Milder Suarez Gomez

Expediente 1529/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 10 actuaciones registradas, la última del 14 de diciembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1529/2019
Año
2019
Actuaciones
10
Última actuación
14/12/2021

Partes del expediente

  • Milder Suarez Gomez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a catorce de diciembre de dos mil veintiuno. Vista la razón de cuenta de la Secretaría, téngase por recibido el oficio con anexo signado por la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Octavo Circuito, mediante el cual devuelve los autos originales del juicio de amparo en que se actúa 1529/2019, y dos anexos de pruebas, asimismo, remite el testimonio de la ejecutoria pronunciada en sesión de veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno, dentro del toca correspondiente al amparo de revisión 147/2021, en el cual en sus puntos resolutivos determinó: ".PRIMERO. Se revoca la sentencia dictada.SEGUNDO. Se sobresee el juicio de amparo indirecto.". Acúsese el recibo de estilo correspondiente, agréguese el cuaderno de antecedentes respectivo y notifíquese a las partes corriéndoles traslado con copia de la ejecutoria dictada. En consecuencia, y, toda vez que se determinó sobreseer en el presente juicio, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en su oportunidad, archívese el presente juicio de amparo, previas anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, carátulas, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y del Expediente electrónico, esto último con fundamento en el artículo 35 el Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. CON INCIDENTE. Ahora, tomando en consideración que en el presente asunto se formó por duplicado y cuerda separado el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurra seis meses a esta fecha, previo cumplimiento del requisito antes citados y con fundamento en el artículo 20, fracción II inciso a) del Acuerdo General mencionado en párrafos que anteceden, procédase a la destrucción del duplicado, guardar únicamente el original. Por otra parte, con apoyo en el artículo 18 fracción I inciso a) del multicitado Acuerdo General, el original del incidente de suspensión es susceptible de ser depurado, toda vez que, tanto la suspensión provisional como la definitiva se determinó concederla. En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el diario oficial de la federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo, Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generado por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria; ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito; ni se trata a conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 21, del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de ser destruido, toda vez que se determinó sobreseer en el presente juicio, lo que significa que dentro del plazo señalado por dicho artículo una vez que transcurra la temporalidad señalada, y en atención que dicho expediente carecen de valor jurídico, valor histórico o de relevancia documental, por lo que pueden ser destruidos en términos de lo dispuesto en la Ley General de Bienes Nacionales, y demás disposiciones jurídicas aplicables, además en observancia y cumplimiento a lo dispuesto por los 22, 23 y 24 del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Asimismo, en términos del precepto 21, segundo párrafo del Acuerdo General en comento, hágase saber a las partes que cuentan con el término de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, para que se presenten debidamente identificados en día y horas hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se le haga entrega de los documentos originales exhibidos en la presente contienda constitucional; en la inteligencia que de no hacerlo dentro de dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. Finalmente, devuélvanse los anexos que remitió la autoridad responsable como complemento de su informe justificado. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante María del Rosario García Jiménez, Secretaria quien autoriza y da fe. Doy fe. CARLOS C. O.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a siete de julio de dos mil veintiuno. Vista la razón de cuenta; de conformidad con los artículos 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se tiene por recibido el oficio signado por el Actuario adscrito al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Octavo Circuito, mediante el cual comunica el proveído de cinco de julio de dos mil veintiuno, dictado por el Magistrado Presidente del Tribunal Colegiado al cual se encuentra adscrito, dentro de los autos del amparo en revisión 147/2021, por el cual acusa de recibo del expediente original del juicio de amparo en que se actúa y anexos; asimismo, informa que admitió dicho recurso; al respecto, agréguese a los autos para que obre como corresponda, teniendo por hecha la comunicación que vierte. Por otra parte, por cuanto a su solicitud de que se le permita el acceso al expediente electrónico derivado de este juicio; al respecto, instrúyase a la oficial judicial "A" adscrito a este órgano jurisdiccional para que permita el acceso al expediente electrónico al citado tribunal colegiado. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Erik Calderón Ocampo, Secretario quien autoriza y da fe. Doy fe. CARLOS C. O.