Milton César Polo Escorcia

Expediente 43/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún. 13 actuaciones registradas, la última del 12 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
43/2022
Año
2022
Actuaciones
13
Última actuación
12/04/2022

Partes del expediente

  • Milton César Polo Escorcia

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término señalado en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa haya recurrido la sentencia dictada el veinticuatro de marzo de dos mil veintidós; por tanto, se declara que la resolución de mérito ha causado ejecutoria para todos los efectos legales correspondientes. En atención a lo anterior, glósese el original de los cuadernos incidentales, háganse las anotaciones en el libro de control correspondiente y archívese como asunto concluido. Ahora, con fundamento en el artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización transferencia y resguardo, de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se declara que este asunto carece de relevancia documental, dado que no se ubica en alguno de los supuestos que prevé dicho numeral, del Acuerdo General citado. De igual forma, se destaca que el presente expediente se sobreseyó en el juicio; sin embargo, toda vez que se concedió la suspensión de plano, se determina que es susceptible su depuración, debiéndose hacer la anotación en la carátula del expediente y en el libro de control respectivo, esto con apoyo en el artículo 18, fracción I, inciso a), del aludido acuerdo general. Por lo que respecta al original de los cuadernos incidentales es destruible, toda vez que por una parte se negó la suspensión definitiva y por otra se declaró sin materia dicho incidente, con apoyo en el artículo 21, inciso c), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización transferencia y resguardo, de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Asimismo, con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que el duplicado del incidente de suspensión es destruible, lo que podrá hacerse una vez transcurridos seis meses.

