Milagros Rodríguez Armendariz

Expediente 82/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 2 actuaciones registradas, la última del 23 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
82/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
23/03/2022

Partes del expediente

  • Milagros Rodríguez Armendariz

Actuaciones

  1. Principal

    Reynosa, Tamaulipas, veintitrés de marzo de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que transcurrió el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 98, en relación con el diverso numeral 97, fracción I, inciso a), ambos de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa haya recurrido el auto por el cual se desechó la demanda de amparo; por tanto, de conformidad con el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se le tiene por perdido ese derecho, y se declara que dicho auto ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes. Archívense las actuaciones como asunto totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario. ... Notifíquese. ...

  2. Principal

    Reynosa, Tamaulipas, dieciocho de enero de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo promovida por Milagros Rodríguez Armendáriz, contra el acto de Mario Alberto Rosales Zavala, en su carácter de Encargado del despacho de la Unidad de Seguimiento y Supervisión de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso, dependiente de la Subsecretaría de Ejecución de Sanciones y Reinserción Social, de la Secretaría de Seguridad Pública en el Estado de Tamaulipas, con residencia en esta ciudad; por tanto, regístrese en el Libro Uno de Juzgado y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, con el número 82/2022-I, por ser el ordinal progresivo que le corresponde. Procedencia de la demanda. Ahora bien, previamente a acordar el escrito de demanda de trato, es conveniente precisar que el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece lo siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De las anteriores disposiciones legales se desprende que es facultad del Juez de Distrito, desechar una demanda de garantías cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Luego, es ineludible precisar que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, del escrito aclaratorio o de los documentos que se anexan a esas promociones. Además, se tiene la certeza y plena convicción que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran aportar las partes. Así las cosas, de la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que en el presente caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece que el juicio de amparo es improcedente, contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por estos aquellos contra los cuales no se promueva el juicio de amparo dentro de los términos que se señala en el artículo 17 de la Ley de Amparo. Ahora, de la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que la accionante de garantías señala como acto reclamado lo siguiente: "IV.-ACTO RECLAMADO. -De la Autoridad Responsable en su doble carácter de Ordenadora y Ejecutora a la vez, reclamo el NO permitirme firmar la lista de asistencia ni mucho menos permitirme el ingreso a laborar a mi fuente de trabajo y que lo es la Unidad de Seguimiento y Supervisión de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso, dependiente de la Subsecretaria de Ejecución de Sanciones y Reinserción Social, de la Secretaría de Seguridad Publica en nuestro Estado, con residencia oficial en esta Ciudad Fronteriza de Reynosa, Tamaulipas." Asimismo, del capítulo de antecedentes, se advierte que la parte quejosa, bajo protesta de decir verdad, expone lo siguiente: "A).-En fecha 17 de mayo del 2018 y mediante oficio número SSP/SSESRS/009201/2018, firmado por la entonces Subsecretaria de Ejecución de Sanciones y Reinserción Social dependiente de la Secretaría de Seguridad Publica en el Estado, se me entrega oficio de comisión como Encargada de la entonces Oficina de Servicios Previos a Juicio y Medidas Cautelares de esta Ciudad de Reynosa, Tamaulipas (hoy Unidad de Seguimiento y Supervisión de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso) se anexa oficio de comisión. B).-Es así como al estar desempeñando tranquilamente mi cargo y presentándome a diario a laborar a mi fuente de trabajo antes mencionada, y al acabarse incapacidad medica que me tenía fuera de mis labores por enfermedad, me presento a laborar y querer firmar el libro de registro, no permitiéndoseme ingresar ya a mi fuente de trabajo ni mucho menos firmar mi entrada a laborar por parte de la responsable en su doble carácter de Ordenadora y Ejecutora a la vez. C).