Milagros Janet Bañales Ibarra

Expediente 1665/2019 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 4 actuaciones registradas, la última del 13 de septiembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1665/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
13/09/2019

Partes del expediente

  • Milagros Janet Bañales Ibarra

Actuaciones

  1. Principal

    NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE

  2. Principal

    Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    AVISO. POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE VEINTIDÓS DE AGOSTO DE AÑO EN CURSO, LA CUAL DICE: Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase al Secretario General del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, rindiendo su informe justificado. Ahora bien, el juzgador de amparo tiene la obligación de analizar en todo momento, las constancias que obran en el presente expediente; y analizar de manera preferente las causales de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente de conformidad con lo dispuesto en artículo 62 de la Ley de Amparo que dice: Luego, de la lectura de la demanda de amparo se aprecia que la quejosa Milagros Janet Báñales Ibarra, promovió juicio de amparo reclamando la abstención del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, de proveer los escritos presentados por el aquí quejoso, con fechas diecinueve de diciembre de dos mil dieciocho y doce de julio de dos mil diecinueve, dentro del expediente 1925/2013-F, de su índice. Así, del informe justificado rendido por la responsable, se desprende que mediante autos de doce de abril y cinco de agosto, ambos de dos mil diecinueve, proveyó las peticiones de la parte quejosa. Y, para robustecer lo anterior, remitió copias certificadas de los autos de doce de abril y cinco de agosto, ambos de dos mil diecinueve, las cuales son unas documentales públicas que gozan de valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por tratarse de unas constancias integrada por un funcionario investido de fe pública, durante y con motivo del ejercicio de sus funciones; en el entendido de que la calidad de públicos se demuestra por la existencia regular sobre los documentos de los sellos, firmas y otros signos exteriores que, en su caso, provengan de las leyes. Copias certificadas de las que en síntesis, se advierte que, se proveyeron los escritos presentados con fechas diecinueve de diciembre de dos mil dieciocho y doce de julio de dos mil diecinueve, por el aquí quejoso. Entonces, de lo narrado, se aprecia que en el caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, cuyo precepto dispone: Conforme al citado precepto, el juicio de amparo es improcedente cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, como si se hubiera otorgado la protección constitucional, por parte de la propia autoridad responsable, es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del gobernado, o habiéndolo hecho, no dejara huella. La causa de improcedencia que se invoca tiene su justificación en el contenido del artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, cuya finalidad de la concesión del amparo es restituir a la parte quejosa en el goce de sus derechos humanos violados, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, por tener el acto reclamado naturaleza positiva. La razón que justifica la improcedencia invocada, sería la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá. Así, tenemos que los requisitos de la fracción invocada son: 1. Que exista revocación incondicional del acto, o de sus efectos, por parte de la autoridad; y 2. Que haya restitución al quejoso en el pleno goce de la garantía individual violada. Sentado lo anterior, en el caso, como se dijo, la parte quejosa acude a la instancia constitucional combatiendo la abstención del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, de proveer los escritos presentados por el aquí quejoso, con fechas diecinueve de diciembre de dos mil dieciocho y doce de julio de dos mil diecinueve, dentro del expediente 1925/2013-F, de su índice. En ese orden, si la parte quejosa acude a la instancia constitucional combatiendo la vulneración a su derecho fundamental; al opinar que la autoridad responsable había sido omisa en proveer los escritos presentados por el aquí quejoso, con fechas diecinueve de diciembre de dos mil dieciocho y doce de julio de dos mil diecinueve, dentro del expediente 1925/2013-F, de su índice; sin embargo, la citada autoridad responsable informó y acreditó que en el sumario natural se acordaron los citados escritos con datas doce de abril y cinco de agosto, ambos de dos mil diecinueve. Del texto del artículo