Minerva Díaz Mondragón
Expediente 542/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 5 actuaciones registradas, la última del 28 de febrero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 542/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 28/02/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Minerva Díaz Mondragón
- Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, con residencia en la Ciudad de México
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
certificación
- Principal
AVISO.- SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO DE dieciocho de noviembre de dos mil veinte, QUE DICE: "Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, y no se recurrió el auto mediante el cual se desechó la demanda; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en términos del numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, al no existir actuación alguna por cumplimentar, en su oportunidad archívese este asunto como totalmente concluido, previa las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Asimismo, es preciso mencionar que, conforme al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, capítulo octavo denominado "EXPEDIENTES DESTRUIBLES", artículo 21, inciso b), se hace la indicación de que este expediente es susceptible de destrucción, una vez transcurridos tres años a partir del presente proveído, aunado a que no es considerado de relevancia documental conforme al artículo 15 del referido del Acuerdo General. Hágase constar lo anterior, tanto en la caratula del presente expediente conforme lo prevé el diverso capítulo "DE LAS DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS" en su arábigo 35 del citado Acuerdo General. Finalmente, de autos se aprecia que la parte quejosa, allegó al sumario una documental; por tanto, de conformidad con lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 21 del preindicado Acuerdo General, se deja a su disposición, para que dentro del lapso de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que le surta efectos la notificación de este proveído, comparezca ante este juzgado federal a recogerlo, por sí o por conducto de sus autorizados, previa identificación con documento oficial que contenga su fotografía y certificación de su desglose; apercibida que de no hacerlo así dentro del plazo indicado dicho documento será destruido junto con el expediente, para lo cual deberá generar la cita correspondiente, ingresando al Portal de Servicios en Línea en el micrositio de "Servicios Jurisdiccionales", en el apartado "Agenda OJ", a fin de obtener fecha y hora para tal fin. Notifíquese personalmente.Así lo proveyó y firma electrónicamente el Maestro Lino Román Quiroz, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, asistido por Lucina Antonieta Dávila Ponce, Secretaria adscrita a este juzgado de Distrito, que autoriza y da fe.
- Principal
AVISO.- SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO DE veintiocho de octubre de dos mil veinte, QUE DICE: "Agréguese a sus autos el escrito signado por el quejoso, mediante el cual desahoga la prevención de catorce de octubre del año en curso. IMPROCEDENCIA En acato a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede dilucidar en torno a la procedencia de la demanda que nos ocupa, para lo cual se hacen las siguientes precisiones. Del análisis integral de la demanda de amparo y escrito de desahogo se obtiene lo siguiente: Precisión del acto reclamado a) La parte quejosa reclama del Gobernador y del Secretario de Salud, ambos del Estado de Guerrero la falta de respuesta a su escrito de doce de febrero de dos mil veinte, recibido el diecisiete de febrero siguiente en las oficinas de la Secretaría Particular del referido Gobernador, en el que solicita gire sus instrucciones para que le sea cubierto el monto total por concepto de las rentas vencidas por la cantidad de $104,000.00 (ciento cuatro mil pesos 00/100 moneda nacional), que corresponden a los meses de febrero a diciembre de dos mil diecinueve, enero y febrero de dos mil veinte, así como los adeudos que resulten por los servicios de agua potable y energía eléctrica derivado del contrato arrendamiento del inmueble de su propiedad ubicado en Calle 16, lote 20, manzana 69, sector 2, en la colonia Emiliano Zapata, en esta ciudad, con la citada Secretaría. b) Del Jefe de Recursos Humanos Materiales y Servicios Generales y del Jefe de la Jurisdicción Sanitaria 07, ambos de la Secretaría de Salud, en el Estado de Guerrero, la negativa de pago de las rentas vencidas a la fecha por la Secretaría de Salud del Estado de Guerrero, derivado del contrato de arrendamiento del inmueble de su propiedad ubicado en Calle 16, lote 20, manzana 69, sector 2, en la colonia Emiliano Zapata, en esta ciudad, y como consecuencia la desocupación del mismo. Antecedentes Luego, como antecedentes señaló los siguientes: 1. Que la quejosa con fecha veintidós de mayo de dos mil dieciocho arrendó el inmueble de su propiedad ubicado en en Calle 16, lote 20, manzana 69, sector 2, en la colonia Emiliano Zapata, en esta ciudad, a la Secretaría de Salud del Estado de Guerrero, por conducto del área jurídica y administrativa de la Jurisdicción Sanitaria 07 dependiente de la Secretaría de Salud Estatal, por la cantidad mensual de $8,000.00 (ocho mil pesos 00/100 moneda nacional), mismos que recibió puntualmente hasta el mes de enero de dos mil diecinueve; sin que haya formalizado la firma de contrato de arrendamiento alguno, con el argumento por parte del personal de jurisdicción sanitaria 07 Acapulco de que vendría personal de la Secretaría de Salud de Chilpancingo para ello, lo que a la fecha refiere no ha acontecido. 2. Que de febrero de dos mil diecinueve a la fecha la Secretaría de Salud adeuda la cantidad de $168,000.00 (ciento sesenta y ocho mil pesos 00/100) por concepto de rentas vencidas y no pagadas. 3. Que solicita la protección constitucional para el efecto de que "se obligue a las autoridades responsables específicamente a la Secretaría de Salud del Estado de Guerrero realice el pago de las rentas vencidas hasta la fecha de su desocupación, así como la entrega del bien inmueble objeto del arrendamiento". De lo expuesto, se obtiene que el objeto de estudio en este asunto no es de aquellos que pueden ser examinados en esta instancia constitucional por no constituir actos de autoridad para efectos del juicio de amparo; por lo que el que se intenta deviene improcedente al actualizarse de modo manifiesto, e indudable, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 5, fracción II, este último aplicado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, los cuales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. (.)