Mildred Díaz Antonio

Expediente 205/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 4 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
205/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
04/05/2023

Partes del expediente

  • Mildred Díaz Antonio

Actuaciones

  1. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, cuatro de mayo de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio señalado en la cuenta al cuaderno en que se actúa, para que surtan sus efectos legales correspondientes, mediante el cual el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, acepta la competencia declinada por este órgano jurisdiccional para conocer de la demanda de amparo que dio origen a este expediente 205/2023. ARCHIVO DEL EXPEDIENTE En cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. RELEVANCIA DOCUMENTAL Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del acuerdo citado; esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. DESTINO Al tratarse de un asunto en que este órgano jurisdiccional se declaró legalmente incompetente, de conformidad a lo previsto en el artículo 21, inciso j), del citado acuerdo, este expediente es destruible. En consecuencia, con fundamento en el citado artículo 21 de dicho Acuerdo General, una vez transcurrido el plazo de tres años, a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este acuerdo, procédase a la destrucción del presente asunto, siguiendo los lineamientos establecidos en el penúltimo párrafo del precepto citado. Realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno electrónico. ARCHIVO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Se destaca que en el presente juicio no se formaron cuadernos de suspensión y no se tramitó incidente de suspensión provisional. LEY DE TRANSPARENCIA Hágase saber a las partes, que de conformidad con el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública se pondrá a disposición del público las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, en el entendido que la versión pública de las sentencias ejecutorias y las demás resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este Tribunal, en términos del precepto 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese.

  2. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, diecinueve de abril de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo promovida por ***, por propio derecho, como Vocal del Registro Federal de Electores en la 16 Junta Distrital Ejecutiva (actualmente denominada 04 Junta Distrital Ejecutiva) con sede en el Estado de Puebla, contra actos del 1. Cámara de diputados del Congreso de la Unión y otras autoridades ANOTACIONES Fórmese expediente impreso y electrónico, anótese en el Libro de Juzgado relativo al registro de juicios de amparo, con el número 205/2023-II-A que le correspondió y captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). INCOMPETENCIA Del examen de la demanda de amparo y anexos, se advierte que este juzgado carece de competencia legal para su conocimiento, como se verá a continuación. Conforme a la teoría del proceso, la competencia es la definición de la facultad de un órgano para realizar actos jurisdiccionales en las relaciones que cumplan con un interés colectivo especial, entre ellas, la administración de justicia. Por su parte, la jurisdicción es la función orgánica que se cumple con actos proyectivos en el proceso los cuales califican y deciden una determinada pretensión. Sobre esto, la autoridad judicial tiene encomendada esta función primordialmente. En el caso del amparo, las reglas de competencia se sitúan en tres ámbitos a saber: La instancia o vía intentada por la parte quejosa (amparo indirecto y directo). En el caso del amparo indirecto, conforme a lo que establece el artículo 107, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el órgano competente es un Juzgado de Distrito. La materia (civil, penal, laboral y administrativa). En el amparo indirecto, la materia para conocer de un amparo está regulada en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. El territorio. Regulado en el artículo 36 de la Ley de Amparo. Así, la suscrita considera que se actualiza la hipótesis a que se refiere el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda". De conformidad con el dispositivo antes transcrito, en relación con su primer párrafo, para determinar la competencia de los Jueces de Distrito, debe tomarse en cuenta el lugar en donde se deba de ejecutar, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. Así tenemos que esta parte del artículo en estudio hace referencia a los actos que traen aparejada una ejecución material. Por su parte, tratándose de actos relativos a leyes auto