Milton Ulises Pérez Loría
Expediente 1637/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 3 actuaciones registradas, la última del 11 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1637/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 11/07/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Secretario de Seguridad Publica del Estado
- Milton Ulises Pérez Loría
Actuaciones
- Principal
Mérida, Yucatán, a once de julio de dos mil veintidós. Visto el estado que guarda el presente asunto, se advierte que obra agregado en autos el oficio 700-71-00-02-01-2022, de veintiuno de junio del año en curso, signado por la Subadministradora Desconcentrada de Servicios al Contribuyente de Yucatán "1" del Servicio de Administración Tributaria, con sede en esta ciudad, por el que se reservó lo conducente respecto de la localización de la tercero interesada Carolina Vargas Barrientos. En tal virtud, de dicho oficio, se advierte que la autoridad de mérito, manifestó que tiene en sus registros un domicilio donde podría ser emplazada la tercero interesada Vargas Barrientos, en el Estado de Hidalgo; en consecuencia, con fundamento en la fracción II, del artículo 27 de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 298, 299 y 300 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la citada ley de la materia, gírese exhorto al Juez de Distrito en el Estado de Hidalgo, con sede en Pachuca de Soto, en turno, para que en auxilio de las labores de este Juzgado, ordene a quien corresponda para emplazar a la citada tercero interesada en el domicilio ubicado en la calle Libertad Oriente, Número trescientos diez, entre las calles veintiuno de Marzo y Manuel F. Soto de la Colonia Centro, Código Postal 43600 de Tulancingo de Bravo, Hidalgo, haciéndole entrega de una copia del escrito de demanda y haciendo de su conocimiento el contenido de este acuerdo, así como informándole que puede comparecer a este juicio con dicho carácter si así conviene a sus interés; asimismo, previniendo a la citada tercero interesada, para que dentro del término de tres días hábiles contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, señale domicilio en esta ciudad de Mérida, Yucatán, para oír y recibir notificaciones, apercibiéndola que de no hacerlo así, las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, se le hará por medio de lista de estrados, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27, fracción III de la Ley de Amparo. Solicítese al Juez exhortado que de no tener inconveniente alguno, se sirva devolver todo lo actuado a la brevedad posible. En mérito de lo anterior, con fundamento en el numeral 117 de la Ley de Amparo, dese vista a la tercero de referencia, con los informes justificados rendidos por las responsables, que ya obran en autos. De igual modo, hágasele saber que la audiencia constitucional está fijada para tener verificativo a las DIEZ HORAS CON VEINTICINCO MINUTOS DEL QUINCE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS Teniendo en cuenta que, constituye un hecho evidente que la pandemia subsiste como un peligro para la salud, de modo que el esquema de reactivación en los órganos jurisdiccionales, no se realiza en un contexto de "normalidad" y, por tanto, se privilegia el trabajo a distancia, haciendo necesaria la tramitación de expedientes por medios electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional; con fundamento en los artículos 22 y 28 del Acuerdo General 21/2020, se exhorta a la tercero interesada para que transite hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, debiendo ajustar su trámite a lo establecido al respecto en el diverso acuerdo general 12/2020; esto es, para que continúen con la tramitación del presente asunto vía electrónica, para lo cual deberá proporcionar correctamente el nombre del usuario con el que se registre en el referido Portal y, solicitar expresamente la consulta del expediente electrónico, así como que se le notifique electrónicamente las determinaciones emitidas en este, conforme lo establecen los artículos 34 y 55 del referido acuerdo general 12/2020. Asimismo, se invita a la tercero, para que a la brevedad, proponga formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Notifíquese por exhorto a la tercero interesada Carolina Vargas Barrientos. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Erika Esther Góngora Barbosa, Secretaria de Juzgado, con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, cuatro de julio de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos, y toda vez que del mismo se advierte que hasta la presente fecha no obran en autos los acuses de recibo de los oficios 25538/2022, 25539/2022 y 25540/2022 dirigidos a las autoridades responsables Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Titular de la Secretaria de Salud de los Estado Unidos Mexicanos y Titular de la Subsecretaria de Prevención y Promoción de la Secretaria de Salud todos con sede en la Ciudad de México, con los cuales se le comunicó la sentencia dictada en estos autos. En consecuencia, para evitar mayores dilaciones al procedimiento, requiérase a las aludidas autoridades, para que en el término de veinticuatro horas, informen vía correo electrónico a la dirección oficial 3jdo14cto@correo.cjf.gob.mx, la fecha en que recibieron los oficios de referencia. Lo anterior, bajo el apercibimiento que de no hacerlo dentro del término fijado o no informar el impedimento legal que tengan para hacerlo, se les impondrá una multa de cincuenta unidades de medida y actualización; toda vez que de no cumplir con lo solicitado, se traducirá en una falta grave, esto es, en un desacato a un mandamiento judicial y que además retrasa la impartición de justicia de manera trascendente para las partes en el presente juicio. Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Pablo Pérez Pacheco, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe.
- Principal
Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo indirecto I.2451/2021. ANTECEDENTES Primero. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el trece de diciembre de dos mil veintiuno, ante el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, que por razón de turno correspondió conocer a este Juzgado al día siguiente, Silvia del Carmen Santos Várguez, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra los actos que reclama del Director del Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, con sede en esta ciudad y otras autoridades. La parte quejosa señaló como vulnerados los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 1°, 14, 16 y 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 2.1 y 21.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Segundo. Trámite del juicio. Mediante proveído de quince de diciembre de dos mil veintiuno, se admitió la demanda de amparo de que se trata, se pidió a la autoridad responsable su informe de ley, se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado, la intervención que legalmente le corresponde; y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Tercero. Emplazamiento tercero interesado. Por auto de once de febrero de dos mil veintidós, se ordenó llamar a Mariana Avilés Sosa, en su carácter de tercera interesada. Cuarto. Celebración de la audiencia. Dado que no existían diligencias pendientes por realizar, el uno de junio de dos mil veintidós se celebró la audiencia constitucional, la cual, tuvo verificativo en los términos que constan en el acta levantada al efecto, por lo que se procede a emitir la sentencia correspondiente. CONSIDERACIONES Primero. Competencia. Esta Juzgadora es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 35, 37 y 107, fracción IV, de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigente, y el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, toda vez, que los actos reclamados se hacen consistir en normas locales, cuyo acto de aplicación se atribuye a autoridades con residencia en esta ciudad, donde este juzgado ejerce jurisdicción. Segundo. Fijación del acto reclamado. En principio, es necesario precisar el acto reclamado, que se desprende a plenitud del estudio íntegro de la demanda de amparo, y de las constancias existentes en el expediente, pues constituyen un todo, con la finalidad de fijar lo que la parte quejosa quiso decir y no únicamente lo que en apariencia señalaron como tales, acorde con la fracción I, del artículo 74, de la Ley de Amparo y con la tesis P.VI/2004 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir la quejosa y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Así, conforme a las líneas de interpretación de la demanda de amparo, así como de las constancias que obran en autos, a fin de advertir la verdadera intención de la parte quejosa y de resolver de forma congruente y completa la litis, se desprende que reclama: AUTORIDADES RESPONSABLES ACTOS RECLAMADOS Director y Registrador, ambos del Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán. El primer acto de aplicación del artículo 43, fracción I, incisos d), h) e i) de la Ley que crea el Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, que se traduce en la emisión de la boleta de negativa de inscripción de fecha veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno, expedida por la Registradora del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, la que recayó en respuesta a la solicitud número 171870-2021 de fecha cuatro