Milagros Fiorella Correa Alva

Expediente 628/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 2 actuaciones registradas, la última del 27 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
628/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
27/10/2022

Partes del expediente

  • Milagros Fiorella Correa Alva

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación secretarial de cuenta, se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días hábiles que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 97 fracción I inciso a), de dicha normatividad, sin que la parte quejosa haya recurrido el proveído de treinta de agosto de dos mil veintidós, en el que se desechó de plano la demanda que generó el presente juicio; en consecuencia, de conformidad con el numeral 2 de la Ley invocada, en relación con los numerales 355 y 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado el auto de mérito para todos los efectos legales correspondientes; háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento a lo ordenado en el artículo 21, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se establece que el presente juicio de amparo, atendiendo a sus particularidades, es destruible y carece de relevancia documental, por no encuadrar en los supuestos establecidos en el artículo 15 del citado acuerdo; hágase la anotación correspondiente en la carátula respectiva, así como la relativa al archivo del presente expediente. Expediente que de conformidad con lo asentado en la certificación secretarial de cuenta, no encuadra en alguna de las hipótesis que establecen los capítulos quinto, sexto o séptimo del Acuerdo General en cita. Consecuentemente, una vez que transcurra el término de tres años a que se refiere el primer párrafo del numeral 21 del citado acuerdo, procédase a su destrucción en términos del penúltimo parágrafo del referido dispositivo; lo que se estima acontecerá a partir del veintiocho de octubre de dos mil veinticinco.

  2. Principal

    Se notifica personalmente a la parte quejosa Milagros Fiorella Correa Alva y Melchor Jeferson Ángel Guerra Cerpa el proveído de treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, por medio de lista que se fija en los estrados de este órgano jurisdiccional de conformidad con lo dispuesto en el articulo 29 de la ley de amparo que dice:Visto el oficio firmado electrónicamente por la Secretaria del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali al que se acompañan los autos originales del juicio de amparo 1337/2022 de su índice, que promovió Eliseo López González en favor de Milagros Fiorella Correa Alba y Melchor Jeferson Ángel Guerra Cerpa, contra actos del Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Baja California, con sede en esta ciudad, y otras autoridades por estimar que la materialización de los actos reclamados se están ejecutando en esta ciudad en términos del artículo 37 de la Ley de Amparo, por tanto, determinó que carece de competencia legal para conocer de la referida demanda de amparo de que trata y declinó la competencia en favor del Juzgado de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California en turno, con residencia en Tijuana, para que conozca de esa controversia constitucional. Así entonces, de las constancias recibidas se advierte, el veintiuno de agosto del año en curso, se localizó en las instalaciones de la Estancia Migratoria, de esta ciudad, a los quejosos Milagros Fiorella Correa Alba y Melchor Jeferson Ángel Guerra Cerpa, y en se les notificó el acuerdo pronunciado en esa misma data por el órgano declinante, y les hizo de su conocimiento el contenido de la demanda de amparo presentada a su favor por Eliseo López González, así como la suspensión de plano que el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali decretó a su favor, dentro del juicio de amparo 1337/2022, de su estadística. Entonces, en razón de lo anterior, los agraviados de referencia ratificaron el escrito de demanda. Por tanto comuníquese al Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, que con fundamento en los artículos 37, 48 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se acepta la competencia planteada en sus términos; acúsese el recibo de estilo correspondiente. En consecuencia, fórmese el expediente correspondiente y háganse las anotaciones respectivas de su ingreso en el libro de gobierno, debiéndose registrar con el número de juicio 628/2022. Así entonces, vista la demanda de amparo promovida por Eliseo López González, en favor de Milagros Fiorella Correa Alba y Melchor Jeferson Ángel Guerra Cerpa, contra actos del Titular y Delegado, ambos de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Baja California, con sede en esta ciudad, y del Titular y Delegado, de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Baja California, con residencia en Mexicali, en la cual, reclama lo siguiente: "4.- ACTOS RECLAMADOS I.- LA PRIVACION DE LA LIBERTAD INJUSTIFICADA, al realizar, el aseguramiento, alojamiento y/o detención de los hoy quejosos, por parte de la autoridad, en la Estación Migratoria de MEXICALI, BAJA CALIFORNIA sobrepasando el límite de 36 horas contraviniendo el artículo 21 constitucional, Acto que se atribuye en su calidad de ordenadora y ejecutora a las autoridades marcadas con las letras A a la D, sin que a la fecha se les haya iniciado, comparecido, informado, respecto del motivo por el cual se encuentran en la estación migratoria. II.