Minerva Chavez Rios

Expediente 85/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 11 de marzo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
85/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
11/03/2019

Partes del expediente

  • Minerva Chavez Rios

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación secretarial de cuenta, así como el estado de los autos y dado que la parte quejosa no impugnó el proveído de veintidós de febrero de dos mil diecinueve (fojas 11 a 21), mediante el cual se desechó de plano su demanda de garantías, dentro del plazo que para tal efecto establece el artículo 98 de la Ley de Amparo; con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto queda firme para los efectos legales consiguientes. Como no existen constancias pendientes de agregarse al presente expediente, con fundamento en los artículos cuarto, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, archívese este expediente como definitivamente concluido, previas las anotaciones en el libro de gobierno. Por otra parte, se declara que este asunto carece de relevancia documental, dado que no se ubica en alguno de los supuestos que prevé el artículo vigésimo primero, párrafo último, del Acuerdo General 01/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; asimismo, se destaca que en el presente expediente se desechó de plano la demanda de amparo, que no se concedió la suspensión de plano de los actos reclamados ni existen documentos ofrecidos por la parte quejosa, considerados como originales por el punto segundo, fracción XVIII, del citado Acuerdo General, esto es, que contengan un rasgo distintivo o signo de puño y letra que sea insustituible por otro; como consecuencia de lo anterior, transcurridos más de cinco años a partir de la fecha en que se dicta este acuerdo, es susceptible de destrucción, por ubicarse en el supuesto de la fracción I del punto vigésimo primero del referido Acuerdo General Conjunto 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Conforme al punto Décimo, fracción I, del acuerdo en cita, se comunica a las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años; por lo que, una vez cumplido ese plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hágase la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo.

  2. Principal

    Por recibida la demanda de amparo que promueve MINERVA CHAVEZ RÍOS, contra actos de la Comisión Federal de Electricidad y otras autoridades; en consecuencia, regístrese en el libro de gobierno respectivo y fórmese el expediente de amparo con el número 85/2019. Ahora, por ser cuestión de orden público y de estudio preferente a la admisión de una demanda, primeramente se analizará si en el caso se actualiza alguna de las causales de improcedencia que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 113 que dice:. En el presente asunto procede DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE MÉRITO, por encontrarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, a consideración del suscrito, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 5º fracción II, aplicada en sentido contrario, de la Ley de Amparo, por las siguientes consideraciones. Los preceptos legales citados establecen:. Para evidenciar lo anterior con mayor claridad, conviene precisar lo siguiente: 1. El once de agosto de dos mil catorce se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley de la Industria Eléctrica que surtió efectos a partir del día siguiente, la cual abrogó la entonces Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica. 2. El once de agosto de dos mil catorce, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, la cual entró en vigor el diecisiete de febrero de dos mil quince, cuando inició sus funciones el nuevo Consejo de Administración de la Comisión Federal de Electricidad, cuestión que será precisada con mayor amplitud con posterioridad. 3. El diecisiete de octubre de dos mil catorce se publicó en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, libro 11, octubre de 2014, tomo I, página 1095, la tesis aislada 2a. CVII/2014 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual se apoya en la entonces Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica abrogada, que dice:. 4. Ese criterio fue interrumpido por la tesis 2a. XLII/2015 (10a.), de la propia Segunda Sala del Alto Tribunal de la Nación, publicada el diecinueve de junio de dos mil quince, en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, libro 19, tomo I, junio de 2015, página 1071, la cual fue corregida en su redacción en sesión privada de diecinueve de agosto de dos mil quince, y fue publicada con su texto corregido el veintiuno de agosto de dos mil quince, en la página mil ciento ochenta y tres de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 21, Agosto de 2015, Tomo I, Décima Época, que dice:. 