de noviembre de dos mil veintiuno, relativa a la inscripción de la escritura pública número nueve de fecha seis de enero de dos mil quince, otorgada ante el Abogado Carlos Tomás Goff Rodríguez, Titular de la Notaría Pública número noventa y siete del Estado de Yucatán, relativa a la adjudicación a título de herencia y compraventa a favor de la quejosa del predio rústico con número de tablaje 23215 del ejido de Chichi, municipio de Mérida, Yucatán, el cual obra inscrito bajo el folio electrónico 625796. La restricción, afectación y/o privación de sus derechos de propiedad y posesión sobre el citado predio. Del Congreso del Estado de Yucatán. La discusión y aprobación del artículo 43, fracción I, incisos d), h), e i) de la Ley que crea el Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán. Del Gobernador del Estado de Yucatán. La promulgación y sanción del artículo 43, fracción I, incisos d), h), e i) de la Ley que crea el Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán. Del Abogado Carlos Tomás Goff Rodríguez, Titular de la Notaría Pública número noventa y siete del Estado de Yucatán. La omisión de realizar los trámites legales y enterar oportunamente los impuestos correspondientes para autorizar de la misma manera el primer testimonio de la escritura pública número nueve de fecha seis de enero de dos mil quince, otorgada por el citado Goff Rodríguez, a fin de lograr su inscripción. La omisión de entregar a la quejosa, debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, el testimonio de la escritura pública número nueve de fecha seis de enero de dos mil quince. Tercero. Existencia del acto reclamado. Las autoridades responsables Directora y Registradora, ambas del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, Gobernador del Estado de Yucatán, por conducto de su representante y consejero jurídico y el Poder Legislativo del Estado de Yucatán, por conducto de su director jurídico, aceptaron los actos que se les reclaman, pues las dos primeras manifestaron que a la solicitud marcada con el número 171870-2021 le recayó una calificación negativa; y respecto a las últimas reconocieron la existencia de su participación en el proceso de creación del dispositivo reclamado, pues el primero promulgó y público y, la segunda discutió y aprobó el Decreto número 433, por el que se emitió la Ley que crea el Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán; por lo que se tienen como ciertos los actos que se le reclaman. Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente jurisprudencia 305 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto indica: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Lo anterior, se corrobora con las constancias que remitieron las autoridades responsables Directora y Registradora, ambas del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, a las que se le otorga el valor probatorio pleno de documento público, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 202 y 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por lo que se tiene por cierto el acto reclamado. Al respecto, sirve de apoyo la jurisprudencia 226 del anterior Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". Asimismo, la existencia de la norma general se corrobora con el propio ordenamiento legal, ya que una norma jurídica no es objeto de prueba, lo que se acredita plenamente, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia; es aplicable la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 233090, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Volumen 65, Primera Parte, página 15, que indica: "LEYES. NO SON OBJETO DE PRUEBA." Así como la jurisprudencia 2a./J. 65/2000 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 191452, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, Agosto de 2000, página 260, del tenor siguiente: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN." Finalmente, respecto a la autoridad responsable Titular de la Notaría Pública número noventa y siete del Estado de Yucatán, al rendir su informe justificado negó el acto que se le reclamó; no obstante, lo anterior debe de tenerse por cierto, en virtud de que en su informe hizo manifestaciones que evidencian la certeza del acto reclamado. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis visible en la página 391, del Tomo XIV, Julio de 1994, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro siguiente: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA." Cuarto. Antecedentes del acto reclamado. Para mayor claridad es necesario hacer referencia a los antecedentes más relevantes del acto que se reclama: Mediante juicio de sucesiones unidas de intestado de los señores Juventino Tzab y Peraza alias Juventino Tzab Peraza y María Claudina Poot y Chablé alias Claudina Poot Chablé, se reconoció como únicos y universales herederos de los antes citados a sus hijos Antonio de la Cruz, Angelina, María Librada de la Cruz, Cinthia Isabel, María Zenaida del Socorro y Rodolfo de los Reyes, todos de apellidos Tzab Poot. Escritura pública número nueve, de fecha seis de enero de dos mil quince, que contiene el contrato de adjudicación en concepto de herencia, respecto a dos predios rústicos, entre ellos la parcela número 428Z-3P1/1 del ejido de Chichí, Municipio de Mérida del Estado de Yucatán, con número catastral 23215, del juicio de sucesión unidas en intestado de los señores Juventino Tzab y Peraza alias Juventino Tzab Peraza y María Claudina Poot y Chablé, a favor de la aquí quejosa. Solicitud 171870-2021 de fecha cuatro de noviembre de dos mil veintiuno, realizada por José Enrique Gutiérrez López, Notario número ochenta y siete, supliendo temporalmente al Notario noventa y siete, en la que solicitó la inscripción de la escritura pública número nueve, de fecha seis de enero de dos mil quince. El veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno el Registrador de la Dirección del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, dio respuesta a la solicitud 171870-2021, emitiendo las siguientes boletas negativas de inscripción: "RESPECTO DEL PREDIO TABLAJE NO. 23215, UBICACIÓN: EJIDO DE CHICHI, MUNICIPIO DE MÉRIDA CLASE DEL PREDIO: RÚSTICO, FOLIO ELECTRÓNICO DEL PREDIO: 625796, OTORGADA EN EL ACTA 9 DE FECHA 06/01/2015, NO ES POSIBLE INSCRIBIRLA EN VIRTUD QUE 1.- DE LA REVISION DEL ASIENTO REGISTRAL DEL INMUEBLE OBJETO DEL ACTO JURÍDICO O CONTRATO CUYA INSCRIPCIÓN SE PRETENDE SE APRECIA EL REGISTRO DE UN AVISO DEFINTIVO CON NÚMERO DE INSCRIPCIÓN 2928141. FUNDAMENTO ARTÍCULOS: 35 Y 43, FRACCIÓN I, INCISO D, DE LA LEY QUE CREA EL INSTITUTO DE SEGURIDAD JURÍDICA PATRIMONIAL DE YUCATÁN. ----- 2.- EL ACTA QUE SE VINCULA A LA FORMA PRECODIFICADA ESTÁ INCOMPLETA EN EL FORMATO PDF (VER PROEMIO) Y EN EL FORMATO WORD EXISTE INCONGRUENCIA EN CUANTO A LOS QUE COMPARECEN (SE MENCIONA COMO COMPARECIENTE A LA SEÑORA MARÍA CLAUDINA POOT CHABLE ALIAS CLAUDINA POOT CHABLE CUANDO DE ACUERDO AL TESTIMONIO ELLA ES UNO DE LOS AUTORES DE LA SUCESION). FUNDAMENTO: ARTÍCULOS 4, FRACCIÓN XIII, Y 43, FRACCIÓN I, INCISOS B, I, DE LA LEY QUE CREA EL INSTITUTO DE SEGURIDAD JURÍDICA PATRIMONIAL DE YUCATÁN Y 28. DEL REGLAMENTO DE LA LEY QUE CREA EL INSTITUTO DE SEGURIDAD JURIDICA PATRIMONIAL DE YUCATÁN. ----- 3.- SE OMITIO EL PROYECTO DE PARTICION DEL BIEN INMUEBLE OBJETO DE LA SUCESIÓN DE REFERENCIA PARA LLEVAR A CABO LA PROTOCOLIZACIÓN DEL MISMO Y POSTERIOR ADJUDICACION. FUNDAMENTO: ARTÍCULOS 4, FRACCIÓN XIII, Y 43, FRACCIÓN I, INCISOS B, I, DE LA LEY QUE CREA EL INSTITUTO DE SEGURIDAD JURÍDICA PATRIMONIAL DE YUCATÁN; 654 Y 655, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS FAMILIARES DEL ESTADO DE YUCATÁN Y 28, DEL REGLAMENTO DE LA LEY QUE CREA EL INSTITUTO DE SEGURIDAD JURÍDICA PATRIMONIAL DE YUCATÁN. ----- 4.- NO SE ACREDITÓ HABER CUBIERTO EL IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES, TODA VEZ QUE FALTÓ ACOMPAÑAR LOS DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES. FUNDAMENTO. ARTÍCULOS 43, FRACCIÓN I, INCISOS B, H, I, DE LA LEY QUE CREA EL INSTITUTO DE SEGURIDAD JURÍDICA PATRIMONIAL DE YUCATÁN; 54, 55, 56, 57, 61, 62 Y 64, DE LA LEY DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE MÉRIDA. ESTA AUTORIDAD ES COMPETENTE PARA EMITIR EL PRESENTE ACTO ADMINISTRATIVO, DE CONFORMIDAD CON LO QUE SEÑALAN LOS ARTÍCULOS 27 FRACCIÓN V Y 32 FRACCIÓN XVIII DEL CÓDIGO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA; 1, 4, 5, 7, 14 Y 79 DEL REGLAMENTO DEL CÓDIGO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA; 2168 y 2168 BIS DEL CÓDIGO CIVIL Y 14 DEL REGLAMENTO DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD, TODAS LAS DISPOSICIONES DEL ESTADO DE YUCATÁN. EN CONTRA DE LA PRESENTE NEGATIVA DE INSCRIPCIÓN, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 126, 128 Y 129 DE LA LEY DE ACTOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE YUCATÁN, PROCEDE EL RECURSO ADMINISTRATIVO DE REVISIÓN, QUE DEBERÁ PRESENTARSE ANTE EL SUSCRITO, DENTRO DEL PLAZO DE QUINCE DÍAS HÁBILES. PÓNGASE A DISPOSICIÓN DEL INTERESADO EL DOCUMENTO QUE ORIGINÓ ESTA BOLETA NEGATIVA EN LA OFICIALÍA DE PARTES DE ESTA OFICINA." "RESPECTO DEL PREDIO TABLAJE NO. 23215, UBICACIÓN: EJIDO DE CHICHI, MUNICIPIO DE MÉRIDA CLASE DEL PREDIO: RÚSTICO, FOLIO ELECTRÓNICO DEL PREDIO: 625796, OTORGADA EN EL ACTA 9 DE FECHA 06/01/2015, NO ES POSIBLE INSCRIBIRLA EN VIRTUD QUE 1. NO SE ACREDITÓ LA EXENCIÓN O, EN SI CASO, EL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR LOS INGRESOS OBETENITOS POR LA ENAJENACIÓN DE BIENES INMUEBLES, TODA VEZ QUE SE OMITIÓ ACOMPAÑAR LA CONSTANCIA DE OPERACIONES QUE CONTENGA LA INFORMACIÓN NECESARIA DE LA OPERACIÓN CONSIGNADA EN LA ESCRITURA PÚBLICA DE ENAJENACIÓN DE BIENES CON EL DOCUMENTO DE RECEPCIÓN EXITOSADE LA AUTORIDAD. FUNDAMENTO: ARTÍCULOS 43, FRACCIÓN I, INCISOS B, I, H, DE LA LEY QUE CREA EL INSTITUTO DE SEGURIDAD JURÍDICA PATRIMONIAL DE YUCATÁN; 93, FRACCIÓN XIX, DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA; 27, PÁRRAFOS NOVENO Y DÉCIMO DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN Y RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2019: REGLA 3.15.6, ANEXO 1, RUBRO A, NUMERAL 2, ANEXO 1-A TRAMITE 151/CÓDIGO FISCAL FEDERAL. ------ 2. NO SE ACREDITÓ HABER CUBIERTO EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA A LA ENTIDAD FEDERATIVA, TODA VEZ QUE FALTÓ ACOMPAÑAR EL RECIBO DE PAGO DE DICHO IMPUESTO CON LA DECLARACIÓN CORRESPONDIENTE. FUNDAMENTO: ARTÍCULOS 43, FRACCIÓN I, INCISOS B, I, DE LA LEY QUE CREA EL INSTITUTO DE SEGURIDAD JURÍDICA PATRIMONIAL DE YUCATÁN; 119 Y 126 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA. ----- 3.