- La aplicación del Inconstitucional artículo 111 de la Ley de Migración. Acto que se atribuye en su calidad de ejecutora a las autoridades marcadas con las letras d a la h. III.- La posible deportación y retorno asistido, de los ahora quejosos. IV.- La ilegal detención por más de 36 horas límite máximo de temporalidad para los arrestos o sanciones de carácter administrativo, de lo que se infiere claramente que cualquier norma secundaria que se encuentre en contravención a la voluntad del constituyente, plasmada en el artículo 21 constitucional, deviene violatoria de dicha garantía y/o prerrogativa fundamental. V.- La incomunicación, no permitiendo que el representante legal, tener contacto con el ahora quejosos a fin de llevar el procedimiento de manera legal, en términos del artículo 228 del reglamento de la ley de migración. VI.- La negativa de permitir a los hoy quejosos llevar su procedimiento administrativo en libertad en términos del artículo 102 de la ley de migración. VII.- La exposición del extranjero a un ambiente propicio a la exposición del virus covid 19, por estar en hacinamiento en una estación migratoria poniendo en riesgo su vida." Por otra parte, de la certificación secretarial de cuenta, emerge que de una consulta en base de datos que arroja el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), se tuvo noticia de la existencia de los diversos juicios en los que Milagros Fiorella Correa Alba y Melchor Jeferson Ángel Guerra Cerpa, constituyen la parte quejosa: ? 1202/2022, Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia el Mexicali. ? 1224/2022, Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia el Mexicali. ? 1271/2022, Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia el Mexicali. ? 513/2022, Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con sede en Tijuana. ? 550/2022, Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con sede en Tijuana. Expedientes, en los que de acuerdo a la información que arroja el referido sistema, se aprecia que reclaman en esencia de las autoridades del Instituto Nacional de Migración en Baja California, el aseguramiento, alojamiento, detención por más de treinta y seis horas, privación de la libertad, presentación, e incomunicación en de que son objeto en las instalaciones de la Estación Migratoria, orden de expulsión, deportación, repatriación, regreso asistido, así como la omisión de establecer medidas alternativas a la privación de la libertad en su favor. Información, que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por constituir un hecho notorio los autos o resoluciones capturados en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), al ser información fidedigna y auténtica, que si bien no sustituye a las constancias que integran los expedientes en que éstas se dictan, lo cierto es que genera el conocimiento fidedigno y auténtico de que la información obtenida, ya sea que se trate de autos o sentencias, coincide fielmente con la agregada físicamente al expediente. De ahí que la información almacenada en dicha herramienta pueda ser utilizada en la resolución de asuntos relacionados pertenecientes a órganos jurisdiccionales distintos, contribuyendo así al principio de economía procesal que debe regir en el proceso, a fin de lograr el menor desgaste posible de la actividad judicial y, como consecuencia, evitar el dictado de sentencias contradictorias. Máxime que la información objeto de consulta en el referido sistema reúne, precisamente, las características propias de los hechos notorios en general, pues ésta es del conocimiento de las partes intervinientes en el juicio; es posible su verificación a través de la consulta en dicho sistema automatizado; para su validez es innecesaria la observación o participación directa de todos los intervinientes; y su captura aconteció en el momento en que se produjo la decisión. Por las razones que la conforman, se cita la jurisprudencia número 25, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia penal del Sexto Circuito1, que al rubro expresa: 1 Visible en la página 1199, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Marzo de 2002, Novena Época. "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LAS EJECUTORIAS EMITIDAS POR LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO O LOS JUECES DE DISTRITO." Así como la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, de rubro siguiente2: "HECHOS NOTORIOS. PUEDEN INVOCARSE COMO TALES, LOS AUTOS O RESOLUCIONES CAPTURADOS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE), AL SER INFORMACIÓN FIDEDIGNA Y AUTÉNTICA." Luego, del artículo 113 de la Ley de Amparo, se advierte la facultad del suscrito para desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare causa manifiesta e indudable de improcedencia. En relación con ello, debe precisarse que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que incluso en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran alegar las partes. A mayor abundamiento, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista de quien resuelve y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. 