Milka Arellano Salgado
Expediente 12/2022 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 28 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 12/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 28/09/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimotercero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Milka Arellano Salgado
Actuaciones
- Principal
SE DECLARA FIRME el proveído que desechó la presente demanda de garantías, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Se declara que este expediente susceptible de DESTRUCCIÓN, toda vez que se encuentra contemplado en la hipótesis prevista en el artículo vigésimo primero, inciso d), del citado Acuerdo, por lo que una vez que transcurra el término de tres años contados a partir de la notificación de este proveído se procederá a la destrucción en los términos presentados en el citado Acuerdo General, sin necesidad de mandato previo, pues no constituye un asunto de relevancia documental, y procédase a realizar la anotación en la carátula como se ordena en el acuerdo antes referido. Por lo que en cumplimiento de este último acuerdo general conjunto se ordena el archivo del presente expediente y se declara que es susceptible de ser destruido. Se tiene por hecha la segunda certificación de cuenta, de la que se advierte que en el presente asunto no obran documentos catalogados como originales; y, que las actuaciones del presente asunto coinciden con el expediente electrónico, para los efectos conducentes. Notifíquese.
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por ***, por propio derecho, contra actos del JUEZ DÉCIMO TERCERO DE LO FAMILIAR DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, por violación a los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas en los artículos 1, 14, 16, 17 y 19 constitucionales, fórmese expediente impreso y electrónico, asimismo, regístrese en el libro de gobierno con el número 12/2022. Ahora bien, del análisis de la demanda de garantías se advierte que el acto reclamado se hace consistir esencialmente, en el auto dictado el nueve de diciembre de dos mil veintiuno, por el Juez Décimo Tercero Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, por medio del cual requiere a la demandada hoy quejosa para que deposite la cantidad de $8,502.00 (ocho mil quinientos dos pesos 00/100 moneda nacional), en forma mensual dentro de los primeros tres días hábiles de cada mes, mediante billete de depósito, apercibida que de no hacerlo se le impondrá una multa de diez mil pesos, por desacato a un mandato judicial, auto dictado dentro de la controversia familiar, alimentos, seguida por Francisco Salvador Arellano Martínez contra la quejosa. Al respecto, cabe precisar que al examinar la demanda se debe analizar si se actualiza alguna de las causales de improcedencia ya que su estudio es de orden público y de estudio preferente, y por ende este órgano de control constitucional lleva a cabo su examen de manera oficiosa, atento a lo prescrito por el artículo 113 de la Ley de Amparo el cual establece: "Artículo 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Este precepto autoriza a desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable, resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que, aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultará factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. En razón de la naturaleza del acto que se reclama, se advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia previsto por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. En efecto, el citado precepto dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] Fracción XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. - - - Se exceptúa de lo anterior: - - - a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; - - - b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; - - - c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. - - - Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo". Como se puede advertir de esta trascripción, la fracción de mérito contiene el principio de definitividad, mismo que se traduce en un requisito de procedibilidad de la acción de garantías, según el cual para impugnar un acto de la autoridad jurisdiccional por la vía del juicio de amparo, deben agotarse previa y necesariamente todos los recursos ordinarios que contempla la ley que regula la actuación reclamada. Lo anterior tiene sentido si se atiende a que previo al estudio de los problemas de inconstitucionalidad mediante el juicio de garantías, deben agotarse los recursos ordinarios tendientes al análisis de las cuestiones de legalidad; es decir, el principio mencionado se fundamenta en la naturaleza del amparo el cual es un medio extraordinario de control constitucional para invalidar los actos de las autoridades en las distintas hipótesis de su procedencia, lo cual significa que sólo prospera cuando ya se hayan recorrido todas las instancias previstas en la ley de la materia, en virtud de los recursos y medios de defensa ordinarios que procedan. En esta tesitura, para que se actualice la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, basta que en la ley que rige el acto reclamado, o en alguna ley que le sea aplicable en forma directa e inmediata, se prevenga la procedencia de algún recurso, juicio o medio de defensa, por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o anulado aquél, que no haya sido agotado previo al juicio constitucional de garantías. Por otra parte, el artículo 688, así como el párrafo segundo del artículo 691, y el artículo 696, todos del Código de Procedimientos Civiles de la Ciudad de México, disponen: "Artículo 688. El recurso de apelación tiene por objeto que, el Tribunal confirme, revoque o modifique la resolución del Juez. - - - La apelación procede en el efecto devolutivo o en ambos efectos. - - - La apelación en efecto devolutivo podrá ser de tramitación inmediata, o bien, de tramitación preventiva. - - - En la de tramitación inmediata los agravios deberán expresarse al interponerse el recurso y se sustanciarán en los términos previstos en el Artículo 693 de este Código. - - - En la de tramitación preventiva bastará con que el apelante exprese su inconformidad al interponer el recurso, y la expresión de agravios deberá hacerse en los términos previstos en el segundo párrafo del Artículo 692 Quáter. - - - La apelación de tramitación preventiva se sustanciará conjuntamente con la que se interponga en contra de la sentencia definitiva. - - - Las apelaciones que se admitan en ambos efectos siempre serán de tramitación inmediata." "Artículo 691. [.] Los asuntos de cuantía indeterminada siempre serán apelables. [.]" "Artículo 696.