- FALTÓ ACUMULAR AL TESTIMONIO LAS RENUNCIAS AL DERECHO DE PREFERENCIA DEL AYUNTAMIENTO Y DEL GOBIERNO DEL ESTADO, O BIEN, EL DOCUMENTO EXPEDIDO POR LA OFICINA DE DESARROLLO URBANO CON EL CUAL SE ACREDITE QUE EL INMUEBLE OBJETO DEL ACTO JURÍDICO O CONTRATO CUYA INSCRIPCIÓN SE PRETENDE ESTE UBICADO FUERA DE LA ZONA DE RESERVA DE CRECIMIENTO. FUNDAMENTO: ARTÍCULOS 43, FRACCIÓN I, INCISOS B, I, DE LA LEY QUE CREA EL INSTITUTO DE SEGURIDAD JURÍDICA PATRIMONIAL DE YUCATÁN; 56 DE LA LEY DE ASENTAMIENTOS HUMANOS DEL ESTADO DE YUCATÁN. ----- 4. FALTÓ ACOMPAÑAR EN EL ARCHIVO ELECTRÓNICO, EL DERECHO DE INSCRIPCIÓN PARA EL REGISTRO SOLICITADO, TODA VEZ QUE DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE LA MATERIA LA PRESENTE SOLICITUD NO ESTÁ EXENTA DE DICHO PAGO. FUNDAMENTO: ARTÍCULOS 4, FRACCIÓN XIII Y 43, FRACCIÓN I, INCISOS B, H, I, DE LA LEY QUE CREA EL INSTITUTO DE SEGURIDAD JURÍDICA PATRIMONIAL DE YUCATÁN; 59, FRACCIÓN II, DE LA LEY GENERAL DE HACIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN Y 28, DEL REGLAMENTO DE LA LEY QUE CREA EL INSTITUTO DE SEGURIDAD JURÍDICA PATRIMONIAL DE YUCATÁN. ESTA AUTORIDAD ES COMPETENTE PARA EMITIR EL PRESENTE ACTO ADMINISTRATIVO, DE CONFORMIDAD CON LO QUE SEÑALAN LOS ARTÍCULOS 27 FRACCIÓN V Y 32 FRACCIÓN XVIII DEL CÓDIGO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA; 1, 4, 5, 7, 14 Y 79 DEL REGLAMENTO DEL CÓDIGO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA; 2168 y 2168 BIS DEL CÓDIGO CIVIL Y 14 DEL REGLAMENTO DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD, TODAS LAS DISPOSICIONES DEL ESTADO DE YUCATÁN. EN CONTRA DE LA PRESENTE NEGATIVA DE INSCRIPCIÓN, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 126, 128 Y 129 DE LA LEY DE ACTOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE YUCATÁN, PROCEDE EL RECURSO ADMINISTRATIVO DE REVISIÓN, QUE DEBERÁ PRESENTARSE ANTE EL SUSCRITO, DENTRO DEL PLAZO DE QUINCE DÍAS HÁBILES. PÓNGASE A DISPOSICIÓN DEL INTERESADO EL DOCUMENTO QUE ORIGINÓ ESTA BOLETA NEGATIVA EN LA OFICIALÍA DE PARTES DE ESTA OFICINA." Inscripción número 2928141, correspondiente al aviso definitivo de adjudicación por herencia con compraventa, contenido en la escritura pública número cuatrocientos sesenta y uno de fecha veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno. Quinto. Causales de improcedencia. La improcedencia es un concepto que se relaciona con la falta de oportunidad, fundamento o derecho de un acto jurídico, o bien, con la falta de pertinencia, admisibilidad u oportunidad de un acto o pretensión. En el caso del juicio de amparo, en términos del artículo 62 de la ley de la materia, su estudio es de orden público y, por ende, se hace obligatorio aun de oficio, en cualquiera que sea la instancia del juicio constitucional, lo aleguen o no las partes. En este apartado se procederá al estudio de los actos reclamados al Titular de la Notaría Pública número noventa y siete del Estado de Yucatán, consistentes en la omisión de realizar los trámites legales y enterar oportunamente los impuestos correspondientes para autorizar de la misma manera el primer testimonio de la escritura pública número nueve de fecha seis de enero de dos mil quince, a fin de lograr su inscripción; y la omisión de entregar a la quejosa, debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, el testimonio de la escritura pública número nueve de fecha seis de enero de dos mil quince. En el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 1° y 5°, todos de la Ley de Amparo, que disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados o la esfera de competencias del Distrito Federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y Por normas generales, actos u omisiones de las autoridades de los Estados o del Distrito Federal, que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El amparo protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados en la presente Ley." "Artículo 5º. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. (.)" Del contenido de la porción normativa transcrita, se advierte primeramente que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que la causa resulte de alguna otra disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o, en su caso, de la Ley de Amparo. El segundo de los numerales establece el objeto del juicio de amparo y, en lo aquí interesa, refiere que sólo procede contra actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. El último de los preceptos establece que para que un particular se considere autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, es necesario que los actos reclamados sean equivalentes a los de autoridad, es decir, aquellos que crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, siempre que sus funciones, atribuciones o facultades para efectuarlos estén determinadas por una norma general, lo que implica que esa circunstancia deriva de la naturaleza y características propias del acto, el cual debe ser unilateral, obligatorio y afectar la esfera jurídica del gobernado. Ahora bien, el concepto de autoridad para efectos del juicio de amparo ha evolucionado en la medida en que la actuación de los entes del Estado trasciende a la esfera jurídica de los derechos fundamentales de los gobernados; es decir, en la actualidad ya no solamente se considera autoridad responsable aquella que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado, como se advierte de la redacción del artículo 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, o bien, aquélla que dispone de la fuerza pública, en virtud de circunstancias legales o de hecho; sino que a través de los criterios de los órganos facultados del Poder Judicial de la Federación, se ha ido matizando el concepto de autoridad responsable de acuerdo con las circunstancias particulares de cada ente al que se asigna ese carácter, en relación con su proceder que se tilda de inconstitucional. Orienta lo anterior, la tesis P. XXVII/97 aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PUBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURIDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: "AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término 'autoridades' para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.", cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades." Así las cosas, las notas que en la actualidad distinguen a una autoridad, para los efectos del juicio de amparo, son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular. b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, por lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del particular. d) Que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales, ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Criterio sustentado en la jurisprudencia 2a./J. 164/2011 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." Sobre el particular, es oportuno citar el contenido de la contradicción de tesis 364/2016, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que precisó que el criterio actual para determinar si se tiene, o no, el carácter de autoridad para los efectos del juicio de amparo, se basa no sólo en el atributo de la fuerza pública o del imperio, pues también se toma en cuenta que con fundamento en una norma legal se puedan emitir actos unilaterales a través de los cuales se creen, modifiquen o extingan por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consentimiento del afectado, así como el tipo de relación jurídica que existe entre los sujetos en conflicto. Al respecto, precisó que para otorgar a un particular el carácter de autoridad responsable tiene que darse necesariamente la relación de supra a subordinación, pues tratándose de los otros tipos de relaciones (de coordinación o de supraordinación) los individuos se ubican en un plano de igualdad, por lo que no se genera la característica de un sujeto que tenga superioridad respecto del otro, que es la nota distintiva para determinar que, en esos casos, se está en presencia de un acto de autoridad. Luego, esa Primera Sala del Máximo Tribunal de la Nación indicó que las características que deben ostentar los actos realizados por particulares, con calidad de autoridad, son los siguientes: a) Que realice