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a diecinueve de marzo de dos mil veintiuno. Visto el estado de los autos de los que se advierte que a la fecha no se encuentra notificada la parte quejosa de la sentencia dictada; por tal motivo, y, para estar en condiciones de remitir el presente expediente al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Octavo Circuito para la substanciación del recurso de revisión hecho valer, se instruye al Actuario adscrito para que de inmediato realice la formalidad encomendada. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Erik Calderón Ocampo, Secretario quien autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Se notifica a la parte quejosa el auto de diecinueve de marzo de dos mil veintiuno. Visto el estado de los autos de los que se advierte que a la fecha no se encuentra notificada la parte quejosa de la sentencia dictada; por tal motivo, y, para estar en condiciones de remitir el presente expediente al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Octavo Circuito para la substanciación del recurso de revisión hecho valer, se instruye al Actuario adscrito para que de inmediato realice la formalidad encomendada. Notifíquese y la sentencia de VISTO, para resolver el juicio de amparo 1529/2019, promovido por Milder Suárez Gómez, por su propio derecho y en representación de su menor hija de iniciales A.D.S.M., contra actos del Juez Primero Civil de Primera Instancia del Quinto Distrito Judicial en el Estado de Morelos, y; R E S U L T A N D O. PRIMERO. Mediante escrito presentado el siete de noviembre de dos mil veinte, ingresado en los buzones de la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, remitido al día hábil siguiente, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado federal, Milder Suárez Gómez, por su propio derecho y en representación de su menor hija de iniciales A.D.S.M., solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra la autoridad y por el acto siguiente: Autoridad responsable: Juez Primero Civil de Primera Instancia del Quinto Distrito Judicial en el Estado de Morelos. Acto reclamado: ".reclamo el auto de fecha 19 de Agosto de 2019 y sus efectos, (desahogo) en donde se ordena que el suscrito comparezca a un domicilio a llevar a cabo el proceso de evaluación psicológica, empero, para agotar el principio de definitividad presente (sic) recurso de revocación en contra de dicho auto, resolviendo dicho recurso con la resolución de fecha 11 de Octubre de 2019, misma que declara improcedente el recurso de revocación dentro del expediente 477/2018-2, de la Segunda Secretaria, que contiene juicio de modificación de cosa juzgada, promovido por la parte actora, contra el demandado, aquí quejoso". SEGUNDO. El once de noviembre de dos mil diecinueve, esta autoridad radicó el asunto con el número de expediente 1529/2019, y previa aclaración, el diecinueve del mismo mes y año, admitió la demanda de amparo, requirió a la responsable su informe justificado, ordenó emplazar a la presente contienda al tercero interesado, dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que inició en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción V, 48 y 54 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en razón de que los actos reclamados emanan de autoridades que radican dentro del ámbito territorial donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Antes de establecer la certeza de los actos reclamados, es menester precisar aquéllos, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 74. La sentencia debe contener: La fijación clara y precisa del acto reclamado;" Conforme al precepto transcrito, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, por lo que debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, visible en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y el análisis de las constancias de autos, se desprende que el promovente del amparo reclama la resolución de once de octubre de dos mil diecinueve, a través de la cual declaró improcedente el recurso de revocación intentado, en contra del auto de diecinueve de agosto de dos mil diecinueve, dictado en el expediente 477/2018-2, del índice de la autoridad responsable. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable, pues así se advierte del contenido del informe justificado, lo que se corrobora con las copias certificadas que acompaña a su informe justificado; documentales que por ser de carácter público gozan de eficacia demostrativa plena en términos de los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo. CUARTO. Causales de improcedencia y sobreseimiento. Antes de entrar al estudio de los conceptos de violación expuestos en la demanda de amparo, debe precisarse que las partes fueron omisas en invocar alguna causa de improcedencia, y el suscrito advierte que no se surten los supuestos que en ese sentido dispone el artículo 61 de la Ley de Amparo; situación que se hace constar por ser de estudio oficioso, de conformidad con el numeral 62 del citado ordenamiento. QUINTO. Antecedentes del acto reclamado. Previo al análisis estudio de fondo del presente asunto, se estima pertinente destacar los antecedentes que dieron origen al acto reclamado, según se advierte de las copias certificadas remitidas por la autoridad responsable, las cuales hacen prueba plena de conformidad con los numerales 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo: Mediante escrito ingresado el veintitrés de noviembre de dos mil dieciocho, en la oficialía de partes del Juzgado Primero Civil del Quinto Distrito Judicial en el Estado de Morelos, (fojas 01 a 23 del anexo I), Yerazka Domenicana Martínez Villanueva -tercero interesada en el presente