MIJAIL HERNÁNDEZ GÓMEZ y Otros.

Expediente 435/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 7 actuaciones registradas, la última del 9 de agosto de 2017.

Datos del expediente

Expediente
435/2017
Año
2017
Actuaciones
7
Última actuación
09/08/2017

Partes del expediente

  • MIJAIL HERNÁNDEZ GÓMEZ y Otros.
  • Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número 13 "CPS-Oaxaca" Miahuatlán, Oaxaca

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    MESA V B San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, nueve de agosto de dos mil diecisiete. Toda vez que transcurrió el plazo de quince días a que se refiere el artículo 202 de la Ley de Amparo, sin que las partes, hubieren interpuesto recurso en contra del auto que tuvo por cumplida la sentencia dictada en este juicio; en términos del citado artículo, se declara que ha quedado firme dicho proveído. Comuníquese lo anterior a las autoridades responsables.

  2. Principal

    MESA V B San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta de junio de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el oficio signado por la Encargada de la Dirección General del Centro Federal de Readaptación Social Número 13 "CPS-Oaxaca", con sede en Miahuatlán, Oaxaca, -previa certificación de la hora y fecha de su recepción con motivo de que se recibió vía correo electrónico-, y anexo que acompaña, por el cual informa el cumplimiento efectuado a la ejecutoria de amparo dictada en autos. En virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con el oficio de cuenta, dese vista a la parte quejosa, para que en el plazo de tres días, manifieste lo que a su derecho convenga; en el entendido que de no hacer manifestación alguna, se resolverá respecto del cumplimiento o incumplimiento de la ejecutoria. Notifíquese; personalmente al quejoso.

  3. Principal

    MESA V B San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiuno de junio de dos mil diecisiete. Toda vez que transcurrió el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes legitimadas interpusieran recurso de revisión contra el fallo protector pronunciado en autos, sin que lo hubiesen hecho; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho fallo ha causado ejecutoria. Por lo que, en términos del artículo 192, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número 13 "CPS-Oaxaca", con sede en Miahuatlán, Oaxaca, para que en el plazo de tres días, siguiente al en que reciba el comunicado respectivo, cumpla con el fallo protector, y remita dentro del mismo plazo, copia certificada legible y completa de las determinaciones que al efecto adopte. Asimismo, con fundamento en los artículos 192, párrafo tercero, y 194 de la Ley de Amparo, notifíquese este proveído al Coordinador General de los Centros Federales de Readaptación Social, con residencia en la Ciudad de México, en su calidad de superior jerárquico de la precitada autoridad responsable, adjuntándose copia autorizada de la sentencia, y requiérasele para que inmediatamente ordene a su inferior cumplir con la ejecutoria. Apercíbase al mencionado superior jerárquico que de no demostrar ante este Juzgado dentro del plazo de tres días que dio la orden para que se cumpla con la sentencia de amparo, y a la citada autoridad responsable que de no cumplir sin causa justificada (informar el impedimento legal o material que tenga para ello), se impondrá a los titulares de las referidas autoridades una multa de cien unidades de medida y actualización vigente, equivalente a siete mil quinientos cuarenta y nueve pesos ($7,549.00), a razón de 75.49 como valor diario, conforme a lo establecido en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo. Asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda para seguir el trámite de inejecución, el cual puede culminar con la separación de sus puestos y su consignación. Notifíquese; personalmente al quejoso.