citado se desprende que el objeto de la concesión de la protección constitucional a la parte quejosa, es para restituirla en el goce de sus derechos humanos violados, para lo cual distingue la naturaleza del acto en dos hipótesis: Luego, en el caso, la omisión de proveer los escritos presentados por el aquí quejoso, con fechas diecinueve de diciembre de dos mil dieciocho y doce de julio de dos mil diecinueve, dentro del expediente 1925/2013-F, se traduce en dilación en el procedimiento de origen, cuya naturaleza es abstención que se clasifica entre los actos negativos. Por tanto, con la determinación de la autoridad responsable de pronunciarse sobre el escrito de referencia, a fin de continuar con el asunto, volvieron las cosas al estado en que se encontraban antes de la violación alegada, pues como se dijo, ya no existe acto de molestia, con lo que cesaron los efectos de la litis constitucional, por lo que no es posible examinar las violaciones que pudieran existir en el acto reclamado sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad si el mismo ya no afecta la esfera jurídica del peticionario de amparo. En consecuencia, al existir de manera notoria, manifiesta e indudable la causal de improcedencia expuesta, procede sobreseer en el presente juicio constitucional, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Sin que en el caso, sea aplicable la jurisprudencia 149/2006, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. EL QUEJOSO PUEDE AMPLIARLA PARA IMPUGNAR LA RESPUESTA DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, DURANTE LA TRAMITACIÓN DE UN JUICIO DE GARANTÍAS PROMOVIDO POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN", toda vez que en el caso, el derecho fundamental que se considera se hubiere vulnerado a la parte quejosa no lo es el contenido en el artículo 8 constitucional, sino en el diverso 17 de la Carta Magna, al encontrarse en riesgo, en su caso, el derecho de acceso a la justicia, por combatirse, la omisión, dentro de un procedimiento jurisdiccional, en que la quejosa es parte procesal actora. En efecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha determinado que los procedimientos ventilados ante organismos jurisdiccionales o aquellos seguidos ante autoridades que realicen funciones materialmente jurisdiccionales, se rigen bajo los derechos humanos contenidos en los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por tanto, resulta jurídicamente inadmisible que se pueda reclamar de manera autónoma la omisión de dar respuesta a una petición en términos del artículo 8o. constitucional, cuando el particular eleva una solicitud a un funcionario público dentro de un juicio o dentro de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, puesto que las reglas que rigen estos procedimientos son tanto las previstas en los artículos 14 y 17 constitucionales, así como las que desarrollan dichos derechos en la legislación secundaria. Aunado a que la determinación tomada por las autoridades responsables no puede ser materia de estudio en el juicio de amparo indirecto, al no actualizarse alguna de las hipótesis de procedencia previstas en el artículo 107 de la Ley de Amparo. Conforme a lo anterior, se sobresee fuera de audiencia en el presente juicio promovido por Milagros Janet Báñales Ibarra, contra los actos consistentes en la abstención del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, de proveer los escritos presentados por el aquí quejoso, con fechas diecinueve de diciembre de dos mil dieciocho y doce de julio de dos mil diecinueve, dentro del expediente 1925/2013-F, de su índice, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la ley de la materia, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, del mismo ordenamiento legal. Causal que se actualiza de forma manifiesta e indudable, pues se cuenta con las constancias remitidas en copia certificada por las responsables, por lo que en nada variaría el sentido de la presente resolución. Por tanto, esa causal se actualiza de forma tal que, aun cuando se continuara la tramitación del juicio de amparo, en nada variaría el sentido de la resolución, pues el resultado sería el mismo, y de lo contrario se haría necesaria su continuación, lo que contravendría el principio de celeridad procesal, contenido en el artículo 17 constitucional. Al respecto, es aplicable al no oponerse a lo previsto en le Ley de Amparo, el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la siguiente jurisprudencia: Con motivo de lo anterior, se deja sin efectos la fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, señalada para las diez horas con cuarenta minutos del treinta de agosto de dos mil diecinueve.

