Miguelito Arreola Vázquez
Expediente 2235/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 23 actuaciones registradas, la última del 3 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 2235/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 23
- Última actuación
- 03/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula · Chiapas
Partes del expediente
- Miguelito Arreola Vázquez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 23.
- Principal
Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, a tres de octubre de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que el veinticinco de marzo de dos mil veintiuno, se ordenó el archivo del presente juicio de amparo por tratarse de un asunto concluido, en el que no obran documentos originales. No obstante las constancias que las autoridades responsables Actuario Judicial de la Primer Secretaría, Actuario Judicial de la Segunda Secretaría y por la Segunda Secretaria de Acuerdos, todos pertenecientes al Juzgado Primero del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tonalá, Chiapas, adjuntaron a su informe justificado, resulta innecesaria su retención en la Secretaría de este Juzgado. Por lo tanto, mediante oficio que se genere al efecto, devuélvase a la última de las citadas autoridades responsables, las copias certificadas remitidas mediante oficio 1654-A/2019, de su índice, de diecisiete de octubre de dos mil diecinueve, sin que sea necesario acuse recibo del mismo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Rosa Patricia Córdova Rangel, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, asistida de Yazmín Giselle Osorio Lecona, Secretaria del Juzgado con quien actúa. Doy Fe. YAZMIN GISELLE OSORIO LECONA
- Principal
TRIBUNAL COLEGIADO RESUELVE REVISIÓN CONFIRMA Y SOBRESEE. SE ARCHIVA ASUNTO
- Principal
MESA VIII-B Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, a diecisiete de diciembre de dos mil diecinueve. SENTENCIA CONSTITUCIONAL. VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo número 2235/2019. R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda. Mediante escrito de demanda presentado el tres de septiembre de dos mil diecinueve, en la Oficialía de Partes del Juzgado Primero del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tonalá, Chiapas, Miguelito Arreola Gómez, por su propio derecho, promovió juicio de amparo directo, contra las autoridades y por los actos que se indicarán en el considerando segundo de este fallo. En fecha treinta de septiembre siguiente, dicha demanda fue turnada al Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, el cual mediante auto de uno de octubre de dos mil diecinueve, declinó la competencia al Juez de Distrito en Turno, en el Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad. Posteriormente, el siete de octubre del año en curso, fue turnada de manera aleatoria la presente demanda y sus respectivos anexos a este Juzgado Primero de Distrito. SEGUNDO. Trámite. Mediante proveído de ocho de octubre del año en curso, se aceptó la competencia y se admitió a trámite la demanda de amparo de previa reseña, se ordenó dar la intervención que legalmente corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación, se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables, y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Finalmente, se celebró la audiencia constitucional en los términos del acta que antecede a esta resolución, y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito, tiene competencia legal para conocer del presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo en vigor, en relación con el numeral 54 fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y con el Acuerdo General 25/2017 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de noviembre de dos mil diecisiete. Esto, al reclamarse actos de naturaleza civil de autoridades que se encuentran dentro de la jurisdicción de este juzgado de Distrito. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se estima necesario establecer claramente y de manera precisa el acto reclamado. Sirve como orientadora la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la jurisprudencia de la Segunda Sala de la misma superioridad, respectivamente, de rubros: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO" y "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS". Del análisis integral de la demanda de amparo, en relación con las diversas constancias que integran el presente juicio, se observa que la parte quejosa reclama de las autoridades siguientes: Juez Primero del Ramo Civil de Primera Instancia de la Ciudad de Tonalá, Chiapas; y, Actuario Adscrito a la Primera Secretaría de Acuerdos del Juzgado Primero del Ramo Civil de Primera Instancia de la Ciudad de Tonalá, Chiapas El auto de fecha veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho, en el que se decretó aprobada la audiencia de remate, fincó y adjudicó el bien inmueble ubicado en Andador de la Rosa, lote número tres de la manzana once del fraccionamiento El Prado de la Ciudad de Tonalá, Chiapas a favor de Julia Cigarroa Solar. TERCERO. Existencia del acto reclamado. La Jueza Primero del Ramo Civil de Primera Instancia de la Ciudad de Tonalá, Chiapas, y el Actuario adscrito a la Primera Secretaría de Acuerdos de dicho juzgado, al rendir sus informes justificados negaron la existencia del acto reclamado. Sin embargo, dicha negativa se desvirtúa, toda vez que del contenido del propio informe se advierte su existencia, lo cual también se acredita con las documentales que acompañó como complemento del mismo, pues de ellos se aprecia que en dicho juzgado se encuentra radicado el juicio ejecutivo mercantil 565/2014, y dentro de él, el auto que por esta vía se reclama. Documentales a las cuales se les concede valor probatorio de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de lo dispuesto en el numeral 2° de esta última. Al efecto, se cita la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 394182, de rubro y texto siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." CUARTO. Análisis de causas de improcedencia. Previo al estudio de la cuestión de fondo planteada, deben analizarse las causales de improcedencia que hagan valer las partes o que en su caso advierta de oficio este órgano jurisdiccional; ello en virtud de ser una cuestión de orden público y estudio preferente, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo. El suscrito juzgador considera de oficio, que en la especie, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación al artículo 5, fracción I, de la Ley de Amparo, misma que dispone que el juicio de amparo es improcedente, contra actos que no afecten los intereses jurídicos de la parte quejosa. Previo al estudio de la causal de improcedencia que se actualiza en el presente asunto, cabe hacer mención a la reforma del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once, por el cual se amplió el concepto de interés de parte agraviada bajo el que se definía el interés jurídico para promover el juicio de amparo, incorporando -en lo que interesa- el concepto de interés legítimo para promover dicha acción, cuando se alegue que el acto reclamado viola derechos reconocidos por la Ley Suprema y con ello se afecte la esfera jurídica del justiciable, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico, con la excepción de que no provengan de autoridades jurisdiccionales. Luego, tomando en consideración que los actos reclamados derivan de un juicio jurisdiccional, la parte quejosa debe probar ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. En las relatadas circunstancias, la improcedencia del acto reclamado, se analizará bajo la óptica de la falta de interés jurídico y no del interés legítimo. La causa de improcedencia de la cual se viene hablando es del contenido literal siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; Asimismo, para su mayor comprensión se destaca el contenido de la siguiente disposición legal de la ley de la materia: "Artículo 5º. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley." De los dispositivos citados y transcritos, se desprende que el juicio de garantías se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, lo cual presupone la existencia de un interés jurídico; es decir, el derecho legítimamente tutelado que, cuando es transgredido por la actuación de una autoridad o por la ley, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional correspondiente demandando el cese de esa trasgresión; según lo establece la jurisprudencia I.1o.T. J/38K, de rubro "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO.". Así, el juicio de amparo podrá promoverse únicamente por la parte a quien perjudique, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica de manera directa. El interés jurídico ha sido identificado con lo que se conoce como derecho subjetivo, el cual deriva de la norma objetiva y que supone la reunión de tres elementos, a saber: un interés exclusivo, actual y directo; el reconocimiento y tutela de ese interés por la ley; y que la protección legal se resuelve a favor del titular de ese derecho otorgándole una facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad para que esta realice la prestación debida. El