Minerva Arellano Echanove

Expediente 199/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 6 actuaciones registradas, la última del 22 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
199/2022
Año
2022
Actuaciones
6
Última actuación
22/06/2022

Partes del expediente

  • Minerva Arellano Echanove

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veintidós de junio de dos mil veintidós. CAUSA EJECUTORIA Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, específicamente de la certificación que antecede de la que se advierte ha transcurrido el plazo que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa a quien perjudica el sentido de la sentencia, hubiese interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada en el presente asunto, en la que se SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo; en tal virtud, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA dicha resolución, para todos los efectos legales procedentes. ARCHIVO En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 21 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes. HÁGASE LAS ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    V I S T O S los autos para resolver los autos del juicio de amparo número III-199/2022 promovido por Minerva Arellano Echanove, contra actos del Congreso Constitucional del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad y otra autoridad; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de Amparo. Mediante escrito depositado el veintiuno de febrero de dos mil veintidós, en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, remitido por razón de turno a este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, Minerva Arellano Echanove compareció a solicitar el amparo y protección de la Justicia de la Unión, en contra del Congreso Constitucional del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad y otra autoridad, de quienes medularmente reclamó la aprobación, promulgación y publicación de la Ley de Ingresos del Estado de Michoacán, para el ejercicio fiscal 2022, y su acto de aplicación materializado en el cobro de derechos por la prestación de servicios de registro y control vehicular de transporte particular. En ese ocurso, la parte promovente narró los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos humanos vulnerados los contenidos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Desechamiento, admisión y tramitación del juicio. Mediante auto de veintitrés de febrero de dos mil veintidós, este órgano jurisdiccional radicó la demanda bajo el expediente III-199/2022, y la desechó de plano contra los actos reclamados al Secretario de Gobierno del Poder Ejecutivo del Estado de Michoacán y al Director del Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Michoacán, así como el acto de aplicación atribuido al Director de Recaudación del Estado de Michoacán. Por el resto de las autoridades -Gobernador y Congreso del Estado- la admitió a trámite; requirió sus informes con justificación y dio la intervención al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. Finalmente, el veinticinco de marzo de dos mil veintidós, tuvo lugar la audiencia constitucional que se celebró al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1o., fracción I, 37 y 107, fracción III, de la Ley de Amparo, y el diverso 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, alusivo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Toda vez que se reclama una norma general-local de naturaleza administrativa (fiscal), cuyos efectos se materializan dentro de la circunscripción territorial en la que este órgano federal tiene jurisdicción y competencia mixta. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Se procede a la fijación de los actos reclamados en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y con apoyo además en la tesis del contenido literal y datos de localización siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto.". De igual forma se invoca la jurisprudencia 40/2000, del contenido y datos que enseguida se anotan: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo.". En ese tenor, del análisis integral de la demanda de amparo y demás constancias allegadas a este sumario, se advierte que los actos reclamados son los siguientes: Del Congreso y del Gobernador del Estado de Michoacán de Ocampo, en el ámbito de sus respectivas competencias, la inconstitucionalidad material de: La aprobación, promulgación y publicación del Decreto Legislativo por el que se expide la Ley de Ingresos del Estado de Michoacán, para el ejercicio fiscal 2022, particularmente, el artículo 20, fracción I, en su inciso A), que prevé la causación de derechos por la prestación de servicios de registro y control vehicular de transporte particular, específicamente, por dotación de placas. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado al Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, toda vez que al rendir su informe con justificación, se advierte que refirió manifestaciones de las que se aprecia que aceptó su existencia dentro de su respectiva competencia. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia del texto y datos de localización siguientes: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto.". El Gobernador del Estado omitió rendir su informe justificado, no obstante, haber sido notificado oportunamente, como se aprecia de la constancia relativa que obra en autos. De ahí que se presuma cierto el acto que se le atribuyó, acorde a lo dispuesto en el artículo 117, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo. Cabe reiterar que, en el caso, se reclama una porción normativa de la Ley de Ingresos del Estado de Michoacán, para el ejercicio fiscal 2022; entonces, no es necesario que se acredite su existencia con algún tipo de prueba, conforme al principio jurídico de que "la ley no es objeto de prueba". Por ello acorde a lo previsto en los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2º, su existencia constituye un hecho notorio para este juzgado constitucional. Apoya la anterior consideración, por identidad jurídica esencial, la jurisprudencia 65/2000 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la literalidad siguiente: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo." CUARTO. Análisis de causales de improcedencia. Examinada la certeza del acto reclamado, se impone analizar la procedencia del juicio de amparo, de conformidad con el artículo 62 de la ley de la materia. No obstante la certeza de los actos atribuidos al Gobernador y Congreso, ambos del Estado de Michoacán de Ocampo, consistentes en la aprobación, promulgación y publicación del Decreto Legislativo por el que se expide la Ley de Ingresos del Estado de Michoacán, para el ejercicio fiscal 2022, particularmente, el artículo 20, fracción I, en su inciso A), no cabe realizar el análisis al fondo de las cuestiones planteadas. Lo anterior virtud a que la parte quejosa no acredita que se le hubiera aplicado dicha disposición legal, actualizándose con ello la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo En razón de que la parte quejosa no acreditó contar con interés jurídico para promover este juicio; debido a que, como a detalle se explicará, no existen elementos que prueben fehacientemente que le fue aplicada en su perjuicio la Ley de Ingresos del Estado de Michoacán, para el ejercicio fiscal 2022, particularmente, el artículo 20, fracción I, en su inciso A). Por tanto, no se acredita que la parte quejosa se encuentre en el supuesto de esa porción normativa que tilda de inconstitucional y, por tanto, incidan en su esfera jurídica. Así, debe decirse que el