Minerva Delia Morales Enriquez y Otros.

Expediente 1583/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 20 de octubre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
1583/2016
Año
2016
Actuaciones
2
Última actuación
20/10/2016

Partes del expediente

  • Minerva Delia Morales Enriquez y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    MESA I A San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinte de octubre de dos mil dieciséis. Toda vez que del cómputo secretarial de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra el auto dictado el veintiséis de septiembre de dos mil dieciséis, por el que se sobreseyó fuera de audiencia en este juicio; consecuentemente, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, según su artículo 2°, se declara que ha causado estado dicho proveído. Con fundamento en los puntos cuarto, décimo, fracción I, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de esa anualidad, en vigor a partir del veintiséis de noviembre del citado año, archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, se estima que este expediente carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el punto vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo en comento. Toda vez que se sobreseyó fuera de audiencia en este juicio de amparo, hágase del conocimiento de las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su destrucción, conforme a lo establecido en la fracción II del punto Vigésimo Primero del Acuerdo invocado. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo.

  2. Principal

    MESA I A Oaxaca de Juárez, Oaxaca, veintiséis de septiembre de dos mil dieciséis. Visto el oficio 30067/2016, y expediente principal del juicio de amparo número 1187/2016, remitidos por el Juez Cuarto de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, por considerar que el citado expediente se encuentra relacionado con uno diverso que se tramitó en este Juzgado; consecuentemente, toda vez que de las constancias remitidas se advierte que el acto reclamado consistente en el acuerdo de doce de julio d dos mil dieciséis, dictado por la Comisión Permanente de Gobernación del Congreso del Estado de Oaxaca, en el procedimiento de suspensión de mandato del Síndico Municipal de la Villa de Etla, Oaxaca (José Israel Pérez Pérez o José Israel Pérez), actos que tienen relación con los actos reclamados en el juicio de amparo 629/2016 del índice de este Juzgado; consecuentemente con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince, al compartir las razones por las que se declina competencia, este Juzgado acepta seguir conociendo de la demanda de amparo promovida por Minerva Delia Morales Enríquez, Maribel Acevedo Bustamante, Cristina Adriana Morales Enríquez, Adrián López Mendoza, Daniel Pinzón Villaseca, Ermitania Cruz Bautista, José Gómez Sánchez, Alejandro Jiménez Romero, Graciela Romero Bautista, Roberto Nabor Velásquez Ortiz, María Teresa Velásquez Morales y Concepción Velásquez Morales; por tanto, fórmese expediente impreso y electrónico, regístrese en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 1583/2016. Acúsese recibo. Hágase lo anterior del conocimiento de las partes para los efectos legales correspondientes. Se otorga a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este órgano de control constitucional, la intervención correspondiente, para ello, entréguesele una copia simple de la demanda. Sin que sea necesario solicitar a la autoridad responsable su informe justificado, en virtud de que en el expediente que se remite se realizó la solicitud respectiva, la cual fue atendida por la Presidenta de la Comisión Permanente de Gobernación de la Sexagésima Segunda Legislatura del Congreso del Estado (fojas 57 y 58). Ahora bien, de las constancias que obran en autos a las que se les otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley en cita, se desprende que los quejosos reclaman de la Comisión Permanente de Gobernación del Congreso del Estado de Oaxaca, el acuerdo de doce de julio de dos mil dieciséis, en el procedimiento de suspensión de mandato del Síndico Municipal de la Villa de Etla, Oaxaca (José Israel Pérez Pérez o José Israel Pérez). En ese orden, este juzgador advierte que contra el precisado acto reclamado se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el precepto 5º, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, toda vez que los peticionarios carecen de interés tanto jurídico como legítimo para reclamar el acuerdo de doce de julio de dos mil dieciséis, dictado en el procedimiento de suspensión de mandato del Síndico Municipal de la Villa de Etla, Oaxaca (José Israel Pérez Pérez o José Israel Pérez); tales numerales disponen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.). XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; Artículo 5º. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. (.)". En relación con el tema del interés jurídico en el juicio de amparo, existe la jurisprudencia 1ª./J. 168/2007, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 225, XXVII, Enero de 2008, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4º de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho solo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados. Así como la diversa 321, visible en la página 216 del Tomo VI Parte SCJN, Apéndice de 1995, Segunda Sala, Octava Época, de rubro y texto siguiente: "INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico, debe acreditarse en forma fehaciente, y no inferirse con base en presunciones. Los artículos y jurisprudencias transcritos revelan que, en el caso en estudio, el ejercicio de la acción constitucional está reservada únicamente a quien resiente una afectación real y actual en su esfera jurídica, siempre que la norma, acto u omisión reclamados violen derechos humanos. La noción de afectación jurídica para que proceda la acción constitucional, presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado que al ser transgredido por la actuación de una autoridad o por la Ley, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional correspondiente, demandando el cese de esa transgresión. Ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo, es lo que constituye el interés jurídico que la ley de la materia toma en cuenta para la procedencia del juicio de amparo; destacando que, no todos los intereses que puedan concurrir en una persona merecen el calificativo de jurídicos, pues para que tal cuestión acontezca, es menester que el derecho objetivo se haga cargo de ellos, a través de una o varias de sus normas. Es decir, la génesis de la acción constitucional, en el caso concreto, presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado por el ordenamiento legal objetivo, cuyo derecho constituye el interés jurídico que, entre los intereses que pueden concurrir en un gobernado, para que sea jurídico, y por consiguiente, legalmente protegido, precisa estar reconocido y amparado por la norma legal (derecho positivo vigente), de tal manera que cuando con los actos de autoridad se afecte ese derecho, irrogue agravio real, personal, directo y actual en su esfera jurídica. Por otra parte, en relación con el interés legítimo, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al fallar el amparo en revisión 366/2012, explicó que se realizó un cambio cualitativo en lo relativo al concepto de interés en el juicio de amparo derivado de la reforma de seis de junio de dos mil once, de la que fue objeto, entre otros, el artículo 107, fracción I, de la Constitución Federal. Dicho precepto, en la parte que interesa, dispone: Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquéllas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; (.). En el asunto citado, la Primera Sala respecto al tema, determinó que la reforma constitucional implicaba la apertura del juicio de amparo, pues para su viabilidad quedaron proscritas exigencias como la acreditación de un derecho objetivo conferido por las normas del ordenamiento jurídico, entre otros aspectos; sin embargo, en esa resolución se puntualizó que ello no implicaba, por sí mismo, la posibilidad de que cualquier persona emplee indiscriminadamente el medio de control constitucional, ya que para acceder a él, si bien ya no se requiere absolutamente acreditar contar con un interés jurídico, es necesario demostrar algo más que un interés simple, esto es, un interés legítimo. Sobre esa lógica, la Sala del alto tribunal se ocupó de esclarecer en qué consiste cada tipo de "interés", para lo que al efecto indicó que el interés legítimo puede definirse como aquel personal -individual o colectivo-, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que pueda traducirse, si llegara a concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso, mientras que el interés simple es el que puede tener cualquier persona por alguna acción u omisión del Estado pero que, en caso de satisfacerse, no se traduce en algún tipo de beneficio personal para el interesado. Es decir, la Sala de que se trata estableció que uno de los matices que permiten diferenciar cuándo se está en presencia de un interés legítimo cualificado, por virtud del cual se pueda acudir a la instancia constitucional, es la posibilidad de que se desprenda un beneficio concreto para el quejoso de resultar favorable su pretensión. Dichas consideraciones quedaron reflejadas en la tesis aislada 1a. XLIII/2013 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XVII, febrero de 2013, Tomo 1, página 822, que establece: INTERÉS LEGÍTIMO EN EL AMPARO. SU DIFERENCIA CON EL INTERÉS SIMPLE. La reforma al artículo 107 constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011, además de que sustituyó el concepto de interés jurídico por el de interés legítimo, abrió las posibilidades para acudir al juicio de amparo. No obstante lo anterior, dicha reforma no puede traducirse en una apertura absoluta para que por cualquier motivo se acuda al juicio de amparo, ya que el Constituyente Permanente introdujo un concepto jurídico mediante el cual se exige al quejoso que demuestre algo más que un interés simple o jurídicamente irrelevante, entendido éste como el que puede tener cualquier persona por alguna acción u omisión del Estado pero que, en caso de satisfacerse, no se traducirá en un beneficio personal para el interesado, pues no supone afectación a su esfera jurídica en algún sentido. En cambio, el interés legítimo se define como aquel interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra. Consecuentemente, cuando el quejoso acredita únicamente el interés simple, mas no el legítimo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahora bien, como se adelantó, la parte quejosa carece de interés tanto jurídico como legítimo para impugnar el acuerdo de doce de julio de dos mil dieciséis, dictado por la Comisión Permanente de Gobernación del Congreso del Estado de Oaxaca, en el procedimiento de suspensión de mandato del Síndico Municipal de la Villa de Etla, Oaxaca (José Israel Pérez Pérez o José Israel Pérez), pues tal procedimiento no le representa un beneficio o perjuicio directo, con independencia de los actos u omisiones que se presenten. En principio, respecto a lo solicitado al Oficial Mayor del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, consistente en la suspensión de mandado del Síndico Municipal de la Villa de Etla, Oaxaca, el artículo 115, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone: Artículo 115. Los Estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa el Municipio Libre, conforme a las bases siguientes: I. Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un presidente municipal y el número de regidores y síndicos que la ley determine. La competencia que esta Constitución otorga al Gobierno Municipal se ejercerá por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna entre éste y el Gobierno del Estado. Las Constituciones de los estados deberán establecer la elección consecutiva para el mismo cargo de presidentes municipales, regidores y síndicos, por un período adicional, siempre y cuando el periodo del mandato de los ayuntamientos no sea superior a tres años. La postulación solo podrá ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que lo hubieren postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato. Las Legislaturas Locales, por acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes, podrán suspender Ayuntamientos, declarar que éstos han desaparecido y suspender o revocar el mandato a alguno de sus miembros, por alguna de las causas graves que la ley local prevenga, siempre y cuando sus miembros hayan tenido oportunidad suficiente para rendir las pruebas y hacer los alegatos que a su juicio convengan. Si alguno de los miembros dejare de desempeñar su cargo, será sustituido por su suplente, o se procederá según lo disponga la ley. En caso de declararse desaparecido un Ayuntamiento o por renuncia o falta absoluta de la mayoría de sus miembros, si conforme a la ley no procede que entren en funciones los suplentes ni que se celebren nuevas elecciones, las Legislaturas de los Estados designarán de entre los vecinos a los Concejos Municipales que concluirán los periodos respectivos; estos concejos estarán integrados por el número de miembros que determine la ley, quienes deberán cumplir los requisitos de elegibilidad establecidos para los regidores. (.)". Del precepto anterior, específicamente del párrafo tercero se desprende que las Legislaturas Locales tienen facultades para suspender Ayuntamientos, declarar su desaparición y suspender o revocar el mandato a alguno de sus miembros, siendo evidente que tales supuestos causan una afectación al Ayuntamiento; afectaciones que pueden ser de dos formas: a) Actos que afectan al Ayuntamiento en su integridad, en cuanto impiden el ejercicio municipal, como sería la declaración de suspensión o desaparición del mismo; puesto que tales sanciones van dirigidas al órgano en sí y no a alguno de sus integrantes en lo particular, impidiéndole de esta forma continuar con el cumplimiento de sus atribuciones y con el ejercicio de las funciones de gobierno que constitucional y legalmente corresponden a dicho nivel; y, b) Actos que afectan la integración del Ayuntamiento, como la suspensión o revocación del mandato de alguno de sus miembros, en este caso, a diferencia de la hipótesis señalada en el inciso que antecede, la sanción recae en alguno o alguno de sus miembros individualmente considerados, en tanto que el Ayuntamiento como órgano de gobierno seguirá en el ejercicio de sus funciones, aunque para ello deba seguirse el procedimiento de designación de suplentes que prevea la legislación local. Para que pudiera afectarse al Ayuntamiento, en cualquiera de las hipótesis señaladas, las Legislaturas Estatales deben cumplir con los requisitos siguientes: a) Que la ley prevea las causas graves para suspender Ayuntamientos, declarar que éstos han desaparecido o para suspender o revocar el mandato a alguno de sus miembros; b) Que se haya otorgado previamente oportunidad para rendir pruebas y formular alegatos; y, c) Que dicho acuerdo de suspensión o desaparición de un Ayuntamiento o de suspensión o revocación del mandato de alguno de sus miembros, sea tomado por las dos terceras partes de los integrantes de la legislatura. En el caso del Estado de Oaxaca, la Constitución en su artículo 59, fracción IX, así como la Ley Orgánica Municipal en sus numerales 58 a 65, regulan lo relativo a la suspensión de mandado de uno de los miembros del ayuntamiento, en los términos siguientes: SECCIÓN CUARTA De las Facultades del Congreso del Estado ARTÍCULO 59. Son facultades del Congreso del Estado: (.) IX. La Legislatura Local, por acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes, podrá suspender Ayuntamientos, declarar que estos han desaparecido y suspender o revocar el mandato a alguno de sus miembros por alguna de las causas graves que la ley reglamentaria prevenga, siempre y cuando sus miembros hayan tenido oportunidad suficiente para rendir las pruebas y hacer los alegatos que a su juicio convengan. En caso de declararse desaparecido un Ayuntamiento o por renuncia o falta absoluta de la mayoría de sus miembros, si conforme a la ley no procede que entraren en funciones los suplentes, ni que se celebraren nuevas elecciones, la Legislatura designará entre los vecinos a los Concejos Municipales que concluirán los períodos respectivos; estos Concejos estarán integrados por el número de miembros que determine la ley, quienes deberán cumplir con los requisitos de elegibilidad establecidos para los regidores. Si alguno de los miembros dejare de desempeñar su cargo, será substituido por su suplente o se procederá, según lo disponga la ley; (.). CAPÍTULO V DE LA SUSPENSIÓN Y DESAPARICIÓN DEL AYUNTAMIENTO, SUSPENSIÓN O REVOCACIÓN DE SUS MIEMBROS ARTÍCULO 58.- Son causas graves para la desaparición de un Ayuntamiento: I.- Cuando sea imposible el funcionamiento, por falta absoluta de la mayoría de sus integrantes, si no existen suplentes que puedan integrarlo, cualquiera que fueren las causas que motiven dicha falta; II.- La violación reiterada por parte del Ayuntamiento, de las garantías individuales y sociales consagradas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución Local; III.- La promoción o adopción que realice un Ayuntamiento, de formas de gobierno u organización política, distintas a las establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución Política del Estado; IV.- Los conflictos reiterados que se susciten entre la mayoría o totalidad de los integrantes de un Ayuntamiento, o entre éste y la comunidad, y que hagan imposible el cumplimiento de los fines o el ejercicio de las funciones a cargo del ayuntamiento; V.- La violación que efectúe el ayuntamiento a las normas jurídicas que rigen los procesos electorales; VI.- La repetida alteración por parte del Ayuntamiento a la Ley de Ingresos, al Presupuesto de Egresos, o a los planes y programas de desarrollo municipal, que importen un perjuicio a los habitantes del municipio o su hacienda pública; VII.- La disposición de bienes pertenecientes al patrimonio municipal que ordene el Ayuntamiento, sin sujetarse a las disposiciones previstas en la presente Ley; VIII.- Cuando el ayuntamiento permita que extranjeros se inmiscuyan en asuntos internos del Estado o de los Municipios; IX.