Mildred del Socorro Pacheco Peraza

Expediente 1494/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 2 actuaciones registradas, la última del 21 de septiembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1494/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
21/09/2021

Partes del expediente

  • Mildred del Socorro Pacheco Peraza

Actuaciones

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno. Agréguese a estos autos para que obre como legalmente corresponda, el escrito signado por Mildred del Socorro Peraza Pacheco parte quejosa en el presente asunto, el cual fue presentado con una copia y sin anexos, mediante el cual da cumplimiento al requerimiento realizado en proveído de veintiséis de agosto de dos mil veintiuno. Ahora bien, en atención al contenido del escrito aclaratorio, se advierten motivos manifiestos e indudables de improcedencia, lo que trae como consecuencia que de conformidad con lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo, deba desecharse de plano la demanda de amparo, atento a las siguientes consideraciones. En efecto, en el caso a estudio se actualiza la causal de improcedencia del juicio constitucional prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. Para demostrarlo en principio se destaca que la quejosa señala como acto reclamado la omisión genérica del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, de realizar las gestiones necesarias y correspondientes para hacer efectivo y dar cumplimiento al laudo condenatorio. Sobre esta premisa en el caso se tiene que si bien el Tribunal responsable tiene la obligación de requerir la información que necesita, también es verdad que esa obligación es correlativa con los particulares en el sentido de que éstos tienen a su vez la obligación de manifestar su voluntad para que continúe la acción ejercida; por tanto, el acto reclamado produce la improcedencia del juicio de amparo. En efecto, al reclamarse en la demanda de amparo indirecto, de forma genérica, la omisión del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, de realizar las gestiones necesarias y correspondientes para hacer efectivo y dar cumplimiento al laudo condenatorio en el juicio laboral de origen, el juicio de amparo resulta improcedente, en términos de la fracción XXIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, porque estamos en presencia de un acto jurídicamente inexistente al momento de la presentación de la demanda de amparo y de realización incierta, porque la ejecución forzosa depende básicamente de la previa petición del ejecutante, razón por la cual no puede tenerse por actualizada una omisión genérica que se atribuyera a la responsable, si como en el caso de la lectura de la demanda se advierte que lo que se reclama es la omisión de medidas necesarias, esto es, vigilar el cumplimiento forzoso en la ejecución del laudo. Resulta importante señalar que al resolver la contradicción de tesis 339/2011, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que de reclamarse un acto u omisión en concreto, el análisis de la procedencia del juicio de amparo y en su caso del fondo del asunto, así como los alcances de la eventual concesión de la protección federal solicitada, debe constreñirse a lo reclamado por la parte quejosa y no puede abarcar futuros actos que pudieran o no emitirse en el procedimiento de ejecución forzosa, pues éstos, al requerir el impulso e intervención del ejecutante, pudieran no llegar a materializarse. Esa ejecutoria dio lugar a la jurisprudencia 2a./J. 15/2011, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro III, diciembre de 2011, Tomo 4, de rubro y texto siguiente: "EJECUCIÓN FORZOSA DE LAUDOS. AMPARO SOLICITADO CONTRA ACTUACIONES U OMISIONES EN ESA ETAPA. Conforme al artículo 950 de la Ley Federal del Trabajo, el procedimiento de ejecución forzosa del laudo inicia una vez transcurrido el término de 72 horas a que se refiere el numeral 945 de la propia Ley previa petición del ejecutante, siendo necesaria la intervención de éste en las diversas etapas que lo conforman. Ahora bien, de reclamarse en amparo indirecto, genéricamente, la omisión del Presidente de la Junta de proveer lo conducente para la ejecución forzosa del laudo, el juicio de amparo sería improcedente en términos de la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción IV del numeral 74 del propio ordenamiento, porque el acto reclamado sería jurídicamente inexistente al presentarse la demanda y además de realización incierta, en razón de que esas actuaciones están sujetas a la previa solicitud e impulso del ejecutante, razón por la cual no podría tenerse por actualizada la omisión genérica que en esos términos se atribuyera al Presidente ejecutor. Por el contrario, de reclamarse un acto u omisión en concreto, el análisis de la procedencia del juicio de amparo y, en su caso, del fondo del acto reclamado, así como los alcances de la eventual concesión de la protección federal solicitada, deberá constreñirse a los actos señalados por el quejoso y no abarcar aquellos actos futuros e inciertos que pudieran emitirse en el procedimiento