Milvia Yuleydi Lara Padilla
Expediente 755/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 20 actuaciones registradas, la última del 14 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 755/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 20
- Última actuación
- 14/10/2022
Partes del expediente
- Milvia Yuleydi Lara Padilla
- 1. Universiad Valle del Grijalva Zona Itsmo, S. C., con sede en Cintalapa de Figueroa, Chiapas.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 20.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, catorce de octubre de dos mil veintidós. Vistos; I. La certificación que antecede y el estado procesal que guardan actualmente los presentes autos, de los que se advierte que trascurrió el término que establece el artículo 86, de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa se inconformara contra el auto de veintiuno de septiembre de dos mil veintidós, en la que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. II. El oficio de cuenta suscrito por el Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca, por medio del cual remite el diverso signado por Carlos Alberto Soto Zertuche, quien se ostenta como representante legal de la persona moral "IMESAD SOCIEDAD CIVIL", por el cual señala domicilio para oír y recibir notificaciones, autorizada en términos amplios, solicita acceso al expediente electrónico, asimismo, rinde informe sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, anexando diversas documentales. Al efecto, se acuerda: Respecto al punto I, con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2, se declara que la misma HA QUEDADO FIRME para todos los efectos a los que haya lugar. Cabe destacar que se procede de esta manera, sin realizar el cómputo correspondiente a las demás partes, para los efectos del recurso de revisión condigno, dado que el sentido de la resolución pronunciada, se estima no causa ningún perjuicio a sus intereses. ARCHIVO Toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo definitivo de este expediente; háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno respectivo. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en el artículo 21, fracción a), de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se sobreseyó en el juicio; además a juicio de la suscrita no tiene relevancia documental para su conservación. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Toda vez que, en el presente se formó por duplicado el incidente de suspensión provéase lo conducente en dichos cuadernos. REGISTROS CORRESPONDIENTES Como lo dispone el artículo 21, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en el presente juicio; y, una vez que transcurra el plazo de tres años, procédase a la destrucción del mismo, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. DOCUMENTOS PARA DEVOLVER A LAS PARTES Toda vez que la parte quejosa anexó a su demanda original diversas documentales, infórmese que QUEDA A SU DISPOSICIÓN y que deberá recogerlo dentro del término de noventa días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído; con el apercibimiento que de no hacerlo así, correrá la misma suerte del expediente en que se actúa. En ese sentido, hágase saber a la parte quejosa que, de conformidad con el artículo 3, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-2019, que entró en vigor el tres de agosto de dos mil veinte, establece que para la consulta del expediente físico, o en su caso, para la entrega de documentos será a través de la generación de citas, que podrá realizar en el micrositio de servicios jurisdiccionales y proceso de generación de citas para consulta de expedientes o comparecencias del Consejo de la Judicatura Federal. Por tanto, se hace de su conocimiento que se deberá estar a lo dispuesto en la normatividad vigente. En cuanto al consecutivo II, con apoyo en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, glósense a los autos el oficio de cuenta y sus anexos, sin hacer mayor pronunciamiento en virtud de lo esgrimido en líneas precedentes. NOTIFÍQUESE POR LISTA Y POR OFICIO A LOS RELACIONADOS EN LA MINUTA. Así lo acordó y firma Félix Montejo Maldonado, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, en funciones de Juez de Distrito, atento al oficio CCJ/ST/3450/2020, de siete de diciembre de dos mil veinte, suscrito por el Maestro Vicente Adrián Rojas Álvarez, Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el diverso 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, ante Leslie Vilchis Domínguez, Secretaria del Juzgado, quien autoriza y da fe.