aplicativas, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió la jurisprudencia 2a 11, con número de registro 206498, de rubro y contenido siguiente: "LEYES FEDERALES AUTOAPLICATIVAS, COMPETENCIA PARA CONOCER DE AMPARO CONTRA. CORRESPONDE AL JUEZ QUE EJERZA JURISDICCION EN EL LUGAR EN QUE LOS DESTINATARIOS DEBAN ACATARLAS. El hecho de que una ley autoaplicativa tenga como característica la de obligar al particular, cuya situación jurídica prevé, a hacer o dejar de hacer, desde el momento en que entra en vigor, sin requerir de un acto posterior de autoridad para que se genere dicha obligatoriedad, de ninguna manera puede servir de base para que se le identifique con las resoluciones a que se refiere el último párrafo del artículo 36 de la Ley de Amparo, es decir, con aquellas que, por no requerir ejecución material, deben ser conocidas por el juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que las dictó, pues es evidente que una ley federal autoaplicativa constituye un acto de sentido amplio que sí amerita ejecución material precisamente en los lugares en los que los gobernados deban dar cumplimiento a sus prescripciones. La circunstancia de que no se requiera un acto posterior de autoridad para que tales leyes adquieran obligatoriedad, no debe conducir a la errónea conclusión de que no necesitan ejecución material, pues las personas que, al momento de la vigencia de la norma, queden automáticamente comprendidas dentro de las hipótesis de su aplicación, deben proceder, por propia iniciativa o como consecuencia de una posterior decisión de autoridad, a acatar sus mandatos." Del anterior criterio jurisprudencial, se advierte que cuando se reclame una ley con carácter de autoaplicativa, ello, por sí solo, no implica que dicho acto no tenga una ejecución material; si no que por el contrario, es evidente que la inconstitucionalidad de una ley de este tipo, en sentido amplio si amerita una ejecución material, precisamente en el lugar en que los gobernados deban cumplir sus prescripciones. Entonces, si bien, no se requiera un acto posterior de autoridad para que tales leyes no adquieran obligatoriedad; de ahí que, no pueda considerarse que ante ello no contengan ejecución; toda vez que, las personas que se encuentren comprendidas dentro de las hipótesis de su aplicación, al momento de su entrada en vigor, deberán de acatar su mandato. Por ende, el juez competente para conocer de un asunto, es aquél que ejerza jurisdicción en el ámbito espacial donde se vaya a ejecutar el acto que se impugna, pues resulta evidente que es ahí, donde se encuentran los elementos necesarios para establecer el cumplimiento de la normatividad reclamada. En el caso, de la demanda de amparo y anexos, se advierte que en esta instancia se reclama, el Decreto por el que reforman, adicionan y derogan diversos dispositivos en materia electoral, contenido en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, publicada el dos de marzo de dos mil veintitrés, en el Diario Oficial de la Federación; en particular los dispuesto en los artículos : 30, 31, 44, 61, 62, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 125 QUATER y 125 SEPTIES; con motivo de su sola entrada en vigor (autoaplicativa). Toda vez, que a consideración de la quejosa existe una afectación debido a que dicho marco normativo, al establecer la eliminación de las junta distritales ejecutivas, y la eliminación del cargo de vocalistas en trescientos órganos distritales, a partir del uno de agosto del año en curso, impone una afectación a su esfera jurídica con motivo del cargo que desempeña como Vocal del Registro Federal de Electores de Junta Distrital Ejecutiva del Distrito 16 en el Estado de Puebla, con cabecera en Ajalpan, dependiente del Instituto Nacional Electoral. Bajo esas condiciones, se considera que la competencia por territorio de un Juzgado de Distrito respecto de este tipo de actos, se atenderá al lugar en que se verificará la ejecución la norma tildada de inconstitucional, esto es, en el lugar en donde se deba dar cumplimiento, con motivo de la localidad en la que se desempeña la parte quejosa, con motivo de su fuente de trabajo. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia PC.VII.L. J/1 L (10a.), emitida por el Pleno en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, de rubro y contenido siguiente: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA LA LEY 247 DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ, RECLAMADA COMO AUTOAPLICATIVA. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO QUE EJERCE JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE EL QUEJOSO, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTA QUE SE ENCUENTRA SU CENTRO DE TRABAJO. Del artículo 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo, se advierte que, con independencia del lugar donde radique la autoridad ordenadora, si el acto reclamado tiene carácter ejecutivo, el conocimiento de la instancia constitucional recaerá en el juzgado federal que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado; por ende, al constituir la Ley 247 de Educación del Estado de Veracruz una norma autoaplicativa que sí amerita ejecución material, precisamente, en los lugares en los que los gobernados deban dar cumplimiento a sus prescripciones, entendiendo por éstos, aquellos en los cuales se desempeñen como docentes o autoridades educativas y escolares, es que resulta evidente que la competencia para conocer de los juicios de amparo en los que se reclame la inconstitucionalidad de esa normatividad, se surte a favor del Juzgado de Distrito que ejerza jurisdicción en la localidad en la que se encuentre el centro de trabajo de los quejosos, así manifestado bajo protesta de decir verdad en la demanda de amparo, al haber promovido el juicio constitucional en su carácter de trabajadores al Servicio de la Secretaría de Educación del Estado de Veracruz; sobre todo, porque la protesta de decir verdad de la demanda de amparo, que en relación con los hechos o abstenciones que le constan al quejoso y que constituyen los antecedentes del acto reclamado o fundamento de sus conceptos de violación, es un requisito formal y no una mera fórmula sacramental o solemne; así que, el juzgador de amparo no puede desconocer a priori lo manifestado por el peticionario de amparo, desde el auto de admisión, pues no pondera respecto de la certeza de los actos reclamados o su vinculación con las autoridades responsables; de modo que, para estimar competente al Juez de Distrito ante quien se interpone juicio de amparo en contra de la Ley 247 de Educación del Estado de Veracruz, a partir de esa fase del procedimiento, basta que en la demanda se hubiera señalado el lugar donde los quejosos tienen su fuente de trabajo para corroborar la competencia del juez federal ante quien se presentó, si ello aconteció bajo protesta de decir verdad; sin perjuicio de que durante el juicio o en la audiencia constitucional se pueda concluir de manera diversa. (Lo destacado no es de origen). En ese orden de ideas, la competencia se surtirá a favor de un Juez de Distrito en razón del lugar en donde desempeña sus actividades labores la quejosa, en virtud de su fuente de trabajo. Ello es así, si tomamos en consideración que de la impresión de correo electrónico remitido por la Analista de Procedimiento Normativo de la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, con sede en la Ciudad de México donde se advierte el otorgamiento a la impetrante Mildred Díaz Antonio, en el puesto de Vocal del Registro Federal de Electores de Junta Distrital Ejecutiva del Distrito 16 en el Estado de Puebla, con cabecera en Ajalpan, dependiente del Instituto Nacional Electoral. Aunado a lo anterior, se cuenta con la aceptación que realizó bajo protesta de decir verdad, en su escrito de demanda, en el que refiere que cuenta con el nombramiento de Vocal del Registro Federal de Electores de Junta Distrital Ejecutiva del Distrito 16 en el Estado de Puebla, con cabecera en Ajalpan, dependiente del Instituto Nacional Electoral, lo que constituye una confesión, de acuerdo con lo señalado en el precepto 200 del Código Civil Federal, aplicado supletoriamente de la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2o. Así las cosas, toda vez que con motivo de la entrada en vigor de la normatividad reclamada, debida al carácter que tiene como trabajadora Vocal Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, lo que acreditó con las documentales señaladas y la protesta de decir verdad, de lo que se desprende el lugar en el cual tiene su adscripción, lo que resulta suficiente para definir la competencia por razón de territorio, toda vez que con ello se dilucida que la ejecución material de la ley impugnada como autoaplicativa, la cual se va a llevar a cabo en el lugar en que la peticionaria del amparo debe acatarla; esto es, en el domicilio de su centro de trabajo y no en cualquiera parte de la república mexicana, esto es, con motivo a su actividad como trabajadora del Instituto Nacional Electoral, la que podría verse afectada por esta nueva ley, misma que, se reitera, únicamente puede llevarse a cabo en su centro de labores. De tal manera que, atendiendo a lo precisado por el artículo 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo y el Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en los que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, la competencia se surte a favor