actos equivalentes a los de autoridad, esto es, que dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar algún acto en forma unilateral y obligatoria, o bien, que omita actuar en determinado sentido. b) Que afecte derechos creando, modificando o extinguiendo situaciones jurídicas. c) Que sus funciones estén determinadas en una norma general que le confiera las atribuciones para actuar como una autoridad del Estado, cuyo ejercicio, por lo general, tenga un margen de discrecionalidad. En relación con la figura del notario público, sostuvo que es un delegatario del poder público del Estado, dotado de autoridad para dar fe pública de los actos que se celebran ante él y de aquellos en los que intervenga de acuerdo con lo que le está permitido por la ley, a fin de darles autenticidad; aunado a que se trata de un profesional del derecho investido de fe pública por el Estado y que tiene a su cargo recibir, interpretar, redactar y dar forma legal a la voluntad de las personas que ante él acuden, así como conferir autenticidad y certeza jurídica a los actos y hechos pasados ante su fe, mediante la consignación de los mismos en instrumentos públicos de su autoría. El Tribunal Pleno señaló que el notario está facultado para autenticar y dar forma, en los términos de ley, a los instrumentos en que se consignen actos y hechos jurídicos, por lo que éstos al ser certificados por el notario tienen el carácter de auténticos y valen erga omnes, esto es, con efectos generales. Además, debe asesorar a los otorgantes y comparecientes. Aunado a ello, el Máximo Tribunal de la Nación dijo que la fe pública de la que es investido el notario es originalmente un atributo del Estado que tiene por virtud de su imperio, y es ejercitada a través de los órganos estatales y del notario, y ésta es la necesidad de carácter público, cuya misión es robustecer con una presunción de verdad los hechos o actos sometidos a su amparo. En este sentido, estableció que es el Estado a través del Poder Ejecutivo local, quien otorga la patente respectiva a aquellos que reúnan los requisitos previstos por la ley correspondiente y vigila que los notarios al realizar su actuación cumplan con dicha legislación, e inclusive tiene la facultad para suspender o revocar dicha patente, en los casos que prevé la ley, por lo que la función que desempeña el notario deviene por mandato expreso del legislador, a través del cual, delegan a los fedatarios públicos facultades que originalmente estaban concedidas a la autoridad judicial para conocer de varios tipos de procedimientos, y es por ello que los particulares pueden válidamente realizar tramitaciones, como las sucesorias ante los notarios públicos, sin tener que acudir necesariamente ante la presencia de un órgano jurisdiccional cuando se cumplen ciertos requisitos. Sobre estas bases, concluyó que los notarios no pueden ser considerados como autoridades responsables para efectos del juicio de amparo cuando: i) no establecen una relación de supra subordinación respecto de los particulares. ii) no emiten actuaciones unilaterales que creen, modifiquen, transmitan o extingan derechos y obligaciones; y ii) no generan nuevas situaciones jurídicas, dada la función de fe pública que les fue delegada por el Estado. Derivado de esa contradicción de tesis, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió la jurisprudencia 1a./J.41/2019 (10 a), de rubro y contenido siguientes: "NOTARIOS PÚBLICOS. NO TIENEN EL CARÁCTER DE AUTORIDADES RESPONSABLES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, CUANDO SE LES RECLAMEN ACTOS DERIVADOS DE LA TRAMITACIÓN DE SUCESIONES EXTRAJUDICIALES. De los artículos 1o. y 5o., fracción II, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, se desprende que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgados para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, además protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados por esa ley. Ahora bien, los notarios públicos al tramitar sucesiones extrajudiciales, sean testamentarias o legítimas, no pueden ser considerados como autoridades responsables equiparadas para efectos del juicio de amparo. Lo anterior es así, porque sus actuaciones: i) no establecen una relación de supra subordinación respecto de los particulares, pues únicamente dan fe de la situación jurídica generada a partir de la muerte del de cujus y de los actos jurídicos que celebran los herederos, legatarios y albacea, ya sea entre ellos o con terceros, ii) no emiten actuaciones unilaterales que creen, modifiquen, transmitan o extingan derechos y obligaciones, puesto que son de carácter declarativo, y iii) no generan nuevas situaciones jurídicas, dada la función de fe pública que les fue delegada por el Estado." En ese orden de ideas, este órgano control constitucional considera que al Titular de la Notaría Pública número noventa y siete del Estado de Yucatán, Abogado Carlos Tomás Goff Rodríguez, no le reviste el carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo, pues en los actos que se le atribuyen, consistentes en: la omisión de realizar los trámites legales y enterar oportunamente los impuestos correspondientes para autorizar de la misma manera el primer testimonio de la escritura pública número nueve de fecha seis de enero de dos mil quince, a fin de lograr su inscripción; y la omisión de entregar a la quejosa, debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, el testimonio de la escritura pública número nueve de fecha seis de enero de dos mil quince, no tiene una relación de supra a subordinación para con la aquí quejosa, ni sus actos crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular. Ahora sobre el particular, resulta necesario transcribir el artículo 2° y 3, fracción I, de la Ley del Notariado del Estado del Estado de Yucatán, mismos que disponen: "Artículo 2.- El ejercicio de la función notarial está a cargo de personas físicas a quienes el Estado les delega la fe pública para los actos en que intervienen con motivo de sus funciones, se les denomina Notario Público y Escribano Público. Artículo 3.- Para los efectos de esta ley se entenderá por: I.- Acta notarial o escritura pública: El instrumento original otorgado ante Notario Público en el protocolo de la notaría a su cargo en el que se hace constar un acto o hecho jurídico, a solicitud de parte interesada. Cuando sea otorgado ante Escribano Público se denominará escritura pública." De los artículos transcritos se advierte que el Notario es la persona investida de fe pública, encargado de hacer constar los actos en los que interviene con motivo de sus funciones, tales como actos o hechos jurídicos, dando autenticidad al acto celebrado por las partes que ante él intervienen. Bajo esa óptica, se obtiene que el acto reclamado, no proviene de una autoridad para efectos del juicio de amparo, debido a que se encuentra desprovisto de imperatividad, coercitividad y unilateralidad, ya que no afecta de manera unilateral, la esfera jurídica de la quejosa, ni se impuso sobre su voluntad, de forma tal que no crea, modifica o extingue una situación jurídica concreta que le beneficie o perjudique. Lo anterior se afirma, porque los fedatarios responsables únicamente intervinieron en los actos que se les atribuyen en su actuar de fedatarios públicos, dando formalidad al acto que se celebró entre las partes contratantes; por ende, dicho Notario únicamente se encuentra ejerciendo sus funciones en términos de la ley del notariado que rige su actuación, lo que no implica la realización de actos equivalentes a los de una autoridad para efectos del juicio de amparo, ya que solo autentica y da forma a los instrumentos donde constan los actos, hechos o negocios jurídicos que celebran las partes que en ellos intervienen. De ese modo, queda claro que la intervención del notario público a quien se señala como autoridad responsable en la demanda de amparo, se limita a dar fe de los actos que las partes quisieron dar autenticidad, por lo que no le puede resultarles el carácter de autoridad responsable para efectos del artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo, ya que, para que un particular le resulte esa calidad, debe realizar actos equivalentes a los de una autoridad, que afecten derechos o intereses de los gobernados y estén previstas sus funciones en una norma general; sin embargo, en este caso concreto, el citado fedatario público no realizó algún acto que pudiera encuadrar en la disposición en comento. Sin que este órgano soslaye que la parte quejosa citó la tesis asilada II.2o.C.9 K (10a.), de rubro "NOTARIO PÚBLICO. ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO CUANDO OMITE ENTREGAR LA ESCRITURA CORRESPONDIENTE A LA PARTE INTERESADA DEBIDAMENTE INSCRITA EN EL INSTITUTO DE LA FUNCIÓN REGISTRAL", emitida por el Segundo Tribunal Colegido en Materia Civil del Segundo Circuito, pues la misma es aislada y por tanto no es obligatoria para la suscrita en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo; además de que es objeto de denuncia y se encuentra pendiente por resolver ante el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por consiguiente, se actualiza la causa de improcedencia analizada, de ahí que, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, en relación con el acto reclamado al Titular de la Notaría Pública número noventa y siete del Estado de Yucatán, se decreta el sobreseimiento en el juicio de amparo. No existiendo diversa causal de improcedencia hecha valer por las partes, ni se advierte que debiera hacerse valer alguna de oficio; de ahí que se estime legal analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado. Sexto. Conceptos de violación. Se procede a la calificación y estudio de conceptos de violación expuestos en la demanda, los que no se transcriben por no constituir una exigencia legal, ni considerarlo necesario, sin que con ello se incumpla con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias. Sirve de sustento a lo anterior, la tesis de jurisprudencia 2a./J. 