Milton Antonio Miranda López

Expediente 681/2019 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 24 de septiembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
681/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
24/09/2019

Partes del expediente

  • Gobernador Constitucional del estado de Guanajuato
  • Milton Antonio Miranda López

Actuaciones

  1. Principal

    Causa estado auto. De la certificación de cuenta se advierte que el quejoso no impugnó dentro del plazo legal el desechamiento de la demanda; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. II. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, archívese el asunto como definitivamente concluido. Ahora, con base en lo dispuesto en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, que establece los lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, expedido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, dado que se desechó la demanda, además de que no se considera de relevancia documental el presente asunto; consecuentemente el expediente principal es susceptible de DESTRUCCIÓN.

  2. Principal

    PROMOVENTE DESAHOGA PREVENCIÓN... SE DESECHA DEMANDA DE AMPARO POR NO AGOTAR EL MEDIO DE DEFENSA ORDINARIO...

  3. Principal

    Cúmplase.

  4. Principal

    EXPEDIENTE Y REGISTRO. PREVENCIÓN DE DEMANDA. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Milton Antonio Miranda López, contra actos del gobernador Constitucional del Estado de Guanajuato, y otras autoridades. Con fundamento en los artículos 103 y 107 constitucionales; 108, fracciones III y IV, 112 y 114, fracción I, de la Ley de Amparo, a fin de estar en posibilidad de proveer sobre la admisión de la demanda, se estima necesario requerir a la quejosa para que en el plazo de CINCO DÍAS contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación que del proveído se le haga, y consciente de las penalidades en que puede incurrir en términos del artículo 261 de la citada ley, bajo protesta de decir verdad cumpla con lo siguiente: Señale de manera precisa los actos reclamados. Lo anterior obedece, a que en el apartado relativo de su demanda, asentó: IV. ACTO RECLAMADO Omisiones de la Agencia VI de Tramitación Común a mi Debido Proceso, intento de homicidio perpetrado por la Policía Ministerial, lesiones en la detención, detención ilegal, allanamiento de domicilio particular, daño psicológico en menores de edad, daño psicológico a un menor con capacidades especiales, robo y extracción de bienes sin orden de un Juez de Control. Esto es, precise si su intención es reclamar en esta vía constitucional la omisión de la Agencia VI de Tramitación Común de esta ciudad en investigar los actos de los que según, fue objeto al momento de su detención; o bien, denunciar dichos actos. Señale el acto que le atribuye a cada una de las autoridades responsables que señaló como: Gobernador Constitucional del Estado de Guanajuato; Fiscal General del Estado de Guanajuato, Subprocurador Región A, y Jefe de la Policía Ministerial. En razón de que de la lectura integral de la demanda únicamente se advierte que las omisiones señaladas se atribuyen a la Agencia VI de Tramitación Común. Aclare la denominación de las autoridades que desea señalar como responsables así como el acto que a cada una le reclama. Lo anterior porque en el apartado correspondiente únicamente refirió que le recaía tal carácter a las "Autoridades que resulten responsables", pero no destacó a alguna en especial. Precise si es su deseo señalar como autoridad responsable a la Agencia Especializada de Delitos de Servidores Públicos, en virtud de que omite mencionarla en el apartado respectivo; Manifieste si alguno de los diecinueve juicios de amparo que ha promovido guarda relación con los actos reclamados en este juicio. Lo que se trae a cuenta como hecho notorio, pues de la información que obra en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, se advierte la existencia de diecinueve juicios de amparo promovidos por el propio quejoso. Requerimientos que se consideran necesarios a fin de dar cumplimiento a lo previsto en las fracciones III y IV del artículo 108 y fracción I del numeral 114 de la Ley de Amparo, pues se trata de requisitos formales de la demanda de amparo, así como para solventar las irregularidades que se detectaron en el escrito inicial de demanda y las partes estén en aptitud de conocer con certeza lo manifestado por el quejoso. Apercíbase al peticionario que de no cumplir con lo acordado se tendrá por no presentada la demanda, atento a lo dispuesto en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo. En el entendido que tal requerimiento deberá cumplirse en forma directa por el quejoso, pues sus autorizados carecen de atribuciones para realizar tal acto jurídico, en términos de la jurisprudencia 37/2011 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, derivada de la modificación de la jurisprudencia 33/2010. Se hace saber al promovente de los delitos en que incurren LOS QUEJOSOS cuando afirman