5. La demanda de amparo promovida en contra de los actos reclamado a la Comisión Federal de Electricidad, se presentó el veintiuno de febrero de dos mil diecinueve, esto es, cuando ya se encuentran vigentes las nuevas disposiciones en materia energética y publicada la tesis 2a. XLII/2015 (10a.). 6. Además, de la propia demanda se advierte la existencia de un convenio para establecer los términos y condiciones para la recaudación de derecho de alumbrado público, ya que así lo manifestó la accionante (foja 3). Establecido lo anterior, este Juzgador estima que contrario a lo pretendido por el inconforme, las controversias relacionadas con el cobro de suministro de energía eléctrica se deben resolver en la vía mercantil, por lo que el juicio de amparo promovido en contra del acto reclamado a la Comisión Federal de Electricidad, y otras autoridades, al tratarse de un acto comercial que no se emite como autoridad, resulta improcedente. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 50, Enero de 2018, Tomo I, Materia(s): Común, Civil, Tesis 2a./J. 156/2017 (10a.), en la página 336, cuyo rubro y texto señalan:. En efecto, el artículo 5º, fracción II, de la Ley de Amparo, dispone lo siguiente:. De la anterior transcripción se desprende que será autoridad responsable para efectos del amparo -con independencia de su naturaleza formal y poniendo énfasis en su actuación material- la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto y que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas, pudiendo recaer dicho carácter en los particulares cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de dicha fracción y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. De esta forma, si bien es verdad que los actos provenientes de particular, por regla general, no son susceptibles de control constitucional por vía de amparo, lo cierto es que dichos actos de particular, por excepción, sí pueden ser materia del juicio constitucional cuando su contenido pueda equipararse a los actos de una autoridad, y se desprende que esa situación equiparable se presenta cuando se crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas de forma unilateral u obligatoria. Así, los elementos esenciales para reconocer autoridad al comportamiento de los particulares susceptible de control constitucional por vía del amparo, se presentan cuando un particular en agravio de otro le crea, modifica o extingue situaciones; además, esas situaciones creadas por el particular respecto del otro tienen un contenido jurídico, es decir, se basan en el marco normativo, y además son impuestas de forma unilateral y obligatoria. Debiendo tenerse presente, que la unilateralidad implica que, en una relación de dos o más personas la situación jurídica se circunscribe o determina solamente por una de las partes, y además, por lo que toca al nexo de obligatoriedad, debe tenerse presente que esta situación se actualiza cuando existe una consecuencia para casos de incumplimiento, que es precisamente la cualidad de las obligaciones. Los aspectos anteriores provocan que ahora el particular que cree, modifique o extinga situaciones jurídicas en forma unilateral frente a otros particulares, afectando sus derechos a través de la norma general, debe considerarse entonces como autoridad equiparada para efectos del amparo. El propósito perseguido por el legislador del juicio de amparo vigente buscó garantizar de forma más amplia los derechos del gobernado, buscando alcanzar ahora actos que antes no era posible -o resultaba discutible- enjuiciar por vía del amparo, lo que evidentemente se logra al equiparar a los actos de autoridad los que provengan de particulares. Considerando lo anterior, debe recordarse que el objeto del control constitucional son los actos de autoridad, y estos, regularmente provienen del Estado que, como Nación, es la sociedad jurídicamente organizada capaz de realizar la totalidad de los fines humanos, cuyos elementos principales son, entre otros, el territorio, la población y el gobierno, además que su finalidad es conseguir el bien común que, llevado a toda la población, se convierte en bien público, y para conseguirlo, organiza la conducta de los gobernados mediante normas jurídicas para resguardar el orden, la paz y la seguridad de la