Milton Aronai Trujillo Recinos
Expediente 947/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 4 actuaciones registradas, la última del 18 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 947/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 18/11/2021
Partes del expediente
- Milton Aronai Trujillo Recinos
- Concejero Jurídico Municipal del Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas.
Actuaciones
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno. Vista: La certificación que antecede y el estado procesal que guardan actualmente los presentes autos, de los que se advierte que transcurrió el término legal que establece el artículo 98, en relación con el 97, fracción I, inciso a), de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107, Constitucionales, sin que haya sido recurrido el auto de veinte de octubre de dos mil veintiuno, en el que se desechó la demanda de amparo promovida por Milton Aronai Trujillo Recinos. Al efecto, se acuerda: k Con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2, que el mismo ha quedado FIRME para todos los efectos legales correspondientes. ARCHIVO Toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo definitivo de este expediente; háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno respectivo. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en el artículo 21, fracción d), de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se desechó la demanda; además, a juicio de la que suscribe no tiene relevancia documental para su conservación. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Toda vez que, en el presente juicio no se formó incidente de suspensión por tratarse de un desechamiento, se deja de proveer lo conducente. REGISTROS CORRESPONDIENTES Como lo dispone el artículo del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en el presente juicio; y una vez que transcurra el plazo de tres años, procédase a la destrucción del mismo, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. DOCUMENTOS PARA DEVOLVER A LAS PARTES Advirtiéndose que la parte quejosa exhibió el original del nombramiento de uno de octubre de dos mil dieciocho; con fundamento en lo dispuesto por el artículo 18 del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal, en cita; se hace de su conocimiento que deberá acudir a este órgano jurisdiccional, dentro del plazo de noventa días contado a partir de la legal notificación del presente acuerdo, para recogerla, con el apercibimiento que de no hacerlo dentro de ese término, la misma será destruida, de conformidad con lo estipulado en el numeral 18, del acuerdo general citado supralíneas. En atención a lo anterior, se hace del conocimiento a las partes que de conformidad con el artículo 3, del Acuerdo General 21/2020 reformado por el similar 1/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-2019", cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020, la consulta del expediente físico con el cual constan los informes, será a través de la generación de citas, que podrán realizar en el micrositio de servicios jurisdiccionales y proceso de generación de citas para consulta de expedientes o comparecencias del Consejo de la Judicatura Federal; en el entendido que de no hacerlo se considerará que no es su deseo recuperar dichos documentos. En ese sentido, de conformidad con la parte final del artículo 6, del Acuerdo General en mención, las citas obtenidas durarán un máximo de veinticinco minutos, por lo que, si se excede de ese tiempo, tendrán que generar una nueva cita para un diferente día de acuerdo a la disponibilidad de la agenda. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA AL QUEJOSO: Número de expediente: 947/2021 Acuerdo: Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno. Vista: La certificación que antecede y el estado procesal que guardan actualmente los presentes autos, de los que se advierte que transcurrió el término legal que establece el artículo 98, en relación con el 97, fracción I, inciso a), de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107, Constitucionales, sin que haya sido recurrido el auto de veinte de octubre de dos mil veintiuno, en el que se desechó la demanda de amparo promovida por Milton Aronai Trujillo Recinos. Al efecto, se acuerda: k Con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2, que el mismo ha quedado FIRME para todos los efectos legales correspondientes. ARCHIVO Toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo definitivo de este expediente; háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno respectivo. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en el artículo 21, fracción d), de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se desechó la demanda; además, a juicio de la que suscribe no tiene relevancia documental para su conservación. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Toda vez que, en el presente juicio no se formó incidente de suspensión por tratarse de un desechamiento, se deja de proveer lo conducente. REGISTROS CORRESPONDIENTES Como lo dispone el artículo del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en el presente juicio; y una vez que transcurra el plazo de tres años, procédase a la destrucción del mismo, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. DOCUMENTOS PARA DEVOLVER A LAS PARTES Advirtiéndose que la parte quejosa exhibió el original del nombramiento de uno de octubre de dos mil dieciocho; con fundamento en lo dispuesto por el artículo 18 del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal, en cita; se hace de su conocimiento que deberá acudir a este órgano jurisdiccional, dentro del plazo de noventa días contado a partir de la legal notificación del presente acuerdo, para recogerla, con el apercibimiento que de no hacerlo dentro de ese término, la misma será destruida, de conformidad con lo estipulado en el numeral 18, del acuerdo general citado supralíneas. En atención a lo anterior, se hace del conocimiento a las partes que de conformidad con el artículo 3, del Acuerdo General 21/2020 reformado por el similar 1/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-2019", cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020, la consulta del expediente físico con el cual constan los informes, será a través de la generación de citas, que podrán realizar en el micrositio de servicios jurisdiccionales y proceso de generación de citas para consulta de expedientes o comparecencias del Consejo de la Judicatura Federal; en el entendido que de no hacerlo se considerará que no es su deseo recuperar dichos documentos. En ese sentido, de conformidad con la parte final del artículo 6, del Acuerdo General en mención, las citas obtenidas durarán un máximo de veinticinco minutos, por lo que, si se excede de ese tiempo, tendrán que generar una nueva cita para un diferente día de acuerdo a la disponibilidad de la agenda. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veinte de octubre de dos mil veintiuno. Vista; la demanda de amparo promovida por Milton Aronai Trujillo Recinos, contra el acto reclamado al Presidente Municipal Constitucional De Ocosingo, Chiapas, y otras autoridades. I. CAUSA DE IMPROCEDENCIA. Para efecto de la admisión de la demanda de amparo, es preciso destacar lo previsto por el artículo 113, de la Ley de Amparo, que impone ante todo la obligación de examinar el escrito para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano. Ilustra a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, cuyo rubro y texto es: DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS. De la lectura del artículo 145, de la Ley de Amparo, se colige que el desechamiento de plano de una demanda de garantías sólo procede ante la concurrencia de estos requisitos: Que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; que este motivo sea manifiesto; que también sea indudable. Lo relativo al motivo o causa de improcedencia del juicio constitucional no requiere mayor explicación; lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación -cuando los haya- y de los documentos que se anexan a tales promociones, y lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción directa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Esencialmente, la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto; es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y; finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. En ese tenor, se estima que en el caso concreto se actualiza una causa notoria y manifiesta de improcedencia que se configura a partir del artículo 61, fracción XXIII en relación con los numerales 1, fracción I y 5, fracción II de la Ley de Amparo, que dicen: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." [.] "Artículo 1°. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte [.]" "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general [.]" Del numeral transcrito en interpretación de la jurisprudencia número 2a./J. 164/20113 , emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS", define como características de actos de autoridad para efectos del juicio de amparo las siguientes: ( La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular. ( Que la relación tenga su nacimiento en la norma legal que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de donde emana. ( Que con motivo de esa relación emite actos unilaterales, en virtud de los cuales crea, modifica o extingue, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera jurídica del particular. ( Que para emitir esos actos no requiere de acudir a los órganos judiciales, ni precisa del consenso de la voluntad del afectado. De acuerdo a ello, existen diferencias entre las relaciones jurídicas de coordinación, supra a subordinación y supraordinación, pues las primeras (coordinación) corresponden a las entabladas entre particulares, en un mismo nivel, por lo que para dirimir sus controversias existen en la legislación los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas, debiendo acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas o contempladas por la ley. Las relaciones de supra a subordinación, en cambio, son las que se entablan entre gobernantes y gobernados y, los conflictos que se suscitan por la actuación de los órganos del