  4. Principal

    MESA V B En San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siendo las nueve horas con nueve minutos del veinticuatro de mayo de dos mil diecisiete, hora y día señalados en autos (foja 21), para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el juicio de amparo 435/2017, promovido por , estando presente la Juez Elizabeth Franco Cervantes, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca, quien actúa con la Secretaria Lorena Carrera Martínez, que autoriza y da fe, en términos del artículo 124 de la Ley de Amparo, la declara abierta, sin la asistencia de las partes. En principio, la Secretaria hace relación de las constancias de autos. Enseguida se pasa al periodo de pruebas, en el que con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tiene por desahogada la documental que anexó el quejoso a su demanda (foja 9). Abierta la etapa de alegatos, se informa que no fueron formulados, concluye ésta, y quedan los autos a la vista para la emisión de sentencia. Vistos, y Resultando Primero. Presentación y datos de la demanda. Mediante escrito presentado el veintisiete de marzo de dos mil diecisiete, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en esta población, turnado ese mismo día a este Juzgado Primero de Distrito, MIJAIL HERNÁNDEZ GÓMEZ solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Director General y Titular del Área de Criminología, ambos del Centro Federal de Readaptación Social Número Trece "CPS-Oaxaca". Segundo. Tramitación del juicio. Admitida a trámite la demanda, se solicitó informe justificado, se dio intervención a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, y se programó la audiencia constitucional, la que tuvo verificativo al tenor del acta que antecede, y Considerando Primero. Competencia. Este Juzgado de Distrito es competente para resolver este juicio, toda vez que se reclama un acto que pretenden ejecutar autoridades con domicilio dentro de la circunscripción territorial en la que se ejerce jurisdicción. Segundo. Inexistencia de autoridad responsable. No se hará pronunciamiento alguno respecto de la autoridad señalada como Titular del Área de Criminología del Centro Federal de Readaptación Social Número 13 "CPS-Oaxaca", con residencia en Miahuatlán, Oaxaca, toda vez que en auto de seis de abril de este año, se tuvo por inexistente (fojas 19). Tercero. Materia del juicio. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, y del análisis integral de la demanda y atendiendo a la causa de pedir contenida en tal libelo, permite concluir que de la autoridad responsable, Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número Trece "CPS-Oaxaca", con residencia en Miahuatlán, Oaxaca, la parte demandante del amparo reclama: La negativa a reubicarlo al módulo Bravo "s". La falta de respuesta a su petición de enero por la que solicitó se le reubicara en un módulo donde fueran las llamadas los sábados y que no lo reubicaran al módulo Bravo "z". Ahora, no pasa inadvertido que en el auto de inicio se otorgó al quejoso la suspensión de plano de los actos consistentes en el peligro de su vida e integridad física; sin embargo, no deben tenerse como actos reclamados independientes, ya que de la lectura íntegra de la demanda se advierte que se trata de apreciaciones subjetivas, ya que el quejoso aduce haber tenido problemas en el módulo donde lo reubicaron y por ello estima que se pone en peligro su integridad física y moral, por lo cual se encuentra en un estado de incertidumbre. Cuarto. Existencia de los actos reclamados. De acuerdo con la técnica jurídica que rige al juicio de garantías, resulta oportuno pronunciarse respecto de la certeza o inexistencia de los actos que se tildan de inconstitucionales, ya que por razón de método, en toda sentencia de amparo, dicho proceder debe ocurrir previamente y, sólo en el caso de su existencia, lo aleguen o no las partes, el Tribunal que conoce del procedimiento debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen para, por último y de ser procedente el juicio, entrar al análisis del fondo del asunto. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no existir los actos combatidos, sería ocioso ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia, y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resultaría imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos; y en el segundo, que además de ser ciertos, el juicio de garantías sea procedente. El Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número Trece "CPS-OAXACA", con sede en Miahuatlán, Oaxaca, no rindió su informe justificado, no obstante haber quedado legal y oportunamente notificado de la petición respectiva (foja 17), por lo que con fundamento en el artículo 117, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se presumen ciertos los actos que se le reclaman. Quinto. Procedencia del juicio. Dado que en la especie las partes no hicieron valer causa de improcedencia ni de oficio este órgano de control constitucional advierte que se actualice alguna, procede entrar al estudio del asunto planteado, sin que resulte necesario transcribir los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa, ya que con ello no se transgreden los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias de amparo. Sexto. Análisis de la constitucionalidad de los actos reclamados. Son infundados unos y fundados otros de los conceptos de violación. 