  2. Principal

    En Cancún, Quintana Roo, siendo las diez horas con veinte minutos del veinticuatro de marzo de dos mil veintidós, hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional relativa al juicio de amparo indirecto 43/2022-II, Darío Alejandro Villa Arnaiz, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, ante Carlos Arturo Sandoval Salvatori, secretario que autoriza y da fe, declara abierta la misma sin la comparecencia de las partes, ni representante de ellas. Abierta la audiencia, el secretario da lectura a la demanda y demás constancias que obran en autos, entre las que se encuentra el informe justificado rendido por las autoridades responsables, y da cuenta al Juez con la promoción con registro 5338; en consecuencia, el Juez acuerda: agréguese a los autos el pedimento firmado por el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado, y visto su contenido, téngansele por hechas las manifestaciones ahí vertidas y con apoyo en el artículo 124 de la Ley de Amparo, dese cuenta con el mismo en la etapa correspondiente de esta audiencia. En cuanto a la solicitud de expedir copias certificadas de la resolución que se pronuncie en este juicio, con apoyo en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídanse copias certificadas de la misma. En ese contexto, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales a que haya lugar. Abierto el período de pruebas, el secretario hace constar que la autoridad responsable Subrepresentante Local Terminal II, Encargado del Despacho de la Terminal II, del Instituto Nacional de Migración en Quintana Roo, con sede en esta ciudad, aportó prueba documental; asimismo, la parte quejosa ofreció como pruebas la instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto; a lo que el Juez provee: con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, ténganse por ofrecidas y admitidas las pruebas aludidas, las cuales se desahogan por su propia y especial naturaleza; por otra parte, téngase por terminada la fase probatoria. Abierto el período de alegatos, secretario hace constar que el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado formuló manifestaciones en vía de alegatos, no así las demás partes; luego, el Juez acuerda: con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, téngase por hechas las manifestaciones que en vía de alegatos formula el fiscal de la adscripción; por lo que se da por concluida la etapa de esta audiencia. Enseguida, el secretario certifica que no hay promociones pendientes de acordar. El Juez acuerda: toda vez que no hay promoción pendiente de acuerdo, téngase por celebrada la presente audiencia y con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo procédase al dictado de la resolución correspondiente. V I S T O S los autos del juicio de amparo indirecto 43/2022-II, promovido por Milton César Polo Escorcia, contra actos del Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Quintana Roo, y otra autoridad; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el veinticuatro de enero de dos mil veintidós, a través de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con sede en esta ciudad, remitido en la citada fecha a este juzgado de distrito, Miguel Ángel Ortega Muñoz en favor de Milton César Polo Escorcia, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del 1] Titular de la Oficina de Representación, y del 2] Subdelegado Local Terminal II, Encargado del Despacho de la Terminal II, ambos del Instituto Nacional de Migración en Quintana Roo, con sede en esta ciudad, por considerarlos violatorios de los artículos 1º, 2º, 11, 14, 16, 17, 21 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que hace consistir en: "IV.- ACTO RECLAMADO: - - - 1.- La inminente deportación y/o expulsión de los Estados Unidos Mexicanos del quejoso. - - - 2.- La incomunicación y ausencia de asesoría legal del quejoso. - - - 3.- La privación de la libertad personal fuera de procedimiento. - - - 4.- La detención del quejoso, en las instalaciones del Aeropuerto de la Ciudad de México (sic). - - - 5.- La privación de la libertad de tránsito del quejoso. - - - 6.- El Acta de Rechazo. - - - 7.- La falta de notificación o emplazamiento a procedimiento migratorio." SEGUNDO. Radicación, suspensión de plano y ratificación de demanda de amparo. Recibida la demanda de amparo el veinticuatro de enero de dos mil veintidós, en este juzgado de distrito, en auto de la propia fecha, se ordenó formar expediente que fue registrado bajo el número 43/2022-II; se concedió la suspensión de plano y se ordenó la ratificación de dicha demanda. TERCERO. Admisión de demanda y audiencia constitucional. El veinticinco de enero de dos mil veintidós, el quejoso Milton César Polo Escorcia, ante la fedataria de la adscripción manifestaron su voluntad de ratificar la demanda de amparo promovida en su favor; luego, por auto de la citada fecha, se admitió a trámite, se solicitó a las autoridades responsables su informe con justificación, se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción la intervención legal que le compete, y se señaló fecha y hora para verificar la audiencia constitucional, la cual se desahoga al dictar esta sentencia; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. este juzgado de distrito es competente para resolver el presente juicio, en términos de lo establecido en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución General de la República; 37 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; pues en la especie se reclaman actos de autoridades administrativas con ejecución en el ámbito territorial donde ejerce jurisdicción este juzgado de Distrito. SEGUNDO. Jurisprudencias y tesis aisladas. Se hace