interés exclusivo, actual y directo, debe ser personal, existir al momento de promover el juicio constitucional y el bien perseguido por él, conduce a la satisfacción de una necesidad del titular. En ese sentido, el agravio debe ser actual y directo, no indirecto ni eventual, por lo que el peticionario de garantías tiene la obligación de acreditar plenamente que el acto reclamado lesionó su esfera de derechos, a fin de que la autoridad que conozca el juicio de garantías, esté en posibilidad de conceder o negar la protección de la Justicia Federal. De esta manera, si la norma donde deriva el acto reclamado no reconoce un derecho subjetivo al quejoso, este carece de interés jurídico para impugnar el acto de autoridad señalado en su demanda de amparo. Luego, para demostrar la afectación del interés jurídico en el juicio constitucional, se requiere que se precise el acto reclamado en la demanda de amparo; asimismo que del informe justificado de la autoridad responsable y las pruebas que obren en autos se demuestre la existencia conjunta de dos elementos, como son: El acreditamiento de un derecho subjetivo, y La afectación a dicho derecho. De lo contrario, esto es, que no se demuestre los dos elementos apuntados, el peticionario de la protección constitucional carecerá de interés jurídico para ejercer la acción de defensa de derechos humanos a través del juicio de amparo. Resulta ilustrativo a lo anterior la tesis VII.2o.C.33 K, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, Tomo XXVIII, septiembre de 2008, página 1299, de rubro y texto siguiente: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS QUE LO COMPONEN. El interés jurídico plasmado en el numeral 73, fracción V, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, es considerado como uno de los presupuestos procesales para la procedencia del juicio de garantías, y debe ser entendido bajo dos elementos: el acreditamiento y la afectación. Tales aspectos necesariamente deben conjugarse para cumplir con el presupuesto de procedencia de la causa constitucional por excelencia referida. Esto es, de faltar alguno, se está indefectiblemente en el supuesto de improcedencia descrito. Lo anterior porque es factible ostentarse titular de determinado derecho, pero éste no verse afectado por los órganos del Estado o, en su caso, estar disfrutando de ese derecho sí afectado por la autoridad y no tener el respaldo legítimo y legal sobre él, ya que en este último tópico se estaría en el caso de un interés simple. Por ello, es requisito sine qua non (sin el cual no), se reúnan ambos supuestos." Además, dado que el interés jurídico es la clave de acceso al juicio de amparo, su existencia debe ser patente y no presuntiva, ya que la afectación a la esfera de garantías del gobernado no puede inferirse con base en presunciones, sino que debe ser apreciable en forma objetiva, es decir, debe acreditarse fehacientemente, para la procedencia del juicio de garantías; ello conforme a la jurisprudencia 16/94, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo título y contenido son: "INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones." Luego, se debe analizar las pruebas que se hayan ofrecido y exhibido, para así determinar la existencia del interés jurídico, pues no se puede partir de la sola afirmación de que el quejoso tiene un derecho, sino que tal afirmación debe ser probada de manera plena dentro del juicio de amparo, por el mismo quejoso, por recaerle a este la carga de la prueba, de la que no libera por haberse acreditado la existencia del acto reclamado. Lo anterior, de conformidad con las tesis aislada de la Segunda Sala y con la jurisprudencia que la Primera Sala, ambas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que respectivamente, son de rubros: "INTERÉS JURÍDICO. ES NECESARIO ANALIZAR EL DOCUMENTO CON EL QUE SE PRETENDE ACREDITARLO, AUN CUANDO EL RESULTADO SÓLO SEA PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE GARANTÍAS." e "INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. CARGA DE LA PRUEBA." Ahora bien, la parte quejosa solicita la protección constitucional con el carácter de tercera extraño a la controversia civil de origen, reclamando la adjudicación y el remate decretado sobre el bien materia de la litis, en el juicio ejecutivo mercantil 565/2014. En tal circunstancia, es necesario que la parte quejosa acredite la existencia del derecho que defiende para sostener que los actos de autoridad que impugna, ciertamente afectan su interés jurídico; por ende, debe demostrar fehacientemente ser propietario o legítimo poseedor del bien inmueble cuya desposesión