Estado y los sujetos frente a los cuales actúa con imperio están regulados por el derecho público, de manera que este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad de quien tiene la capacidad de incidir en la esfera jurídica del otro, por lo que la Constitución Federal establece una serie de garantías individuales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los Tribunales. Por último, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado. De ahí que, la procedencia del juicio de amparo se encuentre supeditada a que los actos que se reclamen provengan de una autoridad, entendiéndose por tal aquélla que, con fundamento en una norma legal, tiene la potestad de emitir o realizar actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera de los gobernados sin requerir de la voluntad del afectado. Ahora bien, de la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que el acto que por esta vía reclama la parte quejosa: El ilegal procedimiento de retención del salario que devenga como Concejero Jurídico del Ayuntamiento Municipal de Ocosingo, Chiapas. La negativa de notificarle un supuesto proceso administrativo en su contra. La negativa de permitirle ingresar a su área de trabajo es decir se le impide realizar sus funciones como funcionario del Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, sin que medie procedimiento o mandamiento alguno. El impedimento de ingresar a su área de trabajo respectivo que es la Consejería Jurídica Municipal del Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas La ilegal retención del salario que devenga como funcionario del Ayuntamiento Municipal de Ocosingo, Chiapas. A las siguientes autoridades responsables: Ordenadoras: 1.- Presidente Municipal Constitucional de Ocosingo, Chiapas. 2. María De Jesús Cruz Utrilla, en su calidad de Síndico Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Ocosingo, Chiapas. 3. Itzel Nájera Selvas en su calidad de regidor propietario del Ayuntamiento Constitucional de Ocosingo, Chiapas. 4. Herlinda Cleobeth Gonzales Domínguez, en su calidad de regidor del Ayuntamiento Constitucional de Ocosingo, Chiapas. 5. Víctor Manuel Ordoñez Penagos, en su calidad de regidor del Ayuntamiento Constitucional de Ocosingo, Chiapas. Ejecutoras: 6. Amadeo Figueroa Cruz, en su calidad de oficial mayor del Ayuntamiento Constitucional de Ocosingo, Chiapas. 7. Juana Graciela Espinoza, en su calidad de tesorera municipal dependiente del Ayuntamiento Constitucional de Ocosingo, Chiapas. Cabe precisar que la parte quejosa adujo en su escrito demanda de amparo, que el uno de octubre de dos mil dieciocho, fue nombrado como Consejero Jurídico Municipal, en Ocosingo, Chiapas, asimismo, señala que el once de octubre de dos mil veintiuno, le manifestaron que no podía ingresar a su centro de trabajo y que se le había iniciado un procedimiento administrativo, del cual manifiesta que no ha sido notificado. Expuesto lo anterior, se estima que los actos anteriormente citados no pueden ser reclamado a través del juicio de amparo indirecto, puesto que en este caso, las autoridades señaladas como responsables, no se encuentran en la hipótesis establecida en la fracción I, del artículo 1º, de la Ley de Amparo y 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque su relación con la parte quejosa no está en un plano de supra a subordinación, sino más bien, de coordinación, ya que su reclamo hacia las autoridades precisadas supralíneas, es en su calidad de servidor subordinado que presta sus servicios en el Ayuntamiento Municipal de Ocosingo, Chiapas, y en el cual pide el cumplimiento de sus obligaciones de pago derivado de esa relación laboral que tiene con esta. En este orden de ideas, si el acto reclamado a las autoridades señaladas como responsables, no tiene como fuente una potestad de naturaleza pública, sino que deriva de un vínculo laboral, el juicio de amparo resulta improcedente, pues la conducta de que se duele la parte quejosa, contrario a lo que sostiene, como ya se dijo, no reúne las características de imperio para que se considere como de autoridad, según lo previsto en el artículo 103, fracción I, constitucional. Es aplicable la tesis 2a. XXXVI/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Marzo de 1999, Novena Época, Página: 307, con número de registro 194367, de rubro siguiente: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. TIENE ESE CARÁCTER UN ÓRGANO DEL ESTADO QUE AFECTA LA ESFERA JURÍDICA DEL GOBERNADO EN RELACIONES JURÍDICAS QUE NO SE ENTABLAN ENTRE PARTICULARES." Por lo tanto, se insiste, atendiendo a lo aquí analizado, es dable concluir que el acto reclamado no proviene de una autoridad para efectos del juicio de amparo, sino que solo constituye una actuación entre particulares, por más que se alegue como premisa fundamental la infracción a diversos derechos humanos, pues, ello se da con motivo de una relación de coordinación o en un plano de igualdad, que no puede considerarse originado en una relación de supra a subordinación; lo cual se encuentra robustecido con la documental que anexó la promovente al escrito inicial de demanda, esto es, el nombramiento como