hechos falsos u omiten aquellos que les constan en relación con el acto reclamado, de conformidad con el artículo 261 de la Ley de Amparo, que textualmente dispone: Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y [.]" SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA REALIZAR NOTIFICACIONES. En observancia de lo dispuesto por el artículo 17 de la Constitución Federal, en aras de una impartición de la justicia pronta y expedita; con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales a cualesquiera de las partes en el juicio y no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del artículo 27, fracción I, inciso c) párrafo segundo, de la citada Ley de Amparo. DE LA TRANSPARENCIA DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES. Hágase del conocimiento de las partes que las determinaciones que se dicten así como los datos personales y sensibles que contengan este expediente, quedan sujetos a lo establecido por el artículo 6 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; por los numerales 1, 3, fracciones IX y X, 5, fracción I, 17, 25 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; 23, 73, fracciones II y V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como 1 y 9 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en el entendido que dichos datos serán protegidos bajo los lineamientos contenidos en el Acuerdo General de Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado el seis de febrero de dos mil catorce; asimismo, se aplicará el protocolo para la elaboración de versiones públicas de documentos electrónicos generados por los tribunales de Circuito y juzgados de Distrito. Sin embargo, destáquese que de conformidad con lo dispuesto en los mencionados ordenamientos, las resoluciones que se dicten en este expediente así como la lista de acuerdos que se publica diariamente, se encuentran a disposición del público para su consulta. Por tanto, en términos del artículo 21 del cuerpo normativo citado en segundo término, se hace del conocimiento de las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, lo que deberán manifestar expresamente; en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las determinaciones que se dicten se publiquen sin la supresión de sus datos personales. Destáquese que las resoluciones que pongan fin al juicio se publicarán en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes bajo los lineamientos que contiene el citado protocolo; esto es, con supresión de datos catalogados como personales o sensibles. DOMICILIO DE LA QUEJOSA PARA OÍR NOTIFICACIONES. Con fundamento en el artículo 27, fracción I, y 108, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír notificaciones el que precisa. EXPEDICIÓN DE COPIAS. Con fundamento en los artículos 278 y 279, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídanse a las partes copia de las constancias del expediente que soliciten durante la tramitación del presente asunto, que será entregada a las personas autorizadas previa comparecencia y razón de entrega que se asiente en autos para debida constancia que se realice ante el secretario encargado del asunto; en el entendido de que dicha autorización comprende la expedición de un juego de copias certificadas, y para el caso de que el solicitante requiera más de un tanto, deberá, por escrito, acompañar las razones por las que así lo necesita. PROMOCIONES QUE NO INCIDEN EN LA PROSECUCIÓN EFECTIVA DEL JUICIO, DUPLICADAS Y ACUSES. Para efecto de hacer efectiva, en la medida de lo posible, la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena a la secretaría judicial proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente a certificar y agregar al expediente aquellos trámites donde resulte inútil dictar acuerdo; lo anterior procederá sólo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicidad de informes o comunicaciones recibidas; c) acuses de recibo; y, d) solicitudes de copias (en razón de estar autorizadas desde auto inicial). En similares términos se agregarán los oficios o escritos presentados por las partes que no incidan en la prosecución efectiva del juicio, tales como notificaciones a los peritos, gestiones para hacer efectivas multas, etcétera. Lo anterior en estricta observancia al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con la finalidad de que el expediente se encuentre disponible el mayor tiempo posible para consulta de las partes. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 122 de la Ley de Amparo y 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la citada ley de la materia, a efecto de salvaguardar la posibilidad de las partes de objetar los documentos exhibidos en el juicio, se les hace de su conocimiento que únicamente podrán ser devueltos cuando cause ejecutoria la sentencia o determinación que ponga fin al juicio; en el entendido que, en su lugar, se dejará copia a costa del solicitante, y será certificada o cotejada posteriormente por el secretario.

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