reclama debido a la instauración del juicio mercantil del que emanan tales actos. El impetrante del amparo para justificar su pretensión, exhibió junto con su demanda inicial, el contrato compraventa de doce de diciembre de dos mil diecinueve, celebrado entre Luz del Carmen Ovando Paz, como vendedora y el aquí quejoso Miguelito Arreola Gómez, como comprador, respecto de la casa habitación ubicada en el lote número tres, de la manzana once del andador El Prado, en la ciudad de Tonalá, Chiapas; acuerdo de voluntades cuyas firmas fueron ratificadas y fedatadas ante el licenciado Aarón Cisneros Aceituno, Notario Público Número Cuarenta y ocho del Estado de Chiapas, en esa misma fecha (fojas 20 y 21). Sin embargo, para efectos de este juicio de amparo, no es factible conceder valor probatorio a tal documental, ya que el mismo contraviene a lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley del Notariado para el Estado de Chiapas, el cual establece la prohibición expresa para los notarios de ratificar firmas de documentos traslativos de dominio de inmuebles. Dicha prohibición descansa en que la ratificación de firmas de bienes inmuebles contraviene a lo dispuesto en las leyes locales del estado de Chiapas, específicamente, el artículo 2294 del Código Civil del Estado de Chiapas, que dispone que toda operación de compraventa sobre bienes inmuebles, debe hacerse constar en escritura pública, salvo aquellas operaciones en las que sean parte el gobierno federal, estatal y municipal, o cualquier organismo público tendiente a la regularización de la tenencia de la tierra, las que podrán constar en instrumento privado que firmarán el vendedor y el comprador ante dos testigos, y que dichas ventas deberán ser inscritas en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, para que surtan efectos contra terceros. Por lo tanto, el contrato de compraventa del bien inmueble que defiende el quejoso carece de eficacia probatoria para demostrar su interés jurídico, para instar el presente juicio de amparo y, por ende, no es apto para acreditar el derecho de posesión y propiedad que refiere ostentar, pues únicamente se demostró que en determinada fecha (doce de diciembre de dos mil nueve), se presentó un documento privado en original a la vista de un notario público; es decir, certificó que los contratantes plasmaron sus firmas, mas no así la protocolización de que los contratantes hubiesen otorgado su anuencia y voluntad para tales efectos cumpliendo con los requisitos de la ley de la materia. Aunado a lo anterior, se estima que el documento exhibido por la quejosa, no puede estimarse de fecha cierta, ya que el fedatario no precisó la forma en que tuvo por acreditada la identidad de los otorgantes, ya que el artículo 190 de la Ley del Notariado para el Estado de Chiapas, señala que tratándose de reconocimiento de firmas y de la ratificación del contenido de documentos, el notario hará constar lo percibido por él, así como la identidad de los comparecientes y que éstos tienen capacidad, lo que resulta de especial relevancia, si se toma en cuenta que la expresión "de fecha cierta", que consiste en dotar de seguridad a los acreedores de determinada relación jurídica, para garantizar que los documentos que se presenten en oposición de sus pretensiones no fueron realizados con posterioridad al inicio del juicio correspondiente, fechados con antelación o en contravención a las disposiciones legales respectivas, evitando que se realice un fraude en contra de los acreedores, lo que en el caso concreto no aconteció. Cobra aplicación al caso y por analogía, la tesis jurisprudencial VI.1o.C. J/2 (10a.), emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, que establece: CONTRATO PRIVADO DE PROMESA DE COMPRAVENTA. SI EN SU RATIFICACIÓN NO SE PRECISÓ LA FORMA EN QUE EL NOTARIO TUVO POR ACREDITADA LA IDENTIDAD DE LOS OTORGANTES, NO PUEDE CONSIDERARSE "DE FECHA CIERTA" PARA ACREDITAR EL INTERÉS JURÍDICO DE QUIEN LO EXHIBE (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). El artículo 128 de la Ley del Notariado del Estado de Puebla, vigente hasta el 18 de diciembre de 2009 (antes 123 de la propia ley, vigente hasta el 2 de mayo de 2004) establece: "Cuando se trate de ratificación del contenido de documentos y firmas, o de simple comprobación de éstas, se hará constar en ellos la comparecencia y reconocimiento o ratificación que hace el firmante, la identidad y capacidad de éste, poniendo el notario al final la razón 'doy fe' con su firma y sello."; de lo que se advierte que en la ratificación del contenido de documentos el notario respectivo deberá hacer