Milton Fernández Valencia
Expediente 1505/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 19 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1505/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 19
- Última actuación
- 29/11/2019
Partes del expediente
- Milton Fernández Valencia
- Titular de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, ciudad
Actuaciones
Las 4 más recientes de 19.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve. Vista la certificación que antecede y el estado de autos, este órgano jurisdiccional, de oficio se pronuncia sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria, tomando en consideración en su caso, las constancias que obran en autos. Previo al análisis del cumplimiento dado por la autoridad responsable, es necesario establecer que los efectos y alcances de la ejecutoria de amparo en comento fueron los siguientes: a) Deje sin efecto todo lo actuado dentro del procedimiento administrativo disciplinario número ********************, a partir del auto admisorio de veintiséis de diciembre de dos mil dieciocho, hasta la Audiencia de Ley de veintidós de enero de dos mil diecinueve. b) Emita un nueva determinación en la que ordene la radicación del archivo de investigación instaurado contra el quejoso, siguiendo los lineamientos del Reglamento de la Comisión de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y lo establecido en esta sentencia, es decir, deberá realizar lo siguiente: 1) Ordenar que al momento de la notificación y emplazamiento, se corra traslado al aquí quejoso ******************, con la totalidad de las copias de las constancias que integran el archivo de investigación ****************** 2) Fijar un plazo razonable para la Audiencia de Ley, atendiendo a la naturaleza de la imputación, a fin de que pueda preparar adecuadamente su defensa; y, 3) Dejar insubsistente la orden de suspensión de sueldo, para el efecto de que, durante el tiempo que dure el procedimiento de responsabilidad a que se encuentra sujeto el quejoso ****************** se le proporcione el treinta por ciento del ingreso real que percibía el citado quejoso -al momento de la suspensión de sus percepciones-, no inferior al salario tabular más bajo que se cubra en la institución en la que laboraba el servidor público al decretarse la suspensión. Tiene sustento lo aquí determinado, por las razones que la componen, en la Jurisprudencia P./J. 2/2017 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, registro 2013718 , que dice: "RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. EL ARTÍCULO 21, FRACCIÓN V, DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, QUE PERMITE LA SUSPENSIÓN TEMPORAL EN EL EMPLEO Y LA RETENCIÓN DE PERCEPCIONES, DEBE INTERPRETARSE EN EL SENTIDO DE QUE EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL PREVENDRÁ UN INGRESO MÍNIMO PARA LA SUBSISTENCIA DEL SERVIDOR PÚBLICO DURANTE EL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO, HASTA EN TANTO NO SE DICTE LA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA QUE DETERMINE AQUÉLLAS. En concordancia con los principios de presunción de inocencia y derecho al mínimo vital, previstos en los artículos 1o., 3o., 4o., 6o., 13, 14, 16, 17, 27, 31 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 8, numeral 2, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que potencializan significativamente la protección de la dignidad humana, se concluye que el artículo 21, fracción V, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, en cuanto permite la suspensión temporal en el empleo y la retención de las percepciones del servidor público que es investigado, resulta conforme con el texto de la Norma Fundamental, particularmente con su artículo 113, siempre y cuando se interprete en el sentido de que la autoridad administrativa sancionadora contemple en el acuerdo de inicio del procedimiento de responsabilidades, el pago de una cantidad equivalente al salario o ingreso mínimo de subsistencia, esto es, desde el momento en que el servidor público es notificado del inicio del procedimiento de responsabilidad y suspendido en sus labores y, por ende, en el pago de sus emolumentos, durante el periodo en que se lleven a cabo las investigaciones respectivas y hasta en tanto la autoridad no dicte la resolución que ponga fin al procedimiento de responsabilidad. En esa virtud, la autoridad instructora debe garantizar el derecho a un ingreso mínimo para la subsistencia del presunto responsable; de ahí que, en forma simultánea, habrá de determinar la cantidad que le otorgará para cubrir sus necesidades básicas de alimentación, vestido, vivienda, salud, entre otras, la cual deberá ser equivalente al 30% de su ingreso real y nunca inferior al salario tabular más bajo que se cubra en la institución en la que laboraba el servidor público