- De los autos y de las sentencias interlocutorias de los que se derive una ejecución que pueda causar un daño irreparable o de difícil reparación y la apelación proceda en el efecto devolutivo de tramitación inmediata, se admitirán en ambos efectos si el apelante lo solicita al interponer el recurso, y señala los motivos por los que considera el daño irreparable o de difícil reparación. Lo anterior no es aplicable en las apelaciones que se interpongan en contra de resoluciones que resuelvan excepciones procesales. En caso de apelaciones en contra de medidas de apremio o de multas sólo se suspenderá el procedimiento por lo que hace a su aplicación. Con vista a lo pedido el juez deberá resolver y si la admite en ambos efectos señalar el monto de la garantía que exhibirá el apelante dentro del término de seis días para que surta efectos la suspensión. La garantía debe atender a la importancia del negocio y no podrá ser inferior al equivalente a siete mil quinientos pesos, dicho monto se actualizará en los términos que establece el artículo 62. Si no se exhibe la garantía en el plazo señalado, la apelación solo se admitirá en efecto devolutivo de tramitación inmediata. En caso de que el juez señale una garantía que se estime por el apelante excesiva, o que se niegue la admisión del recurso, en ambos efectos, se puede ocurrir en queja que se presentará ante el mismo juez dentro del término de tres días, acompañando a su recurso de queja el equivalente a siete mil quinientos pesos, monto que se actualizará en la forma indicada en el párrafo anterior, con lo que suspenderá la ejecución. De no exhibirse esta garantía, aunque la queja se deba admitir, no se suspenderá la ejecución. El juez en cualquier caso remitirá a la sala la queja planteada junto con su informe justificado en el término de cinco días para que se resuelva dentro de igual término. Declarada fundada la queja que interponga el apelante, la sala ordenará que la apelación se admita en ambos efectos y señalará la garantía que exhibirá el recurrente ante el juez dentro del término de seis días. Al declararse infundada la queja se hará efectiva la garantía exhibida a favor de la contraparte. Las resoluciones dictadas en las quejas previstas en este artículo no admiten recurso. También la parte apelada podrá ocurrir en queja, sin necesidad de exhibir garantía alguna, cuando la apelación se admita en ambos efectos y considere insuficiente la fijada por el juez al apelante. Las quejas que se interpongan, se deben remitir por el juez junto con su informe justificado a la sala en el término de cinco días, y éste resolverá en igual plazo. Si el tribunal confirmare la resolución apelada, hará efectiva la garantía fijada por el juez o por el tribunal a favor de la contraparte." De los artículos anteriormente transcritos se advierte la procedencia del recurso de apelación, en tal virtud se actualiza la causal de improcedencia aludida, dado que contra el acto reclamado consistente, en el auto dictado el nueve de diciembre de dos mil veintiuno, por el Juez Décimo Tercero Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, por medio del cual requiere a la demandada hoy quejosa para que deposite la cantidad de $8, 502.00 (ocho mil quinientos dos pesos 00/100 moneda nacional), en forma mensual dentro de los primeros tres días hábiles de cada mes, mediante billete de depósito, apercibida que de no hacerlo se le impondrá una multa de diez mil pesos, por desacato a un mandato judicial, auto dictado dentro de la controversia familiar, alimentos, seguida por Francisco Salvador Arellano Martínez contra la quejosa, procedía el recurso de apelación, por lo que la promovente, debió hacerlo valer antes de acudir al juicio constitucional, más aún, porque en forma genérica el numeral en cita establece la procedencia del medio de impugnación en comento, el cual procedía en ambos efectos, siempre que la inconforme lo solicite de esa manera, por estimar el acto reclamado, como en el caso, pueda causar un daño irreparable o de difícil reparación en términos del artículo 696 del Código de Procedimientos Civiles de la Ciudad de México, de ahí que no se esté en la hipótesis de una resolución irrecurrible a través de los medios ordinarios de impugnación; por tanto, se insiste que a través de los medios ordinarios antes señalados era posible modificar o revocar los actos reclamados. Cabe señalar que el acto reclamado era apelable en ambos efectos, debido a que si como lo sostiene la quejosa, dicho auto le depara un daño de imposible reparación, entonces, la inconforme está en condiciones de interponer el recurso de apelación en ambos efectos con fundamento en el artículo 696 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, es decir, con suspensión del acto, a fin de que se suspenda la ejecución del acto, hasta en tanto se resuelve el recurso de referencia. Luego, si de la lectura del código procesal local, se advierte que el auto reclamado es apelable, en tal virtud, la promovente se encontraba obligada a respetar el principio de definitividad que rige al juicio constitucional, y al no hacerlo así, viola el principio aludido, que supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos o medios de defensa que la ley que rige al acto reclamado establece para atacarlo; de tal suerte que, al existir dicho medio ordinario de impugnación, y al no haber sido interpuesto por la