Minerva Casarrubias Casarrubias
Expediente 1119/2016 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero. 2 actuaciones registradas, la última del 9 de diciembre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 1119/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 09/12/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Minerva Casarrubias Casarrubias
Actuaciones
- Principal
Visto el estado de los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, de la que se aprecia que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído de veintidós de noviembre del año en curso; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al procedimiento en que se actúa, en términos del numeral 2 de la Ley de la Materia, se declara que dicho auto que desechó la ampliación de la demanda de amparo promovida por Minerva Casarrubias Casarrubias y otros, ha causado estado. Por otra parte, y toda vez que se advierte que las partes no interpusieron recurso de revisión en contra del auto de diecisiete de noviembre de dos mil dieciséis, dictado en el presente asunto, en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del numeral 2 de la ley de la materia, se declara que dicho auto que SOBRESEYÓ FUERA DE AUDIENCIA ha causado EJECUTORIA. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y con apoyo en el diverso artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este asunto como totalmente concluido. Por otra parte, vistas las constancias de autos el presente expediente carece de relevancia documental y sin que se advierta del mismo documento alguno en original exhibido por las partes, lo anterior se hace constar de conformidad a lo señalado en el punto Décimo Primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, con vigencia a partir de treinta días después de su publicación, según su artículo primero transitorio; en tal virtud, en términos del punto Vigésimo Primero, fracción I, del citado Acuerdo General, el presente asunto es susceptible de ser destruido.
- Principal
Visto el escrito signado por Juan Jesús Jaramillo Velediaz, atento a su contenido, se le tiene desahogando el requerimiento formulado en proveído de diez de octubre del año en curso, y al efecto señala también como acto reclamado el auto de veintisiete de agosto de agosto de dos mil quince; asimismo, se le tiene hecha la aclaración en el sentido de que los nombres correctos de los quejosos son....... Ahora bien, antes de proveer sobre la procedencia de la admisión de la demanda de garantías, es necesario seguir los lineamientos establecidos en la Ley de Amparo, uno de los cuales es el que marca su artículo 113, que es como sigue: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y sí existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la Jurisprudencia I.6o.C. J/19, del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 730 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, Septiembre de 1999, Novena Época, cuyo rubro prescribe: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". La Jurisprudencia en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de garantías es necesario que se actualice un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, que se advierte en forma patente y absolutamente clara y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción que la causa de improcedencia que se trata es operante en el caso concreto. En primer orden, debe destacarse que el acto reclamado consistente en el auto de veintisiete de agosto de dos mil quince, dictado en el expediente laboral 281/2009 del índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, a través del cual dejó sin efectos el embargo trabado en autos del juicio laboral de origen. Así pues, respecto al referido acto reclamado, se actualiza la causal de improcedencia que resulta de relacionar los numerales 17, fracción IV, 18, 61 fracción XIV y 62, todos de la Ley de Amparo, que establecen: DE LOS TÉRMINOS. "Artículo 17.- El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días [.] Fracción IV.- Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." DE LOS CASOS DE IMPROCEDENCIA: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] Fracción XIV.- Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso." "Artículo 62.- Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." De lo anterior se advierte que el término para promover el juicio de amparo es de quince días, el cual se cuenta a partir de: El día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación de la resolución o acto que reclama, de acuerdo con la ley que rige el acto reclamado; El día siguiente al en que el quejoso tenga conocimiento de los actos o su ejecución o; Al día siguiente a aquél en que se hubiese ostentado sabedor del mismo. Por lo que, de no promoverse el juicio de amparo dentro del término antes señalado, éste será improcedente, dada su extemporaneidad. Acorde a lo anterior, para instaurar con propiedad la causa de improcedencia en análisis, es necesario establecer en cuál de las hipótesis antes descritas se encuentran los promoventes del amparo y, para ello, es menester remitirse a su escrito de desahogo de doce de octubre del año en curso, en el que bajo protesta de decir verdad, expone que tuvo conocimientos del acto reclamado y el cual le fue notificado el veintisiete de agosto de ese mismo año, tal y como se constata de la copia de la cédula de notificación que al efecto anexa, por lo que constituye una confesión expresa en términos del artículo 95 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Entonces, si el apoderado legal de los quejosos por su propio dicho refiere que desde el veintisiete de agosto de dos mil quince, le fue notificado el acto reclamado consistente en el acuerdo de esa misma fecha y año, en el cual el Tribunal Laboral de Conciliación y Arbitraje del Estado, dejó sin efectos el embargo trabado en autos del juicio laboral de origen, es inconcuso que el término para interponer su demanda de amparo comenzó a computarse