interés jurídico es un presupuesto de procedencia en el juicio de amparo, que se impone como carga a la parte quejosa, en ciertos casos, para que demuestre la titularidad del derecho subjetivo que reclama y, que éste, se vio afectado. Esto es, quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Pues bien, las consideraciones precedentes, se encuentran íntimamente relacionadas con el sistema de tributación y la contribución que se pretende impugnar mediante el presente juicio de amparo. Existen mecanismos de tributación que son simples, cuyos elementos esenciales, tales como sujeto, objeto, base y tasa, requieren cálculos básicos que no necesitan una mayor pormenorización en la ley. Así, a medida que un tributo se torna complejo, por adicionar mayores elementos que puedan considerarse al realizar su cálculo, surgen previsiones legales que son variables y que no se aplican a todos los contribuyentes, sino solo a aquellos que se ubiquen en sus hipótesis jurídicas. Entonces, existen dos clases de normas tributarias, las que establecen los elementos esenciales de las contribuciones y aquellas que prevén variables que se aplican a dichos elementos esenciales. La anterior distinción tiene connotaciones relevantes respecto del amparo contra normas, pues tratándose de un sistema de tributación simple, en el que se combata alguno o algunos de los elementos esenciales de la contribución, los cuales se aplican sin distinción alguna a los sujetos pasivos de la relación correspondiente, bastará con acreditar este último hecho para que proceda la acción constitucional en contra de la norma. En función de que, desde la iniciación de la vigencia de la ley de que se trate, el contribuyente del impuesto que se regula se encuentra obligado a acatar el sistema tributario al cual pertenece el impuesto -normas autoaplicativas-. Se destaca que, se excepciona lo anterior, y se sigue el tratamiento de los efectos por propiedades heteroaplicativas, si se impugnan alguno o algunos de los elementos variables de un sistema de tributación complejo, pues en este supuesto, es necesario demostrar que el promovente de la acción constitucional se ubica dentro de la hipótesis legal establecida, que se traduce en la carga de demostrar que se ubica dentro de la previsión que, dada su naturaleza, no se aplica a todos los contribuyentes, sino únicamente a aquellos a los que se refiere esa porción normativa -normas heteroaplicativas-. Señalado lo anterior, cabe destacar que dentro de los postulados básicos del juicio de amparo se encuentra el principio de iniciativa o instancia de parte agraviada, previsto en el artículo 6° de la Ley de Amparo, el cual señala que el juicio constitucional únicamente puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o acto reclamado, pudiendo hacerlo por sí, por su representante legal, por su apoderado o cualquier persona en los casos previstos por la ley. Este principio es requisito básico para que el juicio de derechos fundamentales pueda iniciarse, ya que sin la promoción del agraviado por el acto de autoridad, no es dable que dé inicio el juicio de amparo, ni se restablezca el orden constitucional, para dejar inválido el acto de autoridad contraventor de los derechos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En efecto, para que proceda el amparo y protección de la justicia federal, debe existir un agravio personal, directo y objetivo, es decir, el daño o perjuicio que infiere una autoridad a cualquier gobernado violando en su perjuicio derechos humanos, bien mediante un hecho positivo o una abstención. Entendiendo por daño o perjuicio en el juicio de amparo, la existencia de una violación a derechos humanos de una persona al verse mermados, disminuidos o restringidos por una ley o acto de autoridad. Agravio personal: Significa que el sujeto que intente la acción de amparo, debe ser precisamente el titular de los derechos subjetivos públicos que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos otorgue a su favor. Agravio directo: Implica el quebranto de esos derechos directamente a su titular y a ninguna otra persona. Agravio objetivo: Significa que por medio del análisis que realice la autoridad de amparo, se encuentre que efectivamente se han violado los derechos humanos del quejoso. En ese orden de ideas, conforme al artículo 6° de la Ley de Amparo, la acción constitucional únicamente compete a aquella persona que resiente un daño o perjuicio con motivo de la violación a sus derechos al verse mermados, disminuidos o restringidos por una ley o acto de autoridad. Por ende, la afectación a un derecho legítimamente tutelado, otorga al agraviado la facultad para acudir ante el órgano de control constitucional competente, a efecto de exigir se le restituya en el pleno goce del derecho humano violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exija. La facultad de acudir en defensa de la violación a los derechos subjetivos constituye el interés jurídico. Por tanto, solo tendrá interés jurídico para acudir al amparo aquella persona a quien la norma jurídica le otorga la facultad de exigencia oponible a la autoridad. Es decir, el interés jurídico de una persona surge cuando el acto reclamado se relaciona con su esfera jurídica, entendiéndose por ésta el cúmulo de derechos y obligaciones poseídos por un sujeto, persona física o moral, privada u oficial. De ese modo, si el acto o ley reclamada no se refiere a los derechos contenidos en la esfera jurídica del quejoso, éste carece de interés jurídico para impugnarlos en el juicio de amparo y, en consecuencia, debe declararse la improcedencia del juicio. En conclusión, el interés jurídico, constituye un presupuesto de la acción constitucional de amparo, de acuerdo con la doctrina y la jurisprudencia, que debe entenderse como la mera afectación a la esfera jurídica de un gobernado, puesto que ni de la Ley Suprema, ni de la Ley de Amparo, se advierten elementos mayores de interpretación de dicho concepto. Sirven de fundamento a lo anterior por las razones que las contienen, las siguientes jurisprudencias. "Registro digital: 220965 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Octava Época Materia(s): Común Tesis: VI. 3o. J/26 Fuente: Semanario Judicial de la Federación.Tomo VIII, Diciembre de 1991, página 117 Tipo: Jurisprudencia INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. SU CONCEPTO. De acuerdo con el artículo 4o. de la Ley de Amparo, el ejercicio de la acción constitucional está reservado únicamente a quien resiente un perjuicio con motivo de un acto de autoridad o por la ley. Por lo tanto, la noción de perjuicio, para que proceda la acción de amparo presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado, que cuando se transgrede por la actuación de una autoridad, faculte a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional demandando el cese de esa violación. Ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo es lo que constituye el interés jurídico, que la Ley de Amparo toma en cuenta, para la procedencia del juicio de garantías." "Registro digital: 217651 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Octava Época Materia(s): Común Tesis: I. 1o. A. J/17 Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación.Núm. 60, Diciembre de 1992, página 35 Tipo: Jurisprudencia INTERÉS JURÍDICO, NOCIÓN DE. PARA LA PROCEDENCIA DEL AMPARO. El interés jurídico necesario para poder acudir al juicio de amparo ha sido abundantemente definido por los tribunales federales, especialmente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Al respecto, se ha sostenido que el interés jurídico puede identificarse con lo que se conoce como derecho subjetivo, es decir, aquel derecho que, derivado de la norma objetiva, se concreta en forma individual en algún objeto determinado otorgándole una facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad. Así tenemos que el acto de autoridad que se reclame tendrá que incidir o relacionarse con la esfera jurídica de algún individuo en lo particular. De esta manera no es suficiente, para acreditar el interés jurídico en el amparo, la existencia de una situación abstracta en beneficio de la colectividad que no otorgue a un particular determinado la facultad de exigir que esa situación abstracta se cumpla. Por ello, tiene interés jurídico sólo aquél a quien la norma jurídica le otorga la facultad de exigencia referida y, por tanto, carece de ese interés cualquier miembro de la sociedad, por el solo hecho de serlo, que pretenda que las leyes se cumplan. Estas características del interés jurídico en el juicio de amparo son conformes con la naturaleza y finalidades de nuestro juicio constitucional. En efecto, conforme dispone el artículo 107, fracciones I y II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el juicio de amparo deberá ser promovido sólo por la parte que resienta el agravio causado por el acto reclamado, para que la sentencia que se dicte sólo la proteja a ella, en cumplimiento del principio conocido como de relatividad o particularidad de la sentencia. Por otra parte, cabe decir que se ha entendido que el interés jurídico corresponde al derecho subjetivo, entendiendo como tal, la facultad o potestad de exigencia, cuya institución consigna la norma objetiva del derecho y supone la conjunción de dos elementos inseparables: a) una facultad de exigir; y, b) una obligación correlativa traducida en el deber jurídico de cumplir dicha exigencia. De tal manera que tendrá legitimación solo quien tenga interés jurídico y no cuando se tenga una mera facultad o potestad, o se tenga un interés simple, es decir, cuando la norma jurídica objetiva no establezca a favor del individuo alguna facultad de exigir. Precisado lo anterior, en el presente asunto, y para efectos de analizar la afectación aducida por la parte quejosa, se indica que las únicas pruebas que ofreció con la finalidad de demostrar la aplicación de la porción normativa antes indicada, consisten en: Un recibo de pago (foja 19) con número de folio 349994165 y referencia 30095772980833784239, por el concepto de "reemplacamiento", por un importe de $1,252.00 (un mil doscientos cincuenta y dos pesos 00/100), donde aparece como titular de la tarjeta con la que se realizó el pago Darío Alejandro Calderón Arellano, así como una leyenda en la parte inferior que a la letra dice: "PAGARÉ NO NEGOCIABLE CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO [.] Por este pagaré prometo y me obligo incondicionalmente a pagar a la orden de la Institución emisora de la tarjeta, la cantidad que aparece en el total de este título el cual suscribo al amparo del contrato que tengo celebrado con dicha Institución para el uso de esta tarjeta. Reconozco y acepto que el presente es comprobante de la operación. El cual tiene pleno valor probatorio y fuerza legal en virtud de que firmé y/o digité mi firma electrónica, la cual es de mi exclusiva responsabilidad por lo que manifiesto plena conformidad respecto al cargo efectuado a la cuenta de la que se deriva esta tarjeta." La factura 7027 en cuyo reverso aparece un endoso simple a favor de la quejosa, fechado el ocho de octubre de dos mil veinte. Medios de prueba que no son conducentes para demostrar la afectación patrimonial en perjuicio de la parte quejosa y, por ende, la aplicación en su perjuicio de los dispositivos legales tildados de inconstitucionales. Para evidenciar lo anterior es necesario tener en consideración lo dispuesto por el arábigo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su precepto 2°, que establece: "Artículo 217. El valor de las pruebas fotográficas, taquigráficas y de otras cualesquiera aportadas por los descubrimientos de la ciencia, quedará al prudente arbitrio judicial. Las fotografías de personas, lugares, edificios, construcciones, papeles, documentos y objetos de cualquier especia (sic), deberán contener la certificación correspondiente que acredite el lugar, tiempo y circunstancias en que fueron tomadas, así como que corresponden a lo representado en ellas, para que constituyan prueba plena. En cualquier otro caso, su valor probatorio queda al prudente arbitrio judicial." Del segmento normativo transcrito, se obtiene que el valor probatorio de las copias fotostáticas de documentos o de cualesquiera otras aportadas por los descubrimientos de la ciencia, cuando carecen de certificación, queda al prudente arbitrio judicial como indicios. Tal aserto encuentra sustento en lo establecido en la jurisprudencia siguiente. "Registro digital: 232210 Instancia: Pleno Séptima Época Materia(s): Común Fuente: Semanario Judicial de la Federación.Volumen 193-198, Primera Parte, página 66 Tipo: Aislada COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES, VALOR PROBATORIO DE LAS. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en materia de amparo, el valor probatorio de las copias fotostáticas simples queda al prudente arbitrio del juzgador. Por tanto, este Tribunal en Pleno, en ejercicio de dicho arbitrio, considera que las copias de esa naturaleza, que se presentan en el juicio de amparo, carecen, por sí mismas, de valor probatorio pleno y sólo generan simple presunción de la existencia de los documentos que reproducen, pero sin que sean bastantes, cuando no se encuentran adminiculadas con otros elementos probatorios distintos, para justificar el hecho o derecho que se pretende demostrar. La anterior apreciación se sustenta en la circunstancia de que como las copias fotostáticas son simples reproducciones fotográficas de documentos que la parte interesada en su obtención coloca en la máquina respectiva, existe la posibilidad, dada la naturaleza de la reproducción y los avances de la ciencia, que no corresponda a un documento realmente existente, sino a uno prefabricado, que, para efecto de su fotocopiado, permita reflejar la existencia, irreal, del documento que se pretende hacer aparecer." Así, se tiene que el Máximo Tribunal Constitucional de este País ha sostenido que en ejercicio del arbitrio judicial a que alude el precepto legal trascrito con antelación, cabe considerar que las copias de esa naturaleza que se presentan en el juicio de amparo carecen por sí de valor probatorio pleno y solo generan simple presunción de la existencia de los documentos que reproducen, pero sin que sean bastantes cuando no se encuentran adminiculados con otros elementos probatorios distintos para justificar el hecho que se pretende demostrar. La anterior apreciación se sustenta en la circunstancia de que de la documental ofrecida, no es suficiente para acreditar la existencia del acto reclamado, en razón de que la constancia que exhibe es una impresión del pago realizado, que carece de validez, al haberse obtenido sin cadena digital CFDI, ni sello o firma digital que genere evidencia en cuanto su legitimidad. No obstante contiene un código de barras bidimensional cuadrada, el cual contiene datos de identificación que enlaza a una liga de un sitio web (URL) ttps://www.adquiramexico.com.mx/multipagos/portal/payment/voucher?tr=slJGo4UIcoFUirVpZ8UkpAmulava, mismo que carece de un acceso directo a la página oficial del Gobierno del Estado de Michoacán, que demuestre que el mismo fue generado al pagar los derechos fiscales tildados de inconstitucionales. Por otro lado, tampoco se pierde de vista que