Mineral de la Reforma, Hidalgo
Expediente 665/2022 tramitado ante el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito. 15 actuaciones registradas, la última del 27 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 665/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 27/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito · Tribunales Colegiados de Circuito
Partes del expediente
- Mineral de la Reforma, Hidalgo
- German Montealegre Salvador
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Juicio de Amparo Directo
AGRÉGUESE A SUS AUTOS PARA QUE OBRE COMO CORRESPONDA EL OFICIO SIGNADO POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE, MEDIANTE EL CUAL ACUSA RECIBO DEL DIVERSO 4534/2023, DEL ÍNDICE DE ESTE TRIBUNAL FEDERAL. ASIMISMO, COMO ESTÁ ORDENADO EN AUTOS, ARCHÍVESE ESTE EXPEDIENTE COMO ASUNTO CONCLUIDO PREVIAS LAS ANOTACIONES QUE SE HAGAN EN EL LIBRO DE GOBIERNO. POR OTRA PARTE, NO EXISTE DOCUMENTO ORIGINAL QUE DEVOLVER; SE ESTIMA QUE EL PRESENTE EXPEDIENTE CARECE DE VALOR JURÍDICO, HISTÓRICO, DOCUMENTAL O DE RELEVANCIA ALGUNA, POR LO QUE EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 20, FRACCIÓN I, DEL CAPÍTULO SEXTO, DEL ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ESTABLECE LAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE VALORACIÓN, DEPURACIÓN, DESTRUCCIÓN, DIGITALIZACIÓN, TRANSFERENCIA, RESGUARDO Y DESTINO FINAL DE LOS EXPEDIENTES JUDICIALES GENERADOS POR LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES, QUE ABROGA EL DIVERSO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL VEINTICINCO DE MARZO DE DOS MIL VEINTE, EL ASUNTO EN QUE SE ACTÚA DEBE CONSIDERARSE COMO DESTRUIBLE.
- Juicio de Amparo Directo
Vista la certificación de cuenta, hágase saber a las partes que en sesión ordinaria de siete de junio de dos mil veintitrés, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal acordó la comisión temporal del Magistrado Máximo Ariel Torres Quevedo, a este Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito, con efectos a partir del uno de julio de dos mil veintitrés y mientras subsistan las condiciones o el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal así lo determine. Lo cual, hágase del conocimiento de las partes para los efectos a que haya lugar.
- Juicio de Amparo Directo
VISTO EL ESTADO PROCESAL QUE GUARDAN LOS PRESENTES AUTOS Y A LA CERTIFICACIÓN DE CUENTA, DE LA CUAL SE DESPRENDE HA TRANSCURRIDO EL TÉRMINO DE TRES DÍAS, CONCEDIDO A LA PARTE QUEJOSA, EN PROVEÍDO DE DIECINUEVE DE MAYO DEL AÑO EN CURSO, A EFECTO DE QUE MANIFESTARAN LO QUE A SU DERECHO CONVINIERA RESPECTO DE LA VISTA QUE LE FUE DADA, SIN QUE HAYAN REALIZADO MANIFESTACIÓN ALGUNA. EN CONSECUENCIA, DEVUÉLVASE ESTE EXPEDIENTE A LA PONENCIA DONDE SE ENCONTRABA.