6.1 Análisis del acto reclamado consistente en la negativa a reubicarlo al módulo Bravo "s". El peticionario del amparo, en su calidad de interno del Centro Federal de Readaptación Social número 13, reclama de las responsables la negativa a reubicarlo al módulo Bravo "s". A fin de efectuar el pronunciamiento respectivo, resulta conveniente señalar lo que establecen los párrafos primero, segundo y tercero del artículo 117 de la Ley de Amparo: Artículo 117. La autoridad responsable deberá rendir su informe con justificación por escrito o en medios magnéticos dentro del plazo de quince días, con el cual se dará vista a las partes. El órgano jurisdiccional, atendiendo a las circunstancias del caso, podrá ampliar el plazo por otros diez días. Entre la fecha de notificación al quejoso del informe justificado y la de celebración de la audiencia constitucional, deberá mediar un plazo de por lo menos ocho días; de lo contrario, se acordará diferir o suspender la audiencia, según proceda, a solicitud del quejoso o del tercero interesado. Los informes rendidos fuera de los plazos establecidos en el párrafo primero podrán ser tomados en cuenta si el quejoso estuvo en posibilidad de conocerlos. Si no se rindió informe justificado, se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, quedando a cargo del quejoso acreditar su inconstitucionalidad cuando dicho acto no sea en sí mismo violatorio de los derechos humanos y garantías a que se refiere el artículo 1o de esta Ley. [.]. Del artículo transcrito y en lo que interesa se desprende que en el juicio de amparo, cuando la autoridad responsable no rinda su informe con justificación, la Ley reglamentaria impone al Juez de Distrito la obligación de presumir cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario; y al quejoso la carga procesal de demostrar los hechos que determinen su inconstitucionalidad, cuando dicho acto no sea inconstitucional o violatorio de derechos humanos en sí mismo, sino que ello dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto. Lo anterior, ya que la omisión de la autoridad responsable de rendir el correspondiente informe con justificación, establece una presunción juris tantum sobre la existencia del acto reclamado y sobre su constitucionalidad, a menos de que en tal acto exista una presunción juris et de jure, que establezca la infracción a la norma suprema. Es así que la omisión de rendir informe justificado establece la certeza del acto reclamado, pero no la de los actos, hechos, motivos, datos o pruebas en que el quejoso basa su acción de amparo, o en que se haya fundado el propio acto tildado de inconstitucional. Sirve de apoyo, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 17 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación número 79-julio de 1994, materia Común, con rubro y texto: INFORME JUSTIFICADO. SU FALTA SOLO HACE PRESUMIR CIERTO EL ACTO RECLAMADO Y NO LA TOTALIDAD DE LOS HECHOS SEÑALADOS EN LA DEMANDA. En términos del artículo 149 párrafo tercero de la Ley de Amparo, la omisión de la autoridad responsable de rendir informe justificado sólo hace presumir la certeza del acto reclamado, pero no la de los actos o hechos diversos en que el quejoso basa su acción de amparo. En este orden de ideas, en la especie son infundados los conceptos de violación esgrimidos por el quejoso, ante la imposibilidad jurídica y material que tiene la que ahora resuelve para determinar si el acto reclamado es o no inconstitucional. Ello en atención a que el propio quejoso en los hechos de su escrito de demanda, aduce que el diecinueve de febrero de dos mil diecisiete, fue reubicado al módulo "Bravo "z", y que la autoridad responsable hizo caso omiso de que tenía problemas en ese módulo, por lo que pone en peligro su integridad física como moral, ya que se encuentra con problemas de incertidumbre, y que sale con miedo a las actividades y, además, se le afectó en las llamadas que le dan cada ocho días, porque el horario en el que habla es de ocho antes meridiano, y a esa hora muchos hablan y ya no encuentra a sus hijos. En ese sentido, la negativa a reubicarlo al módulo que señala no es inconstitucional ni violatorio de derechos humanos en sí mismo, al presumirse su constitucionalidad salvo prueba en contrario. Ello, ya que su inconstitucionalidad sólo puede depender de los motivos, datos o pruebas en que la responsable lo haya fundado; aspectos que no fueron aportados al sumario, ni por la autoridad responsable a quien le correspondía en principio, ni por el quejoso, a quien le correspondía ante la omisión de la primera. Esto es