dicha documental es ineficaz para acreditar el acto de aplicación en perjuicio de la quejosa, porque la persona que aparece como titular de la tarjeta es alguien diferente a ella, en concreto, Darío Alejandro Calderón Arellano. A más de que de su contenido no se advierte dato alguno que haga referencia a la unidad vehicular cuya propiedad dice ostentar la peticionaria del amparo. Por tanto, este Juzgado Federal determina que dicha probanza carece, por sí misma, de eficacia probatoria y solo genera simple presunción de la existencia del documento que reproduce, pero sin que sea bastante al no encontrarse adminiculada con otros elementos probatorios distintos para justificar el hecho o derecho que pretende demostrar. Sirve de apoyo lo anterior la tesis aislada, a contrario sensu, del rubro siguiente Tipo: Aislada Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 2015428 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Décima Época Materias(s): Común Tesis: XXI.1o.P.A.11 K (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 47, Octubre de 2017, Tomo IV, página 2434 Tipo: Aislada "DOCUMENTO ELECTRÓNICO. SI CUENTA CON CADENA ORIGINAL, SELLO O FIRMA DIGITAL QUE GENERE CONVICCIÓN EN CUANTO A SU AUTENTICIDAD, SU EFICACIA PROBATORIA ES PLENA. De conformidad con el artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, la información generada o comunicada que conste en medios electrónicos, ópticos o en cualquier otra tecnología, constituye un medio de prueba que debe valorarse conforme a las reglas específicas contenidas en el propio precepto y no con base en las reglas generales aplicables a las copias simples de documentos públicos o privados impresos. Así, para establecer la fuerza probatoria de aquella información, conocida como documento electrónico, debe atenderse a la fiabilidad del método en que se generó, comunicó, recibió o archivó y, en su caso, si es posible atribuir su contenido a las personas obligadas e, igualmente, si es accesible para su ulterior consulta. En congruencia con ello, si el documento electrónico, por ejemplo, una factura, cuenta con cadena original, sello o firma digital que genere convicción en cuanto a su autenticidad, su eficacia probatoria es plena y, por ende, queda a cargo de quien lo objete aportar las pruebas necesarias o agotar los medios pertinentes para desvirtuarla." Con base en esas consideraciones es factible sostener que la documental que fue aportada por la quejosa es insuficiente y no es viable para demostrar la aplicación de la porción normativa reclamada, ni su interés jurídico para atacar esa disposición, porque no obra en autos un diverso medio de convicción que adminiculado con aquella perfeccione su contenido. Entonces, como quedó establecido, la documental recibo de pago con el concepto de "reemplacamiento" carece de valor probatorio pleno, y por ello no es una prueba eficaz para demostrar la aplicación de la porción normativa impugnada, y, por ende, tampoco la afectación a su esfera jurídica. Así, opuestamente a lo que considera la parte quejosa, el precepto legal reclamado no le ocasiona algún perjuicio, toda vez que no puede de alguna manera vulnerar derecho humano o garantía individual en su perjuicio como se sostiene en la demanda, puesto que no se encuentra acreditado que se ubique en el supuesto de esa norma que tilda de inconstitucional. Por lo que para efecto de la procedencia del juicio de amparo, resulta necesario que se encuentre acreditada la aplicación concreta en su perjuicio del precepto reclamado, pues de lo contrario se vulneraría el principio de "instancia de parte agraviada". Habida cuenta que la carga procesal consistente en que la parte promovente del juicio de derechos fundamentales debe demostrar su interés jurídico, no puede estimarse liberada por el hecho de que la autoridad responsable reconozca la existencia del acto reclamado, en virtud de que una cosa es la existencia del acto en sí mismo y otra el perjuicio que éste pueda deparar a la persona en concreto; lo que en el caso no se colmó. Al respecto, sirve de apoyo la siguiente jurisprudencia. "Registro digital: 187777 Instancia: Primera Sala Novena Época Materia(s): Común Tesis: 1a./J. 1/2002 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.Tomo XV, Febrero de 2002, página 15 Tipo: Jurisprudencia INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. CARGA DE LA PRUEBA. La carga procesal que establecen los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4o. de la Ley de Amparo, consistente en que el promovente del juicio de garantías debe demostrar su interés jurídico, no puede estimarse liberada por el hecho de que la autoridad responsable reconozca, en forma genérica, la existencia del acto, en virtud de que una cosa es la existencia del acto en sí mismo y otra el perjuicio que éste pueda deparar a la persona en concreto." En ese orden, como se dijo con antelación, para la procedencia del juicio de derechos fundamentales es necesario que el acto reclamado cause un perjuicio al gobernado, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio. Así, como la tutela del derecho solo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones. Consecuentemente, procede sobreseer en el juicio de amparo conforme al artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, respecto de los actos atribuidos al Gobernador y Congreso, ambos del Estado de Michoacán. En virtud de la conclusión a la que se arribó, se hace innecesario abordar el examen de los conceptos de violación expresados por la quejosa, pues una vez actualizada la figura del sobreseimiento, no es factible llevar a cabo el estudio de la cuestión de constitucionalidad planteada. Orienta a lo anterior la siguiente jurisprudencia: "Registro digital: 214593 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Octava Época Materia(s): Común Tesis: II.3o. J/58 Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación.Núm. 70, Octubre de 1993, página 57 Tipo: Jurisprudencia SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente." Finalmente, resulta innecesario abordar el análisis de los alegatos vertidos por el Agente del Ministerio Público de la Federación. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Minerva Arellano Echanove, respecto a los actos reclamados atribuidos al Gobernador y Congreso, ambos del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, por los motivos expuestos en el considerando cuarto de la presente resolución. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo resolvió y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie, Secretario que autoriza, hasta el día de hoy siete de abril del dos mil veintidós, en que las labores del juzgado lo permitieron. Doy fe. GABK/JEGP

  3. Principal