al decretarse la suspensión, dependiendo de la gravedad de la infracción cometida, y que deberá cubrirse hasta en tanto se dicte resolución administrativa en el procedimiento de origen, pues sólo en el supuesto de que se determine su responsabilidad y se le destituya del cargo de manera definitiva, al haber sido desvinculado de la institución, podrá buscar otra fuente de ingresos". Ahora, mediante auto de once de noviembre de dos mil diecinueve, se tuvo por recibido el testimonio de la ejecutoria dictada por el Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Vigésimo Circuito, con sede en esta ciudad, en el recurso de revisión ******************, de su índice, en la que declaro improcedente el recurso intentado, y se requirió el cumplimiento a las referidas autoridades responsables (fojas 184 y 185). Por su parte, el normativo 196, de la Ley de Amparo establece: "Artículo 196. Cuando el órgano judicial de amparo reciba informe de la autoridad responsable de que ya cumplió la ejecutoria, dará vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado, para que dentro del plazo de tres días manifiesten lo que a su derecho convenga. En los casos de amparo directo la vista será de diez días donde la parte afectada podrá alegar el defecto o exceso en el cumplimiento. Dentro del mismo plazo computado a partir del siguiente al en que haya tenido conocimiento de su afectación por el cumplimiento, podrá comparecer la persona extraña a juicio para defender su interés. Transcurrido el plazo dado a las partes, con desahogo de la vista o sin ella, el órgano judicial de amparo dictará resolución fundada y motivada en que declare si la sentencia está cumplida o no lo está, si incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. La ejecutoria se entiende cumplida cuando lo sea en su totalidad, sin excesos ni defectos. Si en estos términos el órgano judicial de amparo la declara cumplida, ordenará el archivo del expediente. Si no está cumplida, no está cumplida totalmente, no lo está correctamente o se considera de imposible cumplimiento, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda, como establece, en lo conducente, el artículo 193 de esta Ley". De lo anterior se desprende que a fin de determinar si en este caso la autoridad responsable cumplió con la ejecutoria de amparo, debe analizarse en su integridad la resolución que constituye la materia del cumplimiento, a efecto de verificar que las obligaciones básicas hayan sido correctamente cumplidas pues incluso, es factible en el nuevo esquema de cumplimiento que el órgano que conoció del juicio de amparo, se pronuncie sobre un posible cumplimiento defectuoso o excesivo. Precisado lo anterior, este juzgado estima que en el caso se encuentra cumplida la ejecutoria de amparo, toda vez que el Jefe de la Unidad de Apoyo Jurídico de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, residente en esta ciudad, mediante auto de quince de noviembre de dos mil diecinueve, emitido en el procedimiento disciplinario adversarial ******************, dejó insubsistente todo lo actuado dentro del mencionado procedimiento, a partir del auto admisorio de veintiséis de diciembre de dos mil dieciocho, hasta la audiencia de ley de veintidós de enero de dos mil diecinueve. Asimismo, ordenó correr traslado dejándole copia simple de la totalidad de las constancias que integran el archivo de investigación ******************, así como copia simple del proveído de quince de noviembre del año en curso; además, en el citado auto de radicación la responsable señaló las once horas con veinte minutos del diecinueve de diciembre de dos mil diecinueve, para que tenga verificativo la audiencia de ley en el procedimiento disciplinario adversarial ******************, con el fin de que el quejoso esté en posibilidad de ejercer la defensa en la forma que estime conveniente. Por otra parte, mediante acuerdo de catorce de noviembre de dos mil diecinueve, las responsables acordaron dejar insubsistente la orden de suspensión de sueldo al aquí quejoso para el efecto de que, durante el tiempo que dure el procedimiento de responsabilidad a que se encuentra sujeto el quejoso ******************, se le proporcione el treinta por ciento del ingreso real que percibía el citado quejoso -al momento de la suspensión de sus percepciones-, no inferior al salario tabular más bajo que se cubra en la institución en la que laboraba el servidor público al decretarse la suspensión, por lo que mediante oficio ****************** de quince de noviembre del año en curso, el Coordinador de Administración de esa dependencia, solicitó a la Coordinadora de Administración de Recursos Humanos de la Secretaría de Hacienda del Estado, con domicilio en esta ciudad, se continúe pagando el treinta por ciento de los salarios que le corresponden al mencionado quejoso, pues otorgó el derecho al mínimo vital. En tal virtud, la ejecutoria de amparo HA QUEDADO CUMPLIDA. Sin que este juzgado advierta que las autoridades señaladas como responsables hayan incurrido en exceso o defecto en el cumplimiento, debido a que, como ya se precisó, cumplió con la obligación a que se le constriñó sin ir más allá de lo estrictamente requerido en el fallo protector, o haberla omitido. VISTA A LAS PARTES Se da vista a las partes para los efectos del artículo 202 de la Ley de Amparo. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Depurar el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis establecida en la fracción IV del punto Vigésimo Primero, Capítulo Quinto de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se concedió el amparo solicitado que en su momento sólo quedara para su conservación la demanda y la sentencia, y se destruirán el resto de las actuaciones por considerarse que no tiene relevancia documental para su conservación; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Se dejan sin efecto las medidas cautelares decretadas en el incidente de suspensión derivado de este juicio de amparo y, en su momento, se ordena depurar el cuaderno original del mismo, ya que se actualiza la hipótesis del párrafo segundo, de la fracción III del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General Conjunto, al haberse concedido la medida cautelar de los actos reclamados. 3. Transferir el expediente principal y el cuaderno original del incidente de suspensión, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa y por oficio a las autoridades responsables.
- Incidental
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta, de la que se desprende que en esta propia fecha dentro del juicio de amparo del cual deriva este incidente de suspensión, se ordenó el archivo como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Depurar el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis establecida en la fracción IV del punto Vigésimo Primero, Capítulo Quinto de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se concedió el amparo solicitado que en su momento sólo quedara para su conservación la demanda y la sentencia, y se destruirán el resto de las actuaciones por considerarse que no tiene relevancia documental para su conservación; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Se dejan sin efecto las medidas cautelares decretadas en el incidente de suspensión derivado de este juicio de amparo y, en su momento, se ordena depurar el cuaderno original del mismo, ya que se actualiza la hipótesis del párrafo segundo, de la fracción III del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General Conjunto, al haberse concedido la medida cautelar de los actos reclamados. 3. Transferir el expediente principal y el cuaderno original del incidente de suspensión, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Notifíquese.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; diecinueve de noviembre de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos la comunicación signada por el Subprocurador de Legislación y Asuntos Jurídicos de la Procuraduría Fiscal de la Secretaría de Hacienda, residente en esta ciudad, mediante el cual informa las gestiones que ha realizado para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo; circunstancia de la que este órgano jurisdiccional toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; once de noviembre de dos mil diecinueve. Ténganse por recibidos los autos con el oficio signado por la secretaria de acuerdos del Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Vigésimo Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual remite original del juicio de amparo 1505/2019-XI y testimonio de la resolución dictada en el amparo en revisión número **************** Acúsese recibo. En la ejecutoria recibida, el Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Vigésimo Circuito, con domicilio en esta ciudad, resolvió el recurso de revisión interpuesto por la autoridad responsable Subprocurador de Legislación y Asuntos Jurídicos de la Procuraduría Fiscal de la Secretaría de Hacienda, residente en esta ciudad, determinando lo siguiente: "PRIMERO. Es improcedente el recurso de revisión interpuesto por el Subprocurador de Legislación y Asuntos Jurídicos de la Procuraduría Fiscal de la Secretaría de Hacienda. SEGUNDO. Queda firme la sentencia recurrida". En atención a lo anterior, los efectos de la concesión del amparo en la sentencia recurrida, fueron para que las autoridades responsables Titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Coordinador de Administración de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Titular de la Secretaría de Hacienda y Comisión de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado de Chiapas, todos con residencia