2 TCC;10a. Época; Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; (V Región)3o.2 K (10a.) ; TA; Publicación: viernes 14 de agosto de 2015 10:05 h, Registro digital: 2009758 Destacado lo anterior, resulta pertinente traer a colación la causa de improcedencia contenida en la fracción X del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios" De lo anterior, se obtiene como premisa que el juicio de amparo es improcedente cuando los actos reclamados sean materia de un diverso juicio de amparo que se encuentre pendiente de resolución, en primera o única instancia o bien, en revisión, siempre que haya sido promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, en virtud de que una misma cuestión no puede ser objeto de controversia y decisión en dos sentencias de amparo, en demérito de la seguridad que se requiere para lograr la armonía social. Así, para que se actualice la causa de improcedencia prevista en la fracción X del artículo 61 de la Ley de Amparo, es necesario que se actualicen los siguientes elementos: a) Que la ley o acto reclamado en el juicio de amparo, sea materia de un diverso juicio de amparo que se encuentre pendiente de resolución, en segunda o única instancia, aun cuando las violaciones alegadas sean distintas. b) Que ambos juicios de amparos hayan sido promovidos por el mismo quejoso. c) Que en ambos juicios los actos se reclamen de las mismas autoridades. En el caso, este Juzgado de Distrito estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción X, del artículo 61 de la Ley de Amparo, en virtud de que, los actos materia del reclamo en la demanda de cuenta, los hace consistir en lo siguiente: "4.- ACTOS RECLAMADOS I.- LA PRIVACION DE LA LIBERTAD INJUSTIFICADA, al realizar, el aseguramiento, alojamiento y/o detención de los hoy quejosos, por parte de la autoridad, en la Estación Migratoria de MEXICALI, BAJA CALIFORNIA sobrepasando el límite de 36 horas contraviniendo el artículo 21 constitucional, Acto que se atribuye en su calidad de ordenadora y ejecutora a las autoridades marcadas con las letras A a la D, sin que a la fecha se les haya iniciado, comparecido, informado, respecto del motivo por el cual se encuentran en la estación migratoria. II.- La aplicación del Inconstitucional artículo 111 de la Ley de Migración. Acto que se atribuye en su calidad de ejecutora a las autoridades marcadas con las letras d a la h. III.- La posible deportación y retorno asistido, de los ahora quejosos. IV.- La ilegal detención por más de 36 horas límite máximo de temporalidad para los arrestos o sanciones de carácter administrativo, de lo que se infiere claramente que cualquier norma secundaria que se encuentre en contravención a la voluntad del constituyente, plasmada en el artículo 21 constitucional, deviene violatoria de dicha garantía y/o prerrogativa fundamental. V.- La incomunicación, no permitiendo que el representante legal, tener contacto con el ahora quejosos a fin de llevar el procedimiento de manera legal, en términos del artículo 228 del reglamento de la ley de migración. VI.- La negativa de permitir a los hoy quejosos llevar su procedimiento administrativo en libertad en términos del artículo 102 de la ley de migración. VII.- La exposición del extranjero a un ambiente propicio a la exposición del virus covid 19, por estar en hacinamiento en una estación migratoria poniendo en riesgo su vida." Actos que fueron objeto de impugnación a través de los juicios de amparo 1202/2022, 1224/2022, 1271/2022, 513/2022 y 550/2022, del índice de los Juzgados Quinto y Tercero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia el Mexicali, así como Quinto y Sexto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con sede en Tijuana, respectivamente, tal como se aprecia de la certificación de cuenta. En ese tenor, es claro que los actos que aquí se reclaman, son materia de cinco diversos juicios de amparo, promovido por la misma accionante constitucional, contra las mismas autoridades responsables y, por los mismos actos reclamados; en consecuencia, sobreviene indudablemente la causal de improcedencia prevista en la fracción X, del artículo 61, de la legislación antes invocada; en virtud de lo anterior, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo de que se trata, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la ley de la materia. Sirve de apoyo la tesis aislada3, de rubro y texto siguientes: 3 Tesis con número de registro 232137, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 142, volumen 205-216, Primera Parte, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación. "LITISPENDENCIA Y COSA JUZGADA, IMPROCEDENCIAS DEL JUICIO DE AMPARO POR. EN SU CONFIGURACIÓN NO INFLUYEN LAS VIOLACIONES CONSTITUCIONALES ALEGADAS EN LAS DOS DEMANDAS DE GARANTÍAS. Debe sobreseerse en los autos del juicio constitucional de acuerdo con lo que se ordena en el texto de los artículos 73, fracciones III o IV (según corresponda), y 74, fracción III, de la Ley de Amparo, cuando los actos reclamados sean materia de un diverso juicio de garantías promovido por la misma quejosa y en contra de las mismas autoridades, independientemente de las violaciones constitucionales alegadas, cuestión que no influye en la configuración de estas causales de improcedencia." Sin que pase inadvertido que las causales de improcedencia en que se funda el presente desechamiento, podrían ser