Nación; asimismo, ejerce un poder directo sobre los ciudadanos, a través de órganos cuyas competencias están señaladas en una Constitución General, cuya forma es a través de los Poderes de la Unión. En este marco, el Estado crea a la función administrativa que tiene dos connotaciones generales: una referida al conjunto de actividades que desarrolla el Estado, y la otra, al conjunto de órganos que cumplen las tareas de administración. Es por ello que a la administración pública se le considera como el conjunto de órganos a través de los cuales el Estado realiza actividades para satisfacer las necesidades generales que constituyen el objeto de los servicios públicos, las cuales se desarrollan de manera permanente y continua, pero siempre de acuerdo con el interés público. Asimismo, la administración pública puede conceptualizarse como la actividad que realizan aquellos órganos para asegurar la ejecución de los fines públicos y para conseguirlos, la administración pública se vale de entes u órganos que formen y exterioricen la voluntad del Estado, en esa virtud, los órganos de la administración pública son el conjunto de órganos o agencias que cuentan con una estructura jurídica y competencia determinada, a las cuales se les encomienda la ejecución de la actividad del Estado. Los mencionados órganos pueden pertenecer a la administración pública centralizada, a la descentralizada o paraestatal o, inclusive pueden tener el carácter de autónomos, aspecto que debe ser considerado en términos de los artículos 90 de la Constitución Federal, 1º, 3º y 45 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 1º, 2º y 14 de la Ley Federal de Entidades Paraestatales. En la actualidad, la Ley de Amparo prevé expresamente la llamada eficacia horizontal de los derechos fundamentales al momento en que ya son susceptibles de control constitucional los actos de particulares frente a otros particulares; sin embargo, todavía no existe una definición completa ni un desarrollo acabado para describir cómo es que ese control horizontal se pondrá en práctica, razón por la cual, la definición de estos aspectos debe formarse a partir de la solución de casos concretos, como el presente. Así, el nuevo concepto de autoridad para efectos del juicio de amparo no permite que se reclamen a través de la vía constitucional todos los actos de particulares que vulneren los derechos fundamentales, sino sólo aquellos "equivalentes a los de autoridad" y que estén "determinados por una norma general", supuesto en el cual debe partirse de que la "autoridad particular" aunque aparentemente esté en una relación de coordinación o igualdad, en realidad se ubica en una relación material de "supra a subordinación" respecto de un gobernado, donde su actuar opera como si fuera materialmente igual o similar al del poder público. En ese sentido, en relación con los actos atribuidos a la Comisión Federal de Electricidad, en la tesis 2a. CVI/2014 (10a.), publicada en la página 1093, del libro 11, octubre de 2014, tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sostuvo el siguiente criterio:. De acuerdo con lo anterior, se advierte que la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País consideró que en términos del artículo 1º del Estatuto Orgánico de la Comisión Federal de Electricidad, esta última es un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal con personalidad jurídica y patrimonio propio; es decir, constituye un ente del Estado que tiene como objeto fundamental y principal, conforme a los numerales 25, párrafo cuarto, 27, párrafo sexto y 28, párrafos cuarto y quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la planeación del Sistema Eléctrico Nacional, así como la generación, conducción, transformación, distribución y venta de energía eléctrica para la prestación del servicio público, lo que constituye un área estratégica que el Estado realiza en exclusiva y que se encuentra regulada por la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica abrogada. También estableció que todos los actos efectuados por la Comisión Federal de Electricidad relacionados con su obligación constitucional de prestar el servicio público de energía eléctrica son de orden público y se entienden desplegados por el Estado, debido a que éste presta en exclusiva ese servicio, a través del indicado organismo descentralizado. Sin embargo, la nueva normatividad, obliga a analizar si en la actualidad, las funciones que realiza la Comisión Federal de Electricidad, constituyen actos desplegados por el Estado, en tanto que ahora, la legislación