- Juicio de Amparo Directo
Visto el dictamen de cuenta, se advierte que el Magistrado Félix Rogelio García Hernández, ponente en el presente amparo directo, considera que en dicho asunto podría actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, lo que conduciría a decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo; esto, ya que al efecto se estableció en dicho dictamen lo siguiente: (.) "Por tal motivo, en sesión de dieciocho de mayo de dos mil veintitrés, el Pleno de este Tribunal Colegiado determinó retirar el citado amparo directo, listado el doce de mayo anterior, para que en términos de ley se dé vista a la parte quejosa a fin de manifestar lo que a su derecho convenga, de acuerdo con lo previsto en el segundo párrafo, del artículo 64, de la Ley de Amparo. Resulta aplicable la jurisprudencia por contradicción de tesis P./J. 5/2015 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 17, abril de 2015, Tomo I, materia común, página 8, de rubro: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. LA OBLIGACIÓN DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 64, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO, DE DAR VISTA AL QUEJOSO CUANDO ADVIERTA DE OFICIO UNA CAUSAL NO ALEGADA POR ALGUNA DE LAS PARTES NI ANALIZADA POR EL INFERIOR, PARA QUE EN EL PLAZO DE 3 DÍAS MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA, SURGE CUANDO EL ASUNTO SE DISCUTE EN SESIÓN. El párrafo citado establece que cuando un órgano jurisdiccional de amparo advierta de oficio una causa de improcedencia no alegada por alguna de las partes ni analizada por el órgano jurisdiccional inferior, dará vista al quejoso para que en el plazo de 3 días manifieste lo que a su derecho convenga. Ahora, en aras de respetar el derecho de audiencia y encontrar equilibrio entre justicia pronta y seguridad jurídica, si el Pleno del Tribunal Colegiado de Circuito, al discutir el asunto en sesión, ya sea porque así se presentó o propuso en ese momento por alguno de los Magistrados, aprecia la posible actualización de alguna causal de improcedencia no alegada por las partes ni analizada por el inferior, debe dejarlo en lista y ordenar que se dé vista a la parte recurrente con la decisión adoptada para que, previa notificación por lista, manifieste lo que a su derecho convenga, pues el objetivo de la disposición contenida en aquel párrafo es respetar el derecho de audiencia, al otorgarle la oportunidad de exponer en relación con esa causa de improcedencia. En consecuencia, la obligación prevista en el precepto indicado surge cuando, en sesión, el Pleno del órgano jurisdiccional comparte la posibilidad de que se actualice un motivo de improcedencia no alegado ni analizado con anterioridad." En efecto, este tribunal advierte que en el caso se actualizaría una causal de improcedencia que impide el examen de la sentencia reclamada y de los conceptos de violación, a la vez que conduciría al sobreseimiento del juicio. Causal que se hace valer de oficio conforme a lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, el cual establece la obligación para el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo, de analizar de oficio las causales de improcedencia. Ahora bien, la fracción XXII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que textualmente establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; y, (.)." [Lo resaltado es propio] La porción normativa transcrita prevé que el juicio de amparo es improcedente ante la insubsistencia del objeto o de la materia del acto que se reclama en la vía constitucional. En relación con esa causa de improcedencia la Suprema Corte de Justicia de la Nación al interpretar la fracción XVII del artículo 73 de la Ley de Amparo, abrogada la cual corresponde a la fracción XXII del numeral 61 de la legislación actual, ha sostenido que esa causa entraña la insubsistencia del objeto o la materia del acto reclamado, y que para su actualización es necesario que exista la imposibilidad de que sus efectos se realicen o se continúen realizando, precisamente, por haber dejado de existir totalmente el objeto o la materia del acto, lo cual puede suceder por causas ajenas a la voluntad de la autoridad. También en relación al citado tema la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado en el sentido de que si estando pendiente de resolver un juicio de amparo promovido en contra de una sentencia reclamada, cuyo objeto se traduce en que un gobernado deba cumplir en favor de otro -con quien previamente había celebrado un acto jurídico- determinadas prestaciones consecuencia de ese vínculo, debe estimarse que el objeto o la materia de aquélla habrá dejado de existir, aun cuando tal sentencia subsista, si las partes dentro del juicio natural llegan a un convenio y en virtud