juicio-, en representación de su menor hija de iniciales A.D.S.M., promovió en la vía de controversia familiar la modificación de la cosa juzgada, en contra de Milder Suárez Gómez -aquí quejoso-. Por auto de veintiocho de noviembre de dos mil dieciocho (fojas 70 y 71 del anexo I), la autoridad responsable admitió a trámite la demanda interpuesta y ordenó emplazar a la parte demandada. A través de acuerdo de veintitrés de abril de dos mil diecinueve (fojas 197 a 200), la juez responsable admitió las pruebas ofrecidas por la parte actora en su escrito inicial de demanda, entre las cuales se encontraba la prueba pericial en materia de psicología que debería practicarse a Milder Suárez Gómez, conforme a los puntos precisados por la parte oferente. Mediante diverso proveído de diecinueve de agosto de dos mil diecinueve (foja 149 del anexo 2), la autoridad responsable requirió al ahora quejoso para que compareciera los días y horas, y en el domicilio señalado por la perito de la parte actora, para efecto de iniciar el proceso de evaluación correspondiente, bajo el apercibimiento que en caso de incumplimiento, se haría acreedor a una multa en cantidad de veinte unidades de medida y actualización. A través de escrito ingresado en la oficialía de partes de la autoridad responsable el veintisiete de agosto de dos mil diecinueve, Milder Suárez Gómez (fojas 224 a 233) interpuso recurso de revocación en contra del auto de diecinueve de agosto de dos mil diecinueve. Por resolución de once de octubre de dos mil diecinueve, la autoridad responsable resolvió el recurso de revocación interpuesto, y declaró improcedente el medio de impugnación hecho valer por Milder Suárez Gómez en su carácter de demandado en el juicio de origen. Dicha resolución constituye el acto reclamado en el presente juicio. SEXTO. Estudio de los conceptos de violación. El impetrante del amparo expresó los conceptos de violación que aparecen insertos en el escrito de demanda, los cuales se tienen por reproducidos en este apartado, en aras del principio de economía procesal y en relación con lo dispuesto por la Tesis de Jurisprudencia 2a./J. 58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con el rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer". La parte quejosa esgrimió en su demanda de amparo, en esencia, los siguientes argumentos: Sostuvo que con el desahogo de la prueba pericial se violan sus derechos humanos y le causa daños de imposible reparación, en específico la invasión a su intimidad, privacidad e individualidad personal, ya que se pone al descubierto cuestiones ajenas al objeto de esa prueba, en razón de que se está en presencia de un juicio de pensión alimenticia y modificación de cosa juzgada, y no ante un juicio en el que se determine la guarda y custodia para alguno de los padres. Aduce que el desahogo de la prueba no encuentra fundamento alguno para su desahogo, porque se está ante un juicio de pensión alimenticia y de modificación de convivencias de manera externa, mismo que ya fue resuelto por el diverso juzgado segundo, aunado a que con la práctica de dicho medio de convicción se podrán poner al descubierto otras características psicológicas que van a quedar plasmadas en el expediente judicial que no se encuentran relacionadas con la cuestión de fondo. Considera que a través del recurso de revocación pretendió que la juez a quo dejara sin efectos el auto de veintisiete de agosto de dos mil diecinueve, por el que ordena el desahogo de la prueba pericial en psicología y cumplió con los requisitos a que se refiere el artículo 567 de la ley familiar aplicable. Manifiesta que la admisión de la prueba pericial en materia de psicología no le causa agravio, sino que la afectación la resentirá al momento de su desahogo, por las consideraciones antes vertidas; y aduce que la juez de origen se confunde y resuelve que a través del medio de impugnación intentado pretende combatir el acuerdo por el que se admitió la citada prueba, lo cual es incorrecto. Expresa que se encontraba dentro del término legal de tres días para inconformarse contra el auto de diecinueve de agosto de dos mil diecinueve por considerarlo violatorio de todo derecho humano, ya que estima que le fija una carga procesal de llevar a cabo la evaluación psicológica, contraviniendo el artículo 302 de la ley de la materia, el cual señala que el Juez obrará como estime procedente para obtener el mejor resultado, sin lesionar el derecho de las personas, oyéndolas y procurando en todo su igualdad; circunstancia que no acontece en el presente caso. Alega que con el recurso de revocación no se cumple con la efectividad de la tutela judicial, toda vez que la autoridad le notificó el auto por el cual le ordena acudir para el desahogo de la probanza aludida con tres días de anticipación, y el plazo para impugnar dicho auto es de tres días. Estima que la juez responsable no dio contestación de manera completa a los argumentos planteados en su recurso de revocación, sino que únicamente se limitó a declarar improcedente ese medio de defensa. Afirma que será el juez de amparo el que determine la idoneidad de la prueba pericial en materia de psicología, con base en los datos que obren en autos. Refiere que existen diversos oficios signados por peritos oficiales en materia de psicología que señalan que de continuar con las convivencias supervisadas se violaría el interés de su menor hija, ya que no se podría desarrollar en un entorno familiar paternal. Tales argumentos devienen infundados por una parte e inoperantes por otra en atención a