secundaria prevé que la comercialización de la energía eléctrica ya no es una actividad exclusiva de aquél, sino que entra en un régimen de libre competencia comercial. En ese sentido, los artículos 1, 4 y 5 de la Ley de la Industria Eléctrica, publicada en el Diario Oficial de la Federación el once de agosto de dos mil catorce, la cual entró en vigor al día siguiente conforme a su artículo primero transitorio, establecen lo siguiente:. Por su parte, los numerales 1, 2, 3, 4 párrafo segundo, 7, 82 y 118, así como el artículo primero y tercero transitorio, de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad en vigor, publicada el once de agosto de dos mil catorce en el Diario Oficial de la Federación, disponen:. En relación con la entrada en vigor de dicha ley, mediante publicación realizada en el Diario Oficial de la Federación, el quince de febrero de dos mil quince, la Secretaría de Energía realizó la siguiente declaratoria:. De los artículos transcritos, los cuales, se encuentran vigentes a partir del diecisiete de febrero de dos mil quince, fecha en que entró en vigor el acuerdo por el que inicia sus funciones el nuevo Consejo de Administración de la Comisión Federal de Electricidad, se advierte que la comercialización de la energía eléctrica ya no es una actividad exclusiva del Estado, en tanto que la generación y comercialización de energía eléctrica son servicios que se prestan en un régimen de libre competencia. Esto es, la comercialización de la energía eléctrica podrá prestarse incluso, por un particular, siempre que éste cuente con el permiso necesario para ofrecer el suministro eléctrico, en términos del artículo 3, fracción XLV, de la citada Ley de la Industria Eléctrica. De esta manera, la prestación del servicio de energía eléctrica podrá llevarse a cabo a través de una persona distinta de la Comisión Federal de Electricidad, en términos del artículo 51 de la citada ley, el cual dispone:. Por otro lado, conforme a la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, ésta constituye ahora una empresa productiva del Estado de propiedad exclusiva del Gobierno Federal con personalidad jurídica y patrimonio propios y goza de autonomía técnica, operativa y de gestión, la cual tiene por objeto prestar el servicio público de trasmisión y distribución de energía eléctrica, por cuenta y orden del Estado Mexicano, así como llevar a cabo las actividades relacionadas con la generación, trasmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica, y que tiene como fin el desarrollo de las actividades empresariales, económicas industriales y comerciales en términos de su objeto, generando valor económico y rentabilidad para el Estado Mexicano como su propietario. Lo hasta aquí expuesto, permite llegar a la conclusión que si bien los actos que realice la Comisión Federal de Electricidad, relacionados con su obligación de prestar el servicio público de energía eléctrica, son de orden público, ya no pueden entenderse como actos desplegados por el Estado. Lo anterior es así, pues ese servicio ya no es facultad exclusiva de la Comisión Federal de Electricidad, dado que si bien en el desarrollo de su actividad de generar, conducir, transformar, distribuir y vender energía eléctrica, actúa bajo un marco legal establecido, lo cierto es que ahora, al menos en la comercialización de la energía eléctrica, son servicios que se prestan en un régimen de libre competencia. Derivado de lo anterior, no puede afirmarse que los actos que emite la Comisión Federal de Electricidad en la prestación del servicio público de energía eléctrica constituyen actos administrativos, debido a que por disposición de la ley, no emanan de un ente del Estado, máxime que como se dijo, ahora se considera a la citada Comisión como una empresa productiva del Estado de propiedad exclusiva del Gobierno Federal, en esa virtud no resulta aplicable al caso la jurisprudencia 2a./J. 167/2011 de rubro: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. EL AVISO RECIBO POR SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y EL AJUSTE EN EL MONTO DEL CONSUMO DERIVADO DE ÓRDENES DE VERIFICACIÓN, COBRO O CORTE DE DICHO SUMINISTRO Y SU EJECUCIÓN, NO SON ACTOS DE AUTORIDAD PARA LA PROCEDENCIA DEL RECURSO ADMINISTRATIVO DE REVISIÓN O DEL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (ACLARACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 167/2011 [9a.])