la precisión que las jurisprudencias y las tesis aisladas invocadas en el presente asunto que fueron integradas conforme a la Ley de Amparo anterior, continúan en vigor y por ende son aplicables dado que no se oponen a la legislación vigente, de conformidad con el Artículo Sexto Transitorio de la actual ley de la materia, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, y que entró en vigor al día siguiente. TERCERO. Precisión de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, dada la obligatoriedad del Juez de Distrito de analizar la demanda en su integridad, a efecto de determinar con exactitud la intención de la parte quejosa y fijar la materia de la litis constitucional, se procede a precisar los actos reclamados en el presente asunto, que de acuerdo con el examen integral practicado al libelo constitucional y demás constancias se hacen consistir en: a) El emisión del acta de rechazo aéreo AR/SL2301/101660/2022 del índice del Subrepresentante Local Terminal II, Encargado del Despacho de la Terminal II, del Instituto Nacional de Migración en Quintana Roo, con sede en esta ciudad, en contra del quejoso Milton César Polo Escorcia. b) La incomunicación que se dice sufre el quejoso. c) La orden de deportación y/o expulsión fuera del país, emitida por el Instituto Nacional de Migración en contra del quejoso. d) La omisión de proporcionar alimentos e insumos de aseo personal al quejoso y de verificar que se le entreguen. e) La negativa de proporcionar asistencia jurídica dentro del procedimiento administrativo en el que se encuentra sujeto el quejoso. f) La falta de notificación y/o emplazamiento al procedimiento migratorio en el que se encuentra sujeto el quejoso. Se aclara que en la demanda de amparo se reclama la privación de la libertad y/o detención y/o privación de libre tránsito, lo cual en atención al lugar en que se informó se encontraba el quejoso, esto es, en las instalaciones de la estancia migratoria del Instituto Nacional de Migración, Terminal II del Aeropuerto Internacional de Cancún, Quintana Roo, se determina que dichos actos son con motivo del precisado en el inciso a) que antecede, lo cual motiva que no se destaquen como actos reclamados. Es aplicable al caso concreto la jurisprudencia cuyos datos de localización, rubro y texto se transcriben a continuación: "Novena Época No. Registro: 192097 Instancia: Pleno Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XI, Abril de 2000 Materia(s): Común Tesis: P./J. 40/2000 Página: 32 DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Toda vez que se han precisado los actos reclamados por la parte quejosa en este juicio de amparo, debe abordarse a continuación el estudio sobre su certeza. CUARTO. Inexistencia de los actos reclamados. La autoridad responsable 1] Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Quintana Roo, con sede en esta ciudad, por conducto de la Encargada de la Oficina de Representación, al rendir informe justificado, negó la existencia de la totalidad de los actos que se le reclaman, precisados en el considerando tercero de esta sentencia. Por su parte, la autoridad responsable 2] Subrepresentante Local Terminal II, Encargado del Despacho de la Terminal II, del Instituto Nacional de Migración en Quintana Roo, con residencia en esta ciudad, al rendir informe justificado, negó la existencia de los actos reclamados señalados en los incisos b), c), d), e) y f), del considerando tercero de esta sentencia, sin que se advierta dato alguno que desvirtúe esa afirmación. Lo anterior, se corrobora con la documental aportada por la segunda autoridad en mención, consistente en fotocopia certificada digital del expediente administrativo AR/SL2301/101660/2022 de su índice, a la que se otorga pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197, 202 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En efecto, de dicha prueba no se aprecia la participación de la autoridad responsable 1] Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Quintana Roo, con sede en esta ciudad, en la emisión y/o ejecución de los actos reclamados, pues el quejoso únicamente estuvo a disposición de la diversa autoridad responsable por virtud del procedimiento migratorio que se le siguió. Luego, de la documental en consulta, tampoco se aprecia que el 2] Subrepresentante Local Terminal II, Encargado del Despacho de la Terminal II, del Instituto Nacional de Migración en Quintana Roo, con residencia en esta ciudad, hubiera incomunicado al quejoso; máxime que el veinticinco de enero de la presente anualidad, el impetrante se entrevistó con la actuaria judicial adscrita, sin que realizara manifestación alguna al respecto. De igual forma, de las aludidas constancias, tampoco se advierte que la referida autoridad responsable emitieran en contra del quejoso alguna orden de deportación y/o expulsión u otra que tenga como consecuencia el abandono del país dada su condición migratoria. Tampoco se advierte laguna omisión de proporcionar alimentos e insumos de aseo personal al quejoso y de verificar que se le entregaran, o bien, que los haya requerido durante su estadía ante la autoridad responsable. En esa misma línea, de las constancias en estudio no se advierte la existencia de los actos reclamados consistentes en la negativa de proporcionar asistencia jurídica, así como la falta de notificación y/o emplazamiento dentro del aludido procedimiento administrativo; tan es así que el aquí quejoso promovió el juicio de amparo que nos ocupa, a través de un Asesor Jurídico Federal adscrito al Instituto Federal de Defensoría Pública en esta entidad. Luego, el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede el sobreseimiento cuando de las constancias