." Del numeral citado en primer término, se desprende que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulta de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de la Ley de amparo. En efecto, de una interpretación sistemática de tales preceptos, se obtiene que la improcedencia del juicio de amparo no sólo se actualiza en los casos que prevé el referido artículo 61, sino también cuando la el acto reclamado no satisface alguno de los presupuestos que contemplan otras disposiciones, siempre que sean necesarios para estudiar la constitucionalidad del mismo. Uno de tales presupuestos es que en la demanda de amparo se reclamen actos, omisiones, normas generales o tratados que provengan de una autoridad, en términos del artículo 5° de la Ley de Amparo, asistiéndole tal carácter a aquella -con independencia de su naturaleza formal- que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que es autoridad para efectos del amparo, el ente de hecho o de derecho que emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin requerir para ello de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. De lo que se sigue que autoridad es todo aquel ente que ejerce facultades decisorias que le están atribuidas en la ley y que, por ende, constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. En tal virtud, no todos los actos que el particular estime contrarios a su interés son susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo, sino sólo aquéllos que cumplen con las características antes precisadas, esto es, aquéllos que afectaron directamente y de manera unilateral su esfera jurídica, que se impusieron contra y sobre su voluntad y que por su naturaleza puede exigirse su cumplimiento. Asimismo, para analizar si los actos reclamados son emitidos por autoridades, también resulta indispensable establecer las bases para distinguir un acto de otro, para lo cual debe atenderse a la clasificación que la Teoría General del Derecho hace de las relaciones jurídicas de coordinación, supra a subordinación y supraordinación. De acuerdo con esa teoría, las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. Las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social; se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos destaca, en el ámbito ordinario, el procedimiento contencioso administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos, mientras que en el parámetro constitucional, el juicio de amparo. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de garantías individuales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. De igual manera, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior, por encima de los particulares; regulándose también por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional, destacando en este último rubro, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad que señala el artículo 105, fracciones I y II, de la Constitución General de la República. Precisado lo anterior, es necesario proceder a examinar si la naturaleza de los actos reclamados, implica una relación de coordinación entre particulares, o bien, si se trata de un nexo jurídico de supra a subordinación, a saber, entre gobernado y gobernante, lo que entraña la participación de un órgano del Estado, pues, sólo de dicha manera podremos determinar si a quienes se señaló en la demanda de amparo como autoridades, realmente lo son o no, para efectos del juicio de garantías, ya que no basta que la quejosa la haya señalado como tal, puesto que no puede dejarse a voluntad de los particulares el decidir si un ente resulta o no autoridad en un caso concreto. En tales condiciones, como se dijo del análisis integral de la demanda y del escrito de desahogo se advierte que la parte quejosa reclama esencialmente la negativa de pago de las rentas vencidas a la fecha por autoridades de la Secretaría de Salud del Estado de Guerrero, derivado del contrato de arrendamiento verbal del inmueble de su propiedad ubicado en Calle 16, lote 20, manzana 69, sector 2, en la colonia Emiliano Zapata, en esta ciudad, y como consecuencia la desocupación del mismo, lo cual no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, pues tal conducta se da dentro de una relación de coordinación entablada entre particulares y no de subordinación de las autoridades y la aquí quejoso, ya que deriva de un contrato de arrendamiento verbal celebrado entre dichas partes, en el cual actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad, por lo que para dirimir sus diferencias, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas (derecho civil, mercantil o administrativo) ante las autoridades correspondientes. De ahí que, el juicio de amparo no puede tener por objeto resolver conflictos entre particulares, ya que su finalidad es proteger al particular (persona física o moral) contra actos de autoridad, pues no constituye un procedimiento ordinario para acreditar hechos en lo general, sino que a través de él se verifica la constitucionalidad o convencionalidad o, en su caso, la legalidad del acto de autoridad frente a la situación y circunstancias que concurrieron en el momento en que aquél se emitió; no tutela los intereses que en el acto jurisdiccional ordinario se ha dejado a los tribunales comunes, ya que de hacerlo se desvirtuaría la naturaleza del juicio de amparo. Asimismo, el acto reclamado al Gobernador Estado y al Secretario de Salud del Estado de Guerrero, consistente en la falta de respuesta a su escrito de doce de febrero de dos mil veinte, recibido el diecisiete siguiente en las oficinas de la Secretaría Particular del referido Gobernador, tampoco puede considerase como un acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo, en razón de que dicha petición está dirigida a solicitar al Gobernador gire instrucciones para que la Secretaría de Salud pague la cantidad adeudada por concepto de las rentas vencidas derivado del contrato de arrendamiento del inmueble de su propiedad ubicado en Calle 16, lote 20, manzana 69, sector 2, en la colonia Emiliano Zapata, en esta ciudad, consecuentemente, dicha pretensión deberá ser dilucidada por la autoridad ordinaria competente a través del juicio respectivo dado el contexto de los hechos narrados; en ese sentido, la posición de la quejosa frente al Gobernador y la Secretaría de Salud, ambas del Estado de Guerrero, no es la de gobernada. Consecuentemente, al actualizarse la causa de improcedencia en estudio; la cual es manifiesta, porque se puede determinar con base en los elementos aportados con escrito de demanda e indudable, porque se tiene la certeza de que aun cuando se admitiera la demanda de amparo y se desahogaran pruebas en la audiencia constitucional, no se formaría una convicción diversa a la que se sostiene en este auto; lo procedente con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, es desechar de plano la demanda de amparo que nos ocupa. Notifíquese personalmente.
- Principal
NOTIFICACIÓN PERSONAL PARTE QUEJOSA.
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