  4. Principal

    Ténganse por recibida la demanda de amparo, promovida por Milagros Janet Bañales Ibarra, por derecho propio, contra el acto que reclama a la autoridad responsable Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, por considerarlos violatorios de los derechos humanos consagrados en los artículos que indica. Con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Federal; 1°, fracción I, 33, 35, 37, 107, 108, 112, 115 y demás relativos de la Ley de Amparo, se admite a trámite la demanda de amparo. Fórmese expediente, regístrese en el Libro de Gobierno de este Juzgado y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, bajo el número 1665/2019. Se señalan las diez horas con cuarenta minutos del treinta de agosto de dos mil diecinueve, como el momento en que se llevará a cabo la audiencia prevista en el artículo 115 de la Ley de Amparo. Parte quejosa. Téngase como domicilio para recibir notificaciones el señalado en el escrito de demanda, y de conformidad con el artículo 12 de la Ley de Amparo, se tiene a la parte quejosa designando como autorizados en amplios términos a José Flores Martínez, María Isabel Flores Hernández y José Flores Hernández, sin que sea necesario verificar si cuentan con cédula profesional registrada, al tratarse de un asunto de naturaleza laboral promovido por la parte actora; -trabajador-, y como sus autorizados en términos restringidos del numeral en cita a las diversas personas que propone para tal efecto. a) Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 119, de la Ley de Amparo, se admiten las pruebas documentales que anexa a su escrito de demanda, misma que se tiene por desahogada dada su propia y especial naturaleza, así como la instrumental de actuaciones y presuncional en su doble aspecto sin perjuicio de hacer relación de ellas al momento de la celebración de la audiencia constitucional. b) Dígasele. En este momento procesal, no es dable tener al quejoso anunciando como prueba documental la que indica en el punto 1 del capítulo relativo, consistente en la totalidad de las constancias que integran el expediente de origen así como los elementos de prueba ahí aportados, en razón de que no aportó dichas constancias; no obstante, habrá de estarse al requerimiento que se formulará en ese sentido a la autoridad responsable en el presente acuerdo. a) Informe justificado. Con fundamento en los artículos 115 y 117 de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad responsable para que en el plazo de quince días rinda su informe con justificación, apercibida que de no cumplir, se le impondrá, una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización, esto es, $8,449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos 00/100 moneda nacional), con fundamento en los artículos 238 y 260, fracción II, de la ley de la materia, así como en los transitorios segundo y tercero del decreto publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación, que, entre otros, reformó la fracción VI, apartado A, del artículo 123 constitucional. b) Requerimiento por informe de causas de sobreseimiento. Con fundamento en lo dispuesto en el numeral 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad responsable para que en caso de emitir la resolución que guarda relación con lo reclamado, remita copia certificada de ello y de su notificación; asimismo, en caso de que tengan conocimiento o con su conducta provoque la actualización de alguna causa de improcedencia o sobreseimiento, lo comuniquen de inmediato a este juzgado de distrito en cualquier estado procesal en que se encuentre el juicio de amparo, haciendo de su conocimiento que si no cumple con ello, se le impondrá una multa de treinta unidades de medida y actualización, esto es, $2,534.70 (dos mil quinientos treinta y cuatro pesos 70/100 moneda nacional), con fundamento en lo dispuesto en los artículos 238 y 251 de la Ley de Amparo, así como en los transitorios segundo y tercero del decreto publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación, que, entre otros, reformó la fracción VI, apartado A, del artículo 123 constitucional. c) Requerimiento de expediente generador. Con fundamento en el párrafo tercero del artículo 75 de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad responsable para que remita en el plazo de quince días, las constancias que integran el expediente generador del acto reclamado, toda vez que resultan necesarias para resolver el presente juicio de amparo, apercibida que de no hacerlo o de no informar las causas legales o materiales que les impidan cumplir con ello, se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, esto es, $8,449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos 00/100 moneda nacional), con fundamento en lo dispuesto en los artículos 238 y 260, fracción II, de la Ley de Amparo, así como en los transitorios segundo y tercero del decreto publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación, que, entre otros, reformó la fracción VI, apartado A, del artículo 123 constitucional, para lo cual deberá: Acompañar copias certificadas de las constancias que tengan relación con el acto reclamado; en el entendido que si no se encontraren los autos materialmente en el tribunal de su adscripción, se le faculta para que recabe ante la instancia correspondiente