estudiadas en la sentencia que resolviera el presente juicio; puesto que, tratándose de casos como el presente, siendo manifiesta la improcedencia de la acción intentada, sería contrario al principio de expedites en la administración de justicia que se admitiera a trámite la demanda para luego, seguidas las formalidades de ley, alcanzar la conclusión ahora formulada. Al respecto, se invoca la jurisprudencia4 que a la letra dice: "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA. Cuando se desecha una demanda de amparo o se sobresee en el juicio, ello no implica denegar justicia ni genera inseguridad jurídica, ya que la obligación de los tribunales no es tramitar y resolver en el fondo todos los asuntos sometidos a su consideración en forma favorable a los intereses del solicitante, sino que se circunscribe a la posibilidad que tiene cualquier individuo de acudir ante los órganos jurisdiccionales, con su promoción (demanda), a la cual debe darse el trámite acorde a las formalidades rectoras del 4 Jurisprudencia J/23, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, publicada en la página 921, tomo XXIV, junio de 2006, Semanario Judicial de la Federación, Novena época, materia común, Registro digital: 174737. procedimiento respectivo, dentro de las cuales el legislador previó las causales de improcedencia y sobreseimiento. Así, cuando el juzgador o tribunal de amparo se funda en una de ellas para desechar o sobreseer en un juicio, imparte justicia, puesto que el acceso a ella no se ve menoscabado, sino que es efectivo, ni se deja en estado de indefensión al promovente, no obstante sea desfavorable, al no poder negar que se da respuesta a la petición de amparo, con independencia de que no comparta el sentido de la resolución, dado que de esa forma quien imparte justicia se pronuncia sobre la acción, diciendo así el derecho y permitiendo que impere el orden jurídico". En otro orden, se tiene a la parte quejosa señalando como autorizados de su parte, en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Sandro Alberto García Lara y Jonathan Tadeo Josué Moya Ortiz, cuyas cédulas profesionales se encuentran registradas en la base de datos relativa al establecimiento del Sistema Computacional para el Registro Único de Profesionales de Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, de dieciocho de julio de dos mil cinco, así como únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos a Kristian Desidero Cantú Hernández, Fernando Sánchez Barragán y Edgar Antonio Cota Cano, por así haberlo solicitado el promovente. Asimismo, se autoriza para oír y recibir notificaciones a Francisco Javier Aquino Balderas y Eliseo López González, en virtud de no tener registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Ahora, respecto a la diversa petición que realiza, en el sentido de que le tenga señalado como domicilio procesal para recibir notificaciones electrónicas los correos y números de teléfono que proporciona para tal efecto, dígasele que no ha lugar acordar de conformidad; dado que tales medios no son idóneos para realizar las notificaciones que deriven del presente juicio, lo anterior, de acuerdo a lo establecido por el artículo 23 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el diverso 35, párrafo segundo del citado ordenamiento, y el artículo 26 fracción IV, de la Ley de Amparo, puesto que no son medios idóneos establecidos por los numerales en comento. Apoya lo anterior, la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, que señala: "NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS EN EL JUICIO DE AMPARO. PARA QUE PUEDAN HACERSE RESPECTO DE RESOLUCIONES, SE REQUIERE DE SOLICITUD EXPRESA DEL INTERESADO, CONTAR CON FIRMA ELECTRÓNICA Y DE LA AUTORIZACIÓN DEL JUZGADOR. El artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo autoriza que las notificaciones en el juicio puedan hacerse vía electrónica a las partes, condicionado a que así lo soliciten y que previamente hayan obtenido la firma electrónica. Por su parte, los numerales 77 a 80 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de diciembre de 2015, prevén la posibilidad de que las partes consulten el expediente electrónico respectivo, lo que se supedita a la previa solicitud expresa del interesado y a la autorización del juzgador ante quien se tramite el asunto, con la determinación de que dicha cuestión no implica, por sí misma, el permiso para notificarse electrónicamente de resoluciones judiciales, pues para ello se exige, en primer término, la solicitud expresa mediante una promoción impresa o electrónica, cumpliendo los requisitos respectivos, aunado a que el Juez es el único facultado para autorizar o revocar los permisos necesarios para realizar notificaciones en esta forma. En esa tesitura, si se solicita la vinculación del juicio de amparo con un nombre de usuario, de concederse, únicamente tiene como consecuencia poder consultar el expediente electrónico; dicho en otras palabras, la circunstancia de que a solicitud expresa, el expediente electrónico se vincule a un determinado usuario, no implica que por ese hecho, las notificaciones se harán electrónicamente, pues para ello se requiere de una solicitud expresa del interesado, entre otros requisitos." Sin perjuicio de lo anterior, se toma nota de los correos electrónicos