de autos apareciere claramente que no existe el acto reclamado o cuando no se probare su existencia, por lo que es evidente que se actualiza la causa de sobreseimiento correspondiente al no haberse demostrado tal extremo. Sin que obste a lo anterior, que la parte quejosa ofreciera como prueba la instrumental de actuaciones, que tiene pleno valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; sin embargo, no aporta dato alguno que permita arribar a una conclusión distinta a la referida. Asimismo, en términos de los artículos 190 y 218 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, no existe presunción legal o humana en favor de la parte quejosa que acredite la existencia de los actos en estudio. En ese orden, toda vez que la parte quejosa no aportó prueba idónea que desvirtúe la afirmación de las autoridades señaladas como responsables, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, respecto de la totalidad de los actos atribuidos al 1] Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Quintana Roo, con residencia en esta ciudad, precisados en el considerando tercero, así como de los reclamados al 2] Subrepresentante Local Terminal II, Encargado del Despacho de la Terminal II, del Instituto Nacional de Migración en Quintana Roo, con sede en esta ciudad, señalados en los incisos b), c), d), e) y f) del aludido considerando, por ser inexistentes, en términos de lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Cobra aplicación la siguiente jurisprudencia: "Época: Sexta Época Registro: 917818 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice 2000 Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN Materia(s): Común Tesis: 284 Página: 236 INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES.- Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." QUINTO. Existencia del acto reclamado. La autoridad responsable 2] Subrepresentante Local Terminal II, Encargado del Despacho de la Terminal II, del Instituto Nacional de Migración en Quintana Roo, con sede en esta ciudad, al rendir informe justificado, negó la existencia del acto reclamado señalado en el inciso a), del considerando tercero de esta sentencia; sin embargo, con posterioridad realiza manifestaciones que evidencian su existencia, pues arguye que al quejoso se le practicó un procedimiento migratorio, el cual finalizó al momento de emitir el acta de rechazo impugnada. Además, la existencia del referido acto se corrobora con la documental que la referida autoridad aportó, consistente en fotocopia certificada digital del expediente administrativo AR/SL2301/101660/2022 de su índice, a la que se otorgó pleno valor probatorio con antelación, de la cual se obtiene que al aquí quejoso no se le permitió el ingreso al país ya que fue sujeto a un procedimiento migratorio en el que se emitió un acta de rechazo aéreo en su contra, que culminó con el regreso al país del que procedían (Colombia). Por tanto, es cierto el acto reclamado a la referida autoridad responsable, señalado en el inciso a), del considerando tercero de esta sentencia. SEXTO. Causas de improcedencia. Previo al estudio del fondo del asunto, por ser una cuestión de orden público y preferente análisis, se realiza el examen de las causas de improcedencia del juicio de amparo, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, que previene: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia cuyos datos de localización, rubro y texto se citan: "Quinta Época No. Registro: 395571 Instancia: Pleno Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1985 Parte VIII Materia(s): Común Tesis: 158 Página: 262 IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." En el caso, respecto del acto reclamado al 2] Subrepresentante Local Terminal II, Encargado del Despacho de la Terminal II, del Instituto Nacional de Migración en Quintana Roo, con sede en esta ciudad, precisado en el considerando tercero, inciso a), de esta sentencia, de oficio este juzgador estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVI, de la Ley de Amparo que señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVI. Contra actos consumados de modo irreparable; [.]" Del precepto legal transcrito, se advierte que el juicio de amparo es improcedente contra actos consumados de modo irreparable. A su vez, el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, establece que para el caso de actos positivos los efectos de la concesión del amparo serán restituir al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación. Es decir, de la interpretación armónica de ambos preceptos se desprende que son actos consumados de modo irreparable los que han producido todos sus efectos, de manera que no es posible restituir al quejoso en el goce del derecho fundamental violado, lo cual hace improcedente la acción de amparo porque de otorgarse la protección constitucional, la sentencia carecería de efectos prácticos, por no ser factible restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación. Es aplicable, por identidad de razones jurídicas la jurisprudencia siguiente: "Época: Novena Época Registro: 171537 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXVI, Septiembre de 2007 Materia(s): Administrativa Tesis: 2a./J. 171/2007 Página: 423 ARRESTO. SI YA SE EJECUTÓ, EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA, ES IMPROCEDENTE, POR CONSTITUIR UN ACTO CONSUMADO DE MODO IRREPARABLE. De los artículos 73, fracción IX y 80 de la Ley de Amparo se advierte que son actos consumados de modo irreparable los que han producido todos sus efectos, de manera que no es posible restituir al quejoso en el goce de la garantía individual violada, lo cual hace improcedente la acción de amparo