de éste, el tercero interesado acude ante el juzgador que conoció del litigio declarando que el demandado, promovente del juicio de amparo, ha cumplido a su entera satisfacción con las prerrogativas cuya tutela judicial solicitó y le fueron reconocidas. Lo anterior, porque el Máximo Tribunal de la Nación consideró que si la materia de la resolución en comento se traduce en la incorporación a la esfera jurídica del tercero interesado de las referidas prerrogativas, mediante el respectivo procedimiento de ejecución, al declarar éste ante la autoridad judicial competente que la totalidad de los derechos que le asistían le fueron restituidos por el quejoso, al tenor de un acuerdo celebrado entre ellos, por lo que incluso la responsable ordenó el archivo definitivo del asunto, resulta inconcuso que tal objeto o materia ha desaparecido del mundo jurídico, aun cuando subsista la sentencia de mérito. El criterio en mención se plasmó en la tesis 2a. XLVIII/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 241, registro 196442, del Tomo VII, Abril de 1998, Novena Época, Materia(s): Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO E INSUBSISTENCIA DE SU OBJETO O MATERIA. LA DISTINCIÓN ENTRE ESTAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO RADICA EN QUE LA PRIMERA REQUIERE DE LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD. Es factible distinguir la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo, consistente en la cesación de los efectos del acto reclamado, de la establecida en la fracción XVII del mismo dispositivo legal, que entraña la insubsistencia del objeto o la materia del acto reclamado. La distinción radica en que la primera requiere de la actividad o participación de la autoridad, que es la única que puede hacer cesar los efectos de un acto autoritario, mientras que la actualización de la segunda, aunque parte de la subsistencia del acto reclamado, necesita que se presente la imposibilidad de que sus efectos se realicen o continúen realizando por haber dejado de existir totalmente el objeto o la materia del acto, lo cual puede suceder por causas ajenas a la voluntad de la autoridad." Así como también en la tesis 2a. XCVIII/2000, sustentada por la propia Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 358, registro 191327, del Tomo XII, Agosto de 2000, Novena Época, Materia(s): Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, rubro: "ACTO RECLAMADO QUE SUBSISTE, PERO CUYO OBJETO O MATERIA YA DEJÓ DE EXISTIR. SI SE DEMUESTRA QUE EL TERCERO PERJUDICADO DECLARÓ ANTE EL JUEZ NATURAL QUE LAS PRERROGATIVAS CUYA TUTELA JURISDICCIONAL SOLICITÓ Y LE FUERON RECONOCIDAS, HAN SIDO CUMPLIDAS POR LA QUEJOSA EN VIRTUD DE UN CONVENIO, OPERA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. Al tenor de lo establecido en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, si estando pendiente de resolver un juicio de garantías promovido en contra de una sentencia judicial, cuyo objeto se traduce en que un gobernado deba cumplir en favor de otro, con quien previamente había celebrado un determinado acto jurídico, determinadas prestaciones consecuencia de ese vínculo, debe estimarse que el objeto o la materia de aquélla habrá dejado de existir, aun cuando tal sentencia subsista, si las partes dentro del juicio natural llegan a un convenio y en virtud de éste, el tercero perjudicado acude ante el Juez que conoció del litigio declarando que el demandado, promovente del juicio de amparo, ha cumplido a su entera satisfacción con las prerrogativas cuya tutela judicial solicitó y le fueron reconocidas, ya que si la materia de la resolución en comento se traduce en la incorporación a la esfera jurídica del tercero perjudicado de las referidas prerrogativas, mediante el respectivo procedimiento de ejecución, al declarar éste ante la autoridad judicial competente que la totalidad de los derechos que le asistían, en razón del acto jurídico subyacente al fallo correspondiente, le fueron restituidos por el quejoso, al tenor de un convenio celebrado entre ellos, resulta inconcuso que tal objeto o materia ha desaparecido del mundo jurídico, aun cuando subsista la sentencia de mérito. Debiendo señalarse que el cumplimiento de las obligaciones derivadas del acto jurídico que dio lugar al juicio, cuando acontece en virtud de un convenio celebrado entre las partes no constituye, en manera alguna, un efecto jurídico de la sentencia impugnada, sino, en todo caso, de la relación jurídica que con anterioridad habían entablado, por lo que el pago correspondiente no puede considerarse como un efecto de la resolución judicial, que haya dejado una huella en la esfera jurídica de la quejosa, susceptible de repararse mediante la sentencia de amparo que, en su caso, llegare a emitirse." Y, por