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y texto: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." Séptimo. Estudio de fondo relativo a la inconstitucionalidad del artículo en estudio. Son infundados los motivos de inconformidad que planteó la parte quejosa, referentes a la inconstitucionalidad del artículo 43, fracción I, incisos d), h), e i), de la Ley que crea el Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán; ello en atención, que el presente juicio de amparo resulta procedente respecto de los actos de aplicación de la norma cuestionada. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 71/2000 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN. Conforme a lo dispuesto en la jurisprudencia número 221, visible en las páginas 210 y 211 del Tomo I del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, de rubro: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.", cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. De ahí que el juzgador de garantías debe analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de garantías la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia; de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Por otra parte, de resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de la disposición impugnada determinando lo conducente y, únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a ésta, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación; siendo incorrecto, por ello, el estudio de estas últimas cuestiones antes de concluir sobre la constitucionalidad de la norma reclamada." Lo anterior implica que la improcedencia del juicio en cuanto al acto de aplicación necesariamente comprende a la norma general; que la negativa del amparo contra la norma, por no ser inconstitucional, debe hacerse extensiva al acto de aplicación, cuando éste no se reclama por vicios propios, y que la concesión del amparo contra la norma general, por ser inconstitucional, debe hacerse extensiva también al acto de aplicación. Al respecto se cita la jurisprudencia 149, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN. Cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez no puede desvincular el estudio de la ley o reglamento del que concierne a su aplicación, acto éste que es precisamente el que causa perjuicio al promovente del juicio, y no por sí solos, considerados en abstracto, la ley o el reglamento. La estrecha vinculación entre el ordenamiento general y el acto concreto de su aplicación, que impide examinar al uno prescindiendo del otro, se hace manifiesta si se considera: a) que la improcedencia del juicio en cuanto al acto de aplicación necesariamente comprende a la ley o reglamento; b) que la negativa del amparo contra estos últimos, por estimarse que no adolecen de inconstitucionalidad, debe abarcar el acto de aplicación, si el mismo no se combate por vicios propios; y c) que la concesión del amparo contra la ley o el reglamento, por considerarlos inconstitucionales, en todo caso debe comprender también el acto de su aplicación." Por tanto, debe analizarse en primer lugar, la constitucional de la norma general impugnada y si se concluye que la norma general es inconstitucional, la concesión del amparo contra ésta debe hacerse extensiva al acto de aplicación. Por el contrario, si se concluye que la norma no es inconstitucional, la negativa del amparo debe hacerse extensiva al acto de aplicación, cuando éste no se reclame por vicios propios, pero si se concluye que la norma general no es inconstitucional y el acto de aplicación se reclama también por vicios propios, entonces será la ocasión para analizar éstos. En el caso, la parte quejosa se duele esencialmente de que la fracción I, del artículo 43 de la Ley que crea el Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, específicamente los incisos h) e i), no prevén la posibilidad de que, sin más trámite, se deniegue la inscripción, pues no se le otorga una adecuada defensa, garantía tutelada en el artículo 14 Constitucional. De igual manera, alega que el artículo tildado de inconstitucional es contrario a los artículos 21.1 y 21.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, toda vez que no establece de modo claro los supuestos en los que podrá limitarse el derecho de propiedad negándose su inscripción en el registro público; y tampoco se justifica el interés social por el que se negó la inscripción la inscripción de un acto definitivo de propiedad con motivo de un acto provisional de traslación de dominio. El artículo 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, prevé: "Artículo 14. Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho. (.)" Ahora bien, el artículo 43, fracción I, de la Ley que crea el Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, a letra dice: "Artículo 43. Los Registradores calificarán, bajo su responsabilidad, los documentos que se presenten para la práctica de alguna Inscripción o Anotación, la que: I. Denegarán cuando: a) El Título presentado no sea de los que deben inscribirse o anotarse; b) El documento no revista las formas extrínsecas que establezca la Ley; c) El fedatario público o funcionario ante quien se haya otorgado o ratificado el documento, no haya hecho constar la capacidad de los otorgantes o cuando sea notoria la incapacidad de éstos; d) Haya incompatibilidad entre el texto del documento y los asientos del registro, así como cuando exista en el contenido del documento; f) El contenido sea contrario a las leyes prohibitivas o de interés público; g) La primera Inscripción en el Registro Público, no mencione los antecedentes que acrediten la adquisición, la existencia y el origen del predio; h) No se acredite haber cubierto las obligaciones fiscales que genere la celebración del acto o convenio, o i) Falte algún otro requisito, que para su Inscripción deba contener el documento, de acuerdo con esta Ley u otras leyes aplicables. II. Suspenderá cuando se materialicen los demás casos que para tal efecto establezca el Reglamento y otras disposiciones aplicables." Por su parte, el artículo 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, establece: "ARTÍCULO 21. Derecho a la Propiedad Privada 1. Toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes. La ley puede subordinar tal uso y goce al interés social. 2. Ninguna persona puede ser privada de sus bienes, excepto mediante el pago de indemnización justa, por razones de utilidad pública o de interés social y en los casos y según las formas establecidas por la ley. (.)" De los preceptos antes transcritos, se advierte que el artículo 14 Constitucional, contempla el derecho de audiencia y consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento. Dichas formalidades esenciales del procedimiento son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y, 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse los requisitos enunciados, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia que protege el artículo 14 Constitucional. Del segundo artículo, se advierte se le atribuye competencia al Registrador de Registro Público, para que pueda emitir una calificación registral, sin embargo, deberá de denegarse dicha inscripción cuando: a) El Título presentado no sea de los que deben inscribirse o anotarse; b) El documento no revista las formas extrínsecas que establezca la Ley; c) El fedatario público o funcionario ante quien se haya otorgado o ratificado el documento, no haya hecho constar la capacidad de los otorgantes o cuando sea notoria la incapacidad de éstos; d) Haya incompatibilidad entre el texto del documento y los asientos del registro, así como cuando exista en el contenido del documento; e) No se individualicen los bienes del deudor sobre los que se constituya un derecho real, o cuando no se fije la cantidad máxima que garantice un gravamen en el caso de obligaciones de monto indeterminado, salvo cuando ya estén establecidas las bases para determinar el monto de la obligación garantizada; f) El contenido sea contrario a las leyes prohibitivas o de interés público; g) La primera Inscripción en el Registro Público, no mencione los antecedentes que acrediten la adquisición, la existencia y el origen del predio; h) No se acredite haber cubierto las obligaciones fiscales que genere la celebración del acto o convenio, o i) Falte algún otro requisito, que para su Inscripción deba contener el documento, de acuerdo con esta Ley u otras leyes aplicables. Por otra parte, el artículo 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, establece que toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes y, que ninguna persona puede ser privada de sus bienes, excepto mediante el pago de indemnización justa, por razones de utilidad pública o e interés social y en los casos y según las firmas establecidas por