- La falta de comprobación y aplicación correcta de los recursos que integran la Hacienda Pública Municipal, en términos de los (sic) dispuesto en la Ley de fiscalización Superior del Estado y demás disposiciones aplicables; y X.- Por abandono del ejercicio de sus funciones. ARTÍCULO 59.- En el caso de desaparición de un ayuntamiento, se podrá decretar la suspensión provisional de éste ante una situación de violencia grave, un vacío de autoridad o estado de ingobernabilidad. La suspensión provisional se acordará por el Congreso con el voto aprobatorio de las dos terceras partes de sus integrantes, durará hasta en tanto no se emita la resolución definitiva del caso; podrá nombrarse por el propio Congreso un encargado del Municipio, que ejercerá sus funciones hasta que se emita la referida resolución. Antes de emitir esta medida cautelar el Congreso dará oportunidad al Ayuntamiento o su representante de ser oídos y exponer lo que a su derecho proceda. ARTÍCULO 60.- Son causas graves para la suspensión del mandato de algún miembro del ayuntamiento: I.- La incapacidad física o legal transitoria; II.- El haberse dictado en su contra orden de aprehensión, auto de sujeción a proceso o de formal prisión, como probable responsable en la comisión de un delito; III.- Cuando así lo disponga la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios y la Ley de fiscalización Superior del Estado; y IV.- El incumplimiento de una resolución judicial en materia electoral. ARTÍCULO 61.- Son causas graves para la revocación del mandato de algún miembro del Ayuntamiento: I.- La incapacidad física o legal permanente; II.- El haberse dictado en su contra sentencia condenatoria, como plenamente responsable en la comisión de un delito intencional; III.- La inasistencia a tres sesiones del Ayuntamiento en forma consecutiva y sin causa justificada; IV.- El realizar en lo individual, cualquiera de los actos que dan origen a la desaparición de un Ayuntamiento; V.- La realización reiterada de actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben observar en el desempeño de sus funciones; VI.- El causar conflictos reiterados en contra de la mayoría o totalidad de los integrantes de un Ayuntamiento, o a la comunidad, y que hagan imposible el cumplimiento de los fines o el ejercicio de las funciones a cargo del ayuntamiento; VII.- Cuando así lo disponga la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios y la Ley de fiscalización Superior del Estado; y VIII.- La inejecución de sentencia en materia electoral. ARTÍCULO 62.- Compete exclusivamente al Congreso del Estado declarar la suspensión o desaparición de un Ayuntamiento, así como la suspensión o revocación del mandato de uno o más de sus integrantes. La solicitud para estos casos deberá presentarse ante la Oficialía Mayor del Congreso del Estado. Podrá ser formulada por el titular del ejecutivo del Estado, por los legisladores locales, por los integrantes del ayuntamiento respectivo o por los ciudadanos vecinos del municipio. ARTÍCULO 63.- El escrito de solicitud, deberá contar por lo menos con los siguientes requisitos: I.- Nombre del solicitante y domicilio que señale para recibir notificaciones en la capital del Estado de Oaxaca, para que se practiquen las diligencias necesarias, así como la designación de persona para recibirla; II.- Tratándose de particulares, deberán acreditar su vecindad; III.- Nombre, domicilio y cargo que desempeñe en el ayuntamiento, la persona o personas en contra de las cuales se dirige la pretensión; IV.- El o los actos en que se funda la solicitud; y V.- Las pruebas que sirven de base a la petición y anunciar aquéllas que requieren término para su desahogo; VI.- A la solicitud deberán acompañarse para efectos de emplazamiento copias simples de cada uno de los documentos exhibidos. ARTÍCULO 64.- El Oficial Mayor dará cuenta al Pleno del congreso del Estado o en su caso a la Diputación Permanente de la solicitud y anexos presentados, para que se turne a la Comisión Permanente de Gobernación. Esta Comisión estará a cargo de la instrucción del caso, en su actuación deberá cuidar que se cumplan las formalidades del procedimiento y se respete la garantía de audiencia. ARTÍCULO 65.- El procedimiento y las reglas que observara en el mismo serán las siguientes: A) Una vez radicado el expediente en la Comisión de Gobernación, ésta determinará si la solicitud satisface los requisitos de ley; puede también la Comisión prevenir a los solicitantes que subsanen algún requisito. B) Satisfechos los requisitos de la solicitud, la Comisión citará a los denunciantes para ratificarla. Si así lo hicieren, la Comisión ordenará notificar personalmente, correr traslado y emplazar a él o a los integrantes del Ayuntamiento, para que en un término de diez días produzcan su contestación, so pena de declararlos en rebeldía y presuntamente confesos. Si transcurrido el plazo para contestar sin que se hubiere producido ésta, y sin necesidad de acuse, se hará la declaración de rebeldía y se presumirán confesos los hechos de la solicitud que se dejaron de contestar. C) Concluido el plazo para de la contestación, la Comisión de Gobernación dentro de los diez días siguientes fijará día y hora para una audiencia de pruebas, la cual se efectuará ante el Presidente de la Comisión y los integrantes de ésta que deseen estar presentes. Si las pruebas ofrecidas en la audiencia lo requieren se fijará un término de hasta veinte días naturales para su desahogo. Podrán aceptarse pruebas supervenientes a juicio de la Comisión cuando fuesen desconocidas a la fecha de la presentación de la solicitud o habiéndose anunciado hubiesen motivos justificados para no haberlos exhibido en tiempo. La Comisión, en todo tiempo tiene amplia facultad para allegarse los elementos probatorios que estime eficaces e idóneos. D) Una vez agotado el término de prueba, se concederá a las partes un término de cinco días para presentar por escrito sus alegatos. Trascurrido este término, la Comisión de Gobernación formulará su dictamen dentro de un plazo de