Consejero Jurídico Municipal de Ocosingo, Chiapas, con el que se acredita la relación laboral con la autoridad que indica como responsable, y a la cual se le concede pleno valor probatorio, de conformidad con lo dispuesto en el arábigo 93, fracción VIII, en relación con el diverso 217, del Código de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, pues la misma se encuentra concatenada con los hechos vertidos por él mismo. Con base en lo anterior, es permisible concluir que el acto reclamado en esta vía, no constituye una actuación de autoridad para efectos del juicio de amparo; pues se insistente deviene de una relación patrón-trabajador; por ende, se dejan expeditos sus derechos para que los haga valer en la vía y forma que estime pertinente ante la autoridad competente. Apoya a lo anterior, la tesis de rubro y texto siguiente: AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO TIENE ESE CARÁCTER EL ENTE DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA O EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO QUE ES OMISO EN EL PAGO DEL SALARIO O QUE INCUMPLE PRESTACIONES DE ÍNDOLE LABORAL, AL ACTUAR COMO PATRÓN EN UNA RELACIÓN DE COORDINACIÓN. Se considera "autoridad" a las personas que, con fundamento en una norma legal, pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales ni tomar en consideración el consenso de la voluntad del afectado. En este sentido, debe señalarse que el Estado tiene una doble personalidad; la primera, como ente de derecho público cuando actúa investido de imperio en sus relaciones frente a los gobernados; y, la segunda, como persona moral sujeto de derecho privado, cuando actúa como particular frente a otros sujetos particulares. En efecto, la teoría general del derecho hace una clasificación de las relaciones jurídicas en: de coordinación, supra-subordinación y supraordinación. Las primeras corresponden a las entabladas entre particulares, y para dirimir sus controversias se crean en la legislación los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o reguladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. Las relaciones de suprasubordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, y se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos, destaca el contencioso administrativo, el propio juicio de amparo, así como los mecanismos de defensa de los derechos humanos. Este tipo de relaciones se caracteriza por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de garantías como limitaciones al actuar del gobernante. Finalmente, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre órganos del propio Estado. En este contexto, si el Estado contrata a una persona para que desempeñe cualquier labor dentro de una entidad pública, la actuación del titular del órgano de que se trate, frente a la persona contratada, no será una actuación investida de imperio, sino una verdadera relación laboral surgida en un plano de igualdad (coordinación) entre el Estado como contratante y la persona que va a desempeñar un servicio material, intelectual o de ambos géneros, en virtud del nombramiento que le fuere expedido o por el hecho de figurar en la lista de raya de los trabajadores. Luego, si en el caso el quejoso reclama de una dependencia de la administración pública o de un organismo descentralizado el incumplimiento de ciertas prestaciones derivadas de su relación laboral (falta de pago o descuentos a su salario), es inconcuso que dicho acto no tiene la naturaleza de acto de autoridad para efectos del amparo, pues las autoridades responsables (patrones) señaladas por el quejoso no tienen ese carácter, pues actúan como patrones en una relación de coordinación y no en un plano de supra-subordinación como autoridades investidas de imperio. Ni siquiera el acto reclamado (omisión o descuento del salario) es un acto que pueda considerarse para la procedencia del amparo, porque el salario está íntimamente vinculado con la relación obreropatronal y con las condiciones fundamentales de la relación de trabajo entre el quejoso y la patronal, susceptible de impugnarse mediante el procedimiento laboral correspondiente y no a través del amparo. I. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. Por lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el ordinal 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 1, fracción I y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo, el juicio de amparo reclamado por esta vía resulta notoriamente improcedente, y por tanto, con apoyo en el artículo 113, del citado ordenamiento legal, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo. Guarda aplicación la tesis II.1o.C.T.11 K, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Segundo Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo II, Diciembre de 1995, página 509, Materia Común, Novena Época, con registro digital 203580, que dice: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA; INTERPRETACION AL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO." III. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario judicial pueda realizar las diligencias correspondientes. IV. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el ubicado en Boulevard Fidel Velázquez número 250 entre calle polluelos y alas fraccionamiento Las Águilas, de esta ciudad. Se tienen como autorizados a Edgar López Rodas y Jorge Alfredo Arredondo Santome, en los términos amplios que establece el artículo 12, de la Ley de Amparo, toda vez que tienen registradas sus cédulas profesionales que los acredita como licenciados en derecho. Asimismo, con base en el citado numeral 12 párrafo segundo, en relación con el diverso 24, párrafo segundo, de la ley de la materia, se tiene como autorizada a Merit Isela Castellanos Orellana. V. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN. Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este Juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
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SE NOTIFICA POR LISTA AL QUEJOSO: Número de expediente: 947/2021 Acuerdo: Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veinte de octubre de dos mil veintiuno. Vista; la demanda de amparo promovida por Milton Aronai Trujillo Recinos, contra el acto reclamado al Presidente Municipal Constitucional De Ocosingo, Chiapas, y otras autoridades. I. CAUSA DE IMPROCEDENCIA. Para efecto de la admisión de la demanda de amparo, es preciso destacar lo previsto por el artículo 113, de la Ley de Amparo, que impone ante todo la obligación de examinar el escrito para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano. Ilustra a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, cuyo rubro y texto es: DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS. De la lectura del artículo 145, de la Ley de Amparo, se colige que el desechamiento de plano de una demanda de garantías sólo procede ante la concurrencia de estos requisitos: Que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; que este motivo sea manifiesto; que también sea indudable. Lo relativo al motivo o causa de improcedencia del juicio constitucional no requiere mayor explicación; lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación -cuando los haya- y de los documentos que se anexan a tales promociones, y lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción directa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Esencialmente, la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto; es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y; finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. En ese tenor, se estima que en el caso concreto se actualiza una causa notoria y manifiesta de improcedencia que se configura a partir del artículo 61, fracción XXIII en relación con los numerales 1, fracción I y 5, fracción II de la Ley de Amparo, que dicen: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." [.] "Artículo 1°. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte [.]" "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general [.]" Del numeral transcrito en interpretación de la jurisprudencia número 2a./J. 164/20113 , emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS", define como características de actos de autoridad para efectos del juicio de amparo las siguientes: ( La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular. ( Que la relación tenga su nacimiento en la norma legal que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de donde emana. ( Que con motivo de esa relación emite actos unilaterales, en virtud de los cuales crea, modifica o extingue, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera jurídica del particular. ( Que para emitir esos actos no requiere de acudir a los órganos judiciales, ni precisa del consenso de la voluntad del afectado. De acuerdo a ello, existen diferencias entre las relaciones jurídicas de coordinación, supra a subordinación y supraordinación, pues las primeras (coordinación) corresponden a las entabladas entre particulares, en un mismo nivel, por lo que para dirimir sus controversias existen en la legislación los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas, debiendo acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas o contempladas por la ley. Las relaciones de supra a subordinación, en cambio, son las que se entablan entre gobernantes y gobernados y, los conflictos que se suscitan por la actuación de los órganos del Estado y los sujetos frente a los cuales actúa con imperio están regulados por el derecho público, de manera que este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad de quien tiene la capacidad de incidir en la esfera jurídica del otro, por lo que la Constitución Federal establece una serie de garantías individuales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los Tribunales. Por último, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado. De ahí que, la procedencia del juicio de amparo se encuentre supeditada a que los actos que se reclamen provengan de una autoridad, entendiéndose por tal aquélla que, con fundamento en una norma legal, tiene la potestad de emitir o realizar actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera de los gobernados sin requerir de la voluntad del afectado. Ahora bien, de