último, en la jurisprudencia 2a./J. 19/2004, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 318, registro digital: 182037, Tomo XIX, Marzo de 2004, Novena Época, Materia(s): Laboral, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "AMPARO DIRECTO. DEBE SOBRESEERSE CUANDO LA JUNTA RESPONSABLE INFORMA QUE TUVO POR CUMPLIDO EL LAUDO IMPUGNADO, AUN CUANDO QUIEN SE HAYA OSTENTADO COMO REPRESENTANTE DE LA PARTE DEMANDADA EN EL JUICIO LABORAL DE ORIGEN PARA CUMPLIR TAL RESOLUCIÓN NO HAYA ACREDITADO SU PERSONALIDAD. Cuando durante la sustanciación del juicio de amparo directo promovido por la parte demandada en el juicio laboral de origen, la Junta responsable informa al Tribunal Colegiado de Circuito del conocimiento que tuvo a la demandada dando cumplimiento al laudo impugnado y a la actora conforme con él, y remite las constancias que así lo acreditan, la materia del referido laudo deja de existir y, en consecuencia, procede decretar el sobreseimiento del juicio de garantías al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 73 de la Ley de Amparo, sin que sea obstáculo para lo anterior que la persona que se ostentó como representante de la parte demandada para cumplir con el referido laudo no haya acreditado su personalidad ante la Junta responsable, pues el tribunal de amparo no puede pronunciarse sobre la legalidad de actos que no fueron materia de impugnación a través del juicio de garantías y, por ende, las decisiones emitidas por la Junta responsable en ejecución del laudo reclamado deben estimarse válidas para los efectos legales conducentes, en tanto no exista resolución emitida por autoridad competente que decida lo contrario, máxime que el quejoso no queda en estado de indefensión ante el evento de que el tercero perjudicado pretendiera la ejecución de dicho laudo y se abriera a trámite el procedimiento respectivo, ya que los actos emitidos durante él son impugnables a través del recurso de revisión establecido en el artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo." En ese esquema, de las constancias que integran el cuaderno del amparo directo laboral 665/2022, del índice de este órgano jurisdiccional, así como del expediente 533/2016, remitido como anexo a su informe justificado por el Presidente del Tribunal de Arbitraje en el Estado de Hidalgo, las que tienen valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición del diverso 2° de la Ley de Amparo, se advierte, en lo que interesa, lo siguiente: Por escrito presentado el veintiocho de marzo de dos mil veintitrés, el Ayuntamiento de Mineral de la Reforma, Hidalgo, por conducto del Síndico de Primera Minoría Propietario, presentó escrito en virtud del cual señaló que era su deseo desistirse lisa y llanamente del juicio de amparo en cuestión (folio 33 ídem); recayendo el acuerdo de veintinueve de marzo siguiente, a través del cual la Presidencia de éste órgano jurisdiccional requirió al promoverte a efecto que ratificara su escrito de desistimiento (foja 36 ibídem); mismo que fue ratificado el cuatro de abril del año en curso, ante la fe de la Secretaria de Acuerdos de este Tribunal Colegiado. Mediante oficio STPSH/TECA/AMP/690/2023, de veintinueve de marzo de dos mil veintitrés, el encargado de la presidencia del Tribunal responsable remitió en original el convenio de veintitrés de ese mes y año, celebrado entre los actores y el Ayuntamiento demandado, preciando que en la parte final de la cláusula segunda el último de los mencionados se desistió del amparo directo 665/2022 radicado en este órgano jurisdiccional (fojas 37 a 39 del cuaderno de amparo); por lo que se emitió el auto de tres de abril del año en curso, en virtud del cual se dio por enterado este Tribunal Colegiado (folio 40 ídem) Subsecuentemente, la autoridad responsable a través de oficio STPSH/TECA/AMP/844/2023, presentado el veinticinco de abril de dos mil veintitrés, informó a este órgano colegiado que el veinticuatro del propio mes y año, en cumplimiento al convenio celebrado entre los trabajadores y el Ayuntamiento demandado, este último exhibió el pago total de lo acordado a favor de los actores, ordenándose el archivo definitivo del juicio laboral de origen 533/2016, para lo cual acompañó copia certificada de la diligencia respectiva, en la cual, se tuvo al impetrante, exhibiendo el pago total de lo pactado en el convenio celebrado el veintitrés de marzo de dos mil veintitrés, además, los títulos de crédito consistentes en dos cheques por la cantidad de $******, respectivamente, documentos que fueron entregados y recibidos por los operarios (fojas 63 a 67 del cuaderno de amparo) En cuanto al tema, por las razones que contiene se invoca la jurisprudencia 2a./J. 48/2019 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1846, registro 2019581, Libro 