veinte días naturales, el cual puede ser ampliado por autorización expresa del Congreso. El dictamen debe satisfacer los requisitos de una resolución judicial, resultandos, considerandos y puntos resolutivos. E) El dictamen con propuesta de suspensión o desaparición de ayuntamiento, suspensión o revocación de mandato de alguno de sus integrantes, requerirá para su aprobación del voto de las dos terceras partes de los Diputados que integran el Congreso del Estado. La resolución del Congreso se publicará en el Periódico Oficial de Estado. En este procedimiento la parte demandada podrán (sic) asistirse de abogado. F) Para lo no previsto en el presente Capítulo, se aplicará de manera supletoria en los actos de notificación y desahogo de pruebas, el Código de Procedimientos Civiles del Estado. El procedimiento previsto en los artículos citados puede dividirse en las etapas siguientes: a) De solicitud, que puede ser formulada por el Ejecutivo del Estado, por los legisladores locales, por los integrantes del Ayuntamiento respectivo o por los ciudadanos vecinos, a la cual deberán acompañarse los medios probatorios en que se funde la petición. b) De procedencia, en la que la Comisión de Gobernación dictaminará la procedencia o improcedencia de la solicitud, determinando si la misma cumple con los requisitos legales y si las conductas corresponden a alguna de las causas graves establecidas en la ley para la desaparición del Ayuntamiento o para la suspensión o revocación del mandato de alguno de sus miembros, de cumplirse con lo anterior la solicitud deberá ser ratificada por los denunciantes. c) De instrucción, en la que una vez que se acrediten los elementos enunciados en el inciso anterior y ratificada la solicitud, se notificará personalmente a los integrantes del Ayuntamiento, dándoseles término para que contesten, transcurrido el mismo se citará a una audiencia de pruebas, posteriormente se pone el expediente a la vista de las partes para que en el término legal rindan sus alegatos; una vez concluido, la Comisión de Gobernación deberá emitir su dictamen determinando si ha lugar a lo solicitado u ordenando el archivo del expediente. d) De resolución, en la cual una vez rendido el dictamen en el que se proponga la desaparición del Ayuntamiento, suspensión o revocación de mandato de alguno de sus miembros, el mismo deberá ser aprobado por las dos terceras partes de los integrantes del Congreso, dicha determinación deberá notificarse personalmente a las partes y publicarse en el Periódico Oficial del Estado y en los dos periódicos estatales de mayor circulación. Tal procedimiento, en esencia, es el mismo que uno de responsabilidad de un servidor público, pues en ambos casos se trata del incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos, en cuanto a sus atribuciones y con el ejercicio de las funciones de gobierno que constitucional y legalmente corresponden a dicho nivel; solo que en el caso de desaparición de que se trata, la sanción se dirige al órgano en sí, no a alguno de sus integrantes en lo individual o particular. Por lo que se considera oportuno transcribir la contradicción de tesis 139/2005-SS, de la que surgió la jurisprudencia 2a./J. 1/2006, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. EL DENUNCIANTE DE LA QUEJA ADMINISTRATIVA CARECE DE INTERÉS JURÍDICO PARA IMPUGNAR EN AMPARO LA RESOLUCIÓN QUE LA DECLARA IMPROCEDENTE. De conformidad con los artículos 49 y 50 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, cualquier persona tiene derecho a presentar quejas y denuncias por incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos, con las cuales se inicia, en su caso, el procedimiento disciplinario correspondiente; sin embargo, como el régimen de responsabilidades relativo no tiene como propósito fundamental salvaguardar intereses particulares mediante el procedimiento sancionador, sino preservar una prestación óptima del servicio público de que se trate, el orden jurídico objetivo otorga al particular una mera facultad de formular quejas y denuncias por incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos, sin que pueda exigir de la autoridad una determinada conducta respecto de sus pretensiones, de ahí que aquél carezca de interés jurídico para impugnar en amparo la resolución que ordena el archivo del expediente por ser improcedente la queja o por no existir elementos para fincar responsabilidad administrativa. Del análisis de su ejecutoria, se advierte, en lo de interés, lo siguiente: (.) De conformidad con estos preceptos, cualquier interesado tiene derecho a presentar quejas y denuncias por incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos, con las cuales se inicia, en su caso, el procedimiento disciplinario correspondiente. (.) Cabe destacar, que el régimen de responsabilidad administrativa de los servidores públicos tiene como objetivo lograr y preservar una prestación óptima del servicio público de que se trate, lo cual responde a intereses superiores de carácter público y, por tanto, la investigación relativa no se lleva a cabo con el objetivo indefectible de sancionar al servidor público, sino con el de determinar con exactitud si cumplió o no con los deberes y obligaciones inherentes al cargo y si, por ende, la conducta desplegada por éste resulta compatible o no con el servicio que se presta. Sobre el particular, esta Segunda Sala ha sostenido el siguiente criterio: (.) "RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO. (.) En estas condiciones, el denunciante o promovente de una queja administrativa no tiene interés jurídico para impugnar en el juicio de amparo la resolución favorable al servidor público, que ordena el archivo del expediente, por ser improcedente la queja o no existir elementos para fincar responsabilidad administrativa, dado que el régimen de responsabilidades de los servidores públicos no tiene como propósito fundamental salvaguardar intereses particulares mediante el procedimiento sancionador, sino solo lograr y preservar una prestación óptima del servicio público de que se trate, de ahí que el orden jurídico objetivo otorga