la ley. En estas condiciones, esta juzgadora primeramente se pronunciará respecto al primer concepto de violación que hace valer la quejosa, consistente en que el artículo tildado de inconstitucional no prevé la posibilidad de que, sin más trámite, se deniegue la inscripción, pues no se le otorga una adecuada defensa, contenido en el artículo 14 Constitucional; el cual, es infundado por las siguientes razones. Es dable precisar que, si bien la ley de que se trata no establece una prevención antes de denegar la inscripción que se solicite; también se advierte que, la citada ley no prohíbe presentar nuevamente la solicitud de inscripción una vez que se subsanen y se cumpla con los requisitos correspondientes. Por tanto, esta juzgadora considera que el citado artículo tildado de inconstitucional no viola la garantía de audiencia contenida en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que no priva a la quejosa de derecho alguno, pues no suprime en forma absoluta el derecho de éstos a realizar inscripciones en el Registro Público de la Propiedad, toda vez que pueden ejercerlo una vez que el título de propiedad cumpla con los requisitos correspondientes, motivo por el cual no amerita que antes de la calificación que realiza el registrador se les otorgue la indicada garantía constitucional. Sustenta a lo anterior, la tesis 1a. CCXXXIX/2011 (9a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y texto: "REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ. LOS ARTÍCULOS 68 Y 71 DE LA LEY QUE LO REGULA, NO VIOLAN LA GARANTÍA DE AUDIENCIA. Los citados preceptos legales, al establecer que el registrador sólo podrá inscribir los títulos de propiedad -distintos a instrumentos públicos otorgados ante notario o resoluciones judiciales o administrativas certificadas- sobre bienes inmuebles que hagan referencia a sus antecedentes registrales y, en caso contrario, devolverá el título sin registrar, fundando y motivando la negativa del registro, siendo necesaria resolución judicial para que se realice, no violan la garantía de audiencia contenida en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que no privan a los gobernados de derecho alguno, pues no suprimen en forma absoluta el derecho de éstos a realizar inscripciones definitivas en el Registro Público de la Propiedad, toda vez que pueden ejercerlo una vez que el título de propiedad cumpla con los requisitos que la ley establece, motivo por el cual no amerita que antes de la calificación que realiza el registrador se les otorgue la indicada garantía constitucional." Máxime que el argumento de inexistencia de un procedimiento que permita la defensa de sus derechos guarda relación más estrecha con una omisión por parte del legislativo, y no con lo expresamente regulado. Ahora, respecto su concepto de violación consistente en que el artículo tildado de inconstitucional es contrario a los artículos 21.1 y 21.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, toda vez que no establece de modo claro los supuestos en los que podrá limitarse el derecho de propiedad negándose su inscripción en el registro público; y tampoco se justifica el interés social por el que se negó la inscripción la inscripción de un acto definitivo de propiedad con motivo de un acto provisional de traslación de dominio. Dicho concepto de violación resulta de igual manera infundado, por las siguientes consideraciones. Ahora bien, es de recordarse que, las inscripciones de los actos jurídicos ante el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, tiene únicamente efectos declarativos y no constitutivos; es decir, el derecho de propiedad no se crea u origina a raíz de su inscripción en el Registro Público, sino que dicha inscripción tiene sólo el efecto de darle publicidad a un derecho ya existente, que fue corroborado y celebrado ante un Notario Público; sin embargo, ello no exime de revisar y cerciorarse que la documentación que le es puesta para su inscripción, cumple con los requisitos formales para su inscripción. Apoya lo expuesto, la tesis de la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte Justicia de la Nación, que a la letra dice: "REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD. PRINCIPIO DE LA FE PUBLICA REGISTRAL. De lo que disponen los artículos 3006 y 3007 del Código Civil, se desprende que en el sistema de nuestro Registro Público de la Propiedad, sus asientos son meramente declarativos; sin embargo y sólo en garantía de la seguridad del tráfico inmobiliario y en beneficio del tercero que adquiere confiado en el registro a título oneroso y de buena fe, entre en juego el principio registral llamado de la fe pública registral, por cuya virtud el contenido del asiento se reputa verdadero, aun cuando pudiera no serlo porque fuera contra la realidad jurídica, atribuyéndole a la inscripción una validez juris et de jure independiente de la validez y aun de la existencia del título que pudo haberlo creado; es decir, se otorga a la inscripción una sustantividad a virtud de lo cual se llega a admitir el caso de que el titular registral transmita algo que no esta en su patrimonio y que el tercer adquirente de buena fe y a título oneroso se convierta en su propietario por obra exclusiva del registro contra todos los principios del derecho civil relativos a las fuentes de las obligaciones. Evidentemente esta adquisición tabular de la propiedad es una adquisición a non dominio; y esto, que es la aplicación del principio de la fe pública registral, es posible gracias al artículo 3007 citado. Pero este tipo de adquisición sólo se admite en forma excepcional cautelosa y condicionada al supuesto de hecho integrado por la concurrencia de todos los requisitos o circunstancias que el dispositivo citado establece y son: a) La existencia de un negocio jurídico de adquisición a favor del tercero; b) Que esa adquisición sea a título oneroso; c) Que lo sea también de buena fe; ch) Que tal negocio jurídico sea válido en si mismo; d) Que dicho negocio jurídico se inscriba; e) Que el que en este negocio actúa de transferente sea aquél que según el registro aparezca con facultad para transmitir, y f) Que el derecho del otorgante se anule o resuelva en virtud del título anterior no inscrito o de causas que no resulten claramente del mismo registro." De igual modo, apoya a lo anterior la tesis de la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte Justicia de la Nación, que a la letra dice: "REGISTRO PUBLICO, EFECTOS DE LAS INSCRIPCIONES HECHAS EN EL. Las inscripciones hechas en el Registro Público de la Propiedad tienen efectos declarativos y no constitutivos, de tal manera que los derechos provienen del acto jurídico declarado, pero no de la inscripción, cuya finalidad es dar publicidad al acto y no constituir el derecho." Siendo que, el mero acto de inscribir el acto jurídico no constituye un acto que prive a la quejosa de su propiedad, pues como lo establece la ley de que se trata los registradores tienen la facultad de examinar y valorar, bajo su más estricta responsabilidad, si los documentos que se presentan para su registro son susceptibles de inscribirse o anotarse y si los mismos cumplen con los requisitos establecidos en las disposiciones legales conducentes, a efecto de autorizar, suspender o negar su trámite en el Registro Público. De igual manera, la función registral se rige bajo diversos principios, entre los que para este caso interesa están la publicidad e inscripción, que consisten en hacer del conocimiento del público las inscripciones para que éstas puedan ser oponibles a terceros; el rogación, que implica que solo las partes legitimadas pueden solicitar la inscripción de los títulos, y el de legalidad, que impide se inscriban en el registro títulos contrarios a derecho o irregulares y faculta al registrador para calificar estas circunstancias. Ilustra a lo anterior, la tesis I.3o.C.600 C, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de rubro y texto siguientes: "REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD. PRINCIPIOS FUNDAMENTALES QUE LO RIGEN. El Registro Público de la Propiedad no genera, por sí mismo, la situación jurídica a la que da publicidad, esto es, no constituye la causa jurídica de su nacimiento, ni tampoco es el título del derecho inscrito, sino que se limita por regla general a declarar, a ser "un reflejo" de un derecho nacido extraregistralmente mediante un acto jurídico que fue celebrado con anterioridad por las partes contratantes, y la causa o título del derecho generado es lo que realmente se inscribe o se asienta en la anotación relativa con la finalidad de hacerlo del conocimiento de terceros, se declara así para que sea conocido por quienes acudan a consultar sus folios y adquieran certeza jurídica del estado que guardan los bienes sobre los que muestran interés. Por las razones aludidas, en el Registro Público de la Propiedad existen una serie de principios fundamentales, a saber: El de publicidad, conforme al cual el público además de tener acceso a las inscripciones, también tiene el derecho de enterarse de su contenido; el de inscripción, por el que los derechos nacidos extraregistralmente pueden ser oponibles a terceros; el de especialidad, que exige determinar en forma precisa el bien o derecho de que se trate; el de consentimiento, en virtud del cual sólo puede modificarse una inscripción, con la voluntad de la persona titular, y el titular