las siguientes consideraciones. Efectivamente, resulta infundada la manifestación de la parte quejosa identificada con el arábigo 4, ya que el acto reclamado es derivado de otro consentido previamente. En primer lugar conviene aclarar que el desacuerdo del quejoso en este aspecto se encuentra soportado, en parte, en un error de razonamiento, ya que afirma que el desahogo de la pericial en psicología es impugnable con independencia de la admisión de esa prueba, sin embargo ello no es correcto. Se sostiene lo anterior en razón de que si bien pueden existir periciales cuya admisión y desahogo se ordenan en un mismo acuerdo, como ocurre con la prueba pericial en genética, la cual fue analizada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 81/2002, la cual dio origen a la jurisprudencia 1a./J. 17/2003, ello de ninguna forma significa que sean impugnables en forma separada y autónoma tanto la admisión como el desahogo. Por ello, cuando el quejoso toma la característica expresada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como "admisión y desahogo", entendida como un atributo de la conjunción "y", y la transfiere al elemento desahogo, incurre en el error de entender separada la admisión del desahogo, lo que es incorrecto, pues de ser así, las partes tendrían dos momentos diferentes para combatir tales actos. Ahora bien, aun cuando ciertamente es posible que en los distintos momentos de la etapa probatoria (ofrecimiento, admisión, preparación, desahogo y valoración) se afecten derechos sustantivos, ello no implica, por sí mismo, que cada momento pueda impugnarse en forma autónoma, sino que se requiere que la afectación alegada no sea una consecuencia necesaria del momento anterior -de un acto consentido de manera expresa o tácita- y que se ataque por vicios propios. Sin perjuicio de lo hasta aquí expuesto, aún y cuando por regla general la afectación a derechos sustantivos tiene su origen en la falta o indebida aplicación de la ley en relación con los requisitos de admisibilidad de la prueba pericial (momento de la admisión), lo cierto es que eso no excluye la posibilidad de que en momentos posteriores de la etapa probatoria (preparación, desahogo y valoración) pueda presentarse una afectación a derechos sustantivos. Así sucedería, por ejemplo, si la pericial se admitió respecto de ciertos temas y al ordenarse su preparación se modificara el alcance de esos temas, ya sea por incluir más o menos aspectos, o incluso aspectos distintos a los admitidos. Similar caso se presentaría en el supuesto de la práctica si el especialista realiza los estudios de su ciencia respecto de temas o aspectos que no le fueron planteados. En tales supuestos, si, por ejemplo, se alega una violación a derechos sustantivos en la preparación de una prueba, por vicios propios de esa preparación, no serían una consecuencia de la admisión, pues el origen de esa afectación no es el acto de la admisión, por lo que el amparo resultaría procedente contra el auto que ordenara la preparación aun cuando no se hubiera impugnado por los medios legales el proveído por el que se admitió esa prueba. Tal acto no sería derivado de otro consentido. Sin embargo, ello no acontece en el presente asunto, ya que la prueba pericial en materia de psicología sobre el quejoso Milder Suárez Gómez fue admitida el veintitrés de abril de dos mil diecinueve, en los términos en que fue ofrecida por la parte actora -ahora tercero interesada- a través de escrito ingresado en la oficialía de partes común del quinto distrito judicial el ocho de abril del mismo año (fojas 107 a 116), por lo que resulta obvio que desde el momento de su admisión el justiciable conocía los extremos sobre los que versaría. En esa guisa, este juzgador considera que es acertada la conclusión alcanzada por la autoridad responsable en la resolución que se reclama, en el sentido de que el auto de diecinueve de agosto de dos mil diecinueve es una consecuencia de la admisión de la prueba pericial en psicología ofrecida por la actora, ya que a través de ese auto la responsable se limitó a requerir al aquí quejoso para que acudiera el día y hora señalados por el experto en la materia para llevar a cabo el desahogo de la probanza ya admitida. Máxime que el quejoso no atribuye vicios propios al auto que reclama y éste es una simple consecuencia del que admitió la prueba pericial, por lo cual es inconcuso que dicho acto deriva de otro consentido; aunado a que los temas que presenta el quejoso en los conceptos de violación están relacionados con el derecho a la integridad "física, psíquica y moral", así como a la intimidad; que podrían resultar afectados si se ponen al descubierto "características psicológicas" de su personalidad, lo cual no tiene relación con la controversia de origen. Apoya lo considerado el siguiente criterio jurisprudencial de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación. Quinta Época, Tomo LXXXI, página 922, registro 323235, de rubro y texto siguientes: "ACTOS DERIVADOS DE OTROS CONSENTIDOS. Se entienden por actos derivados de otros consentidos, aquellos que se ejecutan dentro del mismo procedimiento y que son consecuencia natural y legal del acto antecedente, como el embargo lo es respecto del requerimiento de pago no acatado por el deudor, como el remate lo es respecto del embargo, etcétera, y contra los cuales no se expresan conceptos de violación específicos. Dos, son, pues, los elementos que se requieren para considerar a un acto derivado de otro consentido, a saber: 1o. Que sea una consecuencia natural y