al interesado una mera facultad o potestad de formular quejas o denuncias por incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos, sin concederle la posibilidad de exigir de la autoridad una determinada conducta respecto de sus pretensiones. (.) De la transcripción previa se advierte que la Segunda Sala del alto tribunal ha definido que el propósito del régimen de responsabilidades de servidores es lograr y preservar una prestación óptima de la función pública, lo cual implica que la investigación relativa no se lleva con el propósito indefectible de sancionar a los servidores públicos, sino para verificar el cumplimiento de los deberes y obligaciones inherentes al cargo que desempeñen, esto es, tiende a proteger y hacer efectivas las disposiciones constitucionales, pues su finalidad es sancionar a los servidores públicos que en el desempeño de sus funciones hayan realizado actos o incurrido en omisiones que causen perjuicios al interés público y a la función pública del Estado. En ese sentido, concluyó que el régimen de responsabilidades administrativas no tiene como finalidad salvaguardar intereses particulares mediante el procedimiento sancionador, sino solo lograr y preservar una prestación óptima del servicio público, lo cual atiende a un aspecto de interés general. La conclusión que antecede denota que, al margen de si el orden normativo aplicable faculta o no a los promoventes de quejas administrativas para exigir que se sancione a los funcionarios contra los que se formulan -condición que definiría la existencia de un interés jurídico-, el procedimiento de responsabilidades de servidores públicos no está diseñado para satisfacer las pretensiones de éstos ni de algún individuo en lo particular; de ahí que, necesariamente, la resolución que derive de ellos no puede implicar un perjuicio o beneficio "personal" para los denunciantes. Ello, llevado al caso de la suspensión solicitada se explica en la medida en que no solo quien presente esa solicitud tiene interés en que se investigue sobre las causas graves que dan origen a la solicitud de suspensión de mandato del Síndico Municipal de la Villa de Etla, Oaxaca (José Israel Pérez Pérez o José Israel Pérez), sino que se trata de un aspecto que atañe a la colectividad indefinida; máxime que la solicitud de que se trata está a disposición de pluralidad de partes, por lo que para todas ellas es de llamar la atención que quienes, como órgano ejerzan la función pública, lo hagan en forma adecuada. Es así que aun en el caso de las actuaciones u omisiones en las que incurra la Comisión instructora del Congreso adolecieran de algún vicio, no recaerían sobre la esfera jurídica del quejoso o de un gobernado en particular; razón suficiente para estimar que aunque prosperara el juicio, el posible efecto de la protección no generaría algún beneficio directo a la esfera jurídica del agraviado, es decir, no se repararían las causas graves que, se dice, dieron lugar a la solicitud de desaparición, ni la sanción que, en su caso, se impusiera impactaría en el conjunto de sus derechos. Luego, si uno de los aspectos que definen la existencia de un interés legítimo es que, de prosperar el juicio, la eventual sentencia de concesión determine un beneficio particular para quien inste el medio de control, pero ese extremo no se actualiza respecto de quien en modo particular formuló una solicitud de suspensión de mandado del Síndico, como hicieron los demandantes, entonces resulta claro que en el caso no se surte la condición de procedencia examinada. No es obstáculo que los recurrentes se encuentren legitimados para presentar la solicitud de desaparición e incluso ofrecer pruebas (artículos 62 y 63, fracción V, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca, respectivamente, transcritos con antelación), pues esa prerrogativa no implica, por sí, la posibilidad de obtener un beneficio para quien denuncie la irregularidad, es decir, no se trata de una facultad tendente a la reparación de una lesión objetiva causada en la esfera jurídica del solicitante; sino de la posibilidad que la legislación otorga a diversos sujetos (no solo a las partes de un procedimiento), para coadyuvar con el propósito de verificar el correcto desempeño de la función pública que la autoridad disciplinaria tiene encomendado. Se invoca en apoyo, por identidad jurídica, la jurisprudencia 2a./J. 124/2008, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVIII, Septiembre de 2008, página: 259, Novena Época, de rubro y texto siguiente: RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE PUEBLA. EL QUE EL ARTÍCULO 53 BIS, FRACCIÓN III, DE LA LEY RELATIVA OTORGUE AL PROMOVENTE DE LA QUEJA EL DERECHO PARA APORTAR MAYORES ELEMENTOS DE PRUEBA QUE MOTIVEN EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO; CUANDO SE DETERMINA QUE NO HA LUGAR A INICIARLO FORMALMENTE Y SE ORDENA EL ARCHIVO DEL EXPEDIENTE, NO LE OTORGA INTERÉS JURÍDICO PARA ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO CONTRA ESA RESOLUCIÓN. Acorde con los artículos 108, primer y último párrafos, y 109, fracción III, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cualquier interesado puede presentar queja por incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos. Por otra parte, en relación con el tema del interés jurídico tratándose de ese tipo de quejas, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 1/2006, de rubro: "RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. EL DENUNCIANTE DE LA QUEJA ADMINISTRATIVA CARECE DE INTERÉS JURÍDICO PARA IMPUGNAR EN AMPARO LA RESOLUCIÓN QUE LA DECLARA IMPROCEDENTE.", al analizar los artículos 49 y 50 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, sostuvo que el gobernado tiene derecho a presentarlas por incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos con las cuales se inicia, en su caso, el procedimiento disciplinario correspondiente, pero que dicha legislación federal no otorga al denunciante la facultad de exigir a la autoridad que realice determinada conducta o acceda a sus pretensiones, por lo que carece de interés jurídico para reclamar