- Incidental
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, catorce de octubre de dos mil veintidós. Vista; la certificación secretarial y el estado procesal de los cuales se advierte que el día de hoy, se ordenó el archivo del juicio de amparo que dio origen al presente incidente, y se decretó acordar lo relativo en el presente. Al efecto, se acuerda. A. ARCHIVO De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo de los cuadernos incidentales. B. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE Toda vez que en el presente incidente de suspensión, se negó la medida cautelar respecto de todos los actos reclamados, se determina que el original de dicho incidente es susceptible de destrucción, ya que se ubica en inciso c), del artículo 21 del citado acuerdo; además de que se considera que no tienen relevancia documental. Por otro lado, el duplicado del incidente, podrá ser destruido, una vez que transcurran seis meses a esta fecha, previo cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 20, fracción II, inciso a) del multicitado acuerdo. C. REGISTROS CORRESPONDIENTES Como lo dispone el artículo 21, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en el presente juicio; y, una vez que transcurra el plazo de tres años, procédase a la destrucción del mismo, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. D. DESTINO DE GARANTÍAS Toda vez que en el presente no se exhibió garantía alguna se deja de acordar al respecto. E. DOCUMENTOS PARA DEVOLVER A LAS PARTES No se advierten documentos exhibidos por las partes que sean necesarios su devolución. NOTIFÍQUESE POR LISTA. Así lo acordó y firma Félix Montejo Maldonado, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, en Funciones de Juez de Distrito, atento al oficio CCJ/ST/3450/2020, de siete de diciembre de dos mil veinte, suscrito por el Maestro Vicente Adrián Rojas Álvarez, Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el diverso 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, ante Leslie Vilchis Domínguez, Secretaria del Juzgado, quien autoriza y da fe.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veintiuno de septiembre de dos mil veintidós. Visto; el escrito signado electrónicamente por el autorizado en términos amplios de la parte quejosa, por medio del cual da cumplimiento requerimiento hecho en auto de nueve de septiembre de dos mil veintidós, informando que la parte quejosa le hizo del conocimiento que el doce de septiembre del año en curso, le fue entregado el título profesional electrónico, asimismo adjunta documental electrónica para acreditar su dicho, por lo que al haber cesado el acto reclamado, solicita se decrete el sobreseimiento del presente juicio. Al efecto, se acuerda: Con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2º, glósese a los autos el escrito de cuenta y su anexo, y téngasele dando cumplimiento requerimiento hecho en auto de nueve de septiembre de dos mil veintidós. Con fundamento en los ordinales 119, y 123, de la ley de la materia, se tiene por admitida la documental que remite el promovente, consistente en copia electrónica de la cédula profesional electrónica número 12989259 de la quejosa Milvia Yuleydi Lara Padilla, con clave 213340, para ejercer profesionalmente en el nivel de licenciatura en ciencias de la educación con terminal en psicología educativa. En ese orden de ideas, respecto al acto reclamado consistente en la omisión de entregarle el título profesional como licenciada en ciencias de la educación con terminal en psicología educativa, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo. De la causal antes invocada, se desprende que el juicio de amparo será improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. La cesación de los efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo dictó deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse en el sentido de que implica no sólo la detención definitiva del acto de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, que pueden verse acompañados o no de la insubsistencia del acto, pues el motivo que justifica la improcedencia aludida no es sólo la paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y, que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. La causa de improcedencia referida está determinada por la imposibilidad de concretar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y, cuando sea de carácter negativo o implique una omisión, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, lo que el mismo exija. De acuerdo con lo anterior, se concluye que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de tal forma que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular o, habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. Tales razonamientos encuentran sustento en la jurisprudencia, que establece: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En el caso en estudio, la parte quejosa hace valer como acto reclamado a las autoridades responsables 1. Universidad Valle del Grijalva Zona Itsmo, Sociedad Civil, 2. Rector de la Universidad Valle del Grijalva Campus Cintalapa y, 3. Directora de Servicios Escolares de la Universidad del Valle Grijalva Campus Cintalapa, todos con sede en Cintalapa de Figueroa, Chiapas, la omisión de entregarle el título profesional como licenciada en ciencias de la educación con terminal en psicología educativa. Ahora bien, de las manifestaciones hechas por la parte quejosa y de la documental que anexa consistente en la copia electrónica de la cédula profesional electrónica número 12989259 de la quejosa Milvia Yuleydi Lara Padilla, con clave 213340, para ejercer profesionalmente en el nivel de licenciatura en ciencias de la educación con terminal en psicología educativa, se advierte que a la parte quejosa le fue expedido su título profesional en dicha licenciatura el doce de septiembre del año en curso, ello conforme a su dicho. Documental a la que se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129, y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2º, párrafo segundo, por tratarse de una actuación emitida por una autoridad pública en el ejercicio de su encargo