a partir del treinta y uno de agosto de dos mil quince, y feneció el veintidós de septiembre del mismo año. De esa manera, al haberse presentado la demanda de amparo hasta el día siete de octubre de dos mil dieciséis, es inconcuso que el término para interponerla transcurrió en exceso, de acuerdo a la tercera de las reglas contenidas en el artículo 18 de la Ley de Amparo vigente. Por tanto, se actualiza la causa de improcedencia que resulta de relacionar los numerales 17, fracción IV, 18, 61, fracción XIV y 62, todos de la Ley de Amparo, al presentar su demanda fuera del término de quince días que la propia ley marca. Es aplicable la jurisprudencia siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. CÓMPUTO DEL TÉRMINO PARA PROMOVERLA EN LAS DISTINTAS HIPÓTESIS QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE AMPARO, RESPECTO DEL CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO.- El citado artículo dispone que el término para la interposición de la demanda de amparo será de quince días, el cual se computará desde el día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo reclamado; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución o al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. Así, el indicado artículo hace tres distinciones para el cómputo aludido, y los supuestos que menciona son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación; por tanto, es claro que la intención del legislador fue establecer que el inicio del cómputo del término para promover el juicio de garantías fuera a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las señaladas hipótesis. Sin embargo, no debe soslayarse la idoneidad de cada supuesto y la posición del quejoso respecto del acto reclamado, toda vez que para que éste se haga sabedor de dicho acto puede actualizarse la notificación, el conocimiento o la confesión, que al ser medios distintos que sirven de punto de partida para el cómputo respectivo, obviamente deben ser idóneos para cada caso determinado, porque no es lo mismo la notificación de un acto que tener conocimiento de él, en virtud de que aquélla es una actuación procesal que requiere formalidades y produce el conocimiento del acto, mientras que tal conocimiento no siempre proviene de una notificación. Esto es, tratándose de la notificación, la Ley se refiere a los procedimientos en que existe ese medio legal de dar a conocer determinada resolución, así como a las personas que siendo partes en tales procedimientos pueden ser notificadas; en cambio, el conocimiento de la resolución se refiere a los diversos procedimientos en donde no se establece la notificación, así como a las personas que no hayan sido partes en un procedimiento contencioso, porque aun cuando lo previera la Ley, por la sola circunstancia de no haber sido partes, no podrían ser notificadas. En cambio, cuando en una misma fecha se notifique el acto reclamado por Boletín Judicial y se obtengan las copias que lo contienen, el término para el cómputo de la presentación de la demanda de garantías debe iniciarse desde el día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación, conforme a la ley del acto." (Jurisprudencia 1a./J. 30/2007, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 286, Tomo XXV, Mayo 2007, Materia Común, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta). Consecuentemente, al actualizarse de manera indudable y manifiesta las causales de improcedencia antes detalladas, con apoyo en el artículo 113 del citado ordenamiento, se desecha la demanda de garantías presentada por Otilia Evaristo Guzmán, Fernando Castro Ramírez, Apolinar Cristóbal Rodríguez y Asunción Solano Solano, por conducto de su apoderado legal Juan Jesús Jaramillo Velediaz, respecto del acto reclamado consistente en el auto de veintisiete de agosto de dos mil quince. ADMISIÓN DE DEMANDA Por otra parte, tocante al acto consistente en la omisión de acordar la petición de veintiuno de octubre y treinta de noviembre dos mil quince, que reclama a la autoridad denominada Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, residente en esta ciudad, toda vez que a criterio de este órgano jurisdiccional de momento no se advierten causales de improcedencia que conduzcan al desechamiento del presente asunto, así como tampoco de incompetencia que impidan a este tribunal conocer del juicio; en esas circunstancias, con fundamento en los artículos 108, 112, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, se admite la demanda. Sin incidente de suspensión, por no haberse solicitado de manera expresa, ni advertirse que proceda de oficio en términos del artículo 125 de la ley mencionada. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Cítese a las partes para la audiencia constitucional, la cual se llevará a cabo a las TRECE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL TREINTA DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS, de conformidad con lo establecido en el artículo 115 de la Ley de Amparo, en la inteligencia de que en el plazo para celebrarla se incluyen sólo días hábiles, sin tomar en cuenta sábados y domingos y aquellos en los que no tienen lugar las actuaciones judiciales. Por otra parte, con fundamento en el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, que establece entre las obligaciones de la parte quejosa, la de señalar con precisión a las autoridades responsables (tema sobre el que no opera la suplencia de la queja como se advierte del artículo 79 de la Ley de Amparo); se apercibe a la parte quejosa que si la autoridad responsable señalada no existe con la denominación que indica en su escrito de cuenta, sin mayor trámite se tendrá por inexistente, suspendiéndose toda comunicación con las mismas, y en su oportunidad se resolverá conforme a tal situación; salvo prueba en contra o que se corrija el señalamiento en la denominación de la autoridad responsable; tomando en consideración que le corresponde a la parte quejosa estar pendiente en la tramitación