del registro debe consentir la modificación de ese asentamiento; el de tracto sucesivo, que impide el que un mismo derecho real esté inscrito al mismo tiempo a nombre de dos o más personas, a menos que se trate de copropiedad, puesto que toda inscripción tiene un antecedente y debe extinguirse para dar lugar a una nueva; el de rogación, que prohíbe al registrador practicar inscripciones de motu proprio, pues es necesario para ello que quien lo solicite se encuentre legitimado, esto es, debió ser parte en el acto o bien tratarse del notario autorizante de la escritura o el Juez del conocimiento; el de propiedad, que es uno de los pilares del registro, y conforme al cual ante la existencia de dos títulos contradictorios, prevalece el primero que se hubiese inscrito; el de legalidad, que impide se inscriban en el registro títulos contrarios a derecho o irregulares y faculta al registrador para calificar estas circunstancias; el de tercero registral, conforme al cual, para efectos del registro, se entiende por tercero a quien sin ser parte en el acto jurídico que originó la inscripción, tiene un derecho real sobre el bien inscrito; y finalmente, el de fe pública registral o legitimación registral, cuyo efecto es que se tenga por verdad legal en relación con un derecho real inmobiliario, lo que aparece asentado en el Registro Público; principios todos ellos que se encuentran contenidos en los artículos 3001, 3003, 3009, 3010, 3013, 3015, 3030, 3031, 3064 del Código Civil para el Distrito Federal." En ese sentido, se colige que el artículo 43, fracción I, de la Ley que crea el Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, no restringe su derecho de propiedad o posesión sobre el predio rústico con número de tablaje 23215 del ejido de Chichi, municipio de Mérida, Yucatán, por tanto, no es contrario al artículo 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en la medida que este precepto prevé que toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes y, que ninguna persona puede ser privada de sus bienes, excepto mediante el pago de indemnización justa, por razones de utilidad pública o e interés social y en los casos y según las firmas establecidas por la ley; lo cual por sí mismo, no demuestra que la norma impugnada sea contrario a la norma internacional, pues en esta norma se prevé que nadie puede ser privado de sus bienes, sin embargo, ello no se ve limitado por el artículo impugnado; pues únicamente prevé requisitos que se deben de cumplir para que se lleve a cabo una inscripción. En tales condiciones, se concluye que el artículo 43, fracción I, de la Ley que crea el Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, no es violatorio del debido proceso contenido en el artículo 14 Constitucional, ni contrario al artículo 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; en consecuencia, ante lo infundado de los motivos de disenso, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado, por cuanto hace a la inconstitucionalidad de la citada disposición normativa. Octavo. Estudio de fondo relativo al acto de aplicación (boleta negativa de inscripción). Los conceptos de violación respecto a dicho acto de aplicación resultan infundados e inoperantes, como a continuación se expondrá. Ahora bien, la quejosa sostiene en sus conceptos de violación que se viola en su perjuicio los derechos fundamentales que contienen los artículos 16 y 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues alega, lo siguiente: Que el acto reclamado por el cual la autoridad responsable se niega a registrar en el folio electrónico 625796 la escritura pública que le fue presentada, fue emitido sin fundamentación ni motivación, ni se atendió al principio de continuidad traslativa. Que la registradora denegó el trámite de que se trata porque existía incompatibilidad entre la escritura pública presentada y los asientos del registro, porque aparentemente se había anotado con antelación un aviso definitivo correspondiente a una diversa escritura de fecha veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno a favor de Mariana Avilés Sosa. Que la registradora debió preferir la inscripción del título de propiedad más antiguo, pues el de fecha veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno, debía presumirse nulo por no provenir del último propietario del bien, ya que existía la escritura pública de la quejosa que es de fecha anterior (seis de enero de dos mil quince). Que la registradora denegó la inscripción de la escritura de que se trata porque la misma no revestía las formalidades extrínsecas que señala la ley, pues no se acompañaron diversos requisitos que debían adjuntarse al referido acto jurídico. Los argumentos antes sintetizados resultan infundados e inoperantes, como a continuación se observará. En primer término, resulta necesario precisar los motivos que tuvo en cuenta la autoridad para rechazar la inscripción de la escritura pública. 1.- DE LA REVISION DEL ASIENTO REGISTRAL DEL INMUEBLE OBJETO DEL ACTO JURÍDICO O CONTRATO CUYA INSCRIPCIÓN SE PRETENDE SE APRECIA EL REGISTRO DE UN AVISO DEFINTIVO CON NÚMERO DE INSCRIPCIÓN 2928141. FUNDAMENTO ARTÍCULOS: 35 Y 43, FRACCIÓN I, INCISO D, DE LA LEY QUE CREA EL INSTITUTO DE SEGURIDAD JURÍDICA PATRIMONIAL DE YUCATÁN. 2.- EL ACTA QUE SE VINCULA A LA FORMA PRECODIFICADA ESTÁ INCOMPLETA EN EL FORMATO PDF (VER PROEMIO) Y EN EL FORMATO WORD EXISTE INCONGRUENCIA EN CUANTO A LOS QUE COMPARECEN (SE MENCIONA COMO COMPARECIENTE A LA SEÑORA MARÍA CLAUDINA POOT CHABLE ALIAS CLAUDINA POOT CHABLE CUANDO DE ACUERDO AL TESTIMONIO ELLA ES UNO DE LOS AUTORES DE LA SUCESION). FUNDAMENTO: ARTÍCULOS 4, FRACCIÓN XIII, Y 43, FRACCIÓN I, INCISOS B, I, DE LA LEY QUE CREA EL INSTITUTO DE SEGURIDAD JURÍDICA PATRIMONIAL DE YUCATÁN Y 28. DEL REGLAMENTO DE LA LEY QUE CREA EL INSTITUTO DE SEGURIDAD JURIDICA PATRIMONIAL DE YUCATÁN. 3.- SE OMITIO EL PROYECTO DE PARTICION DEL BIEN INMUEBLE OBJETO DE LA SUCESIÓN DE REFERENCIA PARA LLEVAR A CABO LA PROTOCOLIZACIÓN DEL MISMO Y POSTERIOR ADJUDICACION. FUNDAMENTO: ARTÍCULOS 4, FRACCIÓN XIII, Y 43, FRACCIÓN I, INCISOS B, I, DE LA LEY QUE CREA EL INSTITUTO DE SEGURIDAD JURÍDICA PATRIMONIAL DE YUCATÁN; 654 Y 655, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS FAMILIARES DEL ESTADO DE YUCATÁN Y 28, DEL REGLAMENTO DE LA LEY QUE CREA EL INSTITUTO DE SEGURIDAD JURÍDICA PATRIMONIAL DE YUCATÁN. 4.- NO SE ACREDITÓ HABER CUBIERTO EL IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES, TODA VEZ QUE FALTÓ ACOMPAÑAR LOS DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES. FUNDAMENTO. ARTÍCULOS 43, FRACCIÓN I, INCISOS B, H, I, DE LA LEY QUE CREA EL INSTITUTO DE SEGURIDAD JURÍDICA PATRIMONIAL DE YUCATÁN; 54, 55, 56, 57, 61, 62 Y 64, DE LA LEY DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE MÉRIDA. 5. NO SE ACREDITÓ LA EXENCIÓN O, EN SI CASO, EL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR LOS INGRESOS OBETENITOS POR LA ENAJENACIÓN DE BIENES INMUEBLES, TODA VEZ QUE SE OMITIÓ ACOMPAÑAR LA CONSTANCIA DE OPERACIONES QUE CONTENGA LA INFORMACIÓN NECESARIA DE LA OPERACIÓN CONSIGNADA EN LA ESCRITURA PÚBLICA DE ENAJENACIÓN DE BIENES CON EL DOCUMENTO DE RECEPCIÓN EXITOSADE LA AUTORIDAD. FUNDAMENTO: ARTÍCULOS 43, FRACCIÓN I, INCISOS B, I, H, DE LA LEY QUE CREA EL INSTITUTO DE SEGURIDAD JURÍDICA PATRIMONIAL DE YUCATÁN; 93, FRACCIÓN XIX, DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA; 27, PÁRRAFOS NOVENO Y DÉCIMO DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN Y RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2019: REGLA 3.15.6, ANEXO 1, RUBRO A, NUMERAL 2, ANEXO 1-A TRAMITE 151/CÓDIGO FISCAL FEDERAL. 6. NO SE ACREDITÓ HABER CUBIERTO EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA A LA ENTIDAD FEDERATIVA, TODA VEZ QUE FALTÓ ACOMPAÑAR EL RECIBO DE PAGO DE DICHO IMPUESTO CON LA DECLARACIÓN CORRESPONDIENTE. FUNDAMENTO: ARTÍCULOS 43, FRACCIÓN I, INCISOS B, I, DE LA LEY QUE CREA EL INSTITUTO DE SEGURIDAD JURÍDICA PATRIMONIAL DE YUCATÁN; 119 Y 126 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA. 7.- FALTÓ ACUMULAR AL TESTIMONIO LAS RENUNCIAS AL DERECHO DE PREFERENCIA DEL AYUNTAMIENTO Y DEL GOBIERNO DEL ESTADO, O BIEN, EL DOCUMENTO EXPEDIDO POR LA OFICINA DE DESARROLLO URBANO CON EL CUAL SE ACREDITE QUE EL INMUEBLE OBJETO DEL ACTO JURÍDICO O CONTRATO CUYA INSCRIPCIÓN SE PRETENDE ESTE UBICADO FUERA DE LA ZONA DE RESERVA DE CRECIMIENTO. FUNDAMENTO: ARTÍCULOS 43, FRACCIÓN I, INCISOS B, I, DE LA LEY QUE CREA EL INSTITUTO DE SEGURIDAD JURÍDICA PATRIMONIAL DE YUCATÁN; 56 DE LA LEY DE ASENTAMIENTOS HUMANOS DEL ESTADO DE YUCATÁN. 