del Juez de Distrito de Amparo en Materia Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula. Consecuentemente, con apoyo en el artículo 48 de la Ley de Amparo, remítase el presente expediente y anexos a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula; y, que por su conducto la haga llegar al homólogo federal para el efecto de que resuelva si acepta o no la competencia declinada a su favor e informe lo anterior a este juzgado federal, para proveer lo que en derecho corresponda solicitando el acuse de recibo respectivo. Motivo por el cual, fórmese cuaderno de antecedentes. NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS. Por otra parte, el promovente proporciono un usuario; consecuentemente, de conformidad con los artículos 3 y 26, fracción IV de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, en su numeral 55, se ordena se practiquen de manera electrónica únicamente aquellas determinaciones que deban ser personales al usuario "MILDREDDZ13", el cual se encuentra vinculado con la dirección de correo electrónico mildred.daza14@gmail.com. Por tanto, se instruye a la Oficial Judicial A encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes adscrita a este Juzgado Federal, para que haga las diligencias necesarias a efecto de dar lugar a lo anterior. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 8/2023 (11a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia en el Estado, Undécima Época, Registro: 2026122 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS. LA ELECCIÓN DE ESA VÍA EN EL JUICIO DE AMPARO POR LA PARTE QUEJOSA O TERCERA INTERESADA (PARTICULAR) IMPLICA QUE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL REALICE ÚNICAMENTE AQUELLAS QUE TIENEN CARÁCTER PERSONAL. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, al analizar casos en donde los quejosos y los terceros interesados solicitaron ser notificados por la vía electrónica, sostuvieron criterios discrepantes, pues mientras un órgano jurisdiccional estimó que dicha solicitud sustituye a las que se realizan por lista, el diverso órgano determinó que únicamente es aplicable para las de carácter personal. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación establece que cuando las partes quejosa o tercera interesada (particular) en un juicio de amparo soliciten ser notificadas por vía electrónica, esto implica que el órgano jurisdiccional deberá sustituir, con esa forma de notificación, únicamente aquellas que son de carácter personal. Justificación: Las notificaciones judiciales, como actos jurídicos a través de los cuales se comunica legalmente a una persona sobre una determinación adoptada por el órgano jurisdiccional con motivo del juicio o recurso sustanciado ante éste, tienen cuatro vías previstas en el artículo 26 de la Ley de Amparo: personal, por oficio, por lista y a través de la vía electrónica. Por su parte, el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, distingue el acceso al expediente electrónico, como aquel que solicitan las partes en un procedimiento jurisdiccional, por sí o por conducto de sus representantes legales, para sí o para un tercero, a fin de poder descargar en sus equipos de cómputo copia de las constancias que obren en aquél. Dicha normativa es específica al señalar que el acceso otorgado a las partes o a sus representantes y autorizados en los juicios para consultar los expedientes electrónicos no implicará permisos para notificarse electrónicamente de resoluciones judiciales, salvo cuando se solicita expresamente autorización para esa finalidad y la misma se haya acordado favorablemente. Asimismo, en relación con las notificaciones electrónicas, el Acuerdo General establece que las partes, sus representantes o los autorizados que cuenten con facultades expresas, podrán solicitar ante el órgano jurisdiccional en el que se tramite el asunto de su interés, que se les notifiquen electrónicamente las resoluciones judiciales, en términos del artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, y particularmente distingue que la solicitud para ser notificado electrónicamente lleva implícita la obligación de consultar el expediente electrónico respectivo. Por tanto, las partes cuya solicitud para recibir notificaciones electrónicas se haya acordado favorablemente, tendrán derecho a consultar por esta vía todos los proveídos que se dicten en lo subsecuente. Atento a ello, de la interpretación realizada a los preceptos citados de la Ley de Amparo y del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal, esta Segunda Sala determina que si la finalidad de establecer la notificación vía electrónica resulta en la implementación de una modalidad alterna a las que tradicionalmente se han