en esta ciudad, realicen lo siguiente: a) Deje sin efecto todo lo actuado dentro del procedimiento administrativo disciplinario número ***************, a partir del auto admisorio de veintiséis de diciembre de dos mil dieciocho, hasta la Audiencia de Ley de veintidós de enero de dos mil diecinueve. b) Emita un nueva determinación en la que ordene la radicación del archivo de investigación instaurado contra el quejoso, siguiendo los lineamientos del Reglamento de la Comisión de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y lo establecido en esta sentencia, es decir, deberá realizar lo siguiente: 1) Ordenar que al momento de la notificación y emplazamiento, se corra traslado al aquí quejoso ***************, con la totalidad de las copias de las constancias que integran el archivo de investigación *************** 2) Fijar un plazo razonable para la Audiencia de Ley, atendiendo a la naturaleza de la imputación, a fin de que pueda preparar adecuadamente su defensa; y, 3) Dejar insubsistente la orden de suspensión de sueldo, para el efecto de que, durante el tiempo que dure el procedimiento de responsabilidad a que se encuentra sujeto el quejoso ***************, se le proporcione el treinta por ciento del ingreso real que percibía el citado quejoso -al momento de la suspensión de sus percepciones-, no inferior al salario tabular más bajo que se cubra en la institución en la que laboraba el servidor público al decretarse la suspensión. Tiene sustento lo aquí determinado, por las razones que la componen, en la Jurisprudencia P./J. 2/2017 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, registro 2013718 , que dice: "RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. EL ARTÍCULO 21, FRACCIÓN V, DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, QUE PERMITE LA SUSPENSIÓN TEMPORAL EN EL EMPLEO Y LA RETENCIÓN DE PERCEPCIONES, DEBE INTERPRETARSE EN EL SENTIDO DE QUE EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL PREVENDRÁ UN INGRESO MÍNIMO PARA LA SUBSISTENCIA DEL SERVIDOR PÚBLICO DURANTE EL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO, HASTA EN TANTO NO SE DICTE LA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA QUE DETERMINE AQUÉLLAS. ...". Comuníquese lo anterior a las partes, para los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno. En términos del artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables Titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Coordinador de Administración de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Titular de la Secretaría de Hacienda y Comisión de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado de Chiapas, todos con residencia en esta ciudad, para que dentro del plazo de tres días hábiles contados a partir de que reciban el oficio que al efecto se les envíe, remitan copia certificada de las constancias que acrediten el cumplimiento a la ejecutoria, anexándoles para tal efecto copia autorizada del oficio y ejecutoria de que se trata. Ahora bien, el diverso 192 del ordenamiento en cita, establece que las ejecutorias de amparo deben ser puntualmente cumplidas por las autoridades responsables y que sin demora deben ser notificadas a las partes; con el apercibimiento que de no hacerlo se continuará con el procedimiento de inejecución de sentencia a que se refieren los numerales 192 y 193 de la ley reglamentaria de los preceptos 103 y 107 constitucionales. Se apercibe a las autoridades responsables, que de no cumplir con lo anterior o de no informar el impedimento legal que tengan para ello, este Juzgado se pronunciará sobre el incumplimiento, se les impondrá una multa a cada una por el equivalente a la suma de cien Unidades de Medida y Actualización, que arroja la cantidad de $8,449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos 00/100 moneda nacional), tomando como base el valor inicial diario equivalente a $84.49 (ochenta y cuatro pesos 49/100 moneda nacional), conforme a lo establecido en lo publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil diecinueve, relativo a lo dispuesto por el artículo 4 de la Ley para determinar el valor de la Unidad de Medida y Actualización. Por otra parte, respecto al cuaderno de antecedentes que se formó para la tramitación del recurso, al resultar innecesaria su conservación, se ordena desglosar las actuaciones que se efectuaron y agregarlas para que obren como corresponda en este expediente, sin que sea necesario glosar al mismo las copias con las que se integró el citado cuaderno, de las cuales, se ordena su destrucción para evitar así dualidad de constancias innecesarias; por lo tanto, comisiónese para tal efecto al Actuario Judicial adscrito a este órgano de control constitucional. Notifíquese; y por oficio a las autoridades responsables.
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