de su asunto; circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 constitucional que procura la impartición de justicia pronta y expedita; y al principio de la celeridad procesal. INFORME JUSTIFICADO Con copia de la demanda pídase a la autoridad responsable su informe justificado, el cual de conformidad con el artículo 117 de la ley de la materia deberá rendir en el plazo de quince días hábiles posteriores al en que surta efectos la notificación que se haga de este proveído, en el entendido que se tendrá por rendido extemporáneamente aun cuando se rinda antes de la celebración de la audiencia constitucional pero después del citado plazo, acompañando, en su caso, copia certificada de las constancias legibles y completas que tomó en consideración para emitir el acto combatido en esta vía constitucional, en la inteligencia que no serán admitidas copias al carbón o reproducciones de éstas, pues resulta indispensable que este órgano jurisdiccional cuente con los elementos necesarios para dictar sentencia en la que analice el fondo de la cuestión que le fue planteada, por lo que se estima que la ilegibilidad de las constancias equivale a su no envío, que ocasionaría un retraso inexcusable en la administración de justicia, debiendo manifestar, en su caso, el impedimento legal que tenga para hacerlo. Asimismo, requiérase a las autoridades señaladas como responsables para el efecto de que informen a este Juzgado de Distrito, si en el expediente del que emana el acto que reclama el quejoso, se han promovido diversos juicios de garantías, debiendo señalar el órgano u órganos de control constitucional que le haya tocado conocer del mismo y el número mediante el cual se haya radicado Se apercibe a la autoridad responsable que en caso de que no rinda su informe justificado o lo haga sin remitir las constancias necesarias, legibles y completas para apoyarlo, se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, con arreglo en el artículo 260 fracción II de la Ley de Amparo, en relación con el decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones (artículos 26, 41 y 123) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Al igual, se le hace saber que, si se omite manifestar si han cesado los efectos del acto reclamado o han ocurrido causas notorias de sobreseimiento, se le impondrá una multa de treinta unidades de medida y actualización, con fundamento en el artículo 251 de la Ley de Amparo, en relación con el decreto citado en el párrafo que antecede. PRUEBAS Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se le tiene por ofrecida las documentales que exhibe a su ocurso de cuenta, así como las que exhibió en su escrito inicial de demanda, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional. TERCERO INTERESADO Por otra parte, con fundamento en el artículo 5° de la ley de la materia, se tiene como tercero interesado al Ayuntamiento Municipal Constitucional de Ayutla de los Libres, Guerrero, en consecuencia, con apoyo en el artículo 26, fracción II, inciso b), de la Ley de Amparo, emplácesele por medio de oficio que al efecto se le gire en el domicilio de su residencia oficial, anexándole copia autorizada de la demanda de amparo para los efectos legales procedentes. AUTORIZACIÓN DE COPIAS Asimismo, desde este momento, se autoriza la expedición de copias simples o debidamente certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para la parte quejosa y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en autos y dentro del horario de labores, fijado para la atención al público en general en días hábiles. NOTIFICACIÓN AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO De conformidad con el artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo, dese al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado federal, la intervención legal que le compete. AUTORIZACIÓN FIRMA DE OFICIOS Con apoyo en el artículo 158, párrafo primero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se autoriza a los Secretarios adscritos a este Juzgado Federal, firmar los oficios que deriven del presente juicio. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Toda vez que no existe impedimento legal para que la parte quejosa, por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoriza, pueda hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por la suscrita Jueza Federal, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por el secretario del juzgado, así como de la persona para la recepción de la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del consejo de la Judicatura Federal. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO De igual forma, se hace del conocimiento a las partes que de conformidad con el artículo 3° párrafo cuarto de la Ley de Amparo y el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, a partir del cuatro de enero de dos mil dieciséis podrán tener acceso al expediente electrónico, promover por vía electrónica y solicitar la recepción de notificaciones por esa vía. NOTIFICACIÓN EN DÍAS Y HORAS INHÁBILES Tomando en cuenta la carga de trabajo de este tribunal, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al Actuario judicial de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de garantías, elevado a rango de garantía constitucional. TRANSPARENCIA Finalmente, de acuerdo a lo establecido en los artículos 1, 3, 4, 9 y 113 fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como 6º, segundo párrafo, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la precitada Ley, mediante notificación por lista en los estrados de este Juzgado, hágase del conocimiento de las partes que la información generada, obtenida, adquirida o en posesión de los sujetos obligados en el ámbito federal, es publica, accesible a cualquier persona y sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada de forma temporal por razones de interés pública y seguridad nacional o bien, como confidencial.
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