Miguelangel Jose Gutíerrez Diaz y Otros.
Expediente 127/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 2 actuaciones registradas, la última del 18 de febrero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 127/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 18/02/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula · Chiapas
Partes del expediente
- Miguelangel Jose Gutíerrez Diaz y Otros.
Actuaciones
- Principal
Visto el estado de autos y la certificación que antecede, se desprende que ha transcurrido el plazo que concede el artículo 98 de la ley de la materia, sin que la parte quejosa hubiese interpuesto recurso de queja, contra el proveído de ocho de febrero de dos mil veintidós, en el que se desechó de plano la demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los arábigos 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su dispositivo 2, se declara que ha causado estado dicho auto. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese este juicio como asunto concluido, con fundamento en el ordinal 214 de la Ley de Amparo.
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por Raimary de los Ángeles Curiel Gómez, Miguel Ángel José Gutiérrez Díaz, y las menores de iniciales M.S.G.C., y A.S.G.C., contra actos del Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Chiapas, con residencia en esta ciudad y otras autoridades. Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 127/2022-7-B De la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa señala como actos reclamados, los siguientes:** Para ello, todo documento que ingrese a un expediente electrónico debe ser firmado con una firma electrónica que cuente con los permisos necesarios; lo que permite identificar quién es su autor o emisor y produce los mismos efectos que los presentados con firma autógrafa, de ahí que recibe el mismo tratamiento que el presentado en formato impreso, siempre y cuando se cumpla con las disposiciones previstas en esas normatividades. Expuesto lo anterior, y del análisis integral del escrito de demanda, se advierte que se encuentra firmada electrónicamente por Hilario Ruiz Contreras, no obstante que la misma al parecer fue promovida por Raimary de los Ángeles Curiel Gómez, Miguel Ángel José Gutiérrez Díaz, y por las menores de iniciales M.S.G.C., y A.S.G.C.; sin embargo, en el caso, se estima actualizada la causal de improcedencia manifiesta e indudable, prevista en el artículo 61, fracción XXIII, con relación a los preceptos 5º., fracción I, 6o., 15, párrafo primero, 107, y 109, todos de la Ley de Amparo, que establecen:*** De ahí que, válidamente se afirme que los directos agraviados no se encuentran imposibilitados para promover el amparo, pues bajo protesta de decir verdad se expresó que se encuentran en su domicilio, y que desean que el actuario se constituya a su domicilio particular, y no a un lugar en el que se encuentren privados de su libertad ambulatoria o incomunicados al que deba constituirse el fedatario adscrito a este Juzgado para que ante su presencia ratifiquen la demanda , además, de que no obra prueba alguna de la que se advierta que estén incomunicados o impedidos para suscribir y promover el juicio de amparo por cuenta propia. Lo anterior es así, dado que para la actualización de ese precepto, es decir, para que pueda promoverse la demanda de amparo por medios electrónicos, sin que se requiera de la firma electrónica, es requisito necesario que se promueva el amparo en los términos del artículo 15 de la Ley de Amparo. Esto es, la frase: "se promueva el amparo en los términos del artículo 15 de esta Ley", nos exige que para poder prescindir de la firma electrónica, se deben cumplir los requisitos que al efecto prevé el citado numeral 15 de la legislación de la materia; esto es: PRIMERO: se reclamen o se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; SEGUNDO: el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, para que pueda promoverlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad. Ello, en consideración a que, de la literalidad del artículo en cita, se advierte que para que otra persona promueva en nombre del diverso quejoso, no basta con que se reclamen actos de los listados en ese numeral, sino además, que éste último (directo agraviado) se encuentre imposibilitado para hacerlo. Lo que se sostiene virtud a que la letra "Y" contenida en el multicitado artículo 15 de la ley de la materia, es una conjuntiva, es decir que hace necesario la conjunción o actualización de los dos elementos ahí contenidos para surgir a la vida jurídica tal hipótesis, los cuales son, los el tipo de acto reclamado y la imposibilidad de promover el amparo. Y, como ya se indicó, en el caso únicamente se satisface el primero de esos requisitos, dado que, en efecto, se reclaman actos de los previstos en el artículo 15 de la propia ley (deportación), no se satisface el segundo requisito o elemento, consistente en que se