    POR MEDIO DE LISTA SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL SIGUIENTE ACUERDO: Número de expediente: 199/2022 Acuerdo: V I S T O S los autos para resolver los autos del juicio de amparo número III-199/2022 promovido por Minerva Arellano Echanove, contra actos del Congreso Constitucional del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad y otra autoridad; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de Amparo. Mediante escrito depositado el veintiuno de febrero de dos mil veintidós, en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, remitido por razón de turno a este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, Minerva Arellano Echanove compareció a solicitar el amparo y protección de la Justicia de la Unión, en contra del Congreso Constitucional del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad y otra autoridad, de quienes medularmente reclamó la aprobación, promulgación y publicación de la Ley de Ingresos del Estado de Michoacán, para el ejercicio fiscal 2022, y su acto de aplicación materializado en el cobro de derechos por la prestación de servicios de registro y control vehicular de transporte particular. En ese ocurso, la parte promovente narró los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos humanos vulnerados los contenidos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Desechamiento, admisión y tramitación del juicio. Mediante auto de veintitrés de febrero de dos mil veintidós, este órgano jurisdiccional radicó la demanda bajo el expediente III-199/2022, y la desechó de plano contra los actos reclamados al Secretario de Gobierno del Poder Ejecutivo del Estado de Michoacán y al Director del Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Michoacán, así como el acto de aplicación atribuido al Director de Recaudación del Estado de Michoacán. Por el resto de las autoridades -Gobernador y Congreso del Estado- la admitió a trámite; requirió sus informes con justificación y dio la intervención al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. Finalmente, el veinticinco de marzo de dos mil veintidós, tuvo lugar la audiencia constitucional que se celebró al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1o., fracción I, 37 y 107, fracción III, de la Ley de Amparo, y el diverso 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, alusivo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Toda vez que se reclama una norma general-local de naturaleza administrativa (fiscal), cuyos efectos se materializan dentro de la circunscripción territorial en la que este órgano federal tiene jurisdicción y competencia mixta. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Se procede a la fijación de los actos reclamados en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y con apoyo además en la tesis del contenido literal y datos de localización siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto.". De igual forma se invoca la jurisprudencia 40/2000, del contenido y datos que enseguida se anotan: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo.". En ese tenor, del análisis integral de la demanda de amparo y demás constancias allegadas a este sumario, se advierte que los actos reclamados son los siguientes: Del Congreso y del Gobernador del Estado de Michoacán de Ocampo, en el ámbito de sus respectivas competencias, la inconstitucionalidad material de: La aprobación, promulgación y publicación del Decreto Legislativo por el que se expide la Ley de Ingresos del Estado de Michoacán, para el ejercicio fiscal 2022, particularmente, el artículo 20, fracción I, en su inciso A), que prevé la causación de derechos por la prestación de servicios de registro y control vehicular de transporte particular, específicamente, por dotación de placas. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado al Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, toda vez que al rendir su informe con justificación, se advierte que refirió manifestaciones de las que se aprecia que aceptó su existencia dentro de su respectiva competencia. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia del texto y datos de localización siguientes: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto.". El Gobernador del Estado omitió rendir su informe justificado, no obstante, haber sido notificado oportunamente, como se aprecia de la constancia relativa que obra en autos. De ahí que se presuma cierto el acto que se le atribuyó, acorde a lo dispuesto en el artículo 117, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo. Cabe reiterar que, en el caso, se reclama una porción normativa de la Ley de Ingresos del Estado de Michoacán, para el ejercicio fiscal 2022; entonces, no es necesario que se acredite su existencia con algún tipo de prueba, conforme al principio jurídico de que "la ley no es objeto de prueba". Por ello acorde a lo previsto en los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2º, su existencia constituye un hecho notorio para este juzgado constitucional. Apoya la anterior consideración, por identidad jurídica esencial, la jurisprudencia 65/2000 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la literalidad siguiente: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo." CUARTO. Análisis de causales de improcedencia. Examinada la certeza del acto reclamado, se impone analizar la procedencia del juicio de amparo, de conformidad con el artículo 62 de la ley de la materia. No obstante la certeza de los actos atribuidos al Gobernador y Congreso, ambos del Estado de Michoacán de Ocampo, consistentes en la aprobación, promulgación y publicación del Decreto Legislativo por el que se expide la Ley de Ingresos del Estado de Michoacán, para el ejercicio fiscal 2022, particularmente, el artículo 20, fracción I, en su inciso A), no cabe realizar el análisis al fondo de las cuestiones planteadas. Lo anterior virtud a que la parte quejosa no acredita que se le hubiera aplicado dicha disposición legal, actualizándose con ello la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo En razón de que la parte quejosa no acreditó contar con interés jurídico para promover este juicio; debido a que, como a detalle se explicará, no existen elementos que prueben fehacientemente que le fue aplicada en su perjuicio la Ley de Ingresos del Estado de Michoacán, para el ejercicio fiscal 2022, particularmente, el artículo 20, fracción I, en su inciso A). Por tanto, no se acredita que la parte quejosa se encuentre en el supuesto de esa porción normativa que tilda de inconstitucional y, por tanto, incidan en su esfera jurídica. Así, debe decirse que el interés jurídico es un presupuesto de procedencia en el juicio de amparo, que se impone como carga a la parte quejosa, en ciertos casos, para que demuestre la titularidad del derecho subjetivo que reclama y, que éste, se vio afectado. Esto es, quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Pues bien, las consideraciones precedentes, se encuentran íntimamente relacionadas con el sistema de tributación y la contribución que se pretende impugnar mediante el presente juicio de amparo. Existen mecanismos de tributación que son simples, cuyos elementos esenciales, tales como sujeto, objeto, base y tasa, requieren cálculos básicos que no necesitan una mayor pormenorización en la ley. Así, a medida que un tributo se torna complejo, por adicionar mayores elementos que puedan considerarse al realizar su cálculo, surgen previsiones legales que son variables y que no se aplican a todos los contribuyentes, sino solo a aquellos que se ubiquen en sus hipótesis jurídicas. Entonces, existen dos clases de normas tributarias, las que establecen los elementos esenciales de las contribuciones y aquellas que prevén variables que se aplican a dichos elementos esenciales. La anterior distinción tiene connotaciones relevantes respecto del amparo contra normas, pues tratándose de un sistema de tributación simple, en el que se combata alguno o algunos de los elementos esenciales de la contribución, los cuales se aplican sin distinción alguna a los sujetos pasivos de la relación correspondiente, bastará con acreditar este último hecho para que proceda la acción constitucional en contra de la norma. En función de que, desde la iniciación de la vigencia de la ley de que se trate, el contribuyente del impuesto que se regula se encuentra obligado a acatar el sistema tributario al cual pertenece el impuesto -normas autoaplicativas-. Se destaca que, se excepciona lo anterior, y se sigue el tratamiento de los efectos por