porque de otorgarse la protección constitucional, la sentencia carecería de efectos prácticos, por no ser factible restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación. En ese tenor, resulta que esa causa de improcedencia se actualiza cuando se promueve el juicio de amparo contra un arresto que ya se ejecutó, por haberse consumado irreversiblemente la violación a la libertad personal, dado que está fuera del alcance de los instrumentos jurídicos restituir al quejoso en el goce de ese derecho, al ser físicamente imposible reintegrarle la libertad de la que fue privado, sin que el hecho de que sea factible reparar los daños y perjuicios que tal acto pudo ocasionar haga procedente el juicio de garantías, pues al tratarse de un medio de control constitucional a través del cual se protegen las garantías individuales, la sentencia que se dicte tiene como único propósito reparar la violación, sin que puedan deducirse pretensiones de naturaleza distinta a la declaración de inconstitucionalidad de un acto, como podría ser la responsabilidad patrimonial. Lo anterior no prejuzga en cuanto a la legalidad de dicho acto o la responsabilidad que, en su caso, pueda atribuirse a las autoridades que tuvieron participación en el mismo, ni limita el derecho que pudiera asistir al particular para demandar, a través de las vías correspondientes, la reparación de los daños que ese acto le pudo ocasionar." En la especie, como se ha visto, entre otros actos, la parte quejosa reclama el acta de rechazo aéreo emitida en su contra por el 2] Subrepresentante Local Terminal II, Encargado del Despacho de la Terminal II, del Instituto Nacional de Migración en Quintana Roo, con sede en esta ciudad. Sin embargo, de la documental aportada por la autoridad en mención, consistente en fotocopia certificada digital del expediente administrativo AR/SL2301/101660/2022 de su índice, que fue valorada previamente, se advierte que dicho acto ha quedado consumado por virtud de la ejecución del acta de rechazo aéreo de veinticuatro de enero de dos mil veintidós, emitida en contra del aquí quejoso (acto reclamado), y ejecutada el veinticinco siguiente, cuando el peticionario de amparo regresó al país de procedencia (Colombia), en el vuelo VH 465 de la aerolínea VIVA, operado por Fast Colombia, Sociedad por Acciones Simplificada, como se aprecia del pase de abordar a nombre del quejoso. En ese contexto, se concluye que en la especie ha quedado irreparablemente consumado el acto reclamado en estudio, toda vez que al quejoso se le emitió el acta de rechazo aéreo -impugnada- de veinticuatro de enero de dos mil veintidós, la cual fue ejecutada el veinticinco siguiente, por lo que dicho acto consumó de modo irreparable las violaciones alegadas en la presente instancia constitucional y se torna jurídicamente imposible restituir a la parte quejosa en el goce del derecho que estimó vulnerado, lo cual hace improcedente la acción de amparo. En ese orden de ideas, al encontrarse probado en autos que se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVI, de la Ley de Amparo, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la ley de la materia, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, respecto del acto reclamado al 2] Subrepresentante Local Terminal II, Encargado del Despacho de la Terminal II, del Instituto Nacional de Migración en Quintana Roo, con sede en esta ciudad, precisado en el considerando tercero, inciso a), de esta sentencia. Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por Milton César Polo Escorcia, contra los actos reclamados del 1] Titular de la Oficina de Representación, y del 2] Subdelegado Local Terminal II, Encargado del Despacho de la Terminal II, ambos del Instituto Nacional de Migración en Quintana Roo, con sede en esta ciudad, precisados en el considerando tercero, en términos de lo expuesto en los diversos cuarto y sexto de esta sentencia. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Darío Alejandro Villa Arnaiz, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, ante Carlos Arturo Sandoval Salvatori, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Visto del estado que guardan los presentes autos, se advierte que aún no comienza a transcurrir el término de ocho días que establece el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que las partes se impongan del informe justificado rendido por la autoridad responsable Subrepresentante Local Terminal II, Encargado del Despacho de la Terminal II del Aeropuerto Internacional de Cancún, del Instituto Nacional de Migración en Quintana Roo, el cual se puso a la vista por proveído de veintiuno de febrero pasado. Para dar margen a lo anterior, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, la audiencia constitucional señalada para esta fecha se difiere para las diez horas con veinte minutos del veinticuatro de marzo de dos mil veintidós.

  4. Principal

    Agréguese a los autos la promoción de cuenta, mediante la cual la autoridad responsable Subrepresentante Local Terminal II, Encargado del Despacho de la Terminal II del Aeropuerto Internacional de Cancún, del Instituto Nacional de Migración en Quintana Roo, rinde informe justificado; en consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, póngase a la vista de las partes para los efectos legales conducentes y hágase la relación respectiva al celebrarse la audiencia constitucional. Asimismo, con apoyo en el artículo 119 de la ley de la materia, ténganse por ofrecidas las pruebas exhibidas por la autoridad responsable, póngase a la vista de las partes y hágase la relación respectiva al celebrarse la audiencia constitucional.

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