la resolución correspondiente. Ahora bien, el artículo 53 Bis, fracción III, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla establece que si la autoridad competente, después de valorar las constancias y actuaciones, considera que no ha lugar a iniciar formal procedimiento de determinación de responsabilidades contra el servidor público, archivará el expediente, lo que hará del conocimiento del promovente para que en su caso aporte mayores elementos de prueba que motiven el inicio del procedimiento respectivo. Sin embargo, el derecho del promovente de la queja para aportar mayores elementos de prueba que motiven el inicio del procedimiento respectivo, no constituye razón suficiente para determinar que cuenta con interés jurídico para acudir al juicio de garantías contra dicha determinación, porque la facultad de aportar mayores elementos de prueba se traduce únicamente en la posibilidad de coadyuvar en la integración del expediente, pero no le genera un derecho para exigir de la autoridad una determinada conducta respecto de sus pretensiones, pues solo se trata de actos de control interno en los que la investigación efectuada busca determinar si el servidor público cumplió o no con los deberes y obligaciones inherentes a su cargo y si su conducta resulta o no compatible con el servicio que presta, y será el órgano disciplinario correspondiente el que decidirá si inicia o no formalmente el procedimiento administrativo de responsabilidad y si sanciona o no al servidor público. Tratándose de la solicitud de suspensión de mandato de que se trata, la relación jurídica procesal se establece entre Municipio y Congreso, pues solo él resolverá previo el dictamen respectivo y aún sin pruebas, si el demandado no contesta se presumirá confeso de los hechos atribuidos; dictamen que se emite una vez concluido el plazo probatorio. En ese sentido, la parte quejosa carece de interés legítimo para promover la demanda de amparo contra el acuerdo de doce de julio de dos mil dieciséis, dictado por la Comisión Permanente de Gobernación, en el procedimiento de suspensión de mandato del Síndico Municipal de la Villa de Etla, Oaxaca (José Israel Pérez Pérez o José Israel Pérez), pues al margen de que esté en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los demás integrantes de la sociedad, la sanción que en su caso llegare a imponerse al Síndico en sí, no produce un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, no obstante que haya sido ellos quienes instaron el procedimiento que originó el procedimiento de suspensión de mandado. Tampoco tienen interés jurídico, pues el trámite y resultado de la solicitud de desaparición del ayuntamiento señalado, en nada perjudica la esfera jurídica del particular presuntivamente afectado por la causa que dio origen a esa solicitud, pues en caso de resultar procedente, daría lugar a la sanción establecida legalmente. En efecto, el promovente solo tiene derecho de realizar esa petición de desaparición, pero las actuaciones u omisiones en que incurra la autoridad instructora, no lo legitiman para ejercer la acción constitucional (amparo), debido a que el gobernado no es acreedor de un derecho legítimamente tutelado y susceptible de oponer al órgano que conoció de su solicitud, ya que es potestad exclusiva de éste su trámite y resolución, sin que se afecte el interés del accionante de amparo. Así, la omisión reclamada no representa un beneficio o perjuicio directo o indirecto para el quejoso, en virtud de que la actuación del Síndico cuya suspensión solicitan, atañe al interés general y no al de un solo individuo. De ahí, que el hecho de que una persona tenga derecho a denunciar las faltas en que incurra un miembro de un Ayuntamiento, como lo es el Síndico de la Villa de Etla, Oaxaca, no implica que tenga interés jurídico para promover el juicio de amparo contra los actos y omisiones dentro del procedimiento respectivo. Se invoca por analogía, la jurisprudencia P./J. 100/2004, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, Octubre de 2004, página: 6, de rubro y texto siguiente: DECLARACIÓN DE PROCEDENCIA. LOS ACTOS EMITIDOS POR LA CÁMARA DE DIPUTADOS Y LA SECCIÓN INSTRUCTORA DURANTE EL PROCEDIMIENTO RELATIVO SON INATACABLES, INCLUSO A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO. Del artículo 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se advierte que el Poder Constituyente facultó a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para resolver soberana y discrecionalmente si ha lugar o no a retirar la inmunidad procesal de un servidor público con el fin de que sea juzgado por el delito o delitos que se le atribuyen; en atención a esa finalidad son inatacables, incluso a través del juicio de garantías, todas las resoluciones emitidas en el procedimiento de declaración de procedencia, tanto las dictadas por dicho órgano legislativo, como por la Sección Instructora. Lo anterior es así, porque la decisión soberana que corresponde a la mencionada Cámara como órgano terminal, no podría alcanzarse si se permitiera la intervención del Poder Judicial de la Federación respecto de los actos intermedios, dada la posibilidad de caer en un abuso del juicio de amparo, pues bastaría impugnar dichos actos por vicios propios o como primer acto de aplicación de la ley, para hacerlo procedente en detrimento de la expeditez que caracteriza al procedimiento de declaración de procedencia, lo que además pugnaría con la intención del Constituyente de considerar inatacables las resoluciones emitidas en un procedimiento autónomo de la competencia exclusiva del citado órgano legislativo. En consecuencia, se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XII, en relación con el diverso 5º fracción I, de la Ley de Amparo; por lo que con apoyo en los numerales 63, fracción V, y 93 de la propia Ley, procede revocar la sentencia recurrida en la materia de la revisión y sobreseer en el juicio. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, tomo XLVI, Quinta Época, página 3782, de rubro y texto siguientes: PODERES, AMPARO CONTRA LA DECLARACIÓN DE DESAPARICION DE. Es improcedente el juicio de garantías en el que se reclama la resolución de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, que declare desaparecidos los Poderes Constitucionales de un Estado, ya que este acto no puede entrañar violación de garantías individuales, por tratarse de una resolución dictada por uno de los Poderes de la Unión, con las facultades exclusivas y expresas que le da el artículo 76, fracción V, de la Constitución General de la República; circunstancias que impide a otro poder, analizar la cuestión, ni aun en el procedimiento del juicio de garantías. Es oportuno mencionar, que en el caso del procedimiento previsto en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 59 de la Constitución local, lo que se preserva es el ejercicio de un derecho político, pues la integración del Municipio y de sus miembros, son cargos de elección popular de carácter obligatorio, y solo son renunciables por causas graves (a través de la suspensión o revocación del mandato o del fincamiento de responsabilidad del servidor público) a cargo exclusivamente del Poder Legislativo, siempre que se trata de servidores públicos de elección popular. Procedimientos que tienen su fundamento en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; que prevén el mecanismo de excepción para suspender ayuntamientos y suspender o revocar el mandato de alguno de sus miembros; con respeto de la garantía de audiencia a tal ente municipal. Igual criterio sostuvo el Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, al resolver el amparo en revisión 15/2016, formado con motivo del recurso de revisión interpuesto contra la sentencia dictada por este Juzgado Primero de Distrito, en el juicio de amparo 1360/2015, en el que revocó la sentencia que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, sobreseyendo en el juicio. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia invocada, procede sobreseer fuera de audiencia en el presente expediente, en términos del numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Apoya la consideración anterior, el criterio emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 41, del Semanario Judicial de la Federación, Primera Parte, XCIX, Sexta Época, con el siguiente rubro y texto: IMPROCEDENCIA. CAUSALES DE. La fracción IV del artículo 73 de la ley reglamentaria del juicio de garantías, establece: "El juicio de amparo es improcedente: IV. Contra leyes o actos que hayan sido materia de otra ejecutoria en otro juicio de amparo en los términos de la fracción anterior". La fracción III a que alude la disposición transcrita señala: "El juicio de amparo es improcedente, contra leyes o actos que sean materia de otro juicio de amparo que se encuentre pendiente de resolución, ya sea en primera o única instancia, o en revisión, promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas". Se establece estrecha relación entre ambas causales de improcedencia, porque la señalada en la fracción IV establece como elemento fundamental, que la ejecutoria se haya pronunciado en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior, que no puede tomarse en su integridad sino sólo en la parte en que se refiere a otro juicio de amparo promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por los propios actos reclamados. Esta limitación hace que no se confundan ambas causales y que su aplicación corresponda a momentos diferentes, pues en tanto que la causal de la fracción III se contrae a lo que debe llamarse litispendencia procesal que en el juicio constitucional da origen a su sobreseimiento, cualquiera que sea la instancia en que se encuentre, la de la fracción IV sólo puede aplicarse para el mismo efecto de sobreseer, cuando se haya producido la cosa juzgada por la ejecutoria que se pronuncia en el otro juicio en el que exista la identidad en los sujetos y en el objeto; entendiendo como cosa juzgada en el caso concreto de esta causa de improcedencia, aquella verdad legal que no admite ulterior recurso. Por las consideraciones anteriores, no ha lugar a señalar fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Con fundamento en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se tiene como domicilio de la parte quejosa para recibir notificaciones personales, el ubicado en calle Rayón número ciento tres, centro de esta ciudad y, por autorizado con las amplias facultades del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Tomás Pedro Miguel Ilescas Garzón, por encontrarse registrada su cedula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y toda vez que la restante persona no cumple con ese requisito se le tiene por autorizada únicamente para recibir notificaciones. En otro contexto, en términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, para el caso de que en este asunto se ordene alguna notificación personal, se habilita al actuario para que, de ser necesario, practique ésta en horas y días inhábiles. Asimismo, se autoriza a las partes, para que, al imponerse de los autos, puedan utilizar medios electrónicos (cámaras o lectores ópticos) para reproducir copias de las constancias de autos. Para concluir, con el objeto de respetar el derecho a la intimidad de las partes al hacerse públicas las sentencias que sean de interés público, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase saber a éstas que al elaborarse la versión pública del fallo que se llegare a dictar se suprimirá o testará todo dato confidencial o reservado. Finalmente, con apoyo en lo dispuesto 46 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince; mediante oficio que al efecto se gire, remítase el presente expediente a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en esta ciudad, para que realice la compensación respectiva a fin de equilibrar las cargas de trabajo y posteriormente lo devuelva a este juzgado. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó, el Juez Miguel Arroyo Herrera, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca, ante la Secretaria Piedad Guadalupe Jiménez Santiago, que autoriza y da fe.

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