y números de teléfono que proporciona, para que de estimarlo necesario, este órgano jurisdiccional establezca contacto con la parte quejosa. Por tanto, túrnese los autos al Actuario Judicial adscrito a este órgano de control constitucional, para que proceda a notificar a la citada parte quejosa de mérito, el presente proveído y subsecuentes, por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley de Amparo, lo anterior hasta en tanto proporcione domicilio para tal efecto en esta ciudad. En otro aspecto, respecto a la solicitud que formula en el sentido que se le autorice el uso de los medios y servicios electrónicos a través de la página oficial http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea, respecto al juicio de amparo 628/2022-D del índice de este órgano jurisdiccional, con los usuarios "sandrofrouralex", "eliseolopez", y "josuamoy". Dado que de la certificación secretarial de cuenta, se aprecia el estado de vigencia en el que se encuentra el certificado digital (Firel), conforme lo previsto en el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, así como en el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los Servicios Tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, expedido el uno de diciembre de dos mil quince, en sus artículos 10 y 14, así como en el artículo 5, párrafo segundo, del diverso Acuerdo General Conjunto Número 1/2013, en relación con el dispositivo legal 3 de la Ley de Amparo, se autoriza a Sandro Alberto García Lara, Eliseo López González y Jonathan Tadeo Josué Moya Ortiz, quienes cuentan con los usuarios "sandrofrouralex", "eliseolopez", y "josuamoy", para que realicen la consulta en línea del juicio de amparo 628/2022-D, del índice de este órgano jurisdiccional. Facultados únicamente "sandrofrouralex", y "josuamoy", para presentar promociones, documentos y medios de prueba que consideren necesarios, ello por encontrarse autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo. Sin ser el caso de ordenar sus notificaciones por la vía electrónica, dado que no lo solicitó expresamente como lo prevé el artículo 26 fracción IV, de la Ley de Amparo. Por consiguiente, una vez que se encuentre autorizado el presente auto, la Secretaría realizará el trámite correspondiente, para el registro de acceso al sistema del servicio en línea a Sandro Alberto García Lara, Eliseo López González y Jonathan Tadeo Josué Moya Ortiz, quienes cuentan con los usuarios "sandrofrouralex", "eliseolopez", y "josuamoy", para la consulta en forma electrónica única y exclusivamente para el presente asunto, quien deberá realizar la certificación e impresión respectiva. Luego, respecto a la diversa petición que realiza, en el sentido de que se autorice el uso de medios electrónicos que permita dar el seguimiento al presente juicio, dígasele que, con apoyo en la circular 12/2009, de dieciocho de marzo de dos mil nueve, signada por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, no existe inconveniente, por este juzgado de Distrito, en permitir a imponerse de las actuaciones, en los términos que solicita. Ahora, toda vez que actualmente el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal ha tomado medidas relativas con motivo de la contingencia por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19, con la finalidad de evitar concentración de personas y, con ello, la propagación del mencionado virus, de conformidad con el numeral 22, del multicitado Acuerdo 21/2020, se exhorta a las partes para que, de ser posible, accedan a las herramientas tecnológicas continuar con la tramitación del presente asunto, a través del esquema de "juicio en línea", hasta su conclusión y archivo. De igual forma, para que proporcionen un número de teléfono móvil, una cuenta de correo electrónico o servicios de mensajería instantánea, para que se establezca el contacto respectivo en los casos en que se estimen necesario. Hágase saber a las partes, que en términos de lo dispuesto por el artículo 3 del citado Acuerdo General, a partir del tres de agosto de agosto de dos mil veinte, está disponible en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, un micrositio sobre "Servicios Jurisdiccionales", en el que encontrarán el sistema "Agenda OJ", en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles en cada órgano jurisdiccional para la generación de citas para consultar expedientes y el desahogo de comparecencias o requerimientos. En la inteligencia que la generación de citas, será un proceso automatizado que otorgará a la persona a cuyo nombre se solicite, un Código QR que, a su vez, permitirá el ingresen al órgano jurisdiccional, bajo y con observación de los lineamientos ahí establecidos. Por último, atento a lo previsto en los artículos 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los ordinales 5, 6, 7 y 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, al hacerse pública la sentencia que se dicte en este asunto; apercibidas que de no hacerlo, en la versión pública que se realice de dicha determinación, se suprimirá la información considerada legalmente reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones públicas, previstos en los artículos 5, 14, 25, 28, 44, 54, 55 y 56 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce.

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