utilizado, entonces la vía electrónica debe verse como herramienta optativa para agilizar la comunicación entre el órgano jurisdiccional y el justiciable. En tal sentido, es dable sostener que la elección de esta modalidad por el quejoso o el tercero interesado debe entenderse aplicable únicamente a las notificaciones que dentro del juicio se deban realizar de forma personal, pues éstas obedecen a la necesidad de comunicar fehacientemente determinados actos o resoluciones de importancia y relevancia para el interés de su destinatario, sin que su alcance pueda sustituir la operatividad de las notificaciones que se ordenan fijar en una lista que se publica en el local del órgano jurisdiccional, en lugar visible y de fácil acceso." Asimismo, no pasa inadvertido que señala como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en Privada de Arista 202 Colonia Artículo 123, C. P. 68090, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, sin tenerle por revocado domicilio anterior, toda vez que no obra de autos señalamiento alguno; sin embargo, notifíquesele electrónicamente, hasta en tanto previo requerimiento solicite una diversa forma de notificación, pues no pueden coexistir ambas designaciones y prevalece la vía electrónica atento al anterior criterio jurisprudencial y en el señalamiento que hace en su escrito de cuenta respecto del artículo 26, fracción IV de la citada ley. NÚMERO TELEFÓNICO Sin que haya lugar a proveer de conformidad la solicitud de la parte quejosa para tener el número de teléfono que proporcionó, toda vez, si bien la ley de la materia establece la práctica de la notificación vía electrónica, ésta no es para efectuarla tal cual a través de dicho medio. Lo anterior, sin perjuicio de que en términos del artículo 257 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Relativas a la Utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales como ejes rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo, que establece la vía telefónica y el uso de medios tecnológicos convenidos para comunicaciones no procesales. ACTUARIO DE LA ADSCRIPCIÓN Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, se instruye al fedatario comisionado para hacer la entrega del oficio correspondiente a este cuaderno, que deberá hacerlo con la autoridad o encargado que en ese momento se encuentre en la oficina donde deba realizarse la notificación y si éste se negare a recibirlo, hacer de su conocimiento que no obstante ello se tendrá por hecha y asiente razón en ese sentido; y la aperciba que de subsistir su negativa se le impondrá una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 245 del mismo ordenamiento. Asimismo, se faculta al Actuario de la adscripción para que en caso de que no le sea posible enviar vía fax o correo electrónico los oficios que se expidan en este expediente, sin ulterior acuerdo, previa razón de imposibilidad que levante para debida constancia, los remita con sus anexos descritos vía mensajería acelerada "Estafeta". HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución; con fundamento en el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente juicio deban realizarse notificaciones personales a las partes que intervengan en este, se habilitan días y horas que resulten necesarios para que cualesquiera de los actuarios judiciales de la adscripción puedan efectuar tales diligencias. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Toda vez que no existe impedimento legal para que la parte quejosa, por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoriza, puedan hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y tecnología para copiar o reproducir las actuaciones que obren en el expediente físico pues, como se precisó en párrafos que anteceden, a partir del uno de diciembre de dos mil veintidós, los expedientes físicos se integran únicamente con aquellos documentos recibidos por esa vía, de modo que ya no obran los acuerdos en autos, en razón de que los mismos se firman electrónicamente, por tanto, los expedientes electrónicos son los que tendrán validez para la consulta de las partes. DISPOSICIÓN ESPECIAL Se autoriza a los Secretarios y Secretarias del juzgado a firmar los oficios que se giren en el presente juicio. LEY DE TRANSPARENCIA Por tanto, con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se hace del conocimiento de las partes que se requiere de su consentimiento para permitir el acceso a información confidencial, por tanto, de no hacer manifestación alguna al respecto hasta antes de dictarse sentencia, se tendrá por inconformes con la divulgación de dicha información. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa

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