legal del acto antecedente; y 2o. Que no se ataque por vicios propios, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad se haga derivar de los actos consentidos. Ahora bien, el acuerdo que niega la nulificación de la orden de baja del quejoso, no surte el primer elemento, ya que no se dictó dentro del procedimiento en que se emitió esa orden, y, por lo mismo, no es una consecuencia natural y legal de ésta." Asimismo, sirve de sustento el criterio número XXVII.3o.29 L, publicado en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 27, Febrero de 2016, Tomo III, página 2118, que a la letra dice: "PRUEBA PERICIAL EN EL JUICIO LABORAL. SI NO SE IMPUGNÓ SU ADMISIÓN Y NO SE COMBATIÓ POR VICIOS PROPIOS, EL AUTO QUE ORDENA SU DESAHOGO CONSTITUYE UN ACTO DERIVADO DE OTRO CONSENTIDO. Aun cuando es posible que en los distintos momentos de la etapa probatoria (ofrecimiento, admisión, preparación, desahogo y valoración) se afecten derechos sustantivos, ello no implica, por sí mismo, que cada momento pueda impugnarse en forma autónoma, sino que se requiere que la afectación alegada no sea una consecuencia necesaria del momento anterior y que se ataque por vicios propios. Ello, porque si bien es cierto que en la mayoría de las ocasiones la afectación a derechos sustantivos tiene su origen en la falta o indebida aplicación de la ley en relación con los requisitos de admisibilidad de la prueba pericial (momento de la admisión), también lo es que eso no excluye la posibilidad de que en momentos posteriores de la etapa probatoria (preparación, desahogo y valoración) pueda presentarse una afectación a derechos sustantivos. Así sucedería, por ejemplo, si la pericial se admitió respecto de ciertos temas y al ordenarse su preparación se modificara el alcance de esos temas, ya sea por incluir más o menos aspectos o, incluso, distintos a los admitidos. Similar caso se presentaría en el supuesto de que el especialista realizara los estudios de su ciencia respecto de temas o aspectos que no le fueron planteados. En tales supuestos, si se alega una violación a derechos sustantivos en la preparación de una prueba por vicios propios de esa preparación, en tanto no serían una consecuencia de la admisión, su origen no sería el acto de la admisión, por lo que el amparo sería procedente contra el auto que ordenara la preparación, aun cuando no se hubiera impugnado por los medios legales el proveído por el que se admitió esa prueba; en este caso, tal acto no sería derivado de otro consentido, pues, para ello deben actualizarse dos supuestos: a) Ser una consecuencia natural y legal del acto antecedente; y, b) Que no se ataque por vicios propios, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad se haga derivar de los actos consentidos previamente". Sin que sea obstáculo a lo anterior lo argüido por el quejoso en el sentido de que el auto por el cual se admitió la prueba pericial en comento no sea impugnable a través de un medio de defensa ordinario, sino hasta a través del juicio de amparo directo que en su caso proceda contra la resolución definitiva, pues de estimar que con su desahogo le causaría perjuicio (y que efectivamente no procediera medio ordinario de defensa alguno), se encontraba en posibilidad de acudir al juicio de constitucionalidad en la vía indirecta en contra del acuerdo que la admitió. Concatenado con lo anterior, es infundado lo razonado por la parte agraviada, sintetizado en el numeral 8, toda vez que contrario a ello, este juzgador no es la autoridad competente para analizar la idoneidad de la multireferida prueba pericial. Ello en razón de que la litis en el presente juicio consiste en dilucidar si es constitucional o no lo resuelto por la juez de origen en el sentido de considerar el recurso de revocación interpuesto por la parte demandada y actual quejoso es improcedente; sin que ello implique hacer un pronunciamiento respecto de una diversa determinación en la que fue admitido ese medio probatorio y que a la fecha se encuentra firme. Lo anterior, aunado a que este órgano de amparo no es la autoridad competente para determinar la idoneidad o pertinencia de una probanza cuya admisión no fue combatida oportunamente; de considerar lo contrario este juzgador invadiría la esfera de competencia de la autoridad responsable y se sustituiría en sus facultades para instruir los juicios de los que conoce. Del mismo modo, los argumentos señalados con los numerales 3 y 9, resultan inoperantes por insuficientes, en virtud de que a través de ellos no ataca todas las consideraciones y fundamentos torales de la resolución reclamada; esto es, que no ataca los motivos y fundamentos de la responsable, a través de los cuales consideró que el recurso de revocación interpuesto era improcedente. Por tanto, toda vez que dichos razonamientos no controvertidos pueden sustentar el sentido la determinación reclamada, al no haberse combatido, y por ende, no demostrarse su ilegalidad, éstos continúan rigiendo el sentido del acto, de ahí que lo argüido resulte inoperante por insuficiente. Sirve de apoyo a los razonamientos lo sustentado en la jurisprudencia número IV.3o.A. J/4, , correspondiente a la Novena Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, abril de 2005, página 1138, que a letra señala: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. RESULTAN INOPERANTES POR INSUFICIENTES SI NO ATACAN TODOS LOS ARGUMENTOS QUE SUSTENTAN EL SENTIDO DE LA SENTENCIA COMBATIDA. Resultan inoperantes los conceptos de violación expuestos en la demanda de amparo directo que no controvierten