propiedades heteroaplicativas, si se impugnan alguno o algunos de los elementos variables de un sistema de tributación complejo, pues en este supuesto, es necesario demostrar que el promovente de la acción constitucional se ubica dentro de la hipótesis legal establecida, que se traduce en la carga de demostrar que se ubica dentro de la previsión que, dada su naturaleza, no se aplica a todos los contribuyentes, sino únicamente a aquellos a los que se refiere esa porción normativa -normas heteroaplicativas-. Señalado lo anterior, cabe destacar que dentro de los postulados básicos del juicio de amparo se encuentra el principio de iniciativa o instancia de parte agraviada, previsto en el artículo 6° de la Ley de Amparo, el cual señala que el juicio constitucional únicamente puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o acto reclamado, pudiendo hacerlo por sí, por su representante legal, por su apoderado o cualquier persona en los casos previstos por la ley. Este principio es requisito básico para que el juicio de derechos fundamentales pueda iniciarse, ya que sin la promoción del agraviado por el acto de autoridad, no es dable que dé inicio el juicio de amparo, ni se restablezca el orden constitucional, para dejar inválido el acto de autoridad contraventor de los derechos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En efecto, para que proceda el amparo y protección de la justicia federal, debe existir un agravio personal, directo y objetivo, es decir, el daño o perjuicio que infiere una autoridad a cualquier gobernado violando en su perjuicio derechos humanos, bien mediante un hecho positivo o una abstención. Entendiendo por daño o perjuicio en el juicio de amparo, la existencia de una violación a derechos humanos de una persona al verse mermados, disminuidos o restringidos por una ley o acto de autoridad. Agravio personal: Significa que el sujeto que intente la acción de amparo, debe ser precisamente el titular de los derechos subjetivos públicos que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos otorgue a su favor. Agravio directo: Implica el quebranto de esos derechos directamente a su titular y a ninguna otra persona. Agravio objetivo: Significa que por medio del análisis que realice la autoridad de amparo, se encuentre que efectivamente se han violado los derechos humanos del quejoso. En ese orden de ideas, conforme al artículo 6° de la Ley de Amparo, la acción constitucional únicamente compete a aquella persona que resiente un daño o perjuicio con motivo de la violación a sus derechos al verse mermados, disminuidos o restringidos por una ley o acto de autoridad. Por ende, la afectación a un derecho legítimamente tutelado, otorga al agraviado la facultad para acudir ante el órgano de control constitucional competente, a efecto de exigir se le restituya en el pleno goce del derecho humano violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exija. La facultad de acudir en defensa de la violación a los derechos subjetivos constituye el interés jurídico. Por tanto, solo tendrá interés jurídico para acudir al amparo aquella persona a quien la norma jurídica le otorga la facultad de exigencia oponible a la autoridad. Es decir, el interés jurídico de una persona surge cuando el acto reclamado se relaciona con su esfera jurídica, entendiéndose por ésta el cúmulo de derechos y obligaciones poseídos por un sujeto, persona física o moral, privada u oficial. De ese modo, si el acto o ley reclamada no se refiere a los derechos contenidos en la esfera jurídica del quejoso, éste carece de interés jurídico para impugnarlos en el juicio de amparo y, en consecuencia, debe declararse la improcedencia del juicio. En conclusión, el interés jurídico, constituye un presupuesto de la acción constitucional de amparo, de acuerdo con la doctrina y la jurisprudencia, que debe entenderse como la mera afectación a la esfera jurídica de un gobernado, puesto que ni de la Ley Suprema, ni de la Ley de Amparo, se advierten elementos mayores de interpretación de dicho concepto. Sirven de fundamento a lo anterior por las razones que las contienen, las siguientes jurisprudencias. "Registro digital: 220965 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Octava Época Materia(s): Común Tesis: VI. 3o. J/26 Fuente: Semanario Judicial de la Federación.Tomo VIII, Diciembre de 1991, página 117 Tipo: Jurisprudencia INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. SU CONCEPTO. De acuerdo con el artículo 4o. de la Ley de Amparo, el ejercicio de la acción constitucional está reservado únicamente a quien resiente un perjuicio con motivo de un acto de autoridad o por la ley. Por lo tanto, la noción de perjuicio, para que proceda la acción de amparo presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado, que cuando se transgrede por la actuación de una autoridad, faculte a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional demandando el cese de esa violación. Ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo es lo que constituye el interés jurídico, que la Ley de Amparo toma en cuenta, para la procedencia del juicio de garantías." "Registro digital: 217651 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Octava Época Materia(s): Común Tesis: I. 1o. A. J/17 Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación.Núm. 60, Diciembre de 1992, página 35 Tipo: Jurisprudencia INTERÉS JURÍDICO, NOCIÓN DE. PARA LA PROCEDENCIA DEL AMPARO. El interés jurídico necesario para poder acudir al juicio de amparo ha sido abundantemente definido por los tribunales federales, especialmente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Al respecto, se ha sostenido que el interés jurídico puede identificarse con lo que se conoce como derecho subjetivo, es decir, aquel derecho que, derivado de la norma objetiva, se concreta en forma individual en algún objeto determinado otorgándole una facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad. Así tenemos que el acto de autoridad que se reclame tendrá que incidir o relacionarse con la esfera jurídica de algún individuo en lo particular. De esta manera no es suficiente, para acreditar el interés jurídico en el amparo, la existencia de una situación abstracta en beneficio de la colectividad que no otorgue a un particular determinado la facultad de exigir que esa situación abstracta se cumpla. Por ello, tiene interés jurídico sólo aquél a quien la norma jurídica le otorga la facultad de exigencia referida y, por tanto, carece de ese interés cualquier miembro de la sociedad, por el solo hecho de serlo, que pretenda que las leyes se cumplan. Estas características del interés jurídico en el juicio de amparo son conformes con la naturaleza y finalidades de nuestro juicio constitucional. En efecto, conforme dispone el artículo 107, fracciones I y II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el juicio de amparo deberá ser promovido sólo por la parte que resienta el agravio causado por el acto reclamado, para que la sentencia que se dicte sólo la proteja a ella, en cumplimiento del principio conocido como de relatividad o particularidad de la sentencia. Por otra parte, cabe decir que se ha entendido que el interés jurídico corresponde al derecho subjetivo, entendiendo como tal, la facultad o potestad de exigencia, cuya institución consigna la norma objetiva del derecho y supone la conjunción de dos elementos inseparables: a) una facultad de exigir; y, b) una obligación correlativa traducida en el deber jurídico de cumplir dicha exigencia. De tal manera que tendrá legitimación solo quien tenga interés jurídico y no cuando se tenga una mera facultad o potestad, o se tenga