- No omito en informar a su Señoría que extraoficialmente se ha manejado que existe un oficio de comisión donde se me comisiona por parte de mis superiores al Centro de Ejecución de Sanciones de esta Ciudad de Reynosa, Tamaulipas, oficio este que jamás se me ha entregado ni mucho menos he estampado mi firma como acuse de recibido para que no se me permita ya ingresar a mi actual fuente de trabajo ni mucho menos firmar el libro de registro." Precisado lo anterior, resulta pertinente destacar que en este Juzgado se radicó el juicio de amparo 1185/2021, promovido por la propia quejosa Milagros Rodríguez Armendáriz, contra actos de la Encargada del Despacho de la Subsecretaría de Ejecución de Sanciones y Reinserción Social, dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Tamaulipas, con residencia en Ciudad Victoria, y otras autoridades, expediente que se tiene a la vista y se toma en consideración para emitir la presente determinación, en términos de lo dispuesto en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, pues constituye un hecho notorio para quien aquí resuelve. Por tanto, agréguese al presente sumario constitucional copia certificada de la demanda de amparo y el auto de radicación del juicio 1185/2021, de la estadística de este Juzgado, mismo que actualmente se encuentra en trámite, pues no se ha celebrado la audiencia constitucional. En esa virtud, de las constancias relativas al juicio de amparo 1185/2021, se advierte que se reclamó lo siguiente: "IV.-ACTO RECLAMADO. -De la Autoridad Responsable Ordenadora, reclamo el oficio de COMISION SSP/SSESRS019772/2021, de fecha 06 de septiembre del año en curso, en el cual se me comisiona del lugar actual de mi Centro de Trabajo y que lo es la Unidad de Seguimiento y Supervisión de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Procesos de esta Ciudad de Reynosa, al Centro de Ejecución de Sanciones de esta misma Ciudad de Reynosa, Tamaulipas, y de las Responsables Ejecutoras la ejecución material del acto que a la Ordenadora le reclamo." Igualmente, se advierte que en los antecedentes de acto reclamado señaló, bajo protesta de decir verdad, lo siguiente: "A). -En fecha 17 de mayo del 2018 y mediante oficio número SSP/SSESRS/009201/2018, firmado por la entonces Subsecretaría de Ejecución de Sanciones y Reinserción Social dependiente de la Secretaría de Seguridad Publica en el Estado, se me comisiona como Encargada de la Oficina de Servicios Previos a Juicio y Medidas Cautelares (hoy Unidad de Seguimiento y Supervisión de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Procesos) de esta Ciudad de Reynosa, Tamaulipas, desempeñando mis funciones y encomienda desde esa fecha y hasta el día 06 de septiembre del año en curso." "B).-Es así como el día 06 de septiembre del año en curso, se me notifica mediante el oficio SSP/SSESRS019772/2021, de fecha 06 de septiembre de esta anualidad y que constituye el presente acto reclamado en el presente Juicio de Garantías, que se me comisiona del lugar actual de mi Centro de Trabajo y que lo es la Unidad de Seguimiento y Supervisión de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Procesos de esta Ciudad de Reynosa, al Centro de Ejecución de Sanciones de esta misma Ciudad de Reynosa, Tamaulipas." De lo hasta aquí apuntado, se estima que la accionante de amparo tuvo conocimiento del acto que combate en esta instancia constitucional cuando menos desde el seis de septiembre de dos mil veintiuno, pues en la demanda relativa al juicio de amparo 1185/2021, manifestó bajo protesta de decir verdad, que ese seis de septiembre se le notificó el oficio SSP/SSESRS019772/2021, de esa propia fecha, en el que se le comunicó el cambio o comisión del centro de trabajo que venía desempeñado en la Unidad de Seguimiento y Supervisión de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso, de esta ciudad de Reynosa, al Centro de Ejecución de Sanciones de esta misma ciudad. Por lo que resulta indudable que al menos desde el seis de septiembre de dos mil veintiuno, tuvo conocimiento de los actos que reclama en la demanda de amparo con la que se da cuenta, pues si no se le deja entrar a laborar a la fuente de trabajo que refiere, es con motivo de la emisión del oficio de seis de septiembre de dos mil veintiuno, reclamado en el diverso juicio de amparo 1185/2021, de nuestro índice. Más aún, también constituye un hecho notorio que la ahora quejosa promovió en este juzgado otra demanda de amparo que se radicó con el número 1394/2021, en el que reclamó lo siguiente: "IV.