constar, además de la comparecencia y ratificación del o los firmantes, la identidad y capacidad de éstos, lo que resulta de especial relevancia, si se toma en cuenta que la expresión "de fecha cierta", consiste en dotar de seguridad a los acreedores de determinada relación jurídica, para garantizar que los documentos que se presenten en oposición de sus pretensiones no fueron realizados con posterioridad al inicio del juicio correspondiente, fechados con antelación o en contravención a las disposiciones legales respectivas, evitando que se realice un fraude en contra de los acreedores; lo cual se robustece y corrobora con el diverso numeral 110, fracción X, de la citada ley que prevé: "El notario redactará las escrituras en idioma castellano.-La obligación que tiene el notario de redactar las escrituras, no implica, incluyendo los testamentos, que deba escribirlos por sí mismo.-Para la redacción de los instrumentos se observarán las reglas siguientes: ... X. El notario dará fe de conocer a los comparecientes y de que a su juicio, gozan de capacidad legal; o se asegurará de estas circunstancias por medio de dos testigos que el notario conozca, o por medio de los documentos que se le presenten y que a su juicio acrediten la identidad, haciéndolo constar así. Si no hubiere testigos de conocimiento, o éstos carecieren de los requisitos legales para testificar, o no se presentaren documentos que acrediten la identidad de los otorgantes, no se otorgará la escritura, sino en caso grave o urgente, expresando la razón de ello, y ésta será válida y tendrá fuerza el testimonio que de la misma se expida, si después se comprobara la identidad del otorgante. Para que el notario autorizante dé fe de conocer a los intervinientes y de que tienen capacidad legal, bastará que sepa su nombre y apellido, que no observe en ellos manifestaciones patentes de incapacidad natural y que no tenga noticias de que estén sujetos a incapacidad civil. Cuando los contratantes comparezcan por medio de apoderado o de representante, éstos deberán declarar sobre la capacidad legal de sus representados y las demás generales de ellos.-Los testigos de identidad deberán tener más de 18 años, pudiendo ser del sexo masculino o femenino, sin que la mujer casada requiera para ellos autorización marital.-Antes de que los testigos aseguren la identidad o capacidad de un otorgante, el notario les explicará cuáles son las incapacidades naturales o civiles. En substitución del testigo que no supiere o no pudiere firmar, lo hará otra persona que al afecto elija y aquél imprimirá su huella digital."; esto es, dicho numeral señala las reglas que deben seguirse para que en el respectivo instrumento notarial, se deje constancia de la forma como se acreditó la identidad del o los comparecientes, así como de que cuentan con capacidad para llevar a cabo el acto de que se trate. Por consiguiente, si en la ratificación de un contrato privado de promesa de compraventa, no se precisó la manera en que el notario tuvo por acreditada la identidad de los otorgantes, es inconcuso que dicha ratificación no se ajusta al primero de los preceptos citados y, por ello, el mencionado documento no puede ser considerado de fecha cierta para acreditar el interés jurídico de quien lo exhibió pues, estimar lo contrario, implicaría pasar por alto la posibilidad de que hayan comparecido ante el fedatario diversas personas a las interesadas, esto es, existiría incertidumbre respecto al hecho de que efectivamente fueran las signatarias originales quienes comparecieron a su ratificación. Por último, no se desconoce el contenido de la jurisprudencia 96/2007, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. PUEDE ACREDITARSE CON EL CONTRATO PRIVADO TRASLATIVO DE DOMINIO CUYAS FIRMAS SE RATIFICAN ANTE NOTARIO, PORQUE ES UN DOCUMENTO DE FECHA CIERTA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que un documento privado es de fecha cierta, entre otros supuestos, desde el momento en que se entrega a un funcionario en razón de su oficio. Ahora bien, entre las funciones de los notarios está la de dar fe pública para hacer constar los actos y hechos jurídicos a los que los interesados deban o quieran dar autenticidad y fuerza probatoria, así como la de expedir las certificaciones que procedan legalmente, de manera que la certificación de una ratificación de firmas que calzan un contrato privado otorga la certeza de que al menos en la fecha en que ésta se efectúa, ya se había celebrado el acto traslativo de dominio, evitando con ello el riesgo de un fraude contra los acreedores. Así, mientras no se declare judicialmente su falsedad, la