las copias en comento. d) Consideraciones respecto de las notificaciones. De conformidad con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 29 y 31, del mismo ordenamiento legal, las notificaciones a las autoridades responsables en el presente juicio de amparo indirecto, el incidente de suspensión o de los recursos que llegaren a interponerse, el auto que tenga por recibido el informe justificado, un acuerdo de vista a las partes o los diferimientos de las audiencias que llegaren a ocurrir, deben notificarse por lista; salvo aquellas que se estime que deban efectuarse en forma personal, las cuales se les notificarán por medio de oficio. En otro sentido, se hace saber a la autoridad señalada como responsable que de conformidad con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, está obligada a recibir el oficio que en relación con este juicio se le dirija, en el entendido que de negarse a recibirlo, bajo la excusa de alguna imprecisión en su denominación, que no sea substancial, si no existe duda y resulta evidente la existencia de la autoridad, el actuario hará del conocimiento del encargado de la oficina correspondiente que no obstante esta circunstancia, se tendrá por hecha la notificación y si a pesar de esto subsiste la negativa, asentará la razón en autos y se tendrá por hecha; y, en su caso, será responsable de la falta de cumplimiento de la resolución que el propio oficio contenga; y se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, esto es, $8,449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos 00/100 moneda nacional), en términos de lo establecido en el artículo 245 de la Ley de Amparo. En la inteligencia de que una Unidad de Medida y Actualización, equivale a $84.49 (ochenta y cuatro pesos 49/100 moneda nacional). Una vez que se cuente con el informe justificado, se proveerá si se advierte alguna de las hipótesis previstas en el artículo 5° de la Ley de Amparo. De acuerdo a lo dispuesto en los artículos 5°, fracción IV, y 26, fracción III, de la Ley de Amparo, notifíquese al Agente del Ministerio Público Federal adscrito, con copia de la demanda de amparo, y del auto admisorio por lo que se comisiona al actuario de la adscripción que entregue dicho escrito, y acuerdo debiendo asentarse tal entrega en la notificación correspondiente. No se tramita incidente de suspensión por no haberse solicitado expresamente. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, para no retardar el procedimiento, en caso necesario se habilitan desde ahora días y horas inhábiles, para la práctica de las notificaciones de carácter personal que se ordenen en este expediente. a) Expedición de copias. En obvio de mayores dilaciones procesales y a efecto de agilizar el procedimiento constitucional, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la ley de la materia, se ordena la expedición a las partes hasta en un tanto, de copias simples o certificadas de cualquier documento o actuación que obre en autos, con excepción de las constancias que tengan el carácter de reservada o confidencial, sin que sea necesario que medie promoción por escrito, previa petición verbal al secretario y toma de razón que por su recibo obre en autos para constancia legal, por conducto de las personas que cuenten con facultades para ello, pues solo a éstas les serán entregadas. b) Reproducción electrónica de constancias. Se informa a las partes que desde este momento se autoriza la reproducción electrónica del presente asunto a través de los medios electrónicos, es decir, cámaras fotográficas, scanner portátiles, celulares o similares, previa petición verbal de la parte interesada al Secretario adscrito a este órgano jurisdiccional, debiendo asentar la razón respectiva en el expediente. Cabe destacar que no está autorizada la reproducción de aquellas constancias que por disposición legal contengan información reservada o confidencial. En el entendido de que es responsabilidad de las partes el uso que den a la información obtenida a través de los dispositivos referidos. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que dispone que el Poder Judicial de la Federación, deberá hacer públicas las resoluciones, entre ellas las sentencias ejecutorias y demás resoluciones que se emitan dentro del expediente, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos; con el fin de respetar el derecho a la intimidad, hágase saber a las partes que pueden manifestar si están de acuerdo con que dichas determinaciones que en su caso se emitan, se publiquen con sus datos personales en la inteligencia de que la falta de oposición expresa, conllevará su consentimiento a que se publiquen con esos datos; asimismo, se les hace saber que al momento de allegar pruebas o constancias a juicio, pueden manifestar en forma expresa, si éstas deben considerarse como reservadas o confidenciales, con base en lo dispuesto en algún tratado internacional o una ley expedida por el Congreso de la Unión o las legislaturas de los Estados. De conformidad con el artículo 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, la oposición expresa a que se publiquen los datos, será motivo de análisis por la Unidad Administrativa correspondiente, en atención a la información que se considera como reservada.

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