encuentren imposibilitados para promover o suscribir la demanda, por no advertirse se encuentren incomunicados o albergados en una Estación Migratoria, para que la demanda de amparo instada pueda ser firmada de manera electrónica por diversa persona, incluso carecer de ella; por lo que se sostiene no se cumple con lo previsto por los artículos 15 y 109 de la Ley de Amparo. Si bien el artículo 3o. de la Ley de Amparo, establece la posibilidad de actuar ante el Poder Judicial de la Federación mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando una firma electrónica, ello no implicó soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvo como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia otorgando validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales usando la FIREL. En consecuencia, debe desecharse de plano la demanda de amparo presentada por vía electrónica cuando carezca de la FIREL del quejoso, porque la falta de la firma electrónica de quien promueve el amparo no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención a que hace alusión el artículo 114 de la Ley de Amparo, sino que se trata del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo que no amerita prevención alguna, como sucede ante la falta de la firma autógrafa de una demanda de amparo presentada de forma ordinaria, y si bien ello resulta inaplicable tratándose del supuesto expreso del artículo 109 de la Ley de Amparo, conforme al cual será innecesaria la firma electrónica cuando el juicio de amparo se promueva en términos del artículo 15 de la ley referida; sin embargo, como se señaló en párrafos precedentes, en el caso no se actualizan los supuestos exigidos en este último numeral, ya que los directos quejosos Raimary de los Ángeles Curiel Gómez, Miguel Ángel José Gutiérrez Díaz, y las menores de iniciales M.S.G.C., y A.S.G.C. no se advierte se encuentren imposibilitadas para signar la demanda, a fin de cumplir con uno de los principios rectores del juicio de amparo, esto es la instancia de parte agraviada. Por lo anterior, resulta incuestionable que la parte promovente , carece de legitimación para instar esta vía, pues un principio del juicio de amparo es que sólo puede promoverse a instancia de parte agraviada, y al no actualizarse hipótesis alguna de representación prevista en la Ley de Amparo, con fundamento en el numeral 113, en relación con los diversos 61, fracción XXIII, y 6o, de la ley de la materia, así como el 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda. En estas condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia señalada y ante los motivos manifiestos e indudables de improcedencia, da lugar a desechar de plano la demanda de amparo promovida por Raimary de los Ángeles Curiel Gómez, Miguel Ángel José Gutiérrez Díaz, y las menores de iniciales M.S.G.C., y A.S.G.C., cuya firma electrónica es la de Hilario Ruiz Contreras; en términos del artículo 113 del citado ordenamiento legal, puesto que a nada práctico se llegaría con admitirla, para que posteriormente se sobresea en el juicio por la causa de improcedencia que ha quedado establecida; además con la tramitación del juicio se obligaría a las autoridades responsables a actuar en un juicio que jurídicamente resulta ocioso, lo que iría en contra de los dispuesto por el artículo 17 Constitucional, al no impartirse una justicia pronta y expedita. Máxime que de dicho precepto también se desprende el principio de economía procesal. Por lo anterior, resulta incuestionable que la parte promovente , carece de legitimación para instar esta vía, pues un principio del juicio de amparo es que sólo puede promoverse a instancia de parte agraviada, y al no actualizarse hipótesis alguna de representación prevista en la Ley de Amparo, con fundamento en el numeral 113, en relación con los diversos 61, fracción XXIII, y 6o, de la ley de la materia, así como el 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda. En estas condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia señalada y ante los motivos manifiestos e indudables de improcedencia, da lugar a desechar de plano la demanda de amparo promovida por Raimary de los Ángeles Curiel Gómez, Miguel Ángel José Gutiérrez Díaz, y las menores de iniciales M.S.G.C., y A.S.G.C., cuya firma electrónica es la de Hilario Ruiz Contreras; en términos del artículo 113 del citado ordenamiento legal, puesto que a nada práctico se llegaría con admitirla, para que posteriormente se sobresea en el juicio por la causa de improcedencia que ha quedado establecida; además con la tramitación del juicio se obligaría a las autoridades responsables a actuar en un juicio que jurídicamente resulta ocioso, lo que iría en contra de los dispuesto por el artículo 17 Constitucional, al no impartirse una justicia pronta y expedita. Máxime que de dicho precepto también se desprende el principio de economía procesal..
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