así, ya que al encontrarse el quejoso legalmente privado de su libertad en un centro penitenciario, puesto que señaló que ello es con motivo del proceso penal 11/2011, del índice del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca, que se sigue en su contra por los delitos de PORTACIÓN DE ARMA DE FUEGO, DELINCUENCIA ORGANIZADA y otros; en consecuencia, su reubicación depende de las normas reglamentarias y disposiciones disciplinarias y de seguridad del establecimiento de reinserción social en el que se encuentra. Además, de que el propio Reglamento de Centros Federales de Readaptación Social, en su artículo 38 impone la facultad del Director General de clasificar a los internos en el Centro Federal y que éstos podrán ser cambiados de estancia por razones de seguridad y de operación. Así también, la Ley Nacional de Ejecución Penal, en sus numerales 5 y 6 establece que el régimen de planeación, organización y funcionamiento de la Autoridad Penitenciaria y de los Centros Penitenciarios estará sujeto a su normatividad reglamentaria respectiva, siempre de conformidad con dicha ley, y que la ubicación de las personas privadas de su libertad en prisión preventiva y en ejecución de sentencias por delincuencia organizada o sujetas a medidas especiales de seguridad se destinarán a espacios especiales. Luego, que si la normatividad prevé la facultad de la mencionada autoridad, de realizar los actos necesarios para operar el Centro Federal, es inconcuso que el acto reclamado no puede ser inconstitucional o violatorio de derechos humanos en sí mismo, sino que en todo caso, ello depende de las circunstancias particulares imperantes en la especie, las cuales se desconocen. En efecto, ante la omisión de la responsable de rendir su informe con justificación, era al quejoso a quien le correspondía allegar al presente juicio los motivos, datos o pruebas en que se fundó el acto reclamado, es decir que el módulo en el que fue ubicado es injustificado, para que esta Juzgadora estuviera en aptitud de determinar su constitucionalidad o inconstitucionalidad; sin embargo, no se cumplió con tal carga procesal. Consecuentemente, lo procedente es negar la protección constitucional solicitada por falta de prueba de la inconstitucionalidad del acto reclamado, conforme a lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sustenta lo anterior, las jurisprudencias siguientes: INFORME JUSTIFICADO. INAPLICABILIDAD DEL ARTÍCULO 78 DE LA LEY DE AMPARO PARA REQUERIR A LA AUTORIDAD RESPONSABLE. Si bien es cierto que el artículo 78 de la Ley de Amparo faculta al juzgador para que de oficio recabe discrecionalmente las pruebas que fueron rendidas ante las autoridades responsables, que no obren en autos y que estime necesarias para la resolución del asunto, de este precepto no se puede desprender la facultad de obligar a la responsable omisa a rendir su informe cuando expresamente hay una sanción por esa omisión, conforme al tercer párrafo del artículo 149 de la Ley de Amparo. ACTO RECLAMADO. SI NO ES INCONSTITUCIONAL EN SI MISMO, SU EXISTENCIA ES INSUFICIENTE PARA DEMOSTRAR SU INCONSTITUCIONALIDAD. - - - El acto reclamado no es inconstitucional en sí mismo, ya que de conformidad con el artículo 16 constitucional, la autoridad judicial está facultada para librar la orden de aprehensión reclamada; por ende, la existencia de la misma es insuficiente para demostrar su inconstitucionalidad, puesto que ésta depende de los motivos, datos y pruebas en que se haya fundado el propio acto, y como la carga de la prueba corresponde al quejoso, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, si no se aportaron los elementos de convicción necesarios para el análisis y determinación de la inconstitucionalidad del acto reclamado, el juez de amparo estuvo imposibilitado para suplir la deficiencia de la queja y resolver sobre tal cuestión. Consiguientemente, al negar el amparo por falta de prueba de la inconstitucionalidad del acto reclamado, no infringe precepto legal alguno en perjuicio del hoy inconforme. ACTO RECLAMADO. NO ES OBLIGACION DEL JUEZ DE DISTRITO RECABARLO DE OFICIO, CUANDO TANTO LA AUTORIDAD RESPONSABLE COMO EL QUEJOSO OMITEN EXHIBIRLO. - - - Si bien es cierto que atento lo establecido en el artículo 78 de la Ley de Amparo (cuya reforma fue publicada el diez de enero de mil novecientos noventa y cuatro en el Diario Oficial de la Federación), el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente las pruebas que habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y las estime necesarias para la resolución del asunto, sin embargo, esta obligación opera cuando el Juez constitucional, previo el examen del acto reclamado, advierte que determinada constancia o constancias sirvieron de fundamento a la responsable para emitir dicho acto, o bien, cuando en el juicio de donde el mismo emana, obran pruebas que resultan indispensables para fallar el juicio de amparo; pero no ocurre así, cuando el Juez responsable y el quejoso omiten exhibir el auto combatido, es decir, no se trata de pruebas, sino del propio acto reclamado. Asumir un criterio contrario, equivaldría a ignorar lo expresamente establecido en el párrafo tercero del artículo 149 de la Ley de Amparo, esto es, que ante la falta del informe justificado de la autoridad responsable, cuando el acto reclamado no es inconstitucional en sí mismo, corresponde al quejoso la carga procesal de demostrar su inconstitucionalidad, aportando por lo menos, el auto que reclama. 