Minerva Aguilar Torres

Expediente 1827/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1827/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
27/11/2023

Partes del expediente

  • Minerva Aguilar Torres

Actuaciones

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Causa estado cumplimiento. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal de autos, se advierte que transcurrió el término que señala el artículo 202, párrafo primero, de la Ley de Amparo, sin que las partes promovieran recurso de inconformidad en contra del auto que declaró cumplida la ejecutoria de amparo; por tanto, con apoyo en dicho precepto legal, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO el mencionado auto. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se acuerda lo siguiente. Conservación íntegra del expediente principal. Transfiérase una vez transcurridos tres años de su archivo, ya que el juicio concluyó con una sentencia en la que se determinó conceder el amparo, es decir, encuadra en la hipótesis prevista en la fracción III, inciso a), del artículo 17 del Acuerdo General de referencia, que establece: "Artículo 17. Conservación íntegra del expediente. Los expedientes conservables serán transferidos una vez que cumplan tres años de haberse ordenado su archivo como asunto concluido, y se encuentren en los siguientes supuestos: [.] III. En los Juzgados de Distrito conforme a las siguientes series documentales: a) Juicios de amparo indirecto en los que se haya negado o concedido la protección constitucional;". Una vez cumplido el término a que se refiere la fracción III, inciso a), del artículo 17 del Acuerdo General de referencia, transfiérase el expediente al depósito documental que se designe para tal efecto, como lo prevé el artículo 26 del Acuerdo General en cita. Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de referencia. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente. Digitalización. Previo a su transferencia, en cumplimiento al párrafo tercero, del artículo 25, del acuerdo invocado, se comisiona a la Secretaria para que verifique la digitalización de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Transparencia. Finalmente, con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 09 de mayo de 2016, hágase saber a la parte quejosa que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Devolución de documentos. Dado que no existen en autos documentos originales exhibidos por la parte quejosa no es necesario requerirla para que los recoja. Autorización de consulta y notificación vía electrónica a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. En términos de lo acordado el nueve de octubre de dos mil veintitrés, en el cuaderno de varios 1/2023, de este Juzgado de Distrito, con fundamento en el artículo 26, fracción IV de la Ley de Amparo, se otorga al usuario ********************, que pertenece a ********************, la autorización a efecto de que pueda tener acceso a las actuaciones del presente juicio de amparo, en la vía electrónica, así como para que, a partir de esta fecha, se le notifiquen electrónicamente los acuerdos que ameriten ser personales a través del módulo dispuesto en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés. Diferimiento audiencia constitucional. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación que antecede se evidencia que la audiencia constitucional se encuentra prevista para celebrarse hoy; sin embargo, no está en aptitud de celebrarse, toda vez que se encuentra transcurriendo el plazo concedido a la autoridad responsable para que rinda su informe justificado. En tales condiciones, y para dar margen a lo anterior, con fundamento en el artículo 115, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se difiere la audiencia constitucional fijada en el presente asunto y se señalan las diez horas con cuarenta minutos del dieciocho de diciembre de dos mil veintitrés, para su celebración. Sirve de fundamento, la tesis aislada: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, SEÑALAMIENTO DE. *** Notifíquese.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, veintiséis de octubre de dos mil veintitrés. Autoridad solicita prórroga. El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla, [ISSSTEP], por conducto de su representación, informa -en lo que interesa- lo siguiente: El expediente pensionario a nombre de la quejosa Elisa Araceli Espejel Valencia, ha sido integrado y será sometido a consideración de la Junta Directiva el veintisiete de octubre de dos mil veintitrés, lo cual acredita a través de las documentales que exhibe para tal efecto. En ese sentido, la autoridad oficiante solicita un término de diez días posteriores a la celebración de la Junta, a fin de dar cumplimiento al fallo protector. No ha lugar prórroga. Ahora, cabe precisar que el artículo 192 de la ley de la materia establece que las ejecutorias de amparo deben ser puntualmente cumplidas; asimismo, que el órgano judicial de amparo, al hacer los requerimientos, podrá ampliar el plazo de cumplimiento tomando en cuenta su complejidad o dificultad, debiendo fijar un plazo razonable y estrictamente determinado. Sin embargo, en el caso concreto, las autoridades responsables solicitan que posterior a la fecha señalada para que el expediente pensionario de la parte quejosa sea dictaminado y programado para revisión de la junta de comisarios -veintisiete de octubre de dos mil veintitrés- se les concedan diez días más, a fin de dar cabal cumplimiento al fallo protector; prórroga que se estima injustificada. En efecto, si bien el artículo 28 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla, establece que la junta directiva del referido instituto sesionará por lo menos una vez cada dos meses en forma ordinaria, también establece que podrá sesionar de manera extraordinaria cuantas veces sea necesario, tal como se evidencia a continuación: "Artículo 28 La Junta Directiva sesionará por lo menos una vez cada dos meses en forma ordinaria, y extraordinaria cuantas veces sea necesario. Serán convocadas por el Director General, quién deberá asistir a todas las sesiones." En ese contexto, indíquese a las autoridades señaladas como responsables que no procede acordar de conformidad su petición, por tanto, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables para que una vez que se lleve a cabo la sesión programada para el veintisiete del mes y año que transcurre, de manera inmediata informen su resultado. Se determina lo anterior, en atención a que las autoridades responsables señalan una fecha lejana para sesionar el expediente pensionario de la parte quejosa, y no obstante a ello, solicitan una prórroga para cumplimentar la sentencia dictada en autos, lo cual contraviene el procedimiento de ejecución de una sentencia de amparo, pues de manera general la ley prevé el plazo genérico de tres días para que se cumplan la sentencias de amparo, el cual tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. Sin embargo, el presente asunto no se encuentra en alguno de los supuestos mencionados para ampliar el plazo con el que cuenta la autoridad responsable para cumplir el fallo protector, máxime que desde la sentencia se estableció el plazo ampliado para cumplir con el fallo de diez días hábiles. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece lo siguiente: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo." Apercibimiento. Se apercibe a las autoridades responsables que de no dar cumplimiento a lo requerido en párrafos anteriores, así sin causa justificada, con fundamento el artículo 258 de la Ley de Amparo, se les impondrá una multa equivalente a cien a mil veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de sus puesto y su consignación. Reitera domicilio y correo electrónico. En relación al domicilio y correo electrónico que proporcionan, indíquese que deberán estarse a lo acordado en proveído de fecha ocho de mayo de dos mil veintitrés, en el cual se proveyó al respecto. Notifíquese.

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