64, Marzo de 2019, Tomo II, Décima Época, Materias(s): Laboral, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto: "CONVENIO CELEBRADO FUERA DE JUICIO LABORAL RATIFICADO ANTE LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. PARA SU VALIDEZ ES NECESARIO QUE TENGA LA FIRMA DE TODOS SUS MIEMBROS, ASÍ COMO DEL SECRETARIO DE ACUERDOS QUE AUTORIZA Y DA FE. Por regla general, el convenio celebrado en términos del artículo 33 de la Ley Federal del Trabajo tiende a definir aspectos sustantivos de la relación laboral tales como salario, categoría, jornada, vacaciones, liquidación, aguinaldo y antigüedad; por lo cual, en atención a que esas condiciones de trabajo, tratándose de conflictos laborales, se determinan al resolver el fondo del asunto en el laudo, y sin soslayar que surten efectos desde su celebración entre las partes, como se infiere de lo sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 167/2016 (10a.), se concluye que para que el convenio relativo se tenga por legalmente ratificado al no contener renuncia de derechos, debe contar con las firmas de todos los miembros de la Junta respectiva, así como del secretario de Acuerdos que autoriza y da fe, al igual que acontece tratándose de los laudos conforme a los artículos 889 y 890 de la Ley Federal del Trabajo; máxime que la sola presencia del secretario indicado es insuficiente para considerar que la Junta haya analizado que el convenio no conlleva renuncia de derechos. Lo anterior encuentra sustento en el artículo 18 de la ley de la materia, que prevé que en caso de duda en la interpretación de las normas de trabajo debe atenderse a la más favorable al trabajador, por lo que la ratificación de los convenios a que se refiere el numeral 33 de la ley en comento debe entenderse como la firma de todos los miembros de la Junta para que pueda considerarse congruente con el mandato de impedir cualquier renuncia de derechos." En ese orden de ideas, al haberse aprobado el referido convenio en sus términos por el Tribunal de Arbitraje, por cuanto que el Ayuntamiento demandado hizo pago total de las prestaciones reclamadas, así como también que las partes expresamente expusieron su conformidad, los operarios se dieron por pagados en forma total de las prestaciones que obtuvieron en el laudo reclamado por la parte quejosa, sin reservarse ninguna acción. Entonces, es evidente que se dieron por satisfechos de las prestaciones de las que resultaron favorecidos en el laudo reclamado por el Ayuntamiento quejoso, por lo que aun subsistiendo dicho laudo, no podrá surtir efecto alguno del impetrante, por haber desaparecido su objeto o materia; además de que las partes solicitaron se diera por concluido el litigio laboral y se archivara el asunto como totalmente concluido e inclusive, el patrón señaló que se desistía del amparo que había promovido en su contra. Dicho de otra forma, si el objeto de la sentencia se traduce en que un gobernado deba cumplir en favor de otro, determinadas prestaciones, debe estimarse que el objeto o la materia de aquél habrá dejado de existir, aun cuando tal sentencia subsista, si las partes dentro del juicio natural llegan a un convenio y en virtud de éste, la responsable ha informado que el Ayuntamiento demandado, promovente del juicio de amparo, ha cumplido con la condena a favor de los terceros interesados. Lo anterior, porque si la materia del fallo en comento se traduce en la incorporación a la esfera jurídica de los terceros interesados de las referidas prerrogativas, al declarar éstos ante la autoridad laboral que la totalidad de los derechos que les asistían, le fueron restituidos por la parte quejosa, al tenor de un convenio celebrado entre ellos, resulta inconcuso que tal objeto o materia ha desaparecido del mundo jurídico, aun cuando subsista el fallo de mérito. Lo expuesto tiene sustento en la jurisprudencia 2a./J. 181/2006, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 189, registro 173858, del Tomo XXIV, Diciembre de 2006, Novena Época, Materia(s): Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad." Conforme a lo anterior, el Pleno de este Tribunal considera que en el caso podría actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo." (.). Por tal razón, con fundamento en el artículo 64, párrafo segundo de la Ley de Amparo, dese vista de manera electrónica con el dictamen de cuenta a la parte quejosa, para que en el término de tres días, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su derecho convenga en el presente asunto. Una vez hecho lo anterior, devuélvase el presente asunto a la ponencia del Magistrado Félix Rogelio García Hernández, donde se encontraba. POR ESTA VÍA SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA.
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