términos de los criterios jurisprudenciales vigentes; pues, sólo así, este órgano de control constitucional estaría en aptitud de determinar, fehacientemente, si tal acto de enajenación tuvo verificativo con antelación a la fecha en que se puso a disposición de la autoridad responsable el vehículo en cuestión; para evitar con ello, además, que el juicio constitucional sea utilizado con fines desleales. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia del rubro: "FACTURAS ENDOSADAS A FAVOR DE QUIEN SE "PRESENTA COMO TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO "NATURAL. ACREDITAN SU INTERÉS JURÍDICO SI "NO SON OBJETADAS, IDENTIFICAN LOS BIENES Y "EL 'ENDOSO' ES DE FECHA CIERTA", y, cuya observancia y aplicación, por cierto, resultan obligatorias para este órgano de control constitucional, atento a lo que dispone el artículo 217 de la Ley de Amparo. Asimismo, por analogía, la tesis visible en la página 871, Tomo VIII, Agosto de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. EL DOCUMENTO PRIVADO DE FECHA INCIERTA NO ES SUFICIENTE PARA DEMOSTRARLO, AUN EN EL SUPUESTO DE QUE NO FUESE OBJETADO.- Si quien se quejó en el amparo indirecto de haber sido afectado en sus derechos de propiedad y posesión de un bien inmueble, exhibió un contrato privado de compraventa; es correcto concluir que con tal documento no puede tenerse por demostrado, de manera fehaciente, su interés jurídico, pues para que tal cosa ocurra resulta necesario que el referido título sea de fecha cierta, lo cual únicamente acontece a partir del día en que un documento de tal naturaleza se inscribe en el Registro Público de la Propiedad correspondiente, desde la muerte de cualquiera de los firmantes, o bien desde la fecha en que el documento se entrega a un funcionario público por razón de su oficio, pues en caso contrario tal documento sólo produce efectos jurídicos entre las partes que originalmente intervinieron en la operación contractual, mas no frente a terceros, dado que la circunstancia de no tener fecha cierta, imposibilita determinar si el embargo y su inscripción en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de que se duele el peticionario de garantías, fueron actos anteriores o posteriores a la adquisición del bien litigioso. Y ello es así por resultar claro, que la fuerza convictiva de un título privado, que contiene un acto traslativo de dominio no abarca la fecha en que aparezca realizada la enajenación cuando éste es de fecha incierta, por no reunir ninguno de los apuntados requisitos". De ahí que, como se anticipó, la factura en comento no puede favorecer a los intereses de la parte quejosa, ya que en ésta, no tan solo debió constar la voluntad de transmitirle el dominio del vehículo que ahí se detalla, sino que ese acto de enajenación debió ser de fecha cierta; lo cual, como se demostró, no acaeció en la especie. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 16/94, visible en el Tomo 82, página 17, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, editada en el mes de octubre de 1994, cuyo sumario dice: "INTERES JURIDICO, AFECTACION DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones". Así, dado que la parte quejosa no demostró, fehacientemente, que hubiese sido propietario del bien mueble objeto de los actos reclamados, al momento en que se puso a disposición ante la autoridad responsable, no es posible concluir que existe interés jurídico para intentar válidamente la acción de control constitucional contra la omisión de devolver el vehículo en cuestión. Sirve de apoyo al caso, la tesis de jurisprudencia visible en el Tomo XV, página 5, del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente al mes de febrero de 2002, que a la letra indica lo siguiente: "POSESIÓN. PARA QUE SEA OBJETO DE PROTECCIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO DEL ORDEN CIVIL, DEBE ACREDITAR SU DERECHO A POSEER CON UN TÍTULO SUSTENTADO EN ALGUNA FIGURA JURÍDICA O PRECEPTO DE LAS LEGISLACIONES SECUNDARIAS RELATIVAS. En virtud de que de los antecedentes y reformas al artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no se desprende la existencia de datos o elementos que puedan servir para determinar qué tipo de posesión es la que debe protegerse mediante el juicio de amparo, esto es, si se trata de aquella que se funda en un título sustentado en una figura jurídica prevista en la ley que genere el derecho a poseer o si es la simple tenencia material de las cosas, independientemente de que se tenga o no derecho de posesión sobre éstas, es indudable que se debe recurrir al estudio e interpretación de las disposiciones legales que han regulado y regulan esa institución, y de las que colateralmente se relacionan con ellas, así como atender de manera especial a los graves problemas y consecuencias que en la práctica presenta el no exigir título alguno, por lo que la posesión protegida por la citada disposición constitucional no es otra que la definida por el derecho común. Sin embargo, aun cuando de conformidad con lo dispuesto en el artículo 790 del Código Civil para el Distrito Federal (similar al de todas las legislaciones civiles locales del país), es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho, debe entenderse que tal poder no constituye un hecho con consecuencias jurídicas, sino más bien la manifestación del derecho que se tiene para poseer un bien determinado, que debe tener origen en alguna de las figuras contempladas en las legislaciones relativas; por tanto, para que la posesión sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio civil, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, de manera que el promovente tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión. No obstante lo anterior, las decisiones del órgano de control de constitucionalidad sobre la eficacia del título, tienen efectos exclusivos en el juicio de garantías, sin decidir sobre el derecho sustantivo, esto es, respecto del derecho a la posesión del bien relativo, ya que estas cuestiones deberán ser dilucidadas ante la potestad común". Igual determinación procede respecto a la diversa quejosa, ********************, en virtud de que tampoco acredito con prueba idónea, su interés jurídico respecto del vehículo en cuestión. Consecuentemente, lo procedente será sobreseer en el juicio de amparo respecto de los actos reclamados en estudio, con apoyo en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Por otro lado, se hace la precisión que las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente asunto correspondientes a la novena época y anteriores, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y por ende son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente, ello de conformidad con el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente. Finalmente, es de establecerse que al hacerse pública la presente resolución de conformidad con los artículos 8 y 61 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como el diverso del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, no deberán suprimirse los datos personales de las partes, ya que omitieron manifestar su oposición expresa para la publicación de los mismos; debiéndose suprimir únicamente los indicados en la Circular CTAIPPDT 1/2011, emitida por el Presidente de la Comisión para la Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 61, 63, 74 y 217, de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E : PRIMERO.- SE SOBRESEE en el presente juicio de garantías promovido por ******************** en contra de los actos reclamados del Agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en la Investigación de Homicidios Dolosos, Región Sur; precisado en el resultando primero de esta resolución, en términos del considerando cuarto de la misma resolución. SEGUNDO.- Al hacerse pública la presente resolución no deberán suprimirse los datos personales de las partes, toda vez que omitieron manifestar su oposición expresa para la publicación de los mismos; debiéndose suprimir únicamente los indicados en la Circular CTAIPPDT 1/2011, emitida por el Presidente de la Comisión para la Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    Agréguese a los autos el escrito de Sandra Astorga García, en su carácter de asesor jurídico de Minerva Elia Jiménez Ortiz e Israel de la Rosa Moreno; en atención a su contenido, téngasele por hechas las manifestaciones que vierte en el mismo; lo anterior, para los efectos legales procedentes. Notifíquese.

Quedan 2 actuaciones en este expediente

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