-ACTO RECLAMADO. -De las Autoridades Responsables Ordenadoras, reclamo la orden verbal de no dejarme firmar ni mucho menos dejarme ingresar a laborar a mi Centro de Trabajo y de las Ejecutoras la ejecución material del acto que a las Ordenadoras les reclamo." Mientras que de los antecedentes del acto reclamado, entre otras cosas, bajo protesta de decir verdad, manifestó: ". Como se puede observar por parte de su Señoría con el anexo tres que se anexa a la presente demanda de garantías, el oficio de comisión de fecha 17 de mayo del 2018 y con número de oficio SSP/SSESRS/009201/2018, firmado por la entonces Subsecretaría de Ejecución de Sanciones y Reinserción Social dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública en el Estado, en el cual se me comisiona como Encargada de la Oficina de Servicios Previos a Juicio y Medidas Cautelares de esta Ciudad de Reynosa, Tamaulipas, (actualmente Unidad de Seguimiento y Supervisión de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso) desde esa fecha y hasta la presentación de esta demanda han transcurrido 3 años 5 meses y 16 días adscrita a mi actual centro de trabajo, por lo cual y atento al numeral antes invocado se ha creado un derecho adquirido a favor de la quejosa, y no una simple expectativa de derecho, esto ya que se ha rebasado en exceso el termino de 60 días en un año para que mi comisión pase a ser permanente en mi actual centro de trabajo. "Así mismo y en cuanto al acto aquí reclamado, es decir no dejarme firmar el libro do asistencia ni mucho menos permitirme ingresar a mi Centro de Trabajo, es con miras a que me presente a laborar al Centro de Ejecución de Sanciones de esta Ciudad de Reynosa, Tamaulipas, lugar este que de acuerdo al Diagnostico Nacional de Supervisión Penitenciaria realizado y emitido anualmente por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Tamaulipas ocupa desde el año 2011 y hasta estas fechas el último lugar como con los peores Centros Penitenciarios y en particular el Centro de Ejecución de Sanciones de esta Ciudad de Reynosa, Tamaulipas. ." (Anéxese al presente expediente copia certificada de la demanda de amparo 1394/2021, de nuestro índice, y de su auto de radicación, para los efectos legales conducentes; juicio que actualmente también se encuentra en trámite, al no haberse celebrado aún la audiencia constitucional). Por ende, dichas manifestaciones de la accionante de amparo, constituyen una confesión expresa, respecto de la fecha en que tuvo conocimiento de los actos reclamados en la demanda de amparo que ahora se provee, en términos del artículo 95 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia. Bajo esas condiciones, es indudable que la demanda de amparo de cuenta se interpuso de manera extemporánea, pues partiendo de aquélla fecha (seis de septiembre de dos mil veintiuno), en la que la quejosa manifestó, bajo protesta de decir verdad, que tuvo conocimiento del acto reclamado, es evidente que al catorce de enero de dos mil veintidós, fecha en que se presentó la demanda que aquí se provee, han transcurrido más de tres meses, por ende, es evidente que el plazo de quince días establecido en el numeral 17 de la Ley de Amparo, ya feneció, y siendo así, es inconcuso que la parte quejosa consintió tácitamente el acto que impugna, actualizándose con ello, la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo considerado, la jurisprudencia P./J. 115/2010, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 57/2008-PL; publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIII, Enero de 2011, Materia Común, visible en la página 5, del rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar." [lo subrayado es propio] En tal circunstancia, al quedar acreditada la causa de improcedencia prevista por la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, en términos de lo dispuesto por el numeral 113 de la invocada ley, SE DESECHA de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo promovida por Milagros Rodríguez Armendáriz. En otro aspecto, se tiene como domicilio de la parte quejosa para efectos de oír y recibir notificaciones, el que indica en su demanda y como autorizado en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Javier Tobías Cervantes, quien no cuenta con cédula profesional registrada en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgado de Distrito. Ahora, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios adscritos a este juzgado, lleven a cabo las notificaciones personales a las partes en este juicio; circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 constitucional, que procura la impartición de justicia pronta y expedita y el principio de celeridad procesal. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Vanessa Esmeralda Revilla Muñoz, secretaria en funciones de Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa, conforme a lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 26 de mayo de 1995, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; autorizada mediante oficio SEPLE./GEN./003/4561/2021, de uno de diciembre de dos mil veintiuno, signado por Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, ante Jaime Izaguirre Revilla, Secretario quien autoriza y da fe.

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