." Precisado lo anterior, conviene traer a colación lo que establecen los artículos 3, 7, 82 y 118 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, anteriormente transcritos, de los que se desprende que el legislador dispuso expresamente que a los actos que emita la Comisión Federal de Electricidad les son aplicables las legislaciones mercantil y civil, por lo que serán de esa naturaleza. Excepcionalmente, los actos que emita en el procedimiento de contratación en materia de adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras tendrán naturaleza administrativa. Por tal motivo, sólo los actos administrativos son impugnables a través del juicio de nulidad y, en su caso, en vía de amparo. El resto de los conflictos nacionales en que participe dicha empresa, incluidos los derivados de la interpretación y cumplimiento de los contratos suscritos merced a un procedimiento administrativo, serán resueltos en vía mercantil o civil por los tribunales federales competentes en la materia, o bien, a través de los mecanismos de solución de conflictos, tales como el arbitraje, que pacten las partes. Cabe destacar que dichas disposiciones, al ser de naturaleza procesal, rigen la vía de impugnación de los actos emitidos con posterioridad a su entrada en vigor, con independencia de la fecha en que se hubiera celebrado el contrato del que deriven. La precisión anterior es importante para evidenciar que las normas en cita no se ven afectadas por lo dispuesto en el artículo octavo transitorio de la ley en consulta, el cual establece:. Dicho transitorio se refiere al aspecto sustantivo de los actos celebrados por la Comisión Federal de Electricidad con anterioridad a la entrada en vigor de la ley, mismos que subsistirán en los términos pactados, lo que se traduce únicamente en que los derechos y obligaciones ahí pactados seguirán rigiendo la relación contractual con independencia del cambio de naturaleza jurídica de la citada comisión. Por tal motivo, resulta válido afirmar que los conflictos que deriven de los actos descritos en la norma de tránsito invocada se rigen por la legislación vigente al momento de entablar el juicio o procedimiento necesario para dirimirlos. En esas condiciones, el usuario cuenta con la vía ordinaria mercantil para hacer valer sus derechos, según lo establecido por los artículos 5, segundo párrafo, de la Ley de la Industria Eléctrica, y 3, primer párrafo y 118 de la Ley de Comisión Federal de Electricidad. En esas condiciones, la aplicación del citado criterio es correcta, pues lo resuelto en dicha tesis es acorde con la nueva legislación en materia energética. En consecuencia, es acertado orientarse en las consideraciones expuestas por el alto tribunal en el criterio invocado, pues además de que es acorde con la legislación aplicable, dicho criterio fue publicado en el Semanario Judicial de la Federación el diecinueve de junio de dos mil quince y su corrección se publicó el veintiuno de agosto de ese año, en tanto que la demanda de amparo se presentó el veintiuno pasado, cuando dicha tesis y la nueva legislación en materia energética ya se encontraban vigentes. En esas condiciones, la tesis de jurisprudencia 2ª/J. 167/2011, de rubro: . Además, el citado criterio únicamente trata de la procedencia del recurso de revisión o del juicio de nulidad contra actos que emite la Comisión Federal de Electricidad en la prestación del servicio público que otorga de manera exclusiva, lo cual, como se dijo, ya no acontece en la actualidad y si bien precisa que puede ser procedente el juicio de amparo, ello únicamente acontecerá cuando se reclamen normas de carácter general, lo cual no sucede, en razón de que no fue motivo de reclamo en el juicio de amparo. Por tanto, la nueva regulación en cuanto al servicio de energía eléctrica incide en la naturaleza de los actos atribuidos a la Comisión Federal de Electricidad y, por ende, en que ya no puedan considerarse como actos de autoridad para efectos del juicio de amparo, en términos del artículo 5, fracción II, de la citada ley. Consecuentemente, contrariamente a lo alegado por el inconforme, su pretensión es inviable, pues se estima que se trata de un acto de naturaleza mercantil en términos de lo dispuesto en la nueva legislación que regula la materia de energía eléctrica (Ley de la Industria Eléctrica). Por lo que se actualiza la causal prevista en el artículo 63, fracción XXIII, en relación con el 5, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, dado que la actuación que realiza la Comisión Federal de Electricidad es como particular en ejercicio de su actividad comercial en un régimen de libre competencia y no como autoridad. Resulta aplicable al caso, la tesis PC.XVI.A.J/4K(10a) sustentada por los