un interés simple, es decir, cuando la norma jurídica objetiva no establezca a favor del individuo alguna facultad de exigir. Precisado lo anterior, en el presente asunto, y para efectos de analizar la afectación aducida por la parte quejosa, se indica que las únicas pruebas que ofreció con la finalidad de demostrar la aplicación de la porción normativa antes indicada, consisten en: Un recibo de pago (foja 19) con número de folio 349994165 y referencia 30095772980833784239, por el concepto de "reemplacamiento", por un importe de $1,252.00 (un mil doscientos cincuenta y dos pesos 00/100), donde aparece como titular de la tarjeta con la que se realizó el pago Darío Alejandro Calderón Arellano, así como una leyenda en la parte inferior que a la letra dice: "PAGARÉ NO NEGOCIABLE CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO [.] Por este pagaré prometo y me obligo incondicionalmente a pagar a la orden de la Institución emisora de la tarjeta, la cantidad que aparece en el total de este título el cual suscribo al amparo del contrato que tengo celebrado con dicha Institución para el uso de esta tarjeta. Reconozco y acepto que el presente es comprobante de la operación. El cual tiene pleno valor probatorio y fuerza legal en virtud de que firmé y/o digité mi firma electrónica, la cual es de mi exclusiva responsabilidad por lo que manifiesto plena conformidad respecto al cargo efectuado a la cuenta de la que se deriva esta tarjeta." La factura 7027 en cuyo reverso aparece un endoso simple a favor de la quejosa, fechado el ocho de octubre de dos mil veinte. Medios de prueba que no son conducentes para demostrar la afectación patrimonial en perjuicio de la parte quejosa y, por ende, la aplicación en su perjuicio de los dispositivos legales tildados de inconstitucionales. Para evidenciar lo anterior es necesario tener en consideración lo dispuesto por el arábigo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su precepto 2°, que establece: "Artículo 217. El valor de las pruebas fotográficas, taquigráficas y de otras cualesquiera aportadas por los descubrimientos de la ciencia, quedará al prudente arbitrio judicial. Las fotografías de personas, lugares, edificios, construcciones, papeles, documentos y objetos de cualquier especia (sic), deberán contener la certificación correspondiente que acredite el lugar, tiempo y circunstancias en que fueron tomadas, así como que corresponden a lo representado en ellas, para que constituyan prueba plena. En cualquier otro caso, su valor probatorio queda al prudente arbitrio judicial." Del segmento normativo transcrito, se obtiene que el valor probatorio de las copias fotostáticas de documentos o de cualesquiera otras aportadas por los descubrimientos de la ciencia, cuando carecen de certificación, queda al prudente arbitrio judicial como indicios. Tal aserto encuentra sustento en lo establecido en la jurisprudencia siguiente. "Registro digital: 232210 Instancia: Pleno Séptima Época Materia(s): Común Fuente: Semanario Judicial de la Federación.Volumen 193-198, Primera Parte, página 66 Tipo: Aislada COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES, VALOR PROBATORIO DE LAS. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en materia de amparo, el valor probatorio de las copias fotostáticas simples queda al prudente arbitrio del juzgador. Por tanto, este Tribunal en Pleno, en ejercicio de dicho arbitrio, considera que las copias de esa naturaleza, que se presentan en el juicio de amparo, carecen, por sí mismas, de valor probatorio pleno y sólo generan simple presunción de la existencia de los documentos que reproducen, pero sin que sean bastantes, cuando no se encuentran adminiculadas con otros elementos probatorios distintos, para justificar el hecho o derecho que se pretende demostrar. La anterior apreciación se sustenta en la circunstancia de que como las copias fotostáticas son simples reproducciones fotográficas de documentos que la parte interesada en su obtención coloca en la máquina respectiva, existe la posibilidad, dada la naturaleza de la reproducción y los avances de la ciencia, que no corresponda a un documento realmente existente, sino a uno prefabricado, que, para efecto de su fotocopiado, permita reflejar la existencia, irreal, del documento que se pretende hacer aparecer." Así, se tiene que el Máximo Tribunal Constitucional de este País ha sostenido que en ejercicio del arbitrio judicial a que alude el precepto legal trascrito con antelación, cabe considerar que las copias de esa naturaleza que se presentan en el juicio de amparo carecen por sí de valor probatorio pleno y solo generan simple presunción de la existencia de los documentos que reproducen, pero sin que sean bastantes cuando no se encuentran adminiculados con otros elementos probatorios distintos para justificar el hecho que se pretende demostrar. La anterior apreciación se sustenta en la circunstancia de que de la documental ofrecida, no es suficiente para acreditar la existencia del acto reclamado, en razón de que la constancia que exhibe es una impresión del pago realizado, que carece de validez, al haberse obtenido sin cadena digital CFDI, ni sello o firma digital que genere evidencia en cuanto su legitimidad. No obstante contiene un código de barras bidimensional cuadrada, el cual contiene datos de identificación que enlaza a una liga de un sitio web (URL) ttps://www.adquiramexico.com.mx/multipagos/portal/payment/voucher?tr=slJGo4UIcoFUirVpZ8UkpAmulava, mismo que carece de un acceso directo a la página oficial del Gobierno del Estado de Michoacán, que demuestre que el mismo fue generado al pagar los derechos fiscales tildados de inconstitucionales. Por otro lado, tampoco se pierde de vista que dicha documental es ineficaz para acreditar el acto de aplicación en perjuicio de la quejosa, porque la persona que aparece como titular de la tarjeta es alguien diferente a ella, en concreto, Darío Alejandro Calderón Arellano. A más de que de su contenido no se advierte dato alguno que haga referencia a la unidad vehicular cuya propiedad dice ostentar la peticionaria del amparo. Por tanto, este Juzgado Federal determina que dicha probanza carece, por sí misma, de eficacia probatoria y solo genera simple presunción de la existencia del documento que reproduce, pero sin que sea bastante al no encontrarse adminiculada con otros elementos probatorios distintos para justificar el hecho o derecho que pretende demostrar. Sirve de apoyo lo anterior la tesis aislada, a contrario sensu, del rubro siguiente Tipo: Aislada Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 2015428 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Décima Época Materias(s): Común Tesis: XXI.1o.P.A.11 K (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 47, Octubre de 2017, Tomo IV, página 2434 Tipo: Aislada "DOCUMENTO ELECTRÓNICO. SI CUENTA CON CADENA ORIGINAL, SELLO O FIRMA DIGITAL QUE GENERE CONVICCIÓN EN CUANTO A SU AUTENTICIDAD, SU EFICACIA PROBATORIA ES PLENA. De conformidad con el artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, la información generada o comunicada que conste en medios electrónicos, ópticos o en cualquier otra tecnología, constituye un medio de prueba que debe valorarse conforme a las reglas específicas contenidas en el propio precepto y no con base en las reglas generales aplicables a las copias simples de documentos públicos o privados impresos. Así, para establecer la fuerza probatoria de aquella información, conocida como documento electrónico, debe atenderse a la fiabilidad del método en que se generó, comunicó, recibió o archivó y, en su caso, si es posible atribuir su contenido a las