y dentro del ámbito de su competencia legal. Resulta aplicable el criterio establecido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." Lo anterior se robustece con el hecho de que en a partir del uno de octubre de dos mil dieciocho, el registro de título y expedición de cédula profesional por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación, es en línea a través del portal www.gob.mx/cedulaprofesional. Además, las personas que cuentan con cédulas profesionales expedidas por la Secretaría de Educación se encuentran visibles en el Registro Nacional de Profesionistas en la página de internet https://cedulaprofesional.sep.gob.mx/cedula/presidencia/indexAvanzada.action. Páginas que se invocan como hecho notorio en términos del ordinal 88, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del numeral 2º, así como de la tesis XX.2o. J/24 sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, de rubro y texto siguientes: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN LAS PÁGINAS ELECTRÓNICAS OFICIALES QUE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO UTILIZAN PARA PONER A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO, ENTRE OTROS SERVICIOS, LA DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS, EL DIRECTORIO DE SUS EMPLEADOS O EL ESTADO QUE GUARDAN SUS EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES VÁLIDO QUE SE INVOQUEN DE OFICIO PARA RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR. Los datos que aparecen en las páginas electrónicas oficiales que los órganos de gobierno utilizan para poner a disposición del público, entre otros servicios, la descripción de sus plazas, el directorio de sus empleados o el estado que guardan sus expedientes, constituyen un hecho notorio que puede invocarse por los tribunales, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; porque la información generada o comunicada por esa vía forma parte del sistema mundial de diseminación y obtención de datos denominada "internet", del cual puede obtenerse, por ejemplo, el nombre de un servidor público, el organigrama de una institución, así como el sentido de sus resoluciones; de ahí que sea válido que los órganos jurisdiccionales invoquen de oficio lo publicado en ese medio para resolver un asunto en particular." Ahora bien, para que puedan ser expedidas las cédulas profesionales se debe de contar con el título profesional respectivo. En atención a lo anterior, se advierte que de la consulta realizada a la página oficial de la Secretaria de educación, en específico, la relativa a cedulas profesionales, se extraen las imágenes siguientes: De lo anterior se desprende que de la documental exhibida por el autorizado de la parte quejosa, así como de las imágenes plasmadas, se evidencia que la hoy quejosa, a la presente fecha cuenta con su cédula profesional con número 12989259, que le otorga la patente para ejercer la Licenciatura en Ciencias de la Educación con Terminal en Psicología Educativa, misma que por regla general se encuentra vinculada al título profesional respectivo, por lo que resulta inconcuso que, con antelación a la tramitación de dicha cedula, le fue tramitado y expedido su título profesional por las autoridades responsables; por ende, se itera, que cesaron los efectos de los actos reclamados, en virtud que a la fecha de la presentación de la demanda de amparo (siete de junio de dos mil veintidós), aún existía dicho acto que reclamaba la parte quejosa. Dicha situación se equipará a la restitución a la peticionaria de amparo, en el goce de sus derechos humanos que estimó violados, como si se le hubiera otorgado la protección constitucional, en términos del artículo 77, de la Ley de Amparo, ya que la actuación, que sobrevino durante la substanciación de este juicio constitucional, produjo que se satisficieran los derechos tutelados por la norma constitucional invocada como violada. En esa tesitura, debe decretarse el sobreseimiento del juicio, prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, resulta procedente sobreseer el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 63, fracción V, de la ley de la materia. Resulta aplicable al caso, la jurisprudencia cuyo rubro y epígrafe señalan: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezca, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Por otro lado, dado el resultado alcanzado, se deja sin efectos el requerimiento hecho a las autoridades responsables en auto de nueve de septiembre de dos mil veintidós. Finalmente, visto el resultado alcanzado, se deja sin efectos la fecha fijada para la celebración de la audiencia constitucional, esto es, las DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL ONCE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE Y POR OFICIO A LOS RELACIONADOS EN LA MINUTA. Así lo acordó y firma Félix Montejo Maldonado, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, en Funciones de Juez de Distrito, atento al oficio CCJ/ST/3450/2020, de siete de diciembre de dos mil veinte, suscrito por el Maestro Vicente Adrián Rojas Álvarez, Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el diverso 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, ante Leslie Vilchis Domínguez, Secretaria del Juzgado, quien autoriza y da fe.