todas las consideraciones y fundamentos torales del fallo reclamado, cuando, por sí solos, pueden sustentar el sentido de aquél, por lo que al no haberse controvertido y, por ende, no demostrarse su ilegalidad, éstos continúan rigiendo el sentido de la resolución combatida en el juicio constitucional. De ahí que los conceptos de violación resulten inoperantes por insuficientes, pues aun de resultar fundados no podrían conducir a conceder la protección constitucional solicitada". Lo anterior también se estima así ya que al no controvertirse los fundamentos del acto impugnado en sede constitucional, este órgano jurisdiccional no está en condiciones de estudiar la inconstitucionalidad de dicho fallo, pues hacerlo, equivaldría a suplir las deficiencias de la queja en un caso no permitido legal ni constitucionalmente, si no se está en los que autoriza la fracción II, del artículo 107 constitucional ni en ninguno de los previstos por el artículo 79 de la Ley de Amparo; por tanto tales fundamentos subsisten y rigen la sentencia reclamada. Igualmente, deviene inoperante la manifestación señalada con el numeral 7, en razón de que el agraviado es omiso en precisar cuál es aquel aspecto sobre el cual dejó de pronunciarse la responsable. En efecto, en el juicio constitucional, no puede hacerse un examen general de lo aducido ante el órgano jurisdiccional responsable, para determinar cuál cuestión planteada como agravio se dejó de estudiar, sino que se requiere que el acto reclamado sea analizado a la luz de razonamientos expuestos como conceptos de violación, los cuales necesariamente deben patentizar la omisión de esa autoridad de pronunciarse en relación a algún aspecto sometido a su consideración. Lo anterior se sustenta con la jurisprudencia VI. 2o. J/211, publicado en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, número 55, julio de 1992, página 53, que a la letra dice: "CONCEPTO DE VIOLACION INOPERANTE. ES AQUEL QUE NO PRECISA EL AGRAVIO QUE SE OMITIO ESTUDIAR EN LA APELACION POR EL TRIBUNAL DE ALZADA. Es inoperante lo alegado por el quejoso, en el sentido de que en la apelación se omitió analizar en su integridad los argumentos que en esa vía, expuso respecto a la valoración de una prueba si se omite precisar cuál es aquel aspecto sobre el cual dejó de pronunciarse la ad quem, ya que en el juicio constitucional, no puede hacerse un examen general de lo aducido en la alzada, para determinar cuál cuestión planteada como agravio, se dejó de estudiar por la autoridad responsable, sino que se requiere que el acto reclamado sea analizado a la luz de razonamientos expuestos como conceptos de violación, los cuales necesariamente deben patentizar la omisión del juzgador ordinario de pronunciarse en relación a algún aspecto sometido a su consideración". Del mismo modo, deben desestimarse los argumentos señalados con los numerales 1, 2, 5 y 6 del escrito de demanda, por considerarse inoperantes, dado que el quejoso repite los agravios esgrimidos en el recurso de revocación promovido, pero ahora pretendiendo formularlos como conceptos de violación, de ahí que este órgano jurisdiccional no pueda adentrarse a contestar los mismos, sin que se hubiese controvertido la respuesta dada por la responsable a dichos planteamientos. Lo anterior puede corroborarse a partir de la siguiente transcripción: Agravios vertidos en el recurso de revocación. Conceptos de violación vertidos en la demanda de amparo ".Por cuanto al desahogo de la prueba pericial, el suscrito considera que es violatoria de mis derechos humanos, es especifico a la invasión a mi intimidad, privacidad e individualidad personal, pues es entrar en lo más íntimo de una persona; la práctica de una prueba pericial en psicología a cargo de una de las partes, su desahogo, dada su especial naturaleza, constituye un acto de imposible reparación, en razón de que viola mis derechos fundamentales de la persona, desde la perspectiva de la invasión al derecho a la intimidad e individualidad, de poner al descubierto cuestiones ajenas al objeto de esa prueba, máxime que estamos en un juicio de pensión alimenticia y modificación de cosa juzgada y no estamos ante un juicio en el que se va a determinar la guarda y custodia para algunos de los padres También, implica que al tomar en cuenta las bases del conocimiento de la psiquis normal, se determinará si el individuo a quien se practicará dicha probanza se encuentra en los parámetros de lo que la ciencia califica como normal para así otorgar un diagnóstico del problema de la persona a quien se le practique, pues dicha prueba es ofrecida con el objeto de determinar la personalidad y perfil psicológico de una persona y de su interrelación con los que lo rodean, en la cual se evidencian características v condiciones diversas vinculadas con cuestiones que pertenecen a la más absoluta intimidad personal, lo que desde luego implica una intromisión o invasión a su individualidad..". (Foja 226 del anexo 2) ".Por cuanto al desahogo de la prueba pericial, el suscrito considera que es violatoria de mis derechos humanos, es especifico a la invasión a mi intimidad, privacidad e individualidad personal, pues es entrar en lo más íntimo de una persona; la práctica de una prueba pericial en psicología a cargo de una de las partes, su desahogo, dada su especial naturaleza, constituye un acto de imposible reparación, en razón de que viola mis derechos fundamentales de la persona, desde la perspectiva de la invasión al derecho a la intimidad e individualidad, de poner al descubierto cuestiones