6.2 Análisis de la omisión a dar respuesta a la petición del quejoso planteada en enero de dos mil diecisiete, por la que solicitó se le reubicara en un módulo donde fueran las llamadas los sábados y que no lo reubicaran al módulo Bravo "z". Como se estableció en el tercer considerando, el quejoso reclama la omisión de la autoridad penitenciaria de dar respuesta a su petición contenida en el formato único de petición que presentó en el mes de enero de dos mil diecisiete, por la que solicitó se le reubicara en un módulo donde fueran las llamadas los sábados y que no lo reubicaran al módulo Bravo "z". Actos que refiere transgreden el derecho humano contenido en el artículo 8º constitucional, el cual establece: Artículo 8º. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario. De acuerdo con el artículo trascrito, se advierte que el derecho humano de petición en él contenido, se satisface cuando la autoridad a la que va dirigida la petición respectiva, dicta un acuerdo por escrito en contestación a éste y lo hace saber en breve término al peticionario. En efecto, el derecho de petición protegido por el artículo 8o. constitucional, obliga a las autoridades a dar contestación, de manera invariable y por escrito, en breve término a toda solicitud que se le formule en forma pacífica, respetuosa y también por escrito; de lo que se sigue que tal contestación debe producirse sin mayores presupuestos o exigencias legales, debiendo existir, por una parte, una petición producida de manera respetuosa y pacífica, y que ésta se formule por escrito, para que la autoridad quede obligada, desde luego, a la citada contestación y en los términos señalados por el artículo constitucional en comento; de tal forma que la protección constitucional al precitado derecho se da de manera directa e inmediata. Ahora, de las constancias que obran en autos se advierte que la responsable no ha dado respuesta en breve término a la petición que le efectuó por escrito y de manera respetuosa el interno quejoso. Se asevera lo anterior, porque la responsable omitió rendir su informe justificado, por lo que se presumió cierto el acto reclamado, aunado a que no acreditó que ya hubiere dado respuesta a la solicitud que dijo el quejoso realizó en el mes de enero de dos mil diecisiete, y por la que solicitó se le reubicara en un módulo donde fueran las llamadas los sábados y que no lo reubicaran al módulo Bravo "z". Por lo anterior, es evidente que se conculca en perjuicio de la parte quejosa, el derecho consagrado por el artículo 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que a toda petición debe recaer un acuerdo el cual debe hacerse del conocimiento del promovente en breve término, lo que en la especie no ocurre. Con base en lo anterior, a fin de resarcir a la parte quejosa en el goce del derecho humano violado, procede conceder el amparo de la justicia federal a MIJAIL HERNÁNDEZ GÓMEZ. 6.3 Efectos de fallo protector En términos del artículo 74, fracción V de la Ley de Amparo, se precisa que con motivo de la concesión de amparo, una vez que cause ejecutoria esta sentencia, dentro del plazo de tres días siguientes, la autoridad responsable tendrá que dar contestación escrita y congruente a la solicitud formulada por el inconforme en el mes de enero de dos mil diecisiete, por la que pidió se le reubicara en un módulo donde fueran las llamadas los sábados y que no lo reubicaran al módulo Bravo "z". Respuesta que deberá notificar de forma personal al solicitante, quien se encuentra a su disposición interno en el Centro Federal de Readaptación Social número Trece "CPS-OAXACA". Por lo expuesto y fundado, se Resuelve Primero. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a la parte quejosa contra el acto reclamado al Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número Trece "CPS-Oaxaca", consistente en la negativa a reubicarlo al módulo Bravo "s". Segundo. La Justicia de la Unión ampara y protege a MIJAIL HERNÁNDEZ GÓMEZ, contra el acto reclamado al Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número Trece "CPS-Oaxaca", consistente en la omisión a dar respuesta a la petición del quejoso planteada en enero de dos mil diecisiete, por la que solicitó se le reubicara en un módulo donde fueran las llamadas los sábados y que no lo reubicaran al módulo Bravo "z"; para los efectos precisados en el último considerando de este fallo. Notifíquese, personalmente al quejoso en el lugar en el que se encuentra recluido.

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