la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que el acto que por esta vía reclama la parte quejosa: El ilegal procedimiento de retención del salario que devenga como Concejero Jurídico del Ayuntamiento Municipal de Ocosingo, Chiapas. La negativa de notificarle un supuesto proceso administrativo en su contra. La negativa de permitirle ingresar a su área de trabajo es decir se le impide realizar sus funciones como funcionario del Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, sin que medie procedimiento o mandamiento alguno. El impedimento de ingresar a su área de trabajo respectivo que es la Consejería Jurídica Municipal del Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas La ilegal retención del salario que devenga como funcionario del Ayuntamiento Municipal de Ocosingo, Chiapas. A las siguientes autoridades responsables: Ordenadoras: 1.- Presidente Municipal Constitucional de Ocosingo, Chiapas. 2. María De Jesús Cruz Utrilla, en su calidad de Síndico Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Ocosingo, Chiapas. 3. Itzel Nájera Selvas en su calidad de regidor propietario del Ayuntamiento Constitucional de Ocosingo, Chiapas. 4. Herlinda Cleobeth Gonzales Domínguez, en su calidad de regidor del Ayuntamiento Constitucional de Ocosingo, Chiapas. 5. Víctor Manuel Ordoñez Penagos, en su calidad de regidor del Ayuntamiento Constitucional de Ocosingo, Chiapas. Ejecutoras: 6. Amadeo Figueroa Cruz, en su calidad de oficial mayor del Ayuntamiento Constitucional de Ocosingo, Chiapas. 7. Juana Graciela Espinoza, en su calidad de tesorera municipal dependiente del Ayuntamiento Constitucional de Ocosingo, Chiapas. Cabe precisar que la parte quejosa adujo en su escrito demanda de amparo, que el uno de octubre de dos mil dieciocho, fue nombrado como Consejero Jurídico Municipal, en Ocosingo, Chiapas, asimismo, señala que el once de octubre de dos mil veintiuno, le manifestaron que no podía ingresar a su centro de trabajo y que se le había iniciado un procedimiento administrativo, del cual manifiesta que no ha sido notificado. Expuesto lo anterior, se estima que los actos anteriormente citados no pueden ser reclamado a través del juicio de amparo indirecto, puesto que en este caso, las autoridades señaladas como responsables, no se encuentran en la hipótesis establecida en la fracción I, del artículo 1º, de la Ley de Amparo y 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque su relación con la parte quejosa no está en un plano de supra a subordinación, sino más bien, de coordinación, ya que su reclamo hacia las autoridades precisadas supralíneas, es en su calidad de servidor subordinado que presta sus servicios en el Ayuntamiento Municipal de Ocosingo, Chiapas, y en el cual pide el cumplimiento de sus obligaciones de pago derivado de esa relación laboral que tiene con esta. En este orden de ideas, si el acto reclamado a las autoridades señaladas como responsables, no tiene como fuente una potestad de naturaleza pública, sino que deriva de un vínculo laboral, el juicio de amparo resulta improcedente, pues la conducta de que se duele la parte quejosa, contrario a lo que sostiene, como ya se dijo, no reúne las características de imperio para que se considere como de autoridad, según lo previsto en el artículo 103, fracción I, constitucional. Es aplicable la tesis 2a. XXXVI/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Marzo de 1999, Novena Época, Página: 307, con número de registro 194367, de rubro siguiente: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. TIENE ESE CARÁCTER UN ÓRGANO DEL ESTADO QUE AFECTA LA ESFERA JURÍDICA DEL GOBERNADO EN RELACIONES JURÍDICAS QUE NO SE ENTABLAN ENTRE PARTICULARES." Por lo tanto, se insiste, atendiendo a lo aquí analizado, es dable concluir que el acto reclamado no proviene de una autoridad para efectos del juicio de amparo, sino que solo constituye una actuación entre particulares, por más que se alegue como premisa fundamental la infracción a diversos derechos humanos, pues, ello se da con motivo de una relación de coordinación o en un plano de igualdad, que no puede considerarse originado en una relación de supra a subordinación; lo cual se encuentra robustecido con la documental que anexó la promovente al escrito inicial de demanda, esto es, el nombramiento como Consejero Jurídico Municipal de Ocosingo, Chiapas, con el que se acredita la relación laboral con la autoridad que indica como responsable, y a la cual se le concede pleno valor probatorio, de conformidad con lo dispuesto en el arábigo 93, fracción VIII, en relación con el diverso 217, del Código de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, pues la misma se encuentra concatenada con los hechos vertidos por él mismo. Con base en lo anterior, es permisible concluir que el acto reclamado en esta vía, no constituye una actuación de autoridad para efectos del juicio de amparo; pues se insistente deviene de una relación patrón-trabajador; por ende, se dejan expeditos sus derechos para que los haga valer en la vía y forma que estime pertinente ante la autoridad competente. Apoya a lo anterior, la tesis de rubro y texto siguiente: AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO TIENE ESE CARÁCTER EL ENTE DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA O EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO QUE ES OMISO EN EL PAGO DEL SALARIO O QUE INCUMPLE PRESTACIONES DE ÍNDOLE LABORAL, AL ACTUAR COMO PATRÓN EN UNA RELACIÓN DE COORDINACIÓN. Se considera "autoridad" a las personas que, con fundamento en una norma legal, pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales ni tomar en consideración el consenso de la voluntad del afectado. En este sentido, debe señalarse que el Estado tiene una doble personalidad; la primera, como ente de derecho público cuando actúa investido de imperio en sus relaciones frente a los gobernados; y, la segunda, como persona moral sujeto de derecho privado, cuando actúa como particular frente a otros sujetos particulares. En efecto, la teoría general del derecho hace una clasificación de las relaciones jurídicas en: de coordinación, supra-subordinación y supraordinación. Las primeras corresponden a las entabladas entre particulares, y para dirimir sus controversias se crean en la legislación los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o reguladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. Las relaciones de suprasubordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, y se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos, destaca el contencioso administrativo, el propio juicio de amparo, así como los mecanismos de defensa de los derechos humanos. Este tipo de relaciones se caracteriza por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de garantías como limitaciones al actuar del gobernante. Finalmente, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre órganos del propio Estado. En este contexto, si el Estado contrata a una persona para que desempeñe cualquier labor dentro de una entidad pública, la actuación del titular del órgano de que se trate, frente a la persona contratada, no será una actuación investida de imperio, sino una verdadera relación laboral surgida en un plano de igualdad (coordinación) entre el Estado como contratante y la persona que va a desempeñar un servicio material, intelectual o de ambos géneros, en virtud del nombramiento que le fuere expedido o por el hecho de figurar en la lista de raya de los trabajadores. Luego, si en el caso el quejoso reclama de una dependencia de la administración pública o de un organismo descentralizado el incumplimiento de ciertas prestaciones derivadas de su relación laboral (falta de pago o descuentos a su salario), es inconcuso que dicho acto no tiene la naturaleza de acto de autoridad para efectos del amparo, pues las autoridades responsables (patrones) señaladas por el quejoso no tienen ese carácter, pues actúan como patrones en una relación de coordinación y no en un plano de supra-subordinación como autoridades investidas de imperio. Ni siquiera el acto reclamado (omisión o descuento del salario) es un acto que pueda considerarse para la procedencia del amparo, porque el salario está íntimamente vinculado con la relación obreropatronal y con las condiciones fundamentales de la relación de trabajo entre el quejoso y la patronal, susceptible de impugnarse mediante el procedimiento laboral correspondiente y no a través del amparo. I. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. Por lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el ordinal 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 1, fracción I y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo, el juicio de amparo reclamado por esta vía resulta notoriamente improcedente, y por tanto, con apoyo en el artículo 113, del citado ordenamiento legal, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo. Guarda aplicación la tesis II.1o.C.T.11 K, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Segundo Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo II, Diciembre de 1995, página 509, Materia Común, Novena Época, con registro digital 203580, que dice: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA; INTERPRETACION AL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO." III. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario judicial pueda realizar las diligencias correspondientes. IV. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el ubicado en Boulevard Fidel Velázquez número 250 entre calle polluelos y alas fraccionamiento Las Águilas, de esta ciudad. Se tienen como autorizados a Edgar López Rodas y Jorge Alfredo Arredondo Santome, en los términos amplios que establece el artículo 12, de la Ley de Amparo, toda vez que tienen registradas sus cédulas profesionales que los acredita como licenciados en derecho. Asimismo, con base en el citado numeral 12 párrafo segundo, en relación con el diverso 24, párrafo segundo, de la ley de la materia, se tiene como autorizada a Merit Isela Castellanos Orellana. V. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN. Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este Juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
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