ajenas al objeto de esa prueba, máxime que estamos en un juicio de pensión alimenticia y modificación de cosa juzgada y no estamos ante un juicio en el que se va a determinar la guarda y custodia para algunos de los padres También, implica que al tomar en cuenta las bases del conocimiento de la psiquis normal, se determinará si el individuo a quien se practicará dicha probanza se encuentra en los parámetros de lo que la ciencia califica como normal para así otorgar un diagnóstico del problema de la persona a quien se le practique, pues dicha prueba es ofrecida con el objeto de determinar la personalidad y perfil psicológico de una persona y de su interrelación con los que lo rodean, en la cual se evidencian características v condiciones diversas vinculadas con cuestiones que pertenecen a la más absoluta intimidad personal, lo que desde luego implica una intromisión o invasión a su individualidad.". (Foja 10 del expediente principal). ".Sin dejar pasar por alto, que sus resultados pueden traer consecuencias que afectan directamente, en un grado exorbitante, alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre, constitucionalmente tutelados por los derechos humanos, EN RAZÓN DE QUE LA PRUEBA NO ENCUENTRA FUNDAMENTO ALGUNO PARA SU DESAHOGO, porque estamos ante un juicio de pensión alimenticia y que se modifique las convivencias de manera externa, misma que ya fue resuelto por el diverso juzgado segundo. Y únicamente atiende a un capricho de la parte actora, para impedir las convivencias con mi menor hija, pues se insiste no estamos ante un juicio que vaya a resolver patria potestad o a quien le correspondería la guarda y custodia, sino que la práctica de dicho medio de convicción implica la realización de estudios psicológicos que podrían, en su caso, poner al descubierto otras características psicológicas que van a quedar plasmadas en el expediente judicial de que se trata y que nada tienen que ver con la cuestión que se pretende dilucidar en el fondo del negocio; de tal forma, que para preservar tal derecho a la intimidad e individualidad, el desahogo debe ser valorado por este Juzgado y determinar si se violan o no los derechos sustantivos; toda vez que resulta obvio que la información obtenida del dictamen correspondiente va a quedar de manifiesto en el expediente de que se trata, lo que de suyo convierte a tal desahogo en un acto de imposible reparación, porque conlleva por sí misma una afectación directa e inmediata delos derechos sustantivos de quien queda sujeto al trámite del desahogo de esta prueba, en razón de que como consecuencia directa, el suscrito quedaré obligado a someterme a cuestionarios y exámenes psicológicos al tenor de los cuales se deberán rendir los dictámenes conducentes, lo que desde luego impide que pueda ser considerada como una afectación meramente adjetiva o procesal, ya que evidentemente se trata de una orden que no solamente se circunscribe a los derechos procesales del suscrito, sino que ello trasciende afectando mis derechos sustantivos, como lo es el respeto a la integridad física y mental, cuya lesión no podrá ser resarcida en momento posterior alguno.". (Fojas 228 y 229 del anexo 2). ".Sin dejar pasar por alto, que sus resultados pueden traer consecuencias que afectan directamente, en un grado exorbitante, alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre, constitucionalmente tutelados por los derechos humanos, EN RAZÓN DE QUE LA PRUEBA NO ENCUENTRA FUNDAMENTO ALGUNO PARA SU DESAHOGO, porque estamos ante un juicio de pensión alimenticia y que se modifique las convivencias de manera externa, misma que ya fue resuelto por el diverso juzgado segundo Y únicamente atiende a un capricho de la parte actora, para impedir las convivencias con mi menor hija, pues se insiste no estamos ante un juicio que vaya a resolver patria potestad o a quien le correspondería la guarda y custodia, sino que la práctica de dicho medio de convicción implica la realización de estudios psicológicos que podrían, en su caso, poner al descubierto otras características psicológicas que van a quedar plasmadas en el expediente judicial de que se trata y que nada tienen que ver con la cuestión que se pretende dilucidar en el fondo del negocio; de tal forma, que para preservar tal derecho a la intimidad e individualidad, el desahogo debe ser valorado por este Juzgado y determinar si se violan o no los derechos sustantivos; toda vez que resulta obvio que la información obtenida del dictamen correspondiente va a quedar de manifiesto en el expediente de que se trata, lo que de suyo convierte a tal desahogo en un acto de imposible reparación, porque conlleva por sí misma una afectación directa e inmediata delos derechos sustantivos de quien queda sujeto al trámite del desahogo de esta prueba, en razón de que como consecuencia directa, el suscrito quedaré obligado a someterme a cuestionarios y exámenes psicológicos al tenor de los cuales se deberán rendir los dictámenes conducentes, lo que desde luego impide que pueda ser considerada como una afectación meramente adjetiva o procesal, ya que evidentemente se trata de una orden que no solamente se circunscribe a los derechos procesales del suscrito, sino que ello trasciende afectando mis derechos sustantivos, como lo es el respeto a la integridad física y mental, cuya lesión no podrá ser resarcida en momento posterior alguno.". (Fojas 12 y 13 del expediente principal). ".Como se puede observar del sumario de origen, es flagrante a todas luces, que el suscrito me encontraba dentro del término legal de 3 días