certificación del notario convierte al documento privado en uno público con valor probatorio pleno de la celebración del acto jurídico que se ratificó, no respecto del contenido del documento, pero sí en cuanto a la ratificación de las firmas; de ahí que constituye prueba suficiente para acreditar ante el juzgador que la propiedad del bien se transmitió antes de que se practicara el embargo que motiva la interposición del juicio de amparo, es decir, sirve para justificar la existencia de un agravio en contra del comprador ante la privación de su propiedad y, por tanto, para acreditar el interés jurídico para solicitar la protección constitucional. Cabe señalar que el hecho de que el contrato de compraventa exhibido por la parte quejosa, tenga firmas ratificadas ante fedatario público, no lo dota de fecha cierta por esa sola particularidad, ni se contraviene la jurisprudencia en cita, pues en ella se realizó el análisis del artículo 137 de la Ley del Notariado de Puebla, ya abrogada, que disponía que los notarios tienen fe pública en las cuestiones que se refieren al ejercicio de sus funciones, entre ellas, la de certificar la firma de los documentos privados, tal como lo establecen los numerales 14 y 123 del ordenamiento invocado. En el caso concreto, no es aplicable la jurisprudencia en cita, pues en la Ley del Notariado para el Estado de Chiapas, como ya se dijo, en su numeral 192 existe prohibición expresa a los fedatarios de ratificar firmas de documentos traslativos de dominio de inmuebles, ya que de hacerlo se vulneran otras disposiciones legales, entre ellas, el artículo 2294 del código sustantivo civil local. En consecuencia, como se anticipó, al actualizarse la causa de improcedencia invocada, procede sobreseer en el presente juicio respecto del citado acto reclamado, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Dado el sentido del fallo, impide el análisis del fondo del presente asunto. Cobra aplicación al caso, la tesis de jurisprudencia 509, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone: SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio. Sobreseimiento que se hace extensivo a los actos de ejecución reclamados al Actuario responsable al no reclamarse por vicios propios, conforme así se prevé en la jurisprudencia 231, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del contenido siguiente: EJECUCIÓN, ACTOS DE. SOBRESEIMIENTO. Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a las autoridades que sean o que tengan el carácter de ejecutoras de los mismos actos, porque debiendo sobreseerse con respecto a aquéllos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Miguelito Arreola Gómez, contra los actos precisados en el considerando segundo del presente fallo, atribuidos a la Jueza Primero del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tonalá, y Actuario adscrito, por las razones expuestas en el último considerando de esta resolución. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma el licenciado Iván Millán Escalera, Juez Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, ante el licenciado Álan Alejandro Orozco Hernández, Secretario del Juzgado, con quien actúa y da fe, el día de hoy dieciséis de diciembre de dos mil diecinueve, fecha en que lo permitieron las labores del juzgado. Doy Fe.
- Principal
NOTIFICACIÓN POR LISTA AL QUEJOSO Y A LOS TERCEROS INTERESADOS. En Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, el Actuario Judicial adscrito al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, hace constar que siendo las nueve horas del diecisiete de diciembre de dos mil diecinueve, se notifica al quejoso Miguelito Arreola Gómez y a los terceros interesados Julia Cigarroa Solar y Luz del Carmen Ovando de Paz, por medio de lista el contenido de la resolución dictada en este expediente el dieciséis de diciembre del año en curso, pronunciada en el Juicio de Amparo número 2235/2019, del índice de este Juzgado, cuyo punto resolutivo dice: ".Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Miguelito Arreola Gómez, contra los actos precisados en el considerando segundo del presente fallo, atribuidos a la Jueza Primero del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tonalá, y Actuario adscrito, por las razones expuestas en el último considerando de esta resolución. Notifíquese personalmente.", para que surta los efectos legales procedentes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26, fracción I, inciso e) y k), 27, fracción III, y 29, de la Ley de Amparo. Doy fe. Lic. Omar Pérez Cruz. Actuario Judicial
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