8. FALTÓ ACOMPAÑAR EN EL ARCHIVO ELECTRÓNICO, EL DERECHO DE INSCRIPCIÓN PARA EL REGISTRO SOLICITADO, TODA VEZ QUE DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE LA MATERIA LA PRESENTE SOLICITUD NO ESTÁ EXENTA DE DICHO PAGO. FUNDAMENTO: ARTÍCULOS 4, FRACCIÓN XIII Y 43, FRACCIÓN I, INCISOS B, H, I, DE LA LEY QUE CREA EL INSTITUTO DE SEGURIDAD JURÍDICA PATRIMONIAL DE YUCATÁN; 59, FRACCIÓN II, DE LA LEY GENERAL DE HACIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN Y 28, DEL REGLAMENTO DE LA LEY QUE CREA EL INSTITUTO DE SEGURIDAD JURÍDICA PATRIMONIAL DE YUCATÁN. Al respecto puede advertirse que el primer motivo de rechazo en relación a la inscripción gestionada ante la autoridad Registral, es en razón de que se hizo un aviso definitivo con la finalidad de prevenir cualquier enajenación posterior a favor de terceros, lo que fue solicitado mediante memorial de fecha veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno, por el Abogado Jorge H. Aguilar y Aguilar, Titular de la Notaría Número siete, con residencia en esta ciudad, a fin de inscribir la escritura pública número cuatrocientos sesenta y uno, de fecha veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno, que contiene la adjudicación a título de herencia y contrato de compraventa a favor de Mariana Avilés Sosa. Ahora bien, de las constancias que obran en los presentes autos se advierte que en el predio en cuestión existe un aviso definitivo para evitar que terceros adquirieran el inmueble en cuestión, pues tenía estipulada su compra, y por su parte, la quejosa pretendía realizar la inscripción del inmueble en razón de la adquisición que hizo de éste el seis de enero de dos mil quince. De lo anterior se sigue que ambas partes realizaron la adquisición del mismo bien inmueble, por lo que se sigue que el punto en controversia es quien tiene mejor derecho sobre ese bien, en el entendido de que por un lado se hizo la anotación definitiva de la escritura pública número cuatrocientos sesenta y uno, de fecha veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno, que contiene la adjudicación a título de herencia y contrato de compraventa a favor de Mariana Avilés Sosa para evitar enajenaciones a terceros; y por su parte, la quejosa señala que adquirió el bien mediante un contrato de compraventa en el año dos mil quince por lo que su pretensión -y por su negativa es que se da el presente juicio- era inscribir ante el Registro Público de la Propiedad la escritura pública nueve. En esos términos, se tiene que el punto jurídico a dilucidarse es si la escritura pública número cuatrocientos sesenta y uno, es nula -o no- por su parte, la quejosa alega que desde el dos mil quince realizó un contrato de compraventa pese a la anotación que se realizó ante el Registro Público de la Propiedad. Entonces, ante lo expuesto, resulta evidente que nos encontramos ante una controversia de carácter privado a fin de determinarse el derecho de propiedad del bien inmueble de mérito, por lo que previo a acudir al juicio de amparo debe dilucidarse este tema ante los tribunales del orden civil, pues si bien el acto reclamado lo es la negativa dada por la autoridad responsable a realizar la inscripción del bien inmueble, tema que si es materia del juicio de amparo al tratarse de determinar la constitucionalidad de un acto de una autoridad administrativa, sin embargo, el motivo de la negativa es una cuestión que debe resolverse previamente ante los tribunales del orden común, por lo que al no haberse dilucidado previamente esta cuestión, hace apegada a derecho la negativa de la responsable de inscribir el bien inmueble, pues de hacerlo sin que previamente una autoridad jurisdiccional resuelva esta cuestión se estarían afectando derechos de terceros; en ese sentido, los conceptos de violación tendentes a evidenciar la falta e indebida fundamentación y motivación en el rechazo de la inscripción devienen infundados. Al respecto resulta aplicable la jurisprudencia de la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "PROPIEDAD, PROCEDENCIA DEL AMPARO CONTRA VIOLACIONES AL DERECHO DE. La jurisprudencia que la Suprema Corte de Justicia ha establecido, en el sentido de que las cuestiones de propiedad no pueden decidirse en el juicio de garantías, sin que antes hayan sido resueltas por las autoridades judiciales correspondientes, sólo significa que en el juicio constitucional no puede determinarse a quién de dos partes contendientes corresponde la propiedad de un bien cuestionado; pero cuando no existe tal disputa y se reclama la violación del derecho de propiedad y éste se ha acreditado en debida forma, el amparo es procedente, por violación de las garantías que consagra el artículo 14 constitucional, pues este precepto garantiza contra la privación, sin forma de juicio, no sólo de la posesión, sino de cualquier derecho." También sustenta a lo anterior, en lo conducente el criterio sustentado en la tesis VIII.2o.44 C, del Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, de rubro y texto siguientes: "REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD. INSCRIPCIONES QUE NO HAN SIDO DECLARADAS NULAS JUDICIALMENTE. Los actos o contratos que otorgaron y celebraron personas, que según la inscripción del registro, aparecían con derecho para ello, no pueden dejar de surtir efectos mientras la nulidad de esa inscripción no se declare judicialmente; por lo tanto, como el juicio constitucional no constituye el medio idóneo para examinar pruebas, o para resolver cuestiones de propiedad, por encontrarse estas facultades encomendadas exclusivamente a los tribunales de instancia, es evidente que no puede ampararse al quejoso para que se impida que surtan sus efectos tales actos, porque esto sería en provecho del promovente del amparo, pero con evidente menoscabo de la protección jurídica que la Constitución y la ley secundaria garantizan al adquirente de un derecho que procede de buena fe y que no ha sido oído ni vencido en el juicio correspondiente." Por otra parte, de la demanda de amparo, se advierte que la quejosa plantea conceptos de violación en contra de los otros motivos de rechazo de la inscripción de la escritura pública -el correspondiente al pago de derechos y omisiones de documentos-, sin embargo, al no poderse determinar la inconstitucionalidad del primer motivo de rechazo por las razones ya expuestas, en consecuencia, hace que los restantes conceptos de violación resulten inoperantes. En efecto, como se precisó con anterioridad, la responsable para sustentar su negativa, expresó las consideraciones antes transcritas, marcadas con los incisos 1) a 8), las cuales resultan autónomas e independientes entre sí, y suficientes cada una de ellas para regir su sentido, en virtud de que por razones diversas, llevaron a la registradora responsable a negar la inscripción de la escritura pública nueve. En ese contexto, si quedó firme la consideración marcada con el inciso 1), por resultar infundados los motivos de inconformidad tendentes a evidenciar su ilegalidad, al no poderse dilucidar esa cuestión en el juicio de amparo sin previo acudir ante los tribunales del orden civil, esa circunstancia lleva a declarar inoperantes los restantes argumentos formulados; puesto que ni aun resultando fundados lograrían cambiar el sentido de la resolución reclamada, ya que basta la firmeza de aquella para continuar rigiendo su sentido, es decir, para que continúe subsistiendo la negativa a inscribir la escritura pública, ya que esta por sí sola la sustenta. Resulta aplicable al caso por analogía, la tesis aislada 2a. XCVI/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "AGRAVIOS INOPERANTES EN LA RECLAMACIÓN. LA DESESTIMACIÓN DE LOS ENCAMINADOS A COMBATIR UNA RAZÓN QUE POR SÍ MISMA SUSTENTA EL SENTIDO DEL ACUERDO RECURRIDO, HACE INNECESARIO EL ESTUDIO DE LOS DEMÁS. Si del acuerdo de presidencia recurrido se advierte que se expusieron varias razones para sostener su sentido y de su estudio se aprecia que cada una, por sí misma, es suficiente para justificarlo, es inconcuso que al desestimarse los agravios dirigidos a combatir una de ellas, tal circunstancia hace innecesario el estudio de los demás, pues ni resultando fundados cambiarían el sentido del acuerdo impugnado." Por todo lo anterior, al resultar infundadas e inoperantes las manifestaciones expuestas por la parte quejosa en sus conceptos de violación y al no advertirse que la resolución reclamada sea violatoria, lo procedente es NEGAR EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA DE LA UNIÓN a Silvia del Carmen Santos Várguez, por los motivos expuestos en la presente resolución. Por lo anteriormente expuesto, fundado se: R E S U E L V E: Primero. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Silvia del Carmen Santos Várguez, contra actos que reclamó del Titular de la Notaría Pública número noventa y siete del Estado de Yucatán, por los motivos expuestos en la presente resolución. Segundo. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a Silvia del Carmen Santos Várguez, contra actos que reclamó del Director del Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, con sede en esta ciudad y otras autoridades, por los motivos expuestos en la presente resolución. Notifíquese personalmente; publíquese la sentencia con supresión de datos personales, captúrese el día de su publicación, con la certificación secretarial respectiva, y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Así lo resolvió y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, asistida por Erika Esther Góngora Barbosa, Secretaria de Juzgado con quien actúa, hoy treinta de junio de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores de este Juzgado. Doy fe.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · 12,065 expedientes
- Millian Arturo Zaldivar Euan179/2016
- Milton Alvarez Martinez1172/2023
- Milton Armin Salazar May1414/2021
- Milton Armin Salazar May1244/2021
- Milton Carlo Acereto Solís2612/2022
- Milton Ruiz Guerrero2213/2022
- Minelda del Rosario Cordero Noh226/2020
- Minelda del Rosario Cordero Noh225/2020
- Minelia del Socorro Galera Vidal640/2018
- Minerva Cassandra Gutierrez Ramirez1159/2021
- Minerva Hortencia Cardoza Vega1460/2016
- Minerva Lilia Esquivel Gamboa2796/2022