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, nueve de septiembre de dos mil veintidós. Vistos; I. El estado de autos y la certificación que antecede de la que se advierte que las autoridades responsables 1. Universidad Valle del Grijalva Zona Itsmo, Sociedad Civil, 2. Rector de la Universidad Valle del Grijalva Campus Cintalapa y 3. Directora de Servicios Escolares de la Universidad del Valle Grijalva Campus Cintalapa, todos con sede en Cintalapa de Figueroa, Chiapas, fueron omisas en rendir sus respectivos informes justificados, aun y cuando se encuentran debidamente notificadas para tal efecto, como se advierte de los acuses que obran en autos. II. El hecho notorio del que se advierte que de la página de la Secretaría de Educación, se desprende que a partir del uno de octubre de dos mil dieciocho, el registro de título y expedición de cédula profesional por la Dirección General de Profesiones de dicha secretaría, es en línea a través del portal www.gob.mx/cedulaprofesional. Asimismo, que las personas que cuentan con cédulas profesionales expedidas por la Secretaría de Educación se encuentran visibles en el Registro Nacional de Profesionistas en la página de internet https://cedulaprofesional.sep.gob.mx/cedula/presidencia/indexAvanzada.action. III. El estado de autos del que se advierte que la fecha para la celebración de la audiencia constitucional se encuentra señalada para esta fecha. Al efecto, se acuerda: Respecto al punto I, se tiene a las autoridades responsables por omisas en rendir sus respectivos informes justificados, para los efectos legales condignos. En cuanto al consecutivo II, toda vez que como se dijo de la página de la Secretaría de Educación, se desprende que a partir del uno de octubre de dos mil dieciocho, el registro de título y expedición de cédula profesional por la Dirección General de Profesiones de dicha secretaría, es en línea a través del portal www.gob.mx/cedulaprofesional. Asimismo, las personas que cuentan con cédulas profesionales expedidas por la Secretaría de Educación se encuentran visibles en el Registro Nacional de Profesionistas en la página de internet https://cedulaprofesional.sep.gob.mx/cedula/presidencia/indexAvanzada.action. Páginas que se invocan como hecho notorio en términos del ordinal 88, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del numeral 2º, así como de la tesis XX.2o. J/24 sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, de rubro y texto siguientes: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN LAS PÁGINAS ELECTRÓNICAS OFICIALES QUE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO UTILIZAN PARA PONER A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO, ENTRE OTROS SERVICIOS, LA DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS, EL DIRECTORIO DE SUS EMPLEADOS O EL ESTADO QUE GUARDAN SUS EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES VÁLIDO QUE SE INVOQUEN DE OFICIO PARA RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR. Los datos que aparecen en las páginas electrónicas oficiales que los órganos de gobierno utilizan para poner a disposición del público, entre otros servicios, la descripción de sus plazas, el directorio de sus empleados o el estado que guardan sus expedientes, constituyen un hecho notorio que puede invocarse por los tribunales, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; porque la información generada o comunicada por esa vía forma parte del sistema mundial de diseminación y obtención de datos denominada "internet", del cual puede obtenerse, por ejemplo, el nombre de un servidor público, el organigrama de una institución, así como el sentido de sus resoluciones; de ahí que sea válido que los órganos jurisdiccionales invoquen de oficio lo publicado en ese medio para resolver un asunto en particular." Cabe precisar que uno de los requisitos para que puedan ser expedidas las cédulas profesionales es que se cuente con el respectivo título profesional. Ahora bien, de la consulta a la página oficial de la Secretaria de educación, en específico, la relativa a cedulas profesionales, se extraen las imágenes siguientes: De las imágenes plasmadas, se evidencia que la hoy quejosa, a la presente fecha cuenta con su cédula profesional con número 12989259, que le otorga la patente para ejercer la Licenciatura en Ciencias de la Educación con Terminal en Psicología Educativa, por lo que resulta inconcuso que, con antelación a la tramitación de dicha cedula, le fue tramitado y expedido su título profesional por las autoridades responsables. Por ende, se requiere a la parte quejosa y a las autoridades responsables para que en el término de TRES DÍAS, contado a partir de que sean notificadas del presente asunto manifiesten si subsiste el acto reclamado consistente en la omisión de entregarle el Título Profesional como Licenciada en Ciencias de la Educación con Terminal en Psicología Educativa a la parte quejosa. Con el apercibimiento que de no dar cumplimiento a lo anterior y dentro del término señalado, o bien, de no manifestar el impedimento legal que tenga para ello, con fundamento en el artículo 237, fracción I, de la Ley de Amparo, se les impondrá multa de cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización contemplada en los párrafos sexto y séptimo del apartado B, del artículo 26, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo anterior, sin perjuicio de que subsiste el apercibimiento decretado en auto de diez de junio de dos mil veintidós, consistente en que si ocurre alguna causa de sobreseimiento están obligadas a informarlo de inmediato y, de ser posible, deberán acompañar las constancias que la acrediten, de no hacerlo, se les impondrá multa de treinta a trescientos días de salario mínimo general vigente en la Ciudad de México (Unidad de Medida y Actualización), de conformidad con el artículo 64 en relación con los diversos 238 y 251 de la Ley de Amparo. Respecto al punto III, para dar margen a lo anterior, y no dejar en estado de indefensión a las partes, pues si se llevara a cabo la audiencia constitucional señalada para este día se violarían las reglas fundamentales que norman el procedimiento al no estar debidamente integrado el presente expediente; por tanto, con fundamento en el artículo 117, de la Ley de Amparo, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las diez horas con veinte minutos del once de octubre de dos mil veintidós, para su celebración. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE Y POR OFICIO A LOS RELACIONADOS EN LA MINUTA. Así lo acordó y firma Félix Montejo Maldonado, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, en Funciones de Juez de Distrito, atento al oficio CCJ/ST/3450/2020, de siete de diciembre de dos mil veinte, suscrito por el Maestro Vicente Adrián Rojas Álvarez, Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el diverso 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, ante Leslie Vilchis Domínguez, Secretaria del Juzgado, quien autoriza y da fe.
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