impetrante de garantías, el amparo es improcedente. El principio mencionado se fundamenta en la naturaleza del amparo, que es un medio extraordinario de control constitucional para invalidar los actos de las autoridades en las distintas hipótesis de su procedencia, lo cual significa que sólo prospera cuando ya se hayan recorrido todas las instancias previstas en la Ley de la materia, en virtud de los recursos ordinarios que procedan. No es óbice a lo anterior que la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 603 visible a fojas 1040 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, ha sostenido que la posibilidad de un recurso no es obstáculo para admitir la demanda de amparo; sin embargo, la jurisprudencia de que se trata no tiene aplicación en la especie, como en el caso, la existencia del recurso se advierte en forma patente con las manifestaciones expuestas por la propia quejosa, con lo que se tiene la certidumbre y plena convicción de que se actualiza la causa de improcedencia, en estudio, sustentada en la inobservancia del principio de definitividad que rige al juicio de amparo; de tal modo que aún cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no sería factible obtener una conclusión diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar eventualmente las partes. De ahí, que si se admitiera la demanda de que se trata, tal circunstancia violaría el principio de economía procesal, ya que de darse curso a dicha demanda, se tramitaría un juicio a todas luces improcedente, distrayendo al órgano jurisdiccional del conocimiento, con mengua de la atención que debe otorgarse a los demás juicios, cuya improcedencia no está controvertida desde su inicio; razones por las que en ese supuesto la demanda de amparo debe desecharse al surtirse la hipótesis que contempla el artículo 145 de la Ley de Amparo. Consecuentemente, SE DESECHA por notoriamente improcedente la demanda aludida, con fundamento en el artículo 61 fracción XVIII, en relación con el artículo 113, ambos de la Ley de Amparo. Por otra parte, no ha lugar a tener como domicilio del promovente, para oír y recibir notificaciones los estrados de este juzgado, toda vez que el lugar señalado no corresponde al en que el quejoso habitualmente reside o tiene el principal asiento de sus negocios; por lo tanto, la notificación del presente proveído, así como las subsecuentes, háganse al promovente por medio de lista, en términos de lo dispuesto por el artículo 27, fracción III inciso a) de la ley de amparo. Se tienen por autorizados a las personas que refiere en términos de lo dispuesto por el artículo 12 de la Ley de Amparo; en el entendido que al momento de promover en el presente expediente, deberán contar con su cedula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. En otro aspecto, se hace del conocimiento de las partes que conforme al artículo 3º del Acuerdo General 21/2020, estará disponible en el Portal de Servicios en Línea un micrositio sobre "Servicios jurisdiccionales", dentro del cual las personas justiciables encontrarán los teléfonos, correos electrónicos institucionales y demás información de contacto de todos los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal. Adicionalmente, en dicho micrositio encontrarán el sistema "Agenda OJ", en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles en este órgano jurisdiccional para la generación de citas para consultar expedientes, desahogo de comparecencias o requerimientos, por lo que sólo se podrán consultar los expedientes en los términos indicados en el dispositivo en cita y cumpliendo con las medidas sanitarias establecidas en el artículo 7 del Acuerdo General 21/2020. De igual forma, en caso de que las partes no tengan acceso a medios electrónicos para la consulta de los expedientes electrónicos, se hace de su conocimiento que cuando tengan cita podrán hacer uso del equipo de cómputo que en cada órgano jurisdiccional se dispondrá para tal efecto, el cual podrá destinarse a la consulta de expedientes electrónicos, a la actuación en el Portal de Servicios en Línea, o a la participación en videoconferencias con el personal del órgano cuyo equipo se esté utilizando. Asimismo, se exhorta a las partes para que cuando les sea posible transiten hacia la actuación de Servicios en Línea, pues la intención es dar continuidad a la tramitación de los expedientes por medios electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional; así como a que proporcionen medios de contacto como un número telefónico y correo electrónico. Tomando en consideración que en el acuerdo general 76/2003 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de cinco de noviembre de dos mil tres y publicado en el Diario Oficial de la Federación del catorce de noviembre del mismo año, se modificaron los artículos 19 y tercero transitorio del diverso acuerdo 30/2003 del mismo pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece los órganos, criterios y procedimientos institucionales para la transparencia y acceso a la información para los órganos del Poder Judicial de la Federación; en consecuencia, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y el modificado artículo 19 antes aludido, dígase a las partes que la sentencia que se dicte en el presente asunto, estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información; así como también el derecho que les asiste para oponerse, en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales, lo cual deberán manifestar dentro del término de tres días hábiles, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la ley de la materia; en la inteligencia de que la falta de oposición conlleva a su consentimiento para que la sentencia respectiva se publique sin supresión de sus datos; cabe precisar que en términos del artículo 18 del acuerdo general precitado, los asuntos de naturaleza familiar, constituyen información reservada por el plazo de doce años contados a partir de su conclusión. Notifíquese, y por lista a la parte quejosa.
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