personas obligadas e, igualmente, si es accesible para su ulterior consulta. En congruencia con ello, si el documento electrónico, por ejemplo, una factura, cuenta con cadena original, sello o firma digital que genere convicción en cuanto a su autenticidad, su eficacia probatoria es plena y, por ende, queda a cargo de quien lo objete aportar las pruebas necesarias o agotar los medios pertinentes para desvirtuarla." Con base en esas consideraciones es factible sostener que la documental que fue aportada por la quejosa es insuficiente y no es viable para demostrar la aplicación de la porción normativa reclamada, ni su interés jurídico para atacar esa disposición, porque no obra en autos un diverso medio de convicción que adminiculado con aquella perfeccione su contenido. Entonces, como quedó establecido, la documental recibo de pago con el concepto de "reemplacamiento" carece de valor probatorio pleno, y por ello no es una prueba eficaz para demostrar la aplicación de la porción normativa impugnada, y, por ende, tampoco la afectación a su esfera jurídica. Así, opuestamente a lo que considera la parte quejosa, el precepto legal reclamado no le ocasiona algún perjuicio, toda vez que no puede de alguna manera vulnerar derecho humano o garantía individual en su perjuicio como se sostiene en la demanda, puesto que no se encuentra acreditado que se ubique en el supuesto de esa norma que tilda de inconstitucional. Por lo que para efecto de la procedencia del juicio de amparo, resulta necesario que se encuentre acreditada la aplicación concreta en su perjuicio del precepto reclamado, pues de lo contrario se vulneraría el principio de "instancia de parte agraviada". Habida cuenta que la carga procesal consistente en que la parte promovente del juicio de derechos fundamentales debe demostrar su interés jurídico, no puede estimarse liberada por el hecho de que la autoridad responsable reconozca la existencia del acto reclamado, en virtud de que una cosa es la existencia del acto en sí mismo y otra el perjuicio que éste pueda deparar a la persona en concreto; lo que en el caso no se colmó. Al respecto, sirve de apoyo la siguiente jurisprudencia. "Registro digital: 187777 Instancia: Primera Sala Novena Época Materia(s): Común Tesis: 1a./J. 1/2002 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.Tomo XV, Febrero de 2002, página 15 Tipo: Jurisprudencia INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. CARGA DE LA PRUEBA. La carga procesal que establecen los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4o. de la Ley de Amparo, consistente en que el promovente del juicio de garantías debe demostrar su interés jurídico, no puede estimarse liberada por el hecho de que la autoridad responsable reconozca, en forma genérica, la existencia del acto, en virtud de que una cosa es la existencia del acto en sí mismo y otra el perjuicio que éste pueda deparar a la persona en concreto." En ese orden, como se dijo con antelación, para la procedencia del juicio de derechos fundamentales es necesario que el acto reclamado cause un perjuicio al gobernado, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio. Así, como la tutela del derecho solo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones. Consecuentemente, procede sobreseer en el juicio de amparo conforme al artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, respecto de los actos atribuidos al Gobernador y Congreso, ambos del Estado de Michoacán. En virtud de la conclusión a la que se arribó, se hace innecesario abordar el examen de los conceptos de violación expresados por la quejosa, pues una vez actualizada la figura del sobreseimiento, no es factible llevar a cabo el estudio de la cuestión de constitucionalidad planteada. Orienta a lo anterior la siguiente jurisprudencia: "Registro digital: 214593 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Octava Época Materia(s): Común Tesis: II.3o. J/58 Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación.Núm. 70, Octubre de 1993, página 57 Tipo: Jurisprudencia SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente." Finalmente, resulta innecesario abordar el análisis de los alegatos vertidos por el Agente del Ministerio Público de la Federación. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Minerva Arellano Echanove, respecto a los actos reclamados atribuidos al Gobernador y Congreso, ambos del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, por los motivos expuestos en el considerando cuarto de la presente resolución. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo resolvió y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie, Secretario que autoriza, hasta el día de hoy siete de abril del dos mil veintidós, en que las labores del juzgado lo permitieron. Doy fe. GABK/JEGP

  4. Principal

    Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie, Secretario que autoriza y da fe, se declara abierta la audiencia: Secretario dé cuenta por favor. EL SECRETARIO: Juicio de amparo III-199/2022 promovido por Minerva Arellano Echanove contra actos del Congreso Constitucional del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad y otra autoridad, se hace saber que la presente diligencia es para llevar a cabo la audiencia constitucional ordenada en los autos del expediente de amparo en el que se da cuenta. Así también, que dentro del presente juicio de amparo no existe tercero interesado. Asimismo, se da cuenta con la circunstancia de que ninguna de las partes se encuentra presente. En la misma fecha, doy cuenta al Juez con la promoción registrada con el número 4197. Conste. EL JUEZ: Téngase por hecha la relación de hechos que antecede. SE ACUERDA: Agréguese a los presentes autos el pedimento de cuenta, atento a su contenido, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo se tiene al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado formulando alegatos. Asimismo, como lo solicita expídase al promovente copia de la resolución que se dicte en el expediente en que se actúa, una vez que ello acontezca. EL SECRETARIO: Se da cuenta con el informe justificado rendido por: Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad. Asimismo, se hace constar que el Gobernador Constitucional del Estado de Michoacán, fue omiso en rendir su informe justificado, no obstante estar debidamente notificado, como se desprende de autos. EL JUEZ: Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido el informe de referencia. Enseguida, se declara abierto el período de admisión y desahogo de pruebas. Secretario dé cuenta con los elementos de convicción que allegaron las partes. EL SECRETARIO: Se hace constar que el quejoso adjuntó a su libelo constitucional las documentales, prueba que se tuvo por admitida y desahogada en atención a su propia y especial naturaleza en términos del artículo 119 de la Ley de Amparo. Al no existir más pruebas que desahogar se pasa al período de alegatos. EL SECRETARIO: Se hace constar que únicamente obran en autos el alegatos formulados por: El agente del Ministerio Público Federal adscrito a este órgano jurisdiccional a través del pedimento 163/2022, escrito presentado el veinticuatro de marzo del año en curso. EL JUEZ: Al no existir alegatos pendientes, se da por concluida la presente audiencia a fin de proceder a engrosar la correspondiente resolución. Se levanta la sesión.En la misma fecha, doy cuenta al Juez con la promoción registrada con el número 4197. Conste.JUEZ TERCERO DE DISTRITO EN EL ESTADO. OMAR ALEJANDRO ELIZALDE HERRERA SECRETARIO DEL JUZGADO TERCERO DE DISTRITO. GUSTAVO ALLFADIR BALANZÁ KIDNIE

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