Plenos en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo II, libro once, octubre de dos mil catorce, página mil trescientos treinta y ocho, decima época, de rubro y contenido:. Asimismo, resulta aplicable por los motivos que la informan, la jurisprudencia V.3o. P.A.J/8 (10ª), sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro treinta y nueve, febrero de dos mil diecisiete, tomo III, decima época, página mil setecientos noventa y seis, cuyo rubro y texto es:. También la tesis I.1o.A.132 A (10a.), del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 2522, del Libro 33, Agosto de 2016, Tomo IV, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Registro: 2012333, que precisa lo siguiente:. Bajo esa óptica jurídica, es innegable que en el caso concreto, se actualiza de manera notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia antes invocada, por lo que con fundamento en el diverso artículo 113 de la invocada ley, SE DESECHA DE PLANO la demanda promovida por MINERVA CHÁVEZ RÍOS, contra actos que reclama de la Comisión Federal de Electricidad, y otras autoridades. Apoya al anterior razonamiento la jurisprudencia número XVII.2º.J/11, del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, localizable en la página 648, del Tomo IX, Enero de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro y texto siguientes:. Como lo solicita la parte quejosa se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que señala en su escrito de demanda; asimismo, autorizando a JOSÉ MATEO ANTONIO CHAGOYA, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, y únicamente para oír y recibir notificaciones así como para imponerse de autos a MARCOS ANTONIO GARCÍA, GAUDENCIO ADOLFO MARTÍNEZ CÁRDENAS, JOSÉ LUIS GARCÍA OLIVERA, ERICK LEONEL SILVA MALDONADO y OCTAVIANO HERRERA ANDRÉS MARTÍNEZ CHAVEZ, toda vez que no se encuentra debidamente registrado en el Módulo de Cédulas Profesionales de la Red Internet de Abogados Postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación. Hágase saber a las partes que la sentencia ejecutoria y demás resoluciones públicas que se dicten en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, de acuerdo al procedimiento de acceso a la información y tomando en cuenta lo previsto en el artículo 8, primer párrafo, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que establece criterios, procedimientos y órganos para garantizar el acceso a la información en posesión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Consejo de la Judicatura Federal, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, que dice: "Si las partes ejercen en cualquier instancia seguida ante la Suprema Corte, el Consejo o los órganos jurisdiccionales el derecho que les confiere el artículo 8 de la Ley para oponerse a la publicación de sus datos personales, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, la unidad administrativa que lo tenga bajo su resguardo determinará si tal oposición puede surtir efectos, tomando en cuenta, si la resolución solicitada, las pruebas o las demás constancias contienen información considerada como reservada en términos de lo previsto en la fracción IV del artículo 13 de la Ley; de ser así, a la versión pública de la sentencia ejecutoria, de las demás resoluciones públicas y, en su caso, de los documentos contenidos en el expediente que no sean reservados o confidenciales, se suprimirán los datos personales de las partes, salvo su nombre, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por el respectivo órgano jurisdiccional."; por tanto, las partes pueden ejercer en cualquier instancia seguida ante la Suprema Corte, el Consejo o los órganos jurisdiccionales, el derecho que les confiere el artículo 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, para oponerse a que se publiquen sus datos personales, cuando se presente solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, para que sea tomado en consideración por la Unidad Administrativa que lo tenga bajo su resguardo, y en su caso, determine si tal oposición puede o no surtir efectos. En la inteligencia que, aun cuando las partes no ejerzan la oposición a que se refiere el artículo 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, para que se hagan públicas las sentencias ejecutorias y las demás resoluciones, así como las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que éstas puedan contener, procurando que dicha supresión de datos no impida dar a conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional.

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