de ejecución forzosa, pues éstos, al requerir el impulso e intervención del ejecutante, pudieran no llegar a materializarse." Al sostenerse lo anterior no se soslaya que en la etapa de ejecución el gobernado cuenta con el derecho fundamental consagrado en el artículo 17 constitucional de que se le administre justicia expedita y completa en los plazos y términos que fijen las leyes, sin embargo, en la ejecución de laudo, es necesario no solo la forzosa solicitud del ejecutante para su inicio, sino también para su prosecución, así como su directa intervención en diversas actuaciones; de ahí que la ejecución forzosa del laudo no es una fase que la autoridad laboral pueda y deba seguir de manera oficiosa. Por esas razones no puede constreñirse a la Junta responsable para que de manera genérica, mediante la promoción del amparo se ordene proveer lo conducente de manera oficiosa y dentro de los trámites y términos legales, a la ejecución forzosa de un laudo. En ese contexto, como en la demanda de amparo se reclamó un acto de forma genérica, se actualiza de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, pues se estaría en presencia de un acto jurídicamente inexistente al momento de la presentación de la demanda de amparo y de realización incierta, porque la ejecución forzosa o el cumplimiento sustituto depende básicamente de la previa petición del ejecutante, razón por la cual no podría tenerse por demostrada la omisión genérica que se atribuyera a las autoridades responsables. Resulta aplicable al caso la jurisprudencia 2a./J. 16/2011 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 2772, Libro III, diciembre de 2011, Tomo 4, Materia Común de la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que señala: "PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN FORZOSA DEL LAUDO. ES NECESARIA LA INTERVENCIÓN DEL EJECUTANTE PARA EL INICIO Y PROSECUCIÓN DE ESTA ETAPA. El Título Quince de la Ley Federal del Trabajo regula los procedimientos de ejecución de los laudos en materia laboral, estableciendo la obligación del Presidente de la Junta de proveer oficiosamente al dictado de las medidas necesarias para que la ejecución sea pronta y expedita; sin embargo, el artículo 950 del indicado ordenamiento dispone la indispensable solicitud expresa del ejecutante para la apertura de la ejecución forzosa del laudo, mediante el dictado del auto de requerimiento y embargo, y los numerales 954, 957 y 965 de dicha Ley prevén la intervención del ejecutante en diversas diligencias para la continuación de esa etapa, como lo son el señalamiento de los bienes en los cuales se va a ejecutar el laudo, la designación del depositario y su eventual cambio o remoción. De lo anterior se infiere que la ejecución forzosa del laudo no es una etapa que la autoridad deba y pueda seguir oficiosamente, máxime que en ella se generan los gastos lógicos y naturales de la ejecución; aunado a que el artículo 519, fracción III, de la propia Ley establece que las acciones para solicitar la ejecución de los laudos de las Juntas de Conciliación y Arbitraje y los convenios celebrados ante ellas prescriben en dos años. Por las razones apuntadas no puede concederse el amparo y protección de la Justicia Federal para que se constriña al Presidente de la Junta responsable para que, una vez transcurridas las 72 horas a que se refiere el artículo 945 del indicado ordenamiento, oficiosamente provea lo conducente, dentro de los trámites y términos legales, a la ejecución forzosa del laudo." De igual manera resulta aplicable al caso la jurisprudencia que sustentó el Pleno en Materia de Trabajo del Primer Circuito consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Libro 22, septiembre de 2015, Tomo II, de rubro y texto siguiente: "AMPARO INDIRECTO. DEBE SOBRESEERSE CUANDO SE RECLAMA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE LA OMISIÓN GENÉRICA DE PROVEER LO CONDUCENTE PARA LA EJECUCIÓN FORZOSA DEL LAUDO. Conforme al artículo 151 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, corresponde a la parte que obtuvo resolución favorable la solicitud de inicio del procedimiento de ejecución forzosa del laudo, así como su necesaria intervención en la prosecución de ese procedimiento a fin de lograr el cumplimiento de dicha resolución. De ahí que de señalarse como acto reclamado en amparo indirecto, la omisión genérica del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje de proveer lo conducente para la ejecución del laudo, el juicio de amparo debe sobreseerse en términos del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo en vigor, habida cuenta que el acto reclamado se tornaría jurídicamente inexistente al momento de presentarse la demandada y además de realización futura e incierta, en razón de que no podría constreñirse al Tribunal burocrático para que de manera genérica, mediante la concesión del amparo y protección de la Justicia Federal, ordene proveer lo conducente, de oficio y dentro de los trámites y términos legales, a la ejecución de un laudo, pues ese impulso precisamente corresponde al ejecutante, por lo que no podría