para inconformarme con el auto de fecha 19 de Agosto de 2019, por considerarlo violatorio de todo derecho humano, ya que el dentro de mi término legal para poder impugnarlo, me fija una carga procesal de llevar a cabo la evaluación psicológica; contraviniendo el artículo 302 de la ley de la materia, ya que el citado artículo dice que el Juez obrara como estime procedente para obtener mejor resultado, sin lesionar el derecho de las personas oyéndolas y procurando en todo su igualdad; en esa tesitura, ese Juzgado está violentando mi derecho de defensa y dentro del término legal para inconformarme, me señala una carga procesal que es la evaluación psicológica. La Convención Americana sobre Derechos Humanos en su artículo 25 estipula que toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y efectivo en contra de las autoridades que lo ampare de los actos que violen sus derechos fundamentales. Lo que en el caso particular no acontece. Lo anterior toma relevancia en virtud de que, como se dijo, este Juzgado me impone una acción de hacer, es decir, llevar a cabo la evaluación psicológica, notificándome de dicho auto, con tres días de anticipación y el suscrito tiene el derecho de impugnar dicho auto dentro del término de tres días, con el recurso de revocación o recurso de apelación, según sea el caso; por lo tanto, no se está cumpliendo con la efectividad de la tutela judicial, ya que no se observan dichos términos judiciales; pensar lo contrario, seria violentar otro principio que a saber es, mi adecuada defensa y el suscrito no poder impugnar dicho auto y quedar en estado de indefensión contra el auto ahora recurrido.". Fojas 229 y 230 del anexo 2. ".Como se puede observar del sumario de origen, es flagrante a todas luces, que el suscrito me encontraba dentro del término legal de 3 días para inconformarme con el auto de fecha 19 de Agosto de 2019, por considerarlo violatorio de todo derecho humano, ya que el dentro de mi término legal para poder impugnarlo, me fija una carga procesal de llevar a cabo la evaluación psicológica; contraviniendo el artículo 302 de la ley de la materia, ya que el citado artículo dice que el Juez obrara como estime procedente para obtener mejor resultado, sin lesionar el derecho de las personas oyéndolas y procurando en todo su igualdad; en esa tesitura, ese Juzgado está violentando mi derecho de defensa y dentro del término legal para inconformarme, me señala una carga procesal que es la evaluación psicológica. La Convención Americana sobre Derechos Humanos en su artículo 25 estipula que toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y efectivo en contra de las autoridades que lo ampare de los actos que violen sus derechos fundamentales. Lo que en el caso particular no acontece. Lo anterior toma relevancia en virtud de que, como se dijo, este Juzgado me impone una acción de hacer, es decir, llevar a cabo la evaluación psicológica, notificándome de dicho auto, con tres días de anticipación y el suscrito tiene el derecho de impugnar dicho auto dentro del término de tres días, con el recurso de revocación o recurso de apelación, según sea el caso; por lo tanto, no se está cumpliendo con la efectividad de la tutela judicial, ya que no se observan dichos términos judiciales; pensar lo contrario, seria violentar otro principio que a saber es, mi adecuada defensa y el suscrito no poder impugnar dicho auto y quedar en estado de indefensión contra el auto ahora recurrido.". Foja 12 del expediente principal. Como puede apreciarse de la tabla comparativa que antecede, la parte quejosa reiteró los razonamientos que hizo valer ante la autoridad responsable, sin combatir los motivos o razonamientos con los cuales esa autoridad resolvió lo planteado, o bien, la falta de respuesta a los mismos; de ahí que deban calificarse como inoperantes. Sirve de orientación a lo anterior, la jurisprudencia número II.2o.C. J/11, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Marzo de 2000, página 845, que a la letra dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. RESULTAN INOPERANTES SI SON UNA REPETICIÓN DE LOS AGRAVIOS EN LA APELACIÓN. Si los conceptos de violación son una reiteración, casi literal de los agravios invocados por el hoy quejoso en el recurso de apelación ante la Sala responsable, ya que sólo difieren en el señalamiento del órgano que emitió la sentencia, pues en los agravios se habla del Juez de primer grado o Juez a quo y en los conceptos de violación de los Magistrados o de la Sala o autoridad ad quem; entonces, debe concluirse que los denominados conceptos de violación son inoperantes por no combatir las consideraciones de la responsable al resolver tal recurso, que es el objetivo de los conceptos de violación en el amparo directo civil". En consecuencia, ante lo infundado e inoperante de los motivos de inconformidad examinados, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado en contra del acto reclamado al Juzgado Primero Civil de Primera Instancia del Quinto Distrito Judicial en el Estado de Morelos. Por lo anteriormente expuesto, fundado y con apoyo, además, en los artículos 73, 74, 75 y 124, y demás aplicables de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Milder Suárez Gómez, por su propio derecho y en representación de su menor hija de iniciales A.D.S.M., contra el acto y la autoridad precisados en el resultando primero de esta resolución, por los motivos y fundamentos plasmados en el último considerativo de la misma. Notifíquese personalmente

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