considerarse que los actos así reclamados tuvieran el carácter de inminentes, puesto que los mismos deben estimarse de realización futura e incierta, cuya existencia se encuentra sujeta a la voluntad del ejecutante." Por consecuencia de lo expuesto y con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se reitera, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Mildred del Socorro Pacheco Peraza, contra los actos del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios. Por otra parte, agréguese a los presentes autos la constancia actuarial levantada por el fedatario judicial adscrito a este Juzgado de Distrito de veintisiete de agosto del presente año de la que se advierte que no fue posible notificar personalmente a Mildred del Socorro Pacheco Peraza, parte quejosa en este asunto, el acuerdo de veintiséis de agosto del año en curso, dictado por este Juzgado Federal; en virtud que en el predio que señalo para oír recibir notificaciones se encuentra fuera de la jurisdicción de este Juzgado; por lo tanto, con fundamento en el artículo 30 fracción II de la Ley de Amparo, proceda la actuaria de este Juzgado Federal, a notificar a la nombrada quejosa, el presente proveído y las subsecuentes notificaciones aun las de carácter personal, por medio de lista autorizada que se fije en los estrados de este Juzgado Federal, hasta en tanto señale domicilio para oír y recibir notificaciones dentro de la jurisdicción de este Juzgado Federal. Notifíquese por lista a la parte quejosa. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada Estefanni Romero Navarro, secretaria que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, veintiséis de agosto de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por Mildred del Socorro Pacheco Peraza, contra actos que reclama al Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios la cual fue presentada con cuatro copias y sin anexos. Ahora bien, de la lectura de la demanda de amparo se advierte que, en el capítulo de acto reclamado, la promovente Mildred del Socorro Pacheco Peraza, señala que reclama de la autoridad señalada como responsable: "que en diversos acuerdos que obran el cuerpo del expediente marcado con el número 570/2010, donde no se ha hecho las gestiones necesarias y correspondientes, para hacer efectivo y dar cumplimiento al pago de embargo correspondiente"; por lo que no precisa en qué consiste el mismo; no obstante, en el punto cuarto de sus de antecedentes indica que: "el presidente del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, no ha acordado lo conducente y conforme a derecho corresponda". En tales consideraciones y a efecto de acordar lo relativo a la presente demanda de amparo y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 108 fracciones IV y V, en relación con el diverso 114, fracciones I, II y IV, ambos de la Ley de Amparo, requiérase a la parte quejosa para que dentro del término de cinco días hábiles contados a partir del día hábil siguiente al en que surta efectos la notificación que se le haga de este acuerdo: Precise el acto que reclama esto es, 1) si reclama de manera genérica la omisión de la autoridad responsable de continuar con la ejecución del laudo, o en su caso, 2) La falta de pronunciamiento o de acuerdo de algún escrito en específico que haya presentado ante la autoridad Se apercibe a la parte quejosa en el sentido que de no subsanar la prevención requerida dentro del término que le ha sido otorgado, con fundamento en el artículo 114 de la Ley de Amparo, se tendrá por no presentada la demanda de amparo. Ténganse como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado en su escrito inicial de demanda y como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Rodrigo David Vargues Rodríguez y José Guadalupe de la Cruz Madera Uc, por tratarse de un asunto laboral y ser la parte trabajadora. Ahora bien, hágase del conocimiento de la parte quejosa que se accede a que los autorizados hagan uso de los medios electrónicos dentro del local de este juzgado, en la inteligencia de que el uso de los medios electrónicos que propone se efectúe con lealtad procesal y no se reproduzcan documentos o textos cuya difusión esté reservada o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. Sirve de apoyo al caso, la Tesis I.30.C.725 C, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil del Primer Circuito, visible en la Página 2847, del Tomo XXIX, Marzo de 2009, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, del rubro siguiente: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA." De acuerdo a lo establecido en el artículo 21 de la Ley de Amparo, desde este momento, por economía procesal, se habilitan días y horas inhábiles, a fin de que los actuarios de la adscripción realicen las notificaciones